Por Arturo Soto Munguía
Ayer hablábamos del impredecible impacto político de la tragedia de Ciudad Juárez en la que murieron 39 migrantes encerrados bajo llave en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración.
Los primeros daños los resintieron dos secretarios de Estado que a su vez son aspirantes a la candidatura presidencial por Morena: Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, de Gobernación.
Como suele suceder en toda tragedia que involucra al poder público, la de Ciudad Juárez está alcanzando con sus llamas a varias instituciones, empresas y personajes.
La revelación de Adán Augusto en el sentido de que si bien el INAMI depende de la secretaría de Gobernación, es la cancillería, o sea Marcelo Ebrard el responsable del tema migratorio, por un acuerdo tomado entre ellos; acuerdo que por cierto negó conocer la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que además exigió una investigación a fondo y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de la tragedia.
Esto no es un juego del ‘teléfono descompuesto’. Dibuja con meridiana claridad la ligereza y ambigüedad con que a veces se ejerce el gobierno, ese que de acuerdo al presidente de la República, “no tiene ciencia”.
Marcelo, con un poco más de oficio político, esquivó el dardo envenenado y se guardó sus opiniones sobre los dichos de Adán Augusto para posterior ocasión aduciendo respeto al dolor de las familias de las víctimas.
Cuando a Claudia Sheinbaum se le complicó la vida con la crisis del metro capitalino, no solo con el derrumbe en la Línea 12 que dejó 29 muertos, sino también con la Línea 3 donde un choque de trenes dejó a una joven universitaria muerta y varios heridos, el presidente se echó a la jefa de gobierno en sus hombros (la metáfora no es mía, sino de Gerardo Fernández Noroña) y la sacó del atolladero frente al alud de críticas que se dejaron sentir en todos los medios.
Hoy los que están en problemas son Marcelo y Adán Augusto, pero el presidente ya salió a decir que en esto, “todos estamos juntos”.
II
Pedir que la tragedia ‘no se politice’ es un mal chiste. Si en ella están involucrados funcionarios públicos y aspirantes presidenciales, obviamente que el abordaje del asunto tiene necesariamente connotaciones políticas, como en su momento lo han tenido otras, como la Guardería ABC, Pasta de Conchos, Acteal, San Fernando, Ayotzninapa, Aguas Blancas, por citar algunas en las que muchos personajes que entonces militaban en la oposición levantaron la consigna #FueElEstado como bandera política. El incendio en Ciudad Juárez los tomó ahora en posición de gobierno y los coloca ante la oportunidad de probar que “no son iguales”.
Por lo pronto la secretaria de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez confirmó ayer que hay ocho personas identificadas como presuntos responsables: cinco elementos de la agencia privada de seguridad contratada para trabajar en el centro de detenciones donde sucedió la tragedia; dos agentes del INAMI y uno estatal, sobre quienes en breve se girarán órdenes de aprehensión.
Nada se ha dicho sobre las responsabilidades de funcionarios de alto rango y, por el contrario, ante los escarceos acusatorios entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el presidente dijo: “estamos todos juntos”, lo que más o menos perfila el rumbo que tomarán las investigaciones, por cierto a cargo de la FGR que dirige Alejandro Gertz Manero, un personaje polémico, por decirlo de forma amable.
En un carril paralelo corre la campaña de control de daños políticos dictada desde la mañanera y que en muy resumidas cuentas se puede sintetizar así: la migración y sus problemas son la manzana podrida herencia del periodo neoliberal; los responsables en primera instancia fueron los migrantes que prendieron fuego a unos colchones, se aplicará la ley y no habrá impunidad porque no somos iguales y quienes intentan documentar las responsabilidades del Estado en la tragedia son zopilotes carroñeros, mercenarios del amarillismo, conservadores que perdieron sus privilegios y que frente a otras tragedias acaecidas en gobiernos anteriores, callaron como momias.
Esto desacredita de entrada, a todo aquel que ate cabos entre la austeridad republicana que ha castigado presupuestalmente al INAMI, los yerros, omisiones y abusos en el trato a los migrantes; las negociaciones opacas (por decir lo menos) con el gobierno de EEUU para atender (contener) el fenómeno migratorio y la tormenta perfecta que se forma en los estados fronterizos con el flujo imparable de migrantes hacia el norte, y el que llega a México con las deportaciones masivas desde EEUU.
Para atizar la hoguera del conflicto, surge la versión de que la empresa de seguridad a la cual pertenecen los cinco guardias involucrados en la conflagración y de quienes la propia secretaria de seguridad reconoció que incurrieron en delitos graves al no ser capaces de abrir una reja, pertenecen a una empresa propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera.
Una empresa que presta servicios al IMSS, CFE, Banco del Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y a la que se le han otorgado 130 contratos que suman alrededor de 3 mil millones de pesos.
Este reportaje apareció en febrero pasado y lo publicó Latinus, así que ya sabemos qué va a pasar: el presidente va a decir que Carlos Loret es un instrumento de la derecha, un periodista mercenario que perdió privilegios y que primero debe explicar cómo se ha hecho de propiedades millonarias y por qué gana más que el propio presidente de México.
Y el presidente tendrá razón en sus aseveraciones y sus cuestionamientos, pero sería muy agradecible para la causa de la democracia, la transparencia y el buen nombre del proyecto de nación que encabeza, que desmintiera los datos de ese reportaje y no solo quemara en la hoguera donde deben arder los conservadores, al periodista. Que matara el mensaje, pues, no solamente al mensajero.
Insisto: la tragedia de Ciudad Juárez llega en un contexto muy distinto a la de Tlahuelilpan, donde murieron quemados 137 personas en un ducto de PEMEX y de la cual no se ha vuelto a saber nada, salvo que el memorial por las víctimas comenzó a construirse en 2020 y hasta hoy solo sigue ahí la primera piedra.
El incendio en Tlahuelilpan sucedió el 19 de enero de 2019, a 50 días de que el presidente rindiera protesta. El de Ciudad Juárez, el 28 de marzo de 2023, a unos 500 días de que concluya su mandato, y los escenarios no son iguales.
III
Va a estar bueno el juego de ‘vencidas’ que ocupará los mejores oficios de los estrategas jurídicos del gobierno del estado y de los partidos de oposición (PRI, PAN y MC) que han impugnado la reforma constitucional propuesta por el gobernador Alfonso Durazo y aprobada por el Congreso del Estado, para ‘empatar’ la elección presidencial con la de gobernador en el año 2030.
Tiempo hay, así que tampoco es para andar a las prisas.
Primero fue el tricolor, luego el blanquiazul y ayer el partido naranja presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo que supone una iniciativa que “busca imponer gobernantes a modo, torcer la voluntad popular y nuestro sistema democrático para convertirlo en una autocracia”.
Dirigentes nacionales y estatales de MC acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer este recursos argumentando que la iniciativa viola principios fundamentales en materia electoral, trastoca la participación efectiva de las mujeres (por alternancia, los partidos deberían postular mujeres a la gubernatura en 2027, y a la luz de la reforma, su periodo sería por solo tres años); no se convocó a parlamento abierto, no incluye impacto presupuestario, entre otras.
Los dos principales soportes argumentales de la propuesta del gobernador son: que al volver concurrentes las elecciones (de presidente y gobernador) se ahorrarían recursos económicos de campaña y se incentivaría la participación ciudadana.
La pelota está en la cancha de la SCJN, veremos hasta dónde llega y cuál es el destino de este litigio.