Hermosillo, Sonora.- La actividad minera en Sonora, históricamente ha sido un símbolo de desarrollo y prosperidad para sus pueblos, sin embargo, en la última década, el mal manejo de sus residuos, la han convertido en una ‘bomba de tiempo’ para sus pobladores.

El derrame de metales sobre los ríos Sonora y Bacanuchi registrado hace 9 años, es considerado por el Gobierno Mexicano (2012-2018) como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país, donde lamentablemente, el Estado de Sonora fue el escenario de dicha catástrofe.

Impunidad
La organización ‘Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación’ (Poder), informó que el próximo 6 de agosto, se cumplirán 9 años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de una presa de lixiviación de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, la tercera productora de cobre más grande del mundo.

Mediante un informe, la Organización mencionó que el derrame de metales sobre los Ríos Sonora y Bacanuchi afectó directamente a 22 mil personas, en ocho municipios, atentando en contra de su salud, al ecosistema y la economía del Estado de Sonora.

Se precisó que, tras casi 9 años de lucha pacífica frente al gigante conglomerado perteneciente a Germán Larrea, los Comités de Cuenca el Río Sonora (CCRS) han logrado el reconocimiento de las autoridades nacionales e internacionales y de la opinión pública, así como haberse constituido como un actor de peso que busca inclinar la balanza frente a los desproporcionados abusos empresariales cometidos por Grupo México, sin embargo, el desastre continúa impune.

Los daños
En el balance expuesto por Poder y los CCRS, exhiben los hallazgos principales sobre los verdaderos daños, entre ellos están la presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitantes de distintos puntos de la cuenca, así como la disminución de población de insectos.

En cuanto a los daños económicos al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana, se calcula que ascienden a 10 mil 200 millones de pesos, lo cual, triplican lo estimado inicialmente por la Administración anterior (tres mil millones de pesos) y quintuplican lo destinado por el fallido ‘Fideicomiso Río Sonora’ (2 mil millones de pesos), que en realidad sólo se ejerció poco más de la mitad (mil 200 millones de pesos).

El 8 de abril de 2022, autoridades de salud entregaron a los CCRS los resultados de un análisis realizado a alrededor de 650 personas que confirman la presencia de plomo en más del 95 por ciento de la población, a arsénico en más del 50 por ciento, y en cadmio en más del 79 por ciento.

A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo van del 1 al 10 por ciento en cada municipio, y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía.

En sangre se reportó exposición positiva y elevada a plomo en porcentajes que van del 58 al 90 por ciento de la población, y exposición a manganeso entre el 19 y 50 por ciento, según su municipio, de acuerdo a datos de Cenaprece.

Esta nueva información revela que la versión construida por Grupo México, avalada por la pasada Administración, no se sostiene y hace falta un nuevo plan que contemple acciones que conduzcan a una efectiva reparación del daño, hacia la rendición de cuentas de la empresa y hacia un freno a la captura corporativa del Estado”, puntualizó PODER.

Sur de Sonora en riesgo
A casi 50 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Álamos, se encuentra ubicada la empresa minera Corner Bay, considerada por los pobladores vecinos como una auténtica bomba de tiempo, debido a que al concluir sus operaciones, la minera dejó residuos probablemente tóxicos, que ponen en riesgo su salud.

De acuerdo a pobladores del sur de Álamos, el impacto ambiental que dejó la minera Corner Bay, son posibles niveles de toxicidad en el agua, así como la destrucción de la flora de la región y desaparición de la fauna.

A menos de 10 kilómetros de distancia de la mina, se encuentran ubicadas las comunidades de El Sombrerito de solo 19 habitantes, así como El Maquipo de 165 habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dos de los poblados más afectados por la ‘huella tóxica’ de la actividad minera en el Sur de Sonora.

José Irene Wilson Antelo, representante de los pobladores de El Sombrerito, mencionó que la empresa minera concluyó sus operaciones hace más de cinco años, sin embargo, no cumplió con su obligación de reforestar y descontaminar el área.
Como toda mina hace su chamba y no les interesa lo que haga de daño, todos los residuos tóxicos los tira donde se le da la gana, no tienen supervisión. La empresa trabajó 12 años, y a lo último, donde escarbó en el cerro, echaron lo que le sobró, todos los metales peligrosos”, indicó.

Señaló que en lo que antes era la mina, se encuentra una laguna de aproximadamente 300 metros de ancho y un kilómetro de profundidad, con residuos tóxicos, los cuales, se mezclan con el agua de la región durante cada temporada de lluvias y se filtra hacia los arroyos cercanos.

Este hecho fue denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para obligar a la empresa minera a descontaminar el área, sin embargo, hasta el momento no se han hecho responsable.

Ya se iban a ir estos señores pero los reportamos a Derechos Humanos en México y los atoraron, porque tienen que hacer la descontaminación y reforestación, ya tenían todos los papeles para irse sin hacer nada. La abogada que traemos puso la queja, pero solo le dijeron que harían estudios de tierra y agua, pero no se sabe si acudieron o no, como ejidatarios no sabemos nada”, afirmó.

Wilson Antelo, puntualizó que de acuerdo a grupos ambientalistas, se espera que en los próximos años se registre mayor mortandad en las comunidades vecinas, debido a la contaminación de la mina, pero que además, al estar a sólo 14 kilómetros del Río Fuerte, las filtraciones pudieran extender el peligro hacia los poblados del Estado de Sinaloa, esto, ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno.