por Arturo Soto Munguia
Cuando en marzo de 2019 se aprobó una iniciativa del presidente de la República para que la corrupción y los delitos electorales sean considerados ‘graves’ y que quien los cometa no tenga derecho a fianza, quizá no se imaginaba el rumbo que iban a tomar los acontecimientos cuatro años después.
Lo que Marcelo Ebrard hizo antier al denunciar delitos electorales en la precampaña de Claudia Sheinbaum abrió la puerta para que lo denunciado sea objeto de investigación. El mismísimo hermano del presidente, Pío López Obrador difundió un video en el que sostiene que en la campaña de la exjefa del gobierno capitalino “se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los 80; es decir, se desataron las prácticas priístas que se están aplicando a plena luz del día, que consisten entre otras cosas, en el acarreo, inundar todas las calles de bardas y espectaculares exhibiendo el derroche de recursos, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos para favorecer a determinados aspirantes”.
Ni Marcelo ni Pío pasaron de los dichos ni tradujeron estos en una denuncia ante autoridades electorales o judiciales, lo cual no significa que no ocurra más adelante.
Pero el que sí aprovechó la recta, retomando lo planteado por Ebrard, fue el coordinador de los diputados federales de MC, Javier Álvarez Maynez quien presentó una denuncia ante el INE por presunto desvío de recursos públicos y participación de servidores públicos en la precampaña de Sheinbaum.
El tema pues, ya tomó la senda de la judicialización y va a obligar a las instituciones a abordarlo en el ámbito de sus competencias. Pronto veremos al INE, al TEPJF y hasta a la SCJN tomando cartas en este asunto, que no inició con toda pulcritud pero a estas alturas ya se encuentra bastante manchado y quién sabe cómo termine.
Porque si bien Marcelo no ha procedido legalmente, ayer ordenó a su representante en la comisión de Morena que decidiría sobre las casas encuestadoras que trabajarán en esta parte final y definitoria del proceso, no firmar el acuerdo.
Este viernes, todos los actores políticos de este episodio habrán de posicionarse al respecto, pero es claro que el escenario de conflicto está presente; un escenario que hace un par de meses nadie imaginaba en Morena.
FAM: Un paso adelante, dos pasos atrás
En la esquina de enfrente no cantan mal las rancheras. Las cúpulas partidistas, señaladamente la del PRI están metiendo presión para impulsar la precandidatura de Beatriz Paredes, lo que sin duda es un esfuerzo legítimo pero quién sabe si les alcance en esta última parte, la definitoria, de este proceso.
En la cúpula del PAN se les enredó un poco la piola porque Marko Cortés, el dirigente nacional ya veía a Santiago Creel como abanderado, sin embargo la irrupción de Xóchitl Gálvez lo mandó hasta el tercer lugar y francamente no se ven muchas posibilidades de que se alce como candidato.
La alianza Va por México asumió el nombre de Frente Amplio por México al incorporar varias organizaciones y liderazgos de la sociedad civil que jugarían parte importante no solo en la definición del candidato(a), sino en la integración del equipo que lo acompañará en la campaña. No creo que los nombramientos de José Ángel Gurría y Francisco García Cabeza de Vaca como responsables de coordinar los trabajos de construcción de la plataforma en las áreas de Economía y Seguridad, respectivamente, hayan surgido de la ciudadanía.
Son, sin duda posiciones ganadas por las cúpulas de los partidos, lo cual no necesariamente está mal en todos los casos, pero particularmente en esos dos, los nombramientos hicieron alzar la ceja a más de cuatro en el propio FAM y provocaron el entusiasmo entre el morenismo, ya que sus perfiles justifican toda la narrativa anti prianista que desde Palacio Nacional se machaca cada mañana.
En la composición de los equipos de campaña, los jaloneos bajan a estados y municipios y no siempre son procesos tersos porque al no definirse aún la candidatura, todos asumen que recaerá en alguien de su partido, aunque los datos indican que finalmente quedará Xóchitl.
En Hermosillo, por ejemplo no hubo problema para designar a Pascual Soto como coordinador de los trabajos en favor de Xóchitl Gálvez, pues junto a Zaira Fernández y desde una posición de disidencia como ‘priístas inconformes’, no han dejado de picar piedra en las colonias haciendo trabajo de tierra, pero tampoco han desperdiciado oportunidad para cabildear con otras fuerzas políticas no solo de la alianza, sino hasta con MC.
Tampoco hubo problema con el nombramiento de Moisés Gómez Reyna como coordinador en el estado, ya que es un hombre muy cercano a Xóchitl y en su primera prueba de fuego como coordinador de la gira de la hidalguense por Cajeme y Hermosillo le fue muy bien.
En Cajeme, me reportan que las cosas son distintas y los jaloneos están a la orden del día para designar al coordinador de la campaña de Xóchitl. Hay tiro entre priístas y panistas, y preocupación entre los ciudadanos sin partido que se han integrado a los trabajos, pues presienten que los partidos políticos de siempre pueden echar a perder el proceso si continúan privilegiando sus intereses cupulares por encima de los del colectivo.
Pa’tras los fielders
El Congreso del Estado tendrá que reponer el procedimiento de elección de la comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que un tribunal federal les diera la razón a las diputadas Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo, que impugnaron el proceso argumentando violación a sus derechos político-electorales.
Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF con sede en Guadalajara votaron unánimemente en favor de la denuncia presentada por las legisladoras locales a quienes se les impidió participar y votar en la sesión de la Comisión de Transparencia del Congreso (realizada vía whatsapp) en la que se aprobó ampliar el plazo de inscripción de candidatos durante el procedimiento de selección.
De acuerdo con el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, citado en un boletín difundido ayer por la bancada naranja, “la presidenta de esa comisión (Beatriz Cota Ponce) decidió ella sola, por lo que existen constancias, ella sola determinó convocarse a sí misma, firmar ella misma y determinar un asunto que estaba dentro de lo previsto en el artículo ocho de la convocatoria de tal manera que un órgano colegiado funcionó con una sola persona y es lo que no podemos permitir”.
Las diputadas habían presentado un recurso en el Tribunal Estatal Electoral, pero este lo desecho, por lo que acudieron a la justicia federal donde terminaron dándoles la razón.
Ahora, el Congreso tendrá que reponer todo el procedimiento.