por Arturo Soto Munguía
Está muy entretenida la zacapela mediática que se armó en torno a la cada vez más clara embestida de los grupos de poder estadunidenses que encuentran en la desacreditación del gobierno mexicano una bandera redituable para los afanes electorales de la propia sucesión presidencial en aquel país.
Primero fue Tim Golden, el laureado periodista norteamericano el que abrió fuego revelando presuntos vínculos del crimen organizado con la campaña 2006 de López Obrador; le siguió el New York Times con un reportaje similar que mantiene en la agenda política de México el mismo tema, y ayer se sumó el Washington Post con un reportaje sobre los riesgos de la violencia criminal en nuestro país.
La escandalera tras el reportaje del NYT incluyó el affaire de la filtración de números telefónicos de políticos y periodistas que ha ocupado importantes espacios en los medios tradicionales y las redes sociales, y ayer mismo el presidente López Obrador abrió un nuevo frente al acusar a la plataforma YouTube de estar copada por grupos conservadores que tienen agenda contra su gobierno.
Que el tema se haya mantenido en la agenda pública tanto tiempo -ya va para tres semanas- sin duda tiene que ver con los intereses que están en juego en la sucesión presidencial mexicana, y las cajas de resonancia que ha activado la oposición al obradorismo para mantener vigente el tema, pero también con los asideros que en la realidad nacional tiene esa narrativa en la que el crimen organizado aparece como un actor peligroso en el proceso electoral en curso.
Ayer fue asesinado Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, en Michoacán, un médico que fue interceptado por sujetos armados que lo privaron de la vida.
Pero no es el único político que en el transcurso de este proceso electoral ha sido asesinado.
También cayeron Alejandro Lanuza Hernández, regidor en Salvatierra, Guanajuato; Wilman Monge Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz; Dagoberto García Rivera, precandidato de Morena en Maravatío, Michoacán; Ricardo Taja Ramírez, aspirante de Morena a la diputación federal en Acapulco; Alfredo Giovanni Lezama, regidor de PAN en Cuautla, Morelos; David Rey González Moreno, aspirante a la alcaldía de Suchiate, en Chiapas; Sergio Hueso, aspirante de MC a la alcaldía de Armería, Colima; Miriam Ríos Ríos, mujer transgénero que buscaba ser regidora en el ayuntamiento de Jacona, Michoacán, por MC.
La lista sigue: Samantha Gómez Fonseca, otra activista transgénero que aspiraba a una candidatura al senado por Morena en Ciudad de México; Marcelino Ruiz Esteban, aspirante a la alcaldía de Atlixac en Guerrero, por el PRD. Fue asesinado junto con su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del Sol Azteca.
También cayó José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del PRD en Cuitláhuac, Veracruz; Jaime Vera Alanís, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco; Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social en Fresnillo, Zacatecas y cuñado de Ricardo Monreal; Jorge Antonio Monreal Martínez fue asesinado en esa misma ciudad; era sobrino de Ricardo Monreal; Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal por Morena en Ecatepec, Estado de México.
Las balas del crimen organizado están pasando muy cerca de la clase política sin distinguir militancias ni géneros y eso no puede ser una buena señal ante lo que muchos definen como el proceso electoral más violento del que se tenga memoria en el México moderno.
Aguas con esto.