Por Arturo Soto Munguia
Después de muchos gritos y sombrerazos, el ministro Alberto Pérez Dayán se aventó una maroma con chorrocientos mil grados de dificultad y, fustigando la reforma judicial, permitió que pasara al votar en contra del proyecto de su colega Juan Luis González Alcántara, en medio de un debate del que, no tenga usted la más mínima duda, no vimos ni el 10 por ciento.
Durante meses fuimos testigos de las más elevadas elaboraciones teóricas, los más intrincados retruécanos de la retórica jurídica y los más sesudos análisis sobre todos los aspectos de la multicitada reforma judicial.
Lo que no vimos, aunque aquí se advirtió desde hace tiempo, fueron las ‘manitas de cochi’ y las intensas jornadas de negociación política entre los operadores del gobierno federal y cualquiera que se asumiera como interlocutor en este proceso, para finalmente desahogar el tema sin que se presentara el escenario apocalíptico de la crisis constitucional, la destrucción de la patria, el fin de la República y la instalación a dos nalgas en el destartalado sillón del comunismo, que tantas pesadillas genera en un sector muy vocinglero pero poco efectivo y menos organizado, de la oposición al gobierno de Morena.
Se desechó el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, la reforma judicial va y ahora falta ver cómo doña Claudia Sheinbaum va a lidiar con el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros; no solo falta saber de dónde va a sacar los 13 mil millones de pesos que está pidiendo el INE para la organización de esa jornada (que renueva en 2025 solo a la mitad del Poder Judicial, la otra mitad se elegirá en 2027), sino que es un enigma saber cómo va a operar el aparato de justicia, renovado por la vía del voto popular.
Quienes gustan desgarrarse las vestiduras por la catástrofe que presuntamente sobrevendrá a este proceso, parecen partir de una convicción un tanto bizarra, en la que se asume que el Poder Judicial tal y como ha funcionado en las últimas décadas es una pieza de relojería en términos de eficiencia y un remanso de honestidad en términos de transparencia, lo cual no tiene nada que ver con la realidad de un país sumido en la impunidad y la corrupción, todavía.
La verdad es que no sobrevino la catástrofe, el pueblo no se alzó en armas contra el régimen autoritario y gandalla, la economía nacional no se fue al abismo y lo único que pasó es que los mexicanos fuimos testigos de una edición remasterizada de algunos pasajes de la vida política en la que el partido hegemónico hacía lo mucho y lo poco por sacar adelante su proyecto de nación, así fuera no del agrado de la entonces oposición.
Es más, todavía se burlaban. Los millenials, centenialls y generación Z no lo recuerdan, pero hubo un tipo que además de diputado federal fue dirigente nacional del PRI, al que la historia registra con el nombre de Humberto Roque Villanueva, que cuando la mayoría tricolor aprobó el incremento del IVA del 10 al 15 por ciento, pasó a la fama con la famosa ‘roqueseñal’, que fue una teatralización de un acto de fornicación en medio de las curules de San Lázaro.
De Roque Villanueva ya casi nadie se acuerda, y de aquellos tiempos en que a la izquierda le tocó poner no solamente la otra mejilla, sino los muertos, desaparecidos, encarcelados, reprimidos, investigados y perseguidos por el régimen, solo se acuerdan los que hoy, no sin una buena dosis de revanchismo y festín de venganza, no dudan en equipararse a aquel patibulario sujeto que se cogió a todo México con el incremento al IVA porque así convenía al régimen en funciones, y salen a soltar, con la frescura cínica de Gerardo Fernández Noroña, un ‘Tengan para que aprendan’, que de una y muchas maneras equivale a la ‘roqueseñal’ en cuanto a la arrogancia con la que se ejerce el poder sin cortapisas, y se ningunea a la oposición, hoy como ayer, literalmente doblegada.
La historia da, por supuesto, muchas vueltas.