Por: Arturo Soto Munguia
No por previsible el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona dejó de suscitar un pequeño tsunami de reacciones por parte de la clase política y ciudadanos que hacen valer su derecho a la voz en redes sociales.
Como suele pasar en dichas redes, en unos días más se disipará la polvareda de aplausos e indignaciones, de felicitaciones y mentadas, de sorpresas y decepciones.
Pero conviene dimensionar en su contexto lo ocurrido y ponerlo en perspectiva, más allá de la ira de algunos priistas, la indignación de no pocos panistas y el silencio atronador de casi todos los morenistas que, irremediablemente habrán de tragarse este sapito sin hacer muchos gestos, asumiendo y acatando los únicos dos artículos de la Constitución Moral de la 4T que a la letra rezan:
Artículo 1°.- El presidente siempre tiene la razón.
Artículo 2°.- Cuando no la tenga, se aplicará el Artículo 1°.
Así, de inicio me parecen muy injustos los cuestionamientos que se le hacen al gobernador Alfonso Durazo Montaño a propósito de este tema, pues aunque nunca manifestó públicamente una opinión en contra del hasta entonces eventual nombramiento, lo que sí dejó claro desde que comenzó a manejarse la posibilidad de ese nombramiento consular, es que respetaría la decisión que tomara el presidente de la República, lo que finalmente sucedió. El gobernador es, a no dudarlo, un hombre institucional.
Es claro también que el nombramiento de la exgobernadora es un garrotazo en la espina dorsal del discurso con el que Alfonso Durazo articuló buena parte de su campaña electoral, específicamente en el tema del combate a la presunta corrupción de lo que él mismo definió como el grupo que durante 30 años usufructuó el poder en Sonora y en el que ubicó a la propia Claudia Pavlovich.
En la perspectiva presidencial sin embargo, sería el mal menor frente a las ventajas que pudiera ofrecerle potenciar la división en la alianza opositora, como veremos más adelante.
A seis meses de haber ganado las elecciones y a cuatro de rendir protesta como gobernador Alfonso Durazo, no se conocen denuncias fundadas o carpetas de investigación contra funcionarios de la anterior administración, lo cual no significa que no existan.
Es más, yo no estaría tan seguro de que la decisión presidencial de mandar a Claudia Pavlovich a Barcelona sea un certificado de impunidad para quienes hayan cometido delitos contra el erario; antes bien, diríase que el gobernador está más obligado que nunca a instruir a sus colaboradores a presentar elementos de prueba que acrediten la presunta comisión de esos delitos.
Una tarea que no es sencilla, además.
Si Guillermo Padrés y su pandilla, que ostensiblemente y sin pudor alguno saquearon salvajemente las arcas estatales andan libres como el viento después de una lluvia de amparos, se antoja difícil que procedan las denuncias contra funcionarios de la anterior administración, en caso de que las haya.
Si se fijan bien, las reacciones más viscerales ni siquiera provinieron de los priistas, pese a que el nombramiento les cayó como cubetazo de agua helada, sino de panistas que ya se relamían los bigotes pensando en una venganza por la persecución de que fueron objeto (con razón) y que con esa motivación no dudaron un segundo en afiliarse o sumarse a Morena desde 2016 y 2017, apoyando con todo a sus candidatos, o compitiendo bajo sus siglas.
Los tricolores fueron más cautos. Varios de ellos acusaron a la ex gobernadora de traición y sugirieron que al aceptar el nombramiento consular confirmó la existencia de un presunto pacto con el presidente López Obrador para ‘entregar Sonora’ a la 4T a cambio de impunidad para ella y sus cercanos.
El punto es, de nuevo, discutible. Y no porque la pasada administración haya estado integrada por ángeles y querubines, sino porque considerando la tendencia en la votación desde 2018, diríase que el presidente no tenía por qué negociar algo ante lo que ya se veía venir como una victoria contundente.
Desde antes de ser candidato, Alfonso Durazo aparecía en todas las encuestas con ventajas superiores a los 20 puntos; una ventaja que nunca perdió durante toda la campaña, pese a tener enfrente a un candidato como Ernesto Gándara que desarrolló un excelente trabajo, lució en los debates, mostró más carisma y llevó a cabo una campaña más atractiva, pero le pesó mucho la marca.
En retrospectiva, no han sido pocos los personeros tanto del PRI como del PAN que reconocen haber tenido serios problemas para ‘vender’ entre sus propias militancias una alianza que nunca estuvo exenta de resquemores. Si ‘EL Borrego’ fue un candidato competitivo eso tuvo que ver más con su propia personalidad y trayectoria, con las simpatías en otros sectores de la sociedad, que con la alianza PRI-PAN-PRD que, insisto, no despertó el entusiasmo esperado.
Las acusaciones más serias corren en el sentido de que desde el gobierno del estado no se apoyó con suficiente dinero la campaña de Ernesto Gándara y que hubo liderazgos priistas y panistas que trabajaron para Morena.
Lo primero tiene sentido considerando que el gobierno federal tenía la lupa puesta en el manejo financiero y de haberse abierto la llave de los recursos públicos para el apoyo a sus candidatos, entonces sí les caerían encima con todo. Lo segundo, ya es materia de un autoexamen tanto del PRI como del PAN.
Ahora bien, en una perspectiva más amplia en la que aparece el interés del presidente por su propia sucesión en 2024, le resulta fundamental quebrar a una oposición que de por sí no necesita mucho para debilitarla. Nombrar a ex gobernadores y otras figuras relevantes de esa oposición en cargos de su gobierno se mueve en esa lógica.
La advertencia del dirigente nacional priista, Alito Moreno en el sentido de sancionar a Claudia Pavlovich y a Carlos Miguel Aysa, ex gobernadores de Sonora y Campeche (la tierra de Alito, por cierto) si aceptan los cargos ofrecidos por el presidente es una reacción natural, pero potencia la división al seno del PRI. Lo mismo ocurrirá con el PAN si más adelante López Obrador ‘jala’ para su proyecto a los ex gobernadores de Nayarit y Chihuahua, Antonio Echevarría y Javier Corral respectivamente, como ya lo ha perfilado.
Sobra decir que si eso ocurre, y si sus partidos determinan la expulsión de esos exgobernadores, posiblemente los más dañados sean esos mismos partidos.
Finalmente, aunque en Morena haya desacuerdo con los recientes nombramientos, casi nadie se atreverá a impugnar las decisiones presidenciales. De hecho, en el centro del país hubo más ruido con la designación del historiador Pedro Salmerón como embajador en Panamá, que con la de los ex gobernadores priistas. A Salmerón lo acusan de ser un acosador sexual, pero tampoco son muchas las voces feministas que se han levantado en contra.
Ya hubo un caso, el de Félix Salgado Macedonio, que levantó indignación entre algunas (no todas) las feministas de Morena, pero esas voces no cambiaron la decisión presidencial. Si Salgado no fue candidato al gobierno de Guerrero es porque el INE le ‘tumbó’ la candidatura por otras causas, no por los documentados casos de acoso sexual. Y de todos modos, terminó imponiendo a su hija como candidata, hoy gobernadora con el apoyo de Morena.
El tema dará mucho de qué hablar en los próximos días.