Por: Arturo Soto Munguía
Una bronca (otra) de regulares dimensiones está por estallar en el sur del estado.
Les cuento rápidamente que algunos propietarios de predios a la orilla de la playa de Huatabampito se han encontrado en los últimos meses con que están siendo invadidos por gente extraña que se posesiona de los mismos amparados en documentos otorgados por una persona a la que apodan ‘Chapo Niti’ y que se ostenta como autoridad del ejido Moroncarit.
El problema no es nuevo. Ya desde el año pasado se discutió en el cabildo de Huatabampo porque entonces había al menos ocho lotes invadidos de acuerdo con una denuncia del entonces regidor Javier Ruiz Love y declaraciones de la síndica Oralia Palomares.
Pero en los últimos meses los casos se han multiplicado y se habla de que al menos un centenar de lotes se encuentran en esas condiciones, despojados a sus legítimos dueños con el contubernio de autoridades de catastro municipal y en un caso que involucra a algunos notarios públicos.
Se trata de lotes de 14 por 30 metros con valor cercano al millón de pesos cada uno, que fueron adquiridos por sus propietarios desde hace varios años a un costo mucho menor. Con el tiempo esos terrenos adquirieron mayor plusvalía sobre todo porque en esa playa no existen ya terrenos para fraccionar.
El punto es que ya no hay lotes en ese lugar porque todos fueron vendidos desde entonces, pero las autoridades ejidales están emitiendo cartas de posesión a nuevos propietarios, amparados en una resolución del Tribunal Agrario.
Los legítimos dueños se encuentran confundidos y molestos, y preparan ya demandas legales para recuperar sus lotes, aunque se están encontrando con muchas trabas en las instancias gubernamentales, y con algunas sorpresas porque no saben quiénes son los nuevos propietarios.
Este asunto puede escalar próximamente.
II
El gobernador Alfonso Durazo se puso el overol y tuvo que entrar al quite para desenredar la piola de un conflicto que amenazaba con escalar seriamente desde la mismísima capital del cobre, Cananea, donde a lo largo de los años se han venido acumulando problemas irresueltos que al sumarse forman un peligroso coctel de inconformidades imposibles de abordar en una sola mesa.
Durazo promovió una reunión de alto nivel de donde salieron acuerdos iniciales para, de entrada levantar el bloqueo que los mineros de la Sección 65 mantuvieron en la carretera Ímuris-Cananea durante tres días, ahorcando el tránsito de mercancías y personas por esa rúa.
Los reportes indican que se esa reunión, el que salió muy molesto fue el senador y ex líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, un viejo conocido de los cananenses a los que se ‘bailó’ con 50 millones de dólares y que los mineros demandan les sea regresado.
Son muchos y muy variados los problemas que aquejan a los pobladores del mineral, pero hay que reconocer la gestión de Alfonso Durazo para comenzar a darles salida.
Lo mismo sucede en territorio yaqui, donde también estuvo el gobernador el pasado fin de semana abordando los temas relacionados con el Plan de Justicia para la etnia.
Entiendo sus desconfianzas después de haber tratado con tantos gobiernos y presidentes que no les han cumplido, “nada más que entre más nos tardemos en tenernos confianza, más tiempo vamos a perder en construir juntos soluciones”, les dijo a integrantes de la tribu yaqui reunidos en Vícam Estación, a donde acudió acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno.
No es casual que Durazo haya tomado personalmente por los cuernos al toro del conflicto en Cananea y los pueblos yaquis, pues ahí se operan los planes de justicia que el gobierno federal diseñó para ambas comunidades, donde ha habido resistencias que dejan una sombra de duda sobre la eficiencia de los operadores gubernamentales de esos programas, que al parecer no están haciendo la chamba y por ello tuvo que entrar al quite el primer mandatario.
Recordemos que el presidente López Obrador tenía programada una gira para este mes, misma que se pospuso para febrero, en la que visitaría las comunidades indígenas yaqui y seri en medio de una agenda donde aparecían varios temas relacionados con seguridad pública, salud y otros programas federales. Los mineros de Cananea siempre están muy pendientes de estas visitas y ya en una ocasión lo dejaron momentáneamente varado en el estacionamiento del aeropuerto de Hermosillo.
El gobernador no puede darse el lujo de que los dos planes insignia del gobierno federal se ‘atoren’ por la falta de operación política y que en su próxima visita el presidente se lleve algunas sorpresas.
III
Todo mal con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Desde la Fiscalía de Baja California que lo define en un boletín oficial como ‘fallecimiento’ hasta la narrativa presidencial que llama a no adelantar juicios, pero a botepronto deslinda al ex gobernador Jaime Bonilla quien como propietario de un consorcio de medios acababa de perder el juicio laboral que Maldonado ubicó ante el mismo presidente como fuente de hostigamientos que la hacían temer por su vida.
Peor aún la declaración del presidente en la mañanera de ayer asegurando que el asesinato sería investigado como todos. En un país donde el 95 por ciento de las agresiones a periodistas quedan impunes, la promesa de investigarlo ‘como todos’ adquiere tintes de un siniestro humor negro.
Este día en varias ciudades del país se organizarán manifestaciones de repudio al crimen de los tres periodistas asesinados este mes, y de todos los que han caído a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos años, lapso en el cual México se ha convertido en el segundo país más peligroso para ejercer este oficio.
Esa narrativa que viene desde la más alta tribuna del país es la que más mueve a la desesperanza y alimenta la certeza de que, lejos de disiparse, la ominosa sombra del miedo y la impunidad se cierna de manera más amenazante sobre el periodismo y los periodistas.
Todo mal.