Por: Arturo Soto Munguía
Lo que parecía un caso más de delincuencia común en el convulso puerto de Guaymas tomó un giro insospechado y ya se convirtió en un thriller que mantiene al respetable en el filo de la butaca.
Una saga con los componentes que el más ambicioso escritor de novela negra quisiera para un best seller: crimen sanguinario, lucha por el poder, narcopolítica, ambiciones desatadas, traición, romance gay, barandilla y tribunales…
El pasado 19 de enero cuatro sujetos encapuchados y armados irrumpieron en la vivienda del ex diputado local del PT, Rodolfo Lizárraga encañonando a los moradores y exigiendo dinero en efectivo. Como no encontraran, causaron destrozos en la casa y huyeron con rumbo desconocido.
Por esos hechos, el también ex candidato del PT a la alcaldía del puerto presentó una denuncia de hechos, cuyas diligencias llevaron a la detención, ayer, de al menos dos presuntos involucrados: Roberto Palafox Suárez, asesor político del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, y ex candidato en 2021 a la diputación local por el distrito 13; también Jesús Iván Acevedo, regidor del ayuntamiento de Guaymas en la administración anterior que encabezó Sara Valle y en la actual, que encabeza Karla Córdova. En 2021 fue candidato a la alcaldía por el partido Fuerza Social por México.
El juez oral de lo penal Octavio Castrejón Martínez solicitó la aprehensión de ambas personas, además de Daniel Palafox Suárez, Bryan Alberto Juárez Ponce y José Luis Angulo Tapia. Extraoficialmente se habla de cuatro detenidos, es decir todos los señalados anteriormente, a excepción del hoy occiso.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el cuatro de febrero, mismo día en que Daniel Palafox Suárez, quien se desempeñaba como director de informática en el Ayuntamiento de Empalme fue encontrado muerto, con un balazo en la cabeza y las manos amputadas. Su cuerpo fue abandonado en un paraje al sur de la rielera ciudad, donde se ubica una capilla a la Santa Muerte, sitio donde suelen aparecer cadáveres del 98 por ciento de los que andando en actividades ilícitas, corren más riesgo de ser ejecutados.
José Luis Angulo Tapia se desempeñó como coordinador de vendedores ambulantes en el trienio de Sara Valle Dessens, y Bryan Alberto es un joven que no cumple 20 años y que hasta hace poco sostenía una relación sentimental con Rodolfo Lizárraga. Algo pasó en esta relación porque el muchacho está involucrado en el allanamiento a la casa del ex diputado.
Desde que sucedió el asalto en su casa de Guaymas, Lizárraga permanece en una especie de auto arraigo domiciliario en Hermosillo, custodiado 24/7 por agentes de la policía estatal. Ayer declaró a la prensa estar tranquilo tras las detenciones, pero hay elementos para suponer que esa tranquilidad es fingida.
La desaparición y el asesinato de Daniel Palafox Suárez le dieron un vuelco a esta saga, que tiene sus antecedentes en una no tan vieja disputa entre ambos personajes. Palafox Suárez era el suplente de Lizárraga en el Congreso local; cuando éste solicitó licencia para competir por la alcaldía de Guaymas, Suárez tomó su lugar, pero al perder la elección, Lizárraga quiso volver por su curul, a lo que Palafox se negó y entraron en un conflicto que dirimieron públicamente en los medios de comunicación en términos nada amables.
Daniel y Roberto Palafox Suárez difundieron en junio pasado, una denuncia contra Lizárraga acusándolo entre otras cosas, de enriquecimiento inexplicable. La denuncia la hizo pública Daniel Palafox en el programa de radio del colega y amigo José Ramírez un día antes de la elección.
El 27 de mayo, una página de Facebook llamada El Blog de Guaymas (que anteriormente se llamaba El Blog del Narco) había reproducido casi literalmente lo que Palafox expuso en el programa de radio: compra de terrenos, construcciones, vehículos pagados de contado, entre otras cosas, por parte del ex diputado que, agregan, antes de ocupar ese cargo no tenía ni cuenta de ahorros.
Otro dato relevante es que la detención de los presuntos se llevó a cabo por la Unidad de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, por lo que se presume que no solo andan tras la pista del robo con violencia en la casa de Lizárraga, sino del asesinato de Daniel Palafox Suárez, que tuvo todas las características de haber sido ejecutado por el crimen organizado.
Quedan muchos puntos oscuros en esta historia y habrá que esperar el resultado de las pesquisas que llevan a cabo los sabuesos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Pero todo huele muy mal…
II
Pasemos mejor a asuntos más amables. El secretario de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo estuvo ‘corriendo el lápiz’ durante los últimos meses para pulir un paquete de trece modificaciones legales para relanzar el desempeño gubernamental en áreas sensibles: combate a la corrupción, transparencia, seguridad y combate a la delincuencia; equilibrio económico y desarrollo social.
Fue el gobernador Alfonso Durazo quien presentó este paquete de reformas que en breve habrán de pasar por el Congreso del Estado para su aprobación.
A reserva de abundar líneas más adelante sobre algunas de estas reformas, destaquemos una que no aparece en relieve pero que vendrá a modificar sustancialmente el trabajo del gabinete.
Se trata de la desaparición de la Secretaría Técnica y la creación de la Oficialía Mayor, una instancia que ya existía en gobiernos anteriores pero desapareció en el gobierno de Claudia Pavlovich.
Según los enterados, en esta oficina se concentrará prácticamente todo el poder del Ejecutivo (después del que él detenta, claro); será una especie de supersecretaría y su ocupante será el verdadero brazo derecho del gobernador.
No digan que aquí lo leyeron pero esa oficina no la ocupará nadie del actual gabinete, sino que vendrá alguien del centro del país y se habla de un capitán de navío de nombre José López Ferra, hombre que estuvo muy cerca de Alfonso Durazo cuando éste ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete federal y es gente de todas sus confianzas.
Desde luego, apunte este nombre con lápiz, porque luego pasan otras cosas, pero el hecho cierto es que a partir de las nuevas reformas comenzará a operar de nuevo la Oficialía Mayor.
Por lo demás “Los cambios institucionales que propongo buscan cuatro grandes objetivos: un equilibrio de poderes democrático, la institucionalización de la austeridad republicana, el combate decidido a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones en asuntos públicos que fueron abandonados durante décadas como la movilidad, el deporte, la seguridad pública y el desarrollo sostenible”, dijo el gobernador.
Así, la titularidad en el ISAF y la Fiscalía estatal tendrán una vigencia de seis años para evitar encubrimiento e impunidad en administraciones salientes, y será el Congreso del Estado el que designe a los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos, facultad que hasta ahora recae en los titulares de dichas dependencias.
También será el Congreso junto con el Ejecutivo quienes definan al titular de la secretaría de Seguridad, lo que hasta ahora recae en el Consejo Ciudadano de SP.
Se modificará la Ley Anticorrupción para que las observaciones sean vinculantes a procesos legales; se abrirá a las denuncias ciudadanas y se reducirán las percepciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Sus sesiones de trabajo serán públicas a través de canales oficiales.
Se creará la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera y aumentarán los tiempos de prescripción para delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. También se faculta a la Contraloría a suspender contratos donde se detecten posibles daños patrimoniales. Hasta la omisión de cuotas del Isssteson será considerada falta grave. Ningún servidor público podrá ganar más que el titular del Ejecutivo.
Codeson se integrará a la Secretaría de Educación y Cultura, entre otras reformas.
“Las modificaciones propuestas son reformas de largo aliento que buscan dejar una arquitectura institucional diseñada con una visión de Estado, lo suficientemente sólida para que nuestro gobierno y las futuras administraciones cuenten con instrumentos normativos que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades. En lo inmediato, las y los sonorenses se beneficiarán con un gobierno austero que concentra los recursos públicos en proyectos, programas y acciones que benefician a la mayoría y a los más necesitados”, culminó el mandatario.