Por: Arturo Soto Munguía
Como le adelantamos oportunamente, ayer se discutió en las comisiones de Educación y Derechos Humanos una iniciativa de ley que busca prevenir, atender y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades de Sonora.
El tema no es menor. Las instituciones de educación superior son un espacio que de un tiempo a la fecha ha sido tomado por las estudiantes para denunciar múltiples casos de estos delitos, pero la mayor parte de ellos no llegan a las instancias donde se puedan resolver y sancionar.
Se ha llegado al extremo de apelar a la autonomía universitaria o a la protección sindical para evadir la acción de la justicia.
La iniciativa en mención es autoría de la diputada María Alicia Gaytán, de Morena, que en la legislatura pasada presidió la Comisión de Igualdad y Género desde la cual dio una férrea batalla por la protección de los derechos de las mujeres y hoy retoma el tema con una propuesta que desde ya está sacando chispas, sobre todo por las obligaciones que plantea a las autoridades universitarias para denunciar ante el ministerio público y proceder para que exista una consecuencia laboral si el victimario es un trabajador de la institución.
Cito el artículo 11 de esta iniciativa porque creo que es el que mayor polémica generará.
“Al interior de la institución educativa el nivel de gravedad de los actos de acoso sexual se determinará de conformidad con la normatividad interna, pero el responsable de sustanciar el procedimiento que nazca de la denuncia deberá hacer del conocimiento inmediato de estos hechos al agente del ministerio público en los términos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la dirección de Recursos Humanos de la respectiva institución para el inicio del procedimiento rescisorio si así resulta procedente de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, contratos colectivos o reglamentos que los rija”.
“Desde la perspectiva de las estudiantes resulta complejo enfrentarse y defenderse de situaciones de acoso sexual porque además del caso personal, se enfrenta al condicionamiento que la propia estructura educativa, jerárquica y masculinizada aporta al silenciamiento del problema por parte de las víctimas que no disponen de herramientas necesarias para enfrentarse mediante la denuncia a toda la estructura de poder”, expone la iniciativa, que también apunta la ausencia de protocolos para atender este tema en la mayoría de las universidades.
Frente a esto, surge la necesidad institucional de prevenir, atender y sancionar este ejercicio de poder materializado en una relación de subordinación real de la víctima en los ámbitos escolares (…) que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva y que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del mismo sexo, lo cual trae efectos perjudiciales en el ambiente académico y personal de la víctima, agrega.
Aunque también reconoce los esfuerzos de autoridades universitarias para combatir este problema, sostiene que hay un vacío en el marco normativo que actualmente se limita a resoluciones no vinculativas y recomendaciones ambiguas, “pero de lo que se trata es de establecer sanciones proporcionales a los actos cometidos, a que se delibere sobre posibles responsabilidades penales y laborales de sujeto activo de estas conductas tanto por la autoridad civil como por la universitaria”.
En resumen, el objetivo es prevenir los actos de acoso y hostigamiento sexual, pero también crear los mecanismos, protocolos, programas y demás para atenderlos y sancionarlos, garantizando un ejercicio pleno de los derechos de las y los estudiantes universitarios en un ambiente de paz, concordia y ausente de violencia.
En este objetivo se incluye la corresponsabilidad de la comunidad universitaria, así como la capacitación al personal docente y administrativo para que promuevan la prevención y en su caso la intervención correspondiente.
Un punto muy interesante es la prohibición de prácticas de conciliación y mediación para casos de acoso y hostigamiento sexual, pues se sabe que éstas promueven la revictimización y culpabilización de la víctima.
Y otro no menos importante es la consideración como omisiones de la autoridad universitaria, de aquellos casos en que se nieguen a atenderlos o canalizarlos; evitar el acceso a la justicia o impedir a la víctima el acceso a información, material probatorio y evidencias necesarias para la integración del expediente.
La iniciativa generó consensos en las comisiones y pronto será llevada al pleno, donde la discusión para su eventual aprobación promete ponerse intensa.
II
Hermosillo se convirtió ayer en la primera ciudad del país en contar con una flotilla de patrullas eléctricas. El alcalde Antonio Astiazarán entregó las primeras seis unidades de este tipo, en un ambicioso plan que proyecta completar un parque vehicular de 300.
Actualmente la capital cuenta con 70 patrullas de propulsión mecánica, lo que no solamente resulta insuficiente para las labores policiacas en una ciudad de casi un millón de habitantes, sino que su gasto en combustible y costo de mantenimiento constituyen una grave sangría al presupuesto municipal.
Comparadas con estos vehículos, las nuevas patrullas eléctricas generarán un ahorro de hasta 54 mil pesos mensuales, ya que funcionan con electricidad y se cargan con energía solar. Una carga les permite recorrer hasta 394 kilómetros en la zona urbana.
El alcalde anunció que tiene programadas otras dos entregas para el 31 de mayo, cuando se sumarán 220 unidades eléctricas nuevas. Con esto, el tiempo de respuesta se reducirá de 30 a cinco minutos, explicó.
Al igual que las motocicletas eléctricas que recientemente entregó, las patrullas serán asignadas a un solo elemento de la Policía Municipal para incentivar su cuidado, toda vez que en un plazo determinado, el agente podrá adquirirla para su uso particular.
Actualmente, cada patrulla es utilizada por tres elementos, y si tienen ‘la patita pesada’, se la acaban en dos o tres años.