Por: Arturo Soto Munguía
Ya eran demasiados los problemas que estaba generando en la Secretaría del Trabajo el abogado Antonio Ruiz García, segundo en la estructura de mando en esa dependencia que encabeza Olga Armida Grijalva Otero, y a quien se le atribuía el tenso clima laboral que a la postre se tradujo en renuncias importantes, la más reciente, de América Murrieta Saldívar, subsecretaria de Promoción de Empleo y Productividad.
Cuando esto sucedió, escribimos en este espacio lo siguiente: Ayer cayó una subsecretaria, mañana quién sabe. En resumen, en la Secretaría del Trabajo, donde la bandera es la dignidad del trabajador, todos son desechables, incluso los que se consideren cercanos a la titular, con mayor razón quienes no estén tan cerca.
Pues a quien le tocó empacar sus cosas ahora fue precisamente al que se consideraba el hombre más cercano a Olga Armida Grijalva.
En esta su columna favorita usted se enteró antes que nadie de las versiones que ubicaban al señor Ruiz García como la mano que mecía la cuna de una serie de movimientos que derivaron también en la renuncia de José Luis Lomelí Gutiérrez, que ocupaba el cargo de América Murrieta pero se fue dejando la víbora chillando con una carta en la que consignaba el comportamiento mafioso de lo que llamó un ‘gabinete de sombra’ que era el que verdaderamente tomaba las decisiones en la Secretaría, no siempre las más acertadas, por cierto.
No lo dijo, pero mis fuentes aseguran que en ese ‘gabinete de sombra’ el liderazgo recaía no en la secretaria, sino en su segundo de a bordo, Antonio Ruiz, que formaba dupla con el secretario particular de Grijalva Otero, Efraín Zamora para controlar las juntas de conciliación el primero, la secretaría el segundo.
Aquí le informamos también de los movimientos que se han dado en la junta local de Cajeme, donde van cinco titulares en lo que va de esta incipiente administración, y el telón de fondo en esos cambios tiene que ver con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias atribuidos precisamente a Ruiz García.
Pues al parecer todos estos asuntos terminaron por llenarle el buche de piedritas a alguien en Palacio, y la primera consecuencia es el adiós al subsecretario Antonio Ruiz, que se va, por cierto, lastimado, a juzgar por un tuit que colgó en su cuenta ayer por la noche y que a la letra dice:
Los mitotes, las injurias, la cizaña, las intrigas, las envidias, las amarguras, las venganzas, los revanchismos son eso y nada más. La conciencia está tranquila.
Seguiremos informando.
II
Ayer fuimos especialmente severos al abordar el tema de la seguridad pública en el plano nacional, cuya estrategia consiste básicamente en dejar que las cosas pasen porque finalmente no pasa nada, aunque sí pase.
Parece trabalenguas, pero a veces queda la impresión de que el presidente está convencidísimo de que así como la prensa se regula con la prensa, el narco debe regularse con el narco, lo que traducido al lenguaje cotidiano significa dejar que se maten entre ellos hasta que no quede uno solo sobre el territorio nacional, mientras se atacan las causas que originan la violencia, señaladamente la pobreza, a través de programas sociales.
Esto de ir a la raíz del problema es correcto, aunque solo tendrá efectos en el largo plazo, pero como dijo el clásico, en el largo plazo todos vamos a morir de viejos, si es que antes no nos alcanza una bala y nos deja en calidad de daño colateral.
Afortunadamente en Sonora se está trabajando en un tercer plano: el involucramiento de la sociedad civil organizada para integrarla en políticas públicas de prevención del delito, señaladamente aquellos que nacen en el seno de las familias pero van escalando de manera tal que sin saber cómo ni cuándo, de pronto aquello que comenzó como un caso de violencia intrafamiliar se convierte en episodios más graves.
El gobierno no puede solo, y reconocerlo es un buen comienzo para buscar y encontrar los apoyos en esa parte de la sociedad comprometida con mejores entornos que desde ya generen condiciones de prevención, seguridad y respuesta pronta ante el delito.
Ayer se firmó un convenio de la secretaría de Seguridad estatal con dos corporativos importantes de Sonora, en un evento atestiguado por el gobernador Alfonso Durazo y en el que estuvieron presentes los líderes de todas las cámaras empresariales, esas que agrupan desde los pequeños hasta los más grandes negocios; los empleadores de cientos de miles de hombres y mujeres que a su vez pueden replicar esas prácticas en sus casas y en sus trabajos para abatir la violencia de género.
Se trata de un programa para garantizar espacios seguros a las mujeres que son víctimas de violencia en los centros de trabajo y/o en sus entornos familiares. El convenio fue firmado por los capitanes de las empresas Caffenio y Súper del Norte, pero se pretende replicarlo en el resto de los negocios, para que la prevención venga de abajo hacia arriba, y no esperar que las autoridades asuman toda la responsabilidad, algo que además es objetivamente imposible.
Hay una cifra que dio el gobernador y que ofrece una idea de lo difícil que eso resulta. La Policía Estatal de Seguridad Pública cuenta con 866 elementos (desde hace 12 años la plantilla no ha crecido) para atender un territorio como el de Sonora, con más de 180 mil kilómetros cuadrados.
Esto es, a cada agente le correspondería atender un territorio de 200 kilómetros cuadrados. ¿Se entiende ahora el déficit y por qué es necesario involucrar a la sociedad en pleno?, no para atender esa parte de los delitos de alto impacto, sino esos otros que surgen en el seno familiar, por diversas causas.
Es claro que el gobierno tiene una responsabilidad mayúscula en este asunto y al respecto, Durazo Montaño explicó que este mismo año se terminará de pagar, gracias a los ahorros obtenidos por su plan de austeridad, un crédito de 2 mil 500 millones de pesos, al que mensualmente se le ‘abonan’ 250 mdp.
Esa cantidad, a partir de noviembre próximo tendrá como destino programas de mejora a las condiciones laborales y contractuales de los elementos de la policía estatal y permitirá incrementar la planta laboral hasta llegar a 6 mil elementos. La meta, dijo el gobernador, es lograr que la de Sonora sea la policía mejor calificada y mejor pagada del país.
Servando Carvajal y Manuel Heriberto Vázquez Escudero, directores de las empresas firmantes del convenio se mostraron entusiasmados y dispuestos a participar de este programa denominado ‘Salva’, que incluye no solo seguridad para mujeres trabajadoras de sus empresas, sino también una serie de compromisos para conectar las cámaras externas de sus empresas con el C5i; la creación de grupos de whatsapp para dar seguimiento a incidencias delictivas, y capacitación del personal para atender situaciones en tanto arriban las autoridades.