Bulmaro Pacheco
OPINIÓN | LAS RAZONES PARA LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Por Bulmaro Pacheco
Una primera razón para defender la democracia en México es la ampliación de la representación política: Un Congreso de la Unión plural, congresos locales con representaciones diversas y ayuntamientos con regidores de todas las fuerzas políticas en contienda. Todo esto ha traído estabilidad política a México.
Organismos electorales que han procesado con eficacia los conflictos políticos y resuelto las inconformidades después de las elecciones, y llevando paz y estabilidad a las regiones, es otro de los logros políticos de los últimos 40 años.
Otras manifestaciones: las alternancias -de partido político- en la Presidencia de la República, en gobiernos estatales y en ayuntamientos han estabilizado a México y también han ampliado la representación bajando los niveles de tensión política que antes no tuvieron cauce.
¿La propuesta es una reforma constitucional?
Sí. Son 18 artículos de la Constitución los que proponen reformar y para lo cual se requiere mayoría calificada (2/3 partes de los presentes), tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.
¿Y no tienen el gobierno y Morena mayorías calificadas en ambas cámaras?
No. Morena y sus aliados (Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo) apenas cuentan con 277 diputados y 76 senadores.
Las oposiciones conformadas por el PAN, PRD, PRI y MC, más los 5 independientes del Senado, suman 52 senadores y 223 diputados federales.
¿Se pretende disminuir la representación con la reforma propuesta por el presidente de la República y su partido?
Sí. Se quiere disminuir el número de senadores (de 128 a 96) de diputados federales (de 500 a 300) de diputados locales (de 1,113 a 654) y reducir al mínimo las regidurías en ayuntamientos.
¿Desaparecen la figura de los plurinominales?
No. Desaparecerían los distritos uninominales en lo local y federal, porque se propone un nuevo sistema de elección por medio de listas y eliminar la representación distrital sin mayores aclaraciones, lo que metería en un brete a los partidos políticos.
¿Y la elección de senadores y diputados federales sería tomando en cuenta a la población de cada entidad?
Sí. Se propone contar con una diputación por cada 420 mil habitantes y una senaduría por cada millón 312,500 habitantes, para que queden tres senadores por estado, y la cantidad de diputados federales que corresponda a cada entidad, según su población, hasta llegar a 300.
Desaparecerían las 32 senadurías de lista que hasta ahora solo representan a los partidos políticos y no a los estados. Se terminaría con una concesión que se dio a las izquierdas en la reforma política de 1996. Primero fueron dos senadores por estado para igualar la representación (1917), después tres, con uno de la primera minoría (1993), y después cuatro por entidad, con la creación de la lista por partido. Se alteró la idea de igualdad de representación en el Senado a las entidades federativas, con independencia de la población que tengan.
¿Se eliminarían 200 diputados y 32 senadores?
Sí. Se dice como argumento principal que para abaratar el costo de la democracia. El gobierno se apropia de una propuesta que antes hicieron el PRI y el PAN, pero proponiendo solo la desaparición de 100 diputados de representación proporcional ante la evolución de la igualdad en la competencia partidista con recursos para todos los partidos.
¿Y en el caso de los diputados locales?
Se propone elegir en los estados por listas y no por distritos.
La reforma propone modificar el artículo 116 de la CPEUM para quedar de la siguiente manera: “El número de representantes de las legislaturas de los estados no podrá exceder de quince diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada medio millón de habitantes adicional, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de cuarenta y cinco diputadas y diputados”.
¿Y en los ayuntamientos?
Ahí sí está lo peor. La iniciativa mediante reformas al 115 de la CPEUM propone: “Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado mediante el sistema de listas votadas de manera paritaria por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y el número de regidurías que le corresponda de conformidad con su número de habitantes asignados mediante el método de cociente natural y resto mayor”. Es decir, se propone designar un regidor en aquellos municipios cuya población sea menor a los 60 mil habitantes; 3 para una población superior a 60 mil y menor de 370 mil; hasta 5 en los que tengan entre 370 mil y 690 mil; hasta 7 en los que cuenten entre 690 mil y menos a 1 millón 10 mil habitantes; y hasta 9 en los municipios cuya población supere un millón 10 mil habitantes. Lo que hoy es dar representación a todas las fuerzas políticas en contienda en los cabildos, se reduciría al mínimo. Una regresión política notable por donde quiera que se le vea.
¿Debilitar o desaparecer al INE?
Debilitarlo y domesticarlo sí, desaparecerlo no. Convertir al INE en un ente con alta injerencia del Gobierno y con métodos de elección de consejeros donde seguramente prevalecerían los intereses del Ejecutivo federal en las propuestas a elegirse. También realizar elecciones costosas de consejeros donde seguramente saldría a relucir el dinero público con dedicatoria para el partido en el gobierno.
¿Debilitar o desaparecer al tribunal electoral?
También debilitarlo. Al igual que en el INE, para el TEPJF también se establece que los magistrados; “serán elegidos el primer domingo de agosto del año que corresponda mediante voto directo y secreto de la ciudadanía a nivel nacional”.
¿Debilitar o desaparecer los organismos electorales locales?
Se propone desaparecerlos, para concentrar todo el proceso electoral en un solo organismo que sería el INEC. Otro retroceso. Dice: “El INEC será la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL). Es decir, “organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes”.
¿Y la advertencia presidencial de que si no pasa la reforma constitucional se promoverá una reforma a las leyes secundarias?
Tendrá poco efecto, porque el grueso de la reforma electoral se basa en reformas a la Constitución. El mismo presidente ha insistido en dos temas: quitarles dinero a los partidos políticos y combatir la compra de votos.
En el primer tema tendría que reformar el artículo 41 de la Constitución, y en el segundo -además de mejorar los instrumentos de vigilancia electoral- deberá cuidarse que no desaparezca el personal profesional (cientos de miles) que ha sido formados en los organismos electorales locales y nacionales para el manejo de las elecciones.
¿Tiene futuro la reforma electoral tal y como ha sido planteada?
Así como está, no. Los cuatro partidos de oposición han cerrado filas para votar en contra en ambas cámaras. (Insistimos) en que las oposiciones cuentan con 52 senadores y 223 diputados. Es suficiente cantidad de legisladores para evitar la mayoría calificada a la hora de la votación en caso de que el régimen insista en sacar la llamada reforma. Morena y sus aliados cuentan con 75 senadores y 277 diputados federales, que le dan la posibilidad de sacar, como han ofrecido, reformas a las leyes electorales reglamentarias -como el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe)- ya que cuentan con la mitad más uno de los votos en ambas cámaras, por lo que pueden hacer reformas a algunas leyes; pero no a la Constitución.
Bulmaro Pacheco
CANDIDATOS… EN SUS MARCAS… ¡LAS CAMPAÑAS!
por Bulmaro Pacheco
El pasado 1 de marzo empezaron oficialmente las campañas políticas para integrar dos de los Poderes de la Unión: El Ejecutivo y el Legislativo.
Los candidatos a distintos cargos de elección popular tienen hasta el 29 de mayo para transmitir sus ofertas políticas a los casi 100 millones de votantes (98.9) inscritos en la lista nacional de electores al cierre del pasado 22 de febrero.
¿Cuántos de ellos votarán?
No se sabe a ciencia cierta cuál será el porcentaje de participación que habrá de registrarse el próximo día 2 de junio. Lo deseable es que esa cifra se acerque o supere el índice de participación logrado en la elección de Ernesto Zedillo en 1994, que fue del 77.16%, y con una abstención apenas del 22.84%; en la elección del 2000, con todo y la cacareada victoria de Vicente Fox, la participación fue apenas del 63.97%.
En la controvertida, cuestionada y todavía reclamada elección del 2006, donde la diferencia entre el primer lugar (Felipe Calderón 35.89%) y el segundo (López Obrador 35.33%) fue menor a un punto porcentual, el nivel de participación fue del 58.23%.
En la elección de Enrique Peña Nieto en 2012, cuando le ganó (38.21) por casi 7 puntos a Andrés Manuel López Obrador (31.59%), el nivel de participación fue del 63.34%.
Con todo y lo que se ha presumido y alardeado de la elección del 2018, donde Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES ) logró obtener el 53.19 % de la votación, el índice de participación ciudadana llegó al 63.42%
Lo deseable ahora y para la próxima elección es que haya un mayor nivel de participación a todos los niveles, por lo que está en juego.
Se habla de dos proyectos en pugna para la Presidencia de México (2024-2030): El que anuncia un “segundo piso” (sic) de la llamada “Transformación”, que ha sido el discurso dominante del gobierno federal que termina el último día de septiembre del 2024. Y el que anuncia un cambio radical de las políticas puestas en práctica en el sexenio y que concluye con un saldo nada positivo para las principales demandas de la gente como la seguridad, la salud y el desarrollo.
La propaganda oficial acusa a sus adversarios de pretender el “regreso” de los que se aprovecharon de los gobiernos para empobrecer a México y alegan que los actuales gobernantes y los que pretenden repetir en sus cargos representan algo diferente, ya no como los de antes.
De la parte oficial sobran calificativos ideológicos contra lo que ellos llaman “los conservadores” o “representantes de la reacción que buscan recuperar privilegios, concretamente a Xóchitl Gálvez y a su equipo de campaña. Los del Frente acusan de incompetencia al gobierno que termina este año y de “continuismo” a quienes aspiran a relevar al Ejecutivo federal con la candidata Claudia Sheinbaum a la cabeza.
Al electorado lo han tratado de desmotivar presumiéndole encuestas de dudosa procedencia y que marcan una desproporcionada ventaja de la candidata oficial sobre su principal adversaria.
Sí es cierto que Claudia Sheinbaum lleva ventaja, aunque no tanta. Entre otras razones, por su exposición diaria en el gobierno de la Ciudad de México y porque ha tenido a su favor la enorme campaña que el presidente de la República le hace a cada rato en las llamadas “mañaneras”, y también por los excesos de publicidad que ya llevan años en espectaculares, bardas y mensajes a cargo de los gobernadores estatales de Morena, que en 2021 descubrieron a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México como la favorita del presidente para sucederlo.
Pero también es cierto que Xóchitl Gálvez tiene a su favor el enorme descontento social que priva en sectores importantes de la sociedad mexicana y que no han visto cambios favorables desde el gobierno en beneficio de la gente -a excepción del sistema de pensiones, no contributivas para los adultos mayores- y padecen todos los días la gran crisis de seguridad pública reflejada en homicidios, desapariciones y la falta de calidad en la atención a la salud y los servicios elementales.
También tiene Xóchitl a su favor el activismo de tres partidos políticos que seguramente habrán de activar interlocución con las estructuras políticas para encauzar las principales demandas de la gente, a través de los partidos y sus liderazgos en los principales niveles.
A su favor tiene también las principales expresiones de descontento social y político ciudadano, como las observadas en las concentraciones -sin acarreos y minimizadas por el gobierno- en el Zócalo y en las capitales de los estados en meses pasados en defensa del INE, de los órganos autónomos y de la democracia.
La candidata oficial cuenta con el apoyo incondicional del gobierno federal, con todas sus estructuras a nivel local y nacional. También el de los gobernadores estatales, principales responsables de llenar con acarreados de toda la República el Zócalo de la Ciudad de México el día del arranque de la campaña.
Obviamente la candidata oficial dispondrá de mayores recursos económicos y de las estructuras de gobierno. Y también de quienes jugando al oportunismo político -ex militantes del PAN, PRI y PRD- fueron “convencidos” de apoyar la causa oficial a cambio de lugares en las listas de diputados federales y senadores de Morena y sus aliados.
Ahí están quienes apenas un año atrás despotricaban contra el presidente López Obrador y su partido y las principales acciones de su gobierno. Ahora cambiaron camisetas y se ostentan defensores de la candidata oficial y las banderas de Morena. Los acusados antes de corruptos recibieron ya su “certificado de purificación” por el solo hecho de anunciar sus renuncias al partido de origen y de apoyar al gobierno.
Todo eso lo registra el votante potencial: La corrupción que no ha disminuido, el dinero dudoso dedicado a la política, los errores administrativos, los rezagos sociales, la simulación en las políticas públicas, la falta de diálogo y consensos, los elefantes blancos registrados como obras emblemáticas y que todos tendremos que pagar, así como el nepotismo generalizado en las administraciones públicas y los cacicazgos familiares como los de Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otros. Por eso quienes piensen o afirmen que todo está decidido ya, o rayan en la ignorancia o viven otra realidad.
El 1 de marzo empezó lo que será la contienda electoral más tensa que haya vivido México en los últimos años, y que estará determinada por dos factores fundamentales: Un gobierno que se siente dueño de la moral y cree llegó para quedarse y no se quiere retirar del escenario político, y los poderes fácticos (delincuencia organizada) que están también listos para entrarle al juego político con total impunidad, como se ha visto ya en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Chiapas, donde exigen representación y candidaturas, no por las vías legales ni políticas, sino por los balazos y dejando los abrazos para después, como el lamentable caso de los candidatos municipales de Maravatío asesinados ésta semana…
Bulmaro Pacheco
LEGISLADORES FEDERALES: UNA APROXIMACIÓN
Por Bulmaro Pacheco
Leonardo Yáñez Vargas, secretario del ayuntamiento (1979-1982) y presidente municipal (1982 a 1985) de Agua Prieta, fue el primer senador de primera minoría que tuvo Sonora en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión (1994-2000). Antes de esa elección, la figura de la “primera minoría” no existía, fue fruto de la reforma publicada el 3 de septiembre de 1993 para ampliar el número de senadores por estado.
Por diferencias con Manuel Espino, el delegado del PAN de entonces, Yáñez renunció al grupo parlamentario de Acción Nacional en 1997 y terminó como legislador independiente.
Había participado representando al PAN en la elección de 1994 contra los priistas Guillermo Hopkins Gámez y Armando López Nogales. López Nogales sería candidato a gobernador en 1997 y su lugar lo ocupó Gilberto Gutiérrez Quiroz. Hopkins terminó su período.
Yáñez Vargas, originario de Esqueda, asesor fiscal, egresado del Tecnológico de Nogales, llevó como suplente a Bonifacio Navarrete Santamaría, y actualmente reside en Arizona.
Los primeros Senadores de lista por Sonora, fueron: Luis Colosio Fernández (PRI) y Leticia Burgos (PRD) del 2000 al 2006. Colosio llevó como suplente a la chiapaneca Blanca Ruth Esponda Espinosa. Burgos, cajemense, química por la Universidad de Sonora y activista en el Estado de Guerrero, llevó como suplente a Blas Rafael Palacios Cordero.
La figura de “senador de lista” se negoció entre todas las fuerzas políticas para reformar el artículo 56 de la CPEUM, el cual se publicó el 22 de agosto de 1996 (también se logró la plena autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
Colosio Fernández asumió el cargo de senador junto a Eduardo Bours como legislador de “primera minoría” por Sonora, cuando éste perdió la elección contra Ramón Corral y Héctor Larios, la fórmula del PAN.
Sonora tuvo cinco senadores en esa legislatura: Corral, Larios, Colosio, Bours y Burgos. Corral y Bours solicitaron licencia en 2003 para contender por la gubernatura del Estado, quedando en los escaños sus suplentes: Carlos Villalobos Organista y Francisco Bojórquez Mungaray.
Bours fungió como gobernador de Sonora del 2003 al 2009 y Corral asumió la titularidad de Conapesca en el último tramo del gobierno de Vicente Fox. Para la elección federal del 2006 participaron tres fórmulas: Alfonso Elías Serrano y Óscar López Vucovich (PRI), Guillermo Padres y Javier Castelo Parada (PAN) y Alfonso Durazo y Patricia Patiño (PRD). Ganó la fórmula del PAN y Alfonso Elías Serrano sería el senador de primera minoría. Como senador de lista entró Manlio Fabio Beltrones, para el período del 2006 al 2012.
En 2009 tanto Padrés como Alfonso Elías solicitaron licencia para contender por la gubernatura y en sus curules quedaron Emma Lucía Larios Gaxiola y Fermín Trujillo Fuentes. Padrés ya no regresó al Senado y Alfonso Elías concluyó su período. En esa legislatura Sonora tuvo 4 senadores: Larios Gaxiola, Javier Castelo, Alfonso Elías y Beltrones.
En 2012 los candidatos al Senado fueron Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara (PRI), Francisco Búrquez y Florencio Díaz (PAN), Ana Gabriela Guevara y Alba Celina Soto Soto (PRD), Rodolfo Montes de Oca y María Parada (Verde Ecologista), y David Parra Medina y Concepción Puebla Romo (Nueva Alianza).
En esa Legislatura Sonora tuvo cinco senadores: Claudia Pavlovich (Anabel Acosta), Ernesto Gándara, Francisco Búrquez, y como senadores de lista: Ana Gabriela Guevara, por el PT, y Héctor Larios, por el PAN. Pavlovich solicitó licencia al cargo en 2015.
En 2018 Los candidatos fueron: Alfonso Durazo y Lily Téllez (Morena), Silvana Beltrones y Manuel Acosta (PRI), Antonio Astiazaran y Leticia Cuesta (PAN). Ganaron la elección Durazo y Téllez, Sylvana Beltrones fue la de primera minoría, y como legisladores de lista: Damián Zepeda Vidales, del PAN y Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. De nueva cuenta Sonora ha tenido en la legislatura cinco senadores.
Durazo cedió su escaño a Arturo Bours Griffith al asumir la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y, posteriormente, la candidatura al gobierno del Estado. Lily Téllez se pasaría de Morena a Acción Nacional.
Para el 2024 la lucha por el Senado de la República en Sonora luce competida, incierta e intensa.
Manlio Fabio Beltrones y Lily Téllez por la alianza PAN PRI PRD. Beltrones iría por su tercera senaduría desde 1988, y Téllez por la reelección, ahora postulada por el PAN. En candidaturas simultáneas Beltrones va en quinto lugar en la lista nacional del PRI y Téllez en cuarto en la lista del PAN.
Por Morena van la exdirectora del DIF y diputada federal Lorenia Valles, y el exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y diputado federal Heriberto Aguilar.
El diputado local Ernesto de Lucas y Dolores Rosas Almada irán por Movimiento Ciudadano.
Célida López Cárdenas, exdiputada local,exalcaldesa de Hermosillo y Froylán Gámez Gamboa, exdirector del Isssteson, van como candidatos del Partido del Trabajo.
Se ha dicho que los desprendimientos de la alianza de Morena obedecen a una estrategia del partido en el gobierno, que ha anunciado que en 20 entidades irán en alianza los tres partidos (Morena, Verde y PT) y en 12 irán solos -con el propósito de explorar la posibilidad de hacerse de 12 senadurías más- para llegar a la mayoría calificada en la Cámara alta.
Es decir, apuestan que con sus aliados pueden conseguir en algunos estados las dos bancas de mayoría relativa y que con el Verde o el PT por su lado pudieran obtener la primera minoría para así alcanzar tres senadores por estado y lograr la Mayoría calificada en la Cámara alta que por ahora no la tienen. “Plan C de Sheinbaum le llaman”.
Tanto Aguilar como López Cárdenas, ambos candidatos se han sincerado y revelado que en Sonora la verdadera intención de esa estrategia es cerrarle al paso a la fórmula Beltrones-Téllez para que no ganen ni la mayoría, ni la primera minoría lo que revela también un gran temor.
Eso explica tantos cambios y tantas altas y bajas en tan poco tiempo en el tablero de candidaturas de Morena donde algunos se duermen síndicos y se despiertan diputados. Esa fórmula, más Ernesto Gándara por el quinto distrito federal les alteró toda la estrategia, -dicho por ellos mismos-.
En Sonora es complicado entender la nueva estrategia de la 4T, porque el voto duro de los partidos opositores al oficialismo -con todo y las estrategias del transfuguismo estimulado desde el poder-, ya está definido y el de Morena y sus aliados puede dividirse -de hecho se va a dividir- al multiplicar las opciones del votante fiel a su causa, con el riesgo de derrumbar el propósito original de acumular más escaños.
El PT nunca ha pasado del 10% de la votación en Sonora desde que fue creado hace 34 años. Y se acostumbró a los recursos públicos (El mismo PRI lo salvó de perder el registro nacional en 2015 al traspasarle votos) por lo que en lo local la contienda por el Senado se centrará principalmente entre los candidatos de Morena (cuyo voto duro ronda el 25%) y los del frente PRI-PAN-PRD (cuyo voto duro sumado anda entre el 28 y el 30%).Cualquier otro cálculo resulta complicado porque -por ahora- es imposible predecir una tendencia, ya que también va una cuarta candidatura que es la de Movimiento Ciudadano, -la que al parecer ni al gobierno ni a Morena les interesa ya- un partido que en Sonora tampoco ha rebasado la barrera del 10% en elecciones ni como Convergencia ni como MC. Las campañas federales que inician el próximo viernes 1 de marzo auguran muchas sorpresas. Hay que estar pendientes…
Bulmaro Pacheco
LO QUE SE JUEGA EN SONORA
Por: Bulmaro Pacheco
El próximo dos de junio los sonorenses iremos una vez más a las urnas a expresar por medio del voto nuestra decisión política más importante de cada tres años: Cambiar o ratificar el rumbo político de distritos y municipios (ahora tomando como base lo ocurrido en 2018 y el 2021).
En 2021, en la elección de diputados locales, Morena obtuvo el 31.61% de los votos, el PRI: 18.01, PAN: 10.8, Movimiento Ciudadano: 8.58, el Partido del Trabajo: 7.6; PANAL: 5.6, el Verde: 5.2, el PRD: 3.9 y el PES: 3.4%.Tanto Fuerza México como Redes sociales progresistas desaparecieron al no obtener el 3% de la votación.
La diferencia con lo que ocurrió hace tres años es que ahora se juega la posición política más importante del país: la Presidencia de la República, que se suma a la renovación total del Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados federales.
La apuesta del partido en el poder, además de ganar la Presidencia, se concentra en tratar de ganar la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso; es decir, 333 curules de diputados y 96 bancas de senadores.
Con esa actitud triunfalista que siempre buscan proyectar, sienten la Presidencia en la bolsa y apuestan por el Congreso, para que no les pase lo del 2021 que, con todo y su presunción de “transformaciones” de casi tres años en el gobierno, perdieron varias ciudades capitales, la mitad de la Ciudad de México y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
En 2018 no lograron la mayoría en el Senado y han resentido y pretextado que eso les limitó llegar al fondo de las reformas que no han podido concretar ante el bloque opositor, y en otras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente del 2021 a la fecha.
Para el PRI resulta una situación inédita de la elección del 2024: Por primera vez en la historia política del estado el PRI llegará a los comicios sin tener diputados locales ni federales y con un solo ayuntamiento surgido sin alianzas de sus propias filas (Ímuris).
El PRI sonorense no ganó distritos federales de mayoría en el 2021, y de los locales ganó dos en la capital y le tocaron otros dos de representación proporcional. Pero dos (los de mayoría) se fueron a Morena y los otros dos a Movimiento Ciudadano, a muy alto costo y sin mayor razón que el cálculo y la ambición política, dejaron vacía la bancada tricolor de la LXIII Legislatura del Congreso y aunque les valga, la historia los juzgará.
El PRI y la coalición con el PAN y el PRD ganaron 18 municipios en el 2021, 4 el PAN, 1 el PRI, 2 Va por Sonora y 1 el PRD (Bacoachi). Por su parte, Morena ganó 23; el Partido del Trabajo 8; Nueva Alianza 2; Redes Sociales Progresistas 3; Movimiento Ciudadano 7 y se dieron 3 triunfos independientes: Magdalena, Nacozari y Cananea.
Pasado el tiempo y con las crisis de identidad, así como el agresivo plan del gobierno estatal para debilitar adversarios, Divisaderos se pasó del PRI a Movimiento Ciudadano, San Miguel de Horcasitas y Rosario Tesopaco (también del PRI) a Morena.
Morena cooptó para sí los tres ayuntamientos (Bácum, Quiriego, Sáric) que ganó el desaparecido partido RSP, sumó los dos que ganó el Panal (Huásabas y San Pedro de la Cueva), y a los ocho que ganó el Partido del Trabajo. Baviácora también se fue de Movimiento Ciudadano a Morena.
La mayoría de los que se han ido a Morena (excepción de San Miguel y Rosario) se han regresado, al fallar la operación política de los morenos y al no cumplirles lo que les prometieron de origen.
Algunos regidores que habían destacado en el PRI y que fueron candidatos, como Jorge Márquez en Navojoa y Anabel Acosta en Cajeme, se cambiaron a Morena. No se sabe hasta ahora del destino inmediato de Márquez, pero la regidora Acosta aparece ahora como candidata a la diputación federal por el Distrito 6. Igual Alma Higuera, que entró por el PRD y a medio período se fue a Morena, ahora aparece como candidata de este partido por el Distrito 7 federal.
Los tres ayuntamientos independientes (Magdalena, Cananea y Nacozari) hasta ahora no han dado color partidista y se presume que seguirán impulsando esa vía en el futuro inmediato, a pesar de que no les han faltado ofertas de parte de Morena para que engrosen sus filas.
Las cosas han cambiado en Sonora en relación a lo ocurrido en 2018 y 2021, por varias razones que se hace necesario enumerar.
La cacareada bandera de los 36 años perdidos en Sonora (1985-2021) en materia de gobierno estatal ha terminado por desgastarse y perder eco con la gente, ante la carencia de una oferta en obras y servicios que cuando menos iguale o supere lo hecho desde 1985 a la fecha (carretera de 4 carriles, presas, universidades, modernización de poblaciones, ampliación de los servicios públicos, etcétera). No hay tal hasta ahora.
Las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Claudia Pavlovich se han ido desinflando poco a poco ante las evidencias presentadas por los órganos superiores de control (el ISAF en lo local y la Auditoría Superior de la Federación en lo relativo a los recursos federales), que hasta ahora hablan solo de 70 millones pesos -en proceso de aclaración- de los más de 300 mil millones que se manejaron en el sexenio anterior.
La inseguridad se ha agravado en la entidad a pesar de tanta reforma hecha en el papel, pero tímidas ante los factores reales de poder.
La Guardia Nacional no ha funcionado en la entidad como sí lo hizo la antigua policía federal, y la población de Sonora actualmente se mantiene en ascuas constantemente, tanto en las ciudades como en las carreteras. Todos los días hay noticias sobre ajusticiamientos y crímenes.
Hay regiones de Sonora que de cinco años a la fecha están sometidas por el crimen organizado, y no tardará mucho para que en la entidad -de no corregir el rumbo- se vivan situaciones como las que se observan en Zacatecas, Guerrero y Michoacán, donde el crimen organizado ha desplazado a todos los niveles de autoridad.
Han faltado programas agresivos de vivienda y apoyos sociales firmes a la gente y para los gobiernos municipales, que en todos los ramos de la gestión pública e infraestructura observan crisis recurrentes.
No ha bastado con el sistema de despensas ni con el anuncio de las becas para paliar las necesidades y la pobreza. Falta hacer aún más que los llevados y traídos programas de justicia y mejoramiento de las etnias. Hay otros pobres también.
No ha alcanzado el discurso de la creación de nuevos empleos, cuyo mérito no es del gobierno estatal sino de los empresarios que están reponiendo los empleos perdidos por la pandemia, y las nuevas inversiones extranjeras producto del nearshoring en las fronteras.
Se han incrementado los casos de nepotismo en las administraciones públicas y han llegando a niveles inconcebibles en otros tiempos, al grado de tener a familiares directos en cargos públicos. Morena ha roto todas las reglas y han hecho trizas la legislación en la materia. Violentar la ley es como un día de campo para ellos, no les importa el estado de derecho.
Hasta ahora los 4T en México y en Sonora han desestimado el descontento social que se manifiesta a toda hora, en todo momento y por todos los medios; no ha bastado acusar conspiraciones de conservadores, la gente no está conforme con la 4T y lo expresa.
Hay insatisfacción social creciente con los gobiernos de Morena y eso necesariamente habrá de influir el próximo 2 de junio. Falta por analizar el impacto político de las candidaturas al Senado por Sonora y el movimiento del tablero político estatal que han propiciado. Ya lo veremos.
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