Autor: Radio Álamos

Por Arturo Soto Munguía

Todavía no se disipa el humo de la bomba que le estalló en la cara a la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel allá en el altiplano, cuando empiezan a aflorar otros casos en Sonora, no de los mismos alcances y dimensiones, pero que ya encendieron focos de alerta en autoridades de la Contraloría estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la secretaría de Educación y Cultura, por lo menos.

Desde la semana pasada, en los micrófonos de la Red 93.3 FM el colega y amigo Fernando Oropeza reveló el caso de lo que pueden llegar a ser hasta 300 empleados y empleadas del Isssteson que consiguieron acreditar certificados de preparatoria a partir de una triangulación que involucra al sindicato, autoridades educativas y al menos una institución educativa.

El contralor estatal Guillermo Noriega Esparza informó hace tres días que ya está detenido un servidor público que tendrá que ‘devolver las entradas’, toda vez que la institución para la que labora estuvo pagándole durante años un bono extra o un estímulo por acreditar estudios de preparatoria. Lo afiliados a ese sindicato (y a otros en la burocracia) reciben un sobresueldo del 5 por ciento si acreditan esos estudios; del diez por ciento si son de licenciatura y del 15 por ciento si son de algún posgrado.

Noriega Esparza reveló que han encontrado otros casos en el sector salud, particularmente en enfermeras a las que les fueron vendidos títulos de especialidades y cursos adicionales en lugares que no tenían permisos para expedirlos.

A ciencia cierta no se sabe cuántos burócratas estatales compraron sus certificados o documentos que acreditan estudios no realizados, pero se presume que no son pocos, habida cuenta que los primeros casos detectados datan desde 2016, pero en estos momentos deber estar bastante preocupados por las consecuencias de sus actos. Y sobre todo porque al menos en el caso del sujeto que ya fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción alcanzó un acuerdo para devolver el equivalente a todo lo que el Isssteson le pagó, adicional a su salario base desde que presentó dicho documento apócrifo.

Quedan desde luego varias dudas relacionadas con la (o las) escuelas que expidieron los certificados, los montos cobrados por ello y la participación que en esta enmarañada madeja pudo tener la dirigencia sindical que, se presume, llevaba ‘moche’ por sus gestiones.

En otro caso similar, medios cajemenses (Tribuna del Yaqui, Rosa Lilia Torres, entre otros) difundieron que alumnos del Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT) campus Ciudad Obregón, denunciaron que fueron timados con la acreditación de sus estudios. Dicho centro ‘educativo’ ofrecía certificar estudios de bachillerato cursados en línea en un semestre, cobrando 800 pesos mensuales y entre 5 mil y diez mil pesos por el certificado.

Pero cuando algunas alumnas acudieron inscribirse a instituciones de educación superior para continuar sus estudios se encontraron con que las universidades no reconocen la validez oficial del documento, supuestamente validado por la SEP.

Acudieron a las instalaciones de la ‘escuela’, sobre la calle Chihuahua entre Guerrero y No Reelección y se encontraron con que los presuntos educadores ya habían dejado un polvaredón y solo encontraron el edificio vacío.

Las estudiantes se preocuparon cuando conocieron las denuncias que estudiantes de ese ‘centro educativo’ en Baja California presentaron ante la fiscalía de aquella entidad, lo que derivó en su clausura.

En el caso de las estudiantes cajemenses no hay dolo de su parte, pues ellas aparecen en calidad de agraviadas, pero este es un trompo que habrá de caer en la uña no solo de la fiscalía sonorense, sino de la SEC, una instancia por la que se supone deben pasar las autorizaciones de toda institución educativa en el estado.

En el caso del CEATT, se ofrecían

Vamos a buscar al secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante para que nos informe si la dependencia a su cargo conocía el caso de esta ‘escuela’ y si tiene algún listado de otras que también operan en la entidad bajo criterios similares.

Desde abril del año pasado, la SEC informó a través del coordinador General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, Juan de Dios Cáñez Moreno, que las empresas que ofrecen asesoría y capacitación para la rápida obtención de certificados de estudio y títulos profesionales bajo ningún motivo tienen la atribución legal de expedir ese tipo de documentos.

La SEC, explicó el funcionario de acuerdo con un comunicado oficial del gobierno del estado, es una instancia verificadora que tiene personal capacitado para orientar a la ciudadanía acerca de las instituciones que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

También hizo un llamado a las personas para que consulten por vía telefónica al número 6622 89 76 00 extensión 2380, o al correo electrónico cedula.profesional@sonora.edu.mx ya que la SEC tiene un registro actualizado de las instituciones autorizadas para expedir certificados de estudios y títulos profesionales.

Esta información, claramente, no llegó a los y las estudiantes del CEATT que ahora andan en vueltas judiciales reclamando sus certificados o la devolución de su dinero.

II

Comenzando el año previmos que ante la coyuntura electoral 2023-24 el conflicto entre los protagonistas de la cosa pública iba a subir de intensidad y así está sucediendo.

La nueva zacapela verbal entre el presidente de la República, los consejeros del INE y dirigentes de partidos políticos a propósito del llamado ‘Plan B’ para la reforma electoral que hoy se encuentra en la SCJN, la marcha convocada por partidos opositores y el arranque de las campañas en Estado de México y Coahuila es apenas el inicio de esta escalada.

Ayer tronó una nueva ‘bomba’ al descubrirse en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc que preside la panista Sandra Cuevas, propaganda contra Claudia Sheinbaum. La policía capitalina tomó las instalaciones de la alcaldía lo que detonó un nuevo conflicto. Sandra Cuevas es una de las aspirantes del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y una de las más férreas críticas de Morena y de la administración de Sheinbaum.

El operativo corrió a cargo de agentes de la fiscalía capitalina que encabeza Ernestina Godoy y sin duda este viernes amanecerá candente el asunto en la capital del país. Los agentes descubrieron lonas y volantes de campaña negra contra la jefa de Gobierno, mientras que desde la alcaldía Cuauhtémoc corrió la versión que esa propaganda había sido ‘sembrada’ por sindicalizados afines a Morena.

Cualquiera que sea la versión veraz, no deja de ser grave. Y esto, señoras y señores, apenas comienza.

Por Arturo Soto Munguía

Vale la pena llamar la atención sobre un tema que a simple vista pareciera irrelevante pero no lo es tanto si se consideran los anuncios tanto del ámbito local como del estatal, acerca del rescate y remozamiento del mercado municipal como uno de los atractivos del centro histórico de la ciudad.

El mercado es por excelencia el punto de encuentro de miles de parroquianos que todavía lo tienen como referencia ya para realizar sus compras cotidianas, ya para disfrutar la gastronomía regional; para ir a echarse un cafecito mañanero o vespertino mientras se profundiza en el debate de la cosa pública y se ejerce la titánica tarea de orientar el rumbo de la República en inagotables tertulias.

Hasta ahí todo bien, salvo por el pequeño detalle que después de comer y beber a los parroquianos y parroquianas les entran las urgencias urinarias y/o defecatorias pero, oh sorpresa, los baños están cerrados.

El asunto entra en el terreno de la grilla porque el cierre de los baños es consecuencia de un litigio entre la presidenta de los locatarios del mercado municipal, Migdelina Castillo y la señora que durante años administró, como herencia de su madre, los baños, realizando funciones multitask: atención al cliente, cobro del servicio, limpieza y suministro del pedacito de papel que eventualmente se rompía con malolientes consecuencias para los dedos.

Escatologías aparte, el caso es que mientras el litigio corre en tribunales, aparecieron en los baños unos anuncios de ‘CLAUSURADO’ que parecen oficiales pero son más apócrifos que los títulos de algunos empleados del Isssteson o el de la ministra Yasmín Esquivel.

Y en lo que se decide de qué lado está la razón, la clausura se convierte en un problema para los usuarios, sobre todo los adultos mayores ya que por estos días, la única opción que tienen son unos baños portátiles que instalaron frente a la tienda Woolworth, algo retirados de la sede del cotilleo.

Las lenguas viperinas han dejado correr la versión de que tales baños portátiles son un negocio de la propia Migdelina, pero ese no es el punto, sino las quejas que comienzan a generarse porque debido a la distancia a la que se encuentran, y considerando que eventualmente a los señores y señoras se les puede venir de improviso un escalofriante torzón, el episodio se vuelve aterrador “porque de aquí a que llegas ya te cagaste y cuando regresas para seguir el debate ya te dieron ganas de mear otra vez”, confió a este medio un compungido parroquiano.

Este penoso asunto viene como secuela también de la demora en los trabajos de remodelación del inmueble, cuya ‘bolita’ se echan entre el gobierno del estado, el ayuntamiento, el INAH y la presidenta de los locatarios.

Ojalá las autoridades tomen nota y le metan turbo a este asunto antes de que las urgencias parroquianas se conviertan en un problema de salud pública y tenga uno que caminar por las banquetas del centro con el tiento de quien va por un camino minado, cuidándose de no pisar una caca.

¡Guácala!

II

Otro asunto que también está para aflojar el estómago pero por diferentes motivos, es el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las fuerzas armadas puedan realizar detenciones de presuntos criminales en territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades policiales, siempre y cuando se haga conforme a la ley.

Los mexicanos sabemos bien lo que “conforme a la ley” significa en México, sobre todo tratándose de policías y militares.

La CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en junio de 2019 cuando todavía firmaba como ombudsman Luis Raúl González Pérez, reclamando la invalidez del artículo 19 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y señaladamente del quinto transitorio de esa misma ley.

Dicho artículo alude a la obligación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de dar aviso inmediatamente a la autoridad policial de las detenciones, pero el quinto transitorio establece que cuando la fuerza armada permanente realice tareas de seguridad pública (como ya ocurre) estará sujeta a lo dispuesto en la presente ley; “en este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19”.

Esto desde luego es materia de un intenso debate jurídico que incluye a la cámara de diputados, a la que desde entonces se acusaba de omisión al no prever las acciones que el personal del RND deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos (hackeo, que por cierto ya ocurrió con el episodio Guacamaya Leaks).

Debates jurídicos aparte, el hecho cierto es que los ministros de la SCJN avalaron por mayoría que las fuerzas armadas registren directamente en el sistema nacional de detenciones las capturas de presuntos delincuentes sin dar aviso previo a las autoridades competentes. Para decirlo llanamente, batearon la queja de la CNDH y al parecer el argumento central tiene que ver más con prevenir hackeos que con el respeto a los derechos humanos.

En un país que cerró el 2022 con más de 109 mil (¡109 mil!) personas desaparecidas, dejar en el aire un tema tan delicado como este no deja de tener reverberaciones políticas, sobre todo por la muy larga historia del papel de las fuerzas armadas en la persecución de ‘criminales’ durante la llamada ‘Guerra Sucia’, que dejó una estela de muertes, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones sobre todo entre jóvenes activistas de izquierda.

Se podrá decir que en tiempos de la cuarta transformación el ejército ya no realiza esas funciones porque es pueblo uniformado, pero para serle franco, yo tendría mis reservas.

Hay que estar muy pendientes de la reacción de la CNDH después de esta ‘bateada’. Se debería dar por descontada una inconformidad considerando que la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra tiene motivos fundados, personales, familiares, políticos para impugnar algo así, toda vez que su hermano fue víctima de desaparición forzada precisamente en aquellos años de la ‘Guerra Sucia’.

Su madre, Rosario Ibarra de Piedra nació a la vida política buscando a su hijo desaparecido, fundó la organización Eureka, acaso el antecedente de lo que hoy son los grupos de madres buscadoras y murió sin conocer la verdad de lo que sucedió con su hijo.

Pero también, considerando que la señora Piedra (la hija) se ha mostrado más bien blandengue y omisa en otros casos de violación de derechos humanos, sobre todo cuando involucran a los poderes del Estado, no hay muchas esperanzas.

Veremos qué opinan las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos tanto en el país como en el plano internacional.

Por hoy aquí la dejamos.

Por Arturo Soto Munguía

Alfonso Durazo es el matador de mitos. Las lenguas viperinas tejieron cualquier cantidad de ellos cuando vieron que pasaba el tiempo y el gobernador de Sonora le abría las puertas y les garantizaba el foro y el aplauso a las ‘corcholatas’ del presidente, incluyendo a Ricardo Monreal ‘El hijo desobediente’, pero nada se sabía de la recepción que le daría a Marcelo Ebrard.

Y es que por allí hay una historia de viejos agravios reales o inventados, vaya usted a saber, entre ambos personajes desde hace casi 30 años, que más adelante les recordaremos.

Pero la corcholata que aún no visitaba Sonora tendrá un inmejorable marco para venir a promover su precandidatura, justo cuando los vientos no soplan del todo bien a favor de la señora Claudia Sheinbaum que ya no siente lo duro sino lo tupido.

Así es. En el mero día de La Candelaria, el canciller Marcelo Ebrard estará en Sonora para encabezar un encuentro con 87 embajadores de países con los que México mantiene relaciones diplomáticas y la agenda no es en modo alguno, irrelevante.

Acompañado del gobernador Alfonso Durazo, Ebrard Casaubón estará en Puerto Peñasco para mostrar al mundo los avances en la construcción de la planta fotovoltaica que se construye en la esquina noroeste de la patria y que constituye junto con otros proyectos, la vanguardia de la política nacional en materia de energías limpias.

El anuncio lo hizo ayer el propio gobernador, quien explicó que a los diplomáticos extranjeros se les expondrá el Plan Sonora de Energías Sostenibles, un ambicioso proyecto que nació en esta entidad pero que fue adoptado por el gobierno federal para replicar su modelo en otras regiones del país.

Nada más la planta solar de Puerto Peñasco está proyectada para que en una década produzca el 40 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, pero el Plan incluye otros componentes no menos importantes, a saber: la planta de licuefacción de gas en Guaymas y la modernización de ese puerto; la explotación del litio en el yacimiento de Bacadéhuachi, entre otros.

Y es que al presidente López Obrador se le ha cuestionado lo que parece ser una predilección por las energías no renovables, pero en justicia, esos cuestionamientos no consideran lo que está ocurriendo en Sonora, donde se trabaja para consolidar un ecosistema de energías limpias fincado en las ventajas competitivas del estado.

El sol del desierto de Altar, la salida desde Guaymas a la Cuenca del Pacífico, su condición de frontera con Estados Unidos, uno de los mayores yacimientos de litio en el mundo y entre otras cosas, el talento humano forjado en las universidades del estado, que permitirá aportar más de cinco mil ingenieros e ingenieras a los planes de producción de semiconductores que ya están en marcha con capital estadunidense en la región Sonora-Arizona.

Bien vistas las cosas, el foro que tendrá Marcelo Ebrard en Sonora el próximo 2 de febrero no será el de una conferencia tipo Adán Augusto sobre los efectos de la cruza de pingüinos sudafricanos y xoloizcuintles de Azcapotzalco en la gobernabilidad mexicana, o una videoconferencia de Claudia Sheinbaum sobre sus exitosas políticas públicas en la Ciudad de México que en sus primeros tres años de gobierno provocaron, junto con la impericia política, la derrota electoral en más de la mitad de las alcaldías capitalinas.

Pero bueno, no es la intención de esta columna amarrar navajas innecesariamente, aunque sí resaltar que el ‘Carnal Marcelo’ estará por esos días en el ojo del mundo promoviendo esa otra parte de la política energética mexicana que no tiene que ver con los combustibles fósiles, sino con las energías limpias, un tema prioritario en la agenda de las naciones.

Lo cierto es que si algunos amarranavajas, esos sí profesionales hablaban de que Marcelo Ebrard no tendría una buena recepción en Sonora, habida cuenta las diferencias históricas remitidas a aquellos tiempos aciagos en que Durazo era para Luis Donaldo Colosio lo que Ebrard era para Manuel Camacho Solís, van a tener que tragar gordo porque el foro que tendrá en Sonora el canciller será el de mayor relevancia de cuantos se han organizado hasta ahora, para Claudia o para Adán Augusto.

Un par de semanas después, el 19 de febrero el propio presidente López Obrador estará en Sonora para reunirse con representantes de la empresa china Ganfeng para negociar los términos de la explotación del litio en el estado, que a partir de la reforma del año pasado correrá a cargo de la paraestatal LitioMX.

II

Otro de los temas importantes en la mañanera de ayer del gobernador Durazo fue la inversión del gobierno federal por 350 millones de pesos, ya comprometida para renovar totalmente la carretera 36 desde el entronque con la que va de Hermosillo a Bahía de Kino, hasta Puerto Libertad.

Esta vía se construyó en el sexenio de Eduardo Bours y es un corredor que bordea la costa del Mar de Cortés cruzando el desierto y conectando a Hermosillo con Puerto Peñasco y la frontera noroeste, una región de gran potencial turístico y productivo. Este proyecto incluye obras complementarias como el trayecto de Bahía Kino a Punta Chueca y de allí a El Desemboque, en la región seri.

III

Y a propósito de territorio seri, aproveché la oportunidad para preguntar al gobernador sobre una propuesta que ha estado en la mesa de discusión, entre varias que se han planteado para despejar el camino del conflicto interno y abrir la brecha de la pacificación en la tribu.

Me refiero a la posibilidad de que el gobierno cancele la expedición de permisos de caza, tema que al parecer el gobernador trae ya muy bien valorado porque de entrada consideró que no esa medida no es necesaria, aunque precisó, está abierto a trabajar y dialogar con absoluto respeto a los usos y costumbres y a la autonomía del pueblo seri, en cualquier medida que ayude a que los grupos en disputa moderen su beligerancia.

Tanto el gobernador como el secretario de Gobierno han dado puntual seguimiento a los hechos en territorio seri, conocen a sus protagonistas y en el caso de Álvaro Bracamonte, ya ha tenido varias reuniones con Enrique Robles, el depuesto presidente del Consejo de Ancianos y promotor de una especie de ‘golpe de Estado étnico’ en el que nombró a Moisés Méndez como gobernador, pero sin tener el consenso de las autoridades tradicionales ni de la mayoría en las dos comunidades donde se asienta la etnia: Punta Chueca y El Desemboque.

Lo relevante del caso es que el gobernador Durazo rechazó la idea de cancelar la expedición de permisos de caza, consciente de que eso representa la principal fuente de ingresos en efectivo para la etnia (más de un millón de dólares por temporada), motivo por el cual también los seris no aceptaron la propuesta del presidente López Obrador para abandonar la explotación de la actividad cinegética controlada y sustituirla por tours fotográficos.

El problema reside, y eso también lo reconoció Durazo Montaño, en la distribución de los recursos obtenidos por los permisos de caza. Son más de veinte millones de pesos que desatan las ambiciones en algunos personajes de la tribu y de allí se derivan los conflictos.

En el caso de los comca’ac el conflicto no ha escalado de la forma en que se manifiesta entre los yaquis y el Plan de Justicia para la Etnia Seri afortunadamente sigue corriendo conforme a lo planeado y ya se instalaron dos plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a las comunidades, una de ellas alimentada con energía solar; se están construyendo viviendas y arreglando el camino desde Punta Chueca hasta El Desemboque.

No es de asfalto porque así lo decidieron ellos, pero se construyeron los puentes que evitarán en lo sucesivo que los arroyos se lleven el camino en temporada de lluvias, dejando incomunicadas las dos poblaciones.

En un par de semanas se entregarán también varios binomios (lanchas y motor fuera de bordo) para habilitar la actividad pesquera.