Por Arturo Soto Munguía
Esas no fueron textualmente sus palabras, pero en la rueda de prensa de ayer, el gobernador Alfonso Durazo pintó su raya respecto a la administración más corrupta de la que se tenga memoria en los últimos 32 años.
Y todo fue a propósito de un tema que, en el desierto que es Sonora está llamado a ser la madre de todos los conflictos: el agua.
Todavía no alcanza siquiera rango de proyecto y el acueducto Oviachic-Ciudad Obregón ya anegó el fértil campo del debate público.
Desde Cajeme, Alberto Vizcarra, vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua, una organización protagonista indiscutible de la lucha en las calles y en los tribunales contra el Acueducto Independencia que a sangre y fuego hizo construir Guillermo Padrés para trasvasar (ilegalmente) agua de la cuenca del Río Yaqui a la del Río Sonora, levantó la voz para oponerse a lo que hoy aparece solo como una propuesta para evitar el desperdicio por filtración y evaporación en el ‘rodado’ de agua desde el Oviachic hasta la cabecera municipal de Cajeme.
*Agua rodada: la que viaja impulsada por la fuerza de gravedad. En el caso del Valle del Yaqui, a través de canales, la mayoría de tierra (N de la R).
La inquietud le fue planteada al gobernador Alfonso Durazo durante su rueda de prensa semanal ayer, por la colega y amiga Rosa Lilia Torres, que inopinadamente le arrimó la lámina al mandatario estatal clavándole una banderilla al preguntarle cuál era la diferencia entre su gobierno y el del bandidazazazazazo de Padrés.
Obviamente el gobernador acusó el golpe y respondió con un “¿Qué pasó?, hasta la pregunta ofende, jovencita”, para luego explicar que no hay punto de comparación ni entre las dos administraciones aludidas ni entre los proyectos en discusión.
En el primer caso expuso que la principal diferencia es la transparencia, el poner todas las cartas sobre la mesa y la inexistencia de intereses personales en la obra pública, así como el consenso sobre las mismas.
Y en el segundo, apuntó que el acueducto Oviachic-Obregón es apenas una propuesta, que no se cuenta con los recursos para echarlo a andar, pero que si los tuviera y los cajemenses no estuvieran de acuerdo, pues simplemente no se construye y se aplican los recursos en otras obras hídricas que también son muy necesarias, como el acueducto de la presa Pilares a Navojoa, donde actualmente también el agua se traslada a través de canales, arrastrando consigo una gran cantidad de minerales como el manganeso, nocivo para la salud de los navojoenses.
La escena me transportó un poco a aquellos años finales de la década de los 90 cuando el gobernador Armando López Nogales (PRI) estuvo a punto de echar a andar un proyecto para desalinizar agua de la costa de Hermosillo y llevarla a la capital a través de un acueducto, proyecto al cual se opuso con fiereza el alcalde Francisco Búrquez Valenzuela (PAN) hasta que consiguió detenerlo.
La remembranza es válida porque de haberse concretado ese acueducto, Hermosillo estaría siendo abastecido hoy en día por esa fuente prácticamente inagotable que es el mar, se habrían evitado todos los conflictos políticos y sociales (y el carnaval de corrupción y enriquecimientos explicables) que generó el Acueducto Independencia años después.
Además, de acuerdo con aquel proyecto, la obra concesionada por 20 años a la empresa constructora no le hubiera costado al erario y para estas fechas estaría funcionando ya bajo la administración estatal. La de broncas que nos hubiéramos ahorrado.
Tendría que reconocerse que López Nogales, a quien se le pueden cuestionar muchas cosas, mostró una faceta visionaria muy en boga hoy en día que implica gestionar nuevas fuentes de abastecimiento para las ciudades: producir más agua potable y dejar de repartir la de cuencas deficitarias como sigue ocurriendo hoy en día sin resolver de fondo el problema de abasto y al contrario, generando problemas en uno y otro lado.
En aquel entonces, recuerdo que una fuente del ayuntamiento de Hermosillo que presidía Pancho Búrquez me confió que éste presumía ante sus cercanos que la propuesta de López Nogales era muy buena, pero implicaba mucho dinero ‘que se robarían los priistas’ y que en todo caso cuando él (Pancho Búrquez) fuera gobernador (como eran sus pretensiones) la llevaría a cabo.
Traducción libre: Me opongo a la desalinizadora porque los priistas se quieren robar miles de millones de pesos que costará la obra, pero si soy gobernador la voy a realizar porque nosotros, los panistas, no nos robamos ni un cinco.
*Risas grabadas*
Finalmente no ocurrió ni una cosa ni la otra.
Afortunadamente Pancho Búrquez con toda su mediocridad política a cuestas ni siquiera fue candidato del PAN a la gubernatura y terminó en el ostracismo, y desafortunadamente no se construyó la desalinizadora en la costa de Hermosillo que, a 25 años de distancia naufragó en el agitado mar de las grillas políticas.
Si al gobernador Durazo le molestó (con sobrada razón) que lo compararan con Guillermo Padrés, espero que no se asemeje al de López Nogales y en un desplante tire por la borda una propuesta que debería ser suficientemente socializada con los cajemenses para convencerlos de su viabilidad técnica y financiera, pero sobre todo de los beneficios para la comunidad de la cabecera municipal y del valle del Yaqui.
Por lo demás, sería una pena que, en un contexto en el que los recursos públicos y privados para obras de infraestructura son más bien escasos, el acueducto Oviachic-Obregón tuviera el mismo fin que la desalinizadora en la costa de Hermosillo, por razones eminentemente políticas.
En ese sentido también tiene razón el gobernador Durazo: si los cajemenses no quieren esa obra, pues mucho y bueno. Habrá otras comunidades (la del mayo, citada como ejemplo por el propio mandatario) que vería con mejores ojos una millonaria inversión en el acueducto Pilares-Navojoa.
II
Lo cierto es que en un estado donde definir el agua como vital deja de ser un pleonasmo, el tema está causando nuevamente polémica.
No solo es Guaymas, donde además de vital el agua (y su gestión) es un negocio propicio para el saqueo histórico y donde una empresa, Eroagua fue contratada para la fiscalización y el cobro a grandes deudores por el organismo operador (que en el caso de Guaymas-Empalme es la CEA), pero en esa gestión cobró carretadas de dinero por comisión y además dejó la víbora chillando porque violando los protocolos suspendió el servicio (sin tener facultades) a varias empresas, sobre todo desarrolladoras urbanas que hoy tienen demandada a la paraestatal.
Esa misma empresa, Eroagua fue contratada en Cajeme durante la administración municipal anterior, y la historia se repitió. Con el agregado de que hoy, una vez que el contrato con el organismo operador de agua venció el 31 de diciembre pasado, pretende que le renueven el contrato utilizando lo que el propio alcalde Javier Lamarque llamó un chantaje.
Pero toparon en pared. Lamarque Cano se fajó y se sostuvo en que los servicios que presta esa empresa (con negros antecedentes en otros municipios) son prescindibles y que el organismo operador se puede hacer cargo de los trabajos que venía realizando, como en Guaymas, violando los protocolos, recibiendo grandes cantidades de dinero público pero dejando a los gobiernos municipales con un costal de litigios por sus procedimientos irregulares.
El alcalde de Cajeme reconoció que en su momento los servicios de la empresa permitieron recuperar 42 millones de pesos no facturados, por los cuales Eroagua cobró más de diez millones de pesos. Pero su contrato venció el 31 de diciembre y ya no se va a renovar.
“Hasta el momento fueron 102 empresas detectadas como irregulares. 20 de ellas cubrieron sus adeudos, cuatro fueron canceladas, 57 quedaron pendientes y 12 se ampararon, pero ninguna quedará exenta de pago y si incumplen se les suspenderá el servicio hasta que regularicen su situación”, informó el alcalde de Cajeme.
Como sea, a Eroagua se le acabó el contrato en Cajeme, como se le terminó en otros ayuntamientos donde lo único que ha dejado es una estela de litigios y conflictos y, por qué no decirlo, una larga estela de presunciones de saqueo y corrupción.
