Por Arturo Soto Munguía
Es posible que la desmemoriada lectora, el amnésico lector no recuerden el fugaz paso del señor Fausto Vázquez Castelló por la dirección de Comunicación Social en la administración municipal de Alejandro López Caballero.
Y sería natural que no lo recuerden porque apenas duró unos meses en el cargo dado que, a pesar de haber llegado precedido de cierta experiencia en agencias de publicidad y medios de comunicación, rápidamente mostró que no traía nada en la bola, por lo que el alcalde le pidió la ídem y lo envió a una chamba de compensación equis en la oficina de presidencia.
Su efímero paso por Comunicación Social le valió, entre la raza de medios, el mote de ‘Fausto el breve’.
Pues bien, el señor Vázquez Castelló reapareció años después como parte de las posiciones de López Caballero en la 4T, nada más y nada menos que como delegado de Profeco en Sonora. Un arribo complicado, pues ese cargo estaba reservado para otro panista, el huatabampense César Bleizeffer, quien a su vez sustituiría a Rolando Gutiérrez, aquel personaje que fue destituido después de un episodio en el que hirió de un balazo a su yerno.
Esos hechos fueron en septiembre de 2015 y Gutiérrez regresó a su cargo después de dos semanas argumentando que se tomó unas vacaciones que coincidieron con el episodio de los balazos. Todo normal.
Al llegar la 4T nombran como delegado a Fausto Vázquez en enero y en mayo lo destituyen nombrando como encargada de despacho a Martha Zavala Rascón, pero luego Vázquez Castelló toma de nuevo el cargo.
El punto es que el señor Vázquez ya está dando de qué hablar nuevamente, pues entre el personal de la dependencia federal comienza a crecer la inconformidad por medidas de austeridad draconianas que incluyen necesidades básicas al grado de que en las oficinas no hay agua ni para beber.
Pero eso es lo de menos. Ya van varias empleadas que se quejan de acoso laboral con gritos y amenazas de por medio, así como represalias porque desde su punto de vista el personal se excede con las copias e impresiones, cuando en realidad tienen que integrar una buena cantidad de expedientes que necesariamente implican duplicados e impresiones.
A ‘Fausto el breve’, de acuerdo con las denuncias, se le subió el coto de poder que le confiere el cargo y es común verlo montar en cólera, especialmente si alguien osa estacionar su auto en un espacio que ha tomado como exclusivo para sí por allí donde se ponen los vendedores de figuras de palofierro, al lado del viejo edificio de correos que hoy ocupan las oficinas de Profeco.
Pero además comienzan a crecer las versiones de trato preferencial hacia las grandes empresas, las gaseras, especialmente y también las de otros giros; sus dueños y representantes son recibidos con alfombra roja y caravana y rara vez las quejas de usuarios y clientes proceden contra ellos.
Pero no se trate de un pequeño changarro porque entonces sí les aplica todo el peso de la ley.
Eso es lo que me hacen llegar a este despacho, lo cual consigno porque supongo que el súper delegado de programas federales en la entidad, Jorge Taddei no está enterado, si no ya hubiera tomado cartas en el asunto.
Imposible pensar que el maestro Taddei permitiera que la sombra de la duda manche el prístino ejercicio de las políticas públicas federales con la sospecha de que algo así esté sucediendo por rumbos de la Profeco.
II
Me pregunto qué salida decorosa (si la hay) van a darle al caso de la ministra Yasmín Esquivel una vez que la autoridad académica de su alma máter determinó que su tesis de licenciatura fue una ‘copia sustancial’ de otra presentada un año antes por el señor Edgard Ulises Báez.
Lo de ‘copia sustancial’ es una diplomática manera de llamarle a lo que resultó un vil plagio en el que no solo la hoy ministra de la SCJN está involucrada, pues el caso alcanzó necesariamente a su asesora de tesis, Martha Rodríguez, que por cierto también fue la asesora del autor del trabajo original.
Lo menos grave y casi anecdótico de este caso es el tremendo ‘oso’ que hicieron varios académicos de presunta reputación intachable, cuando suscribieron sendas cartas de apoyo a la ministra plagiaria, en aquellos aciagos días donde todo el aparato estatal se volcó en defensa de la señora Esquivel, propuesta del presidente para ocupar la presidencia del máximo tribunal del país.
El verdadero problema es su permanencia en el cargo al que, independientemente de lo que determinen sus colegas ministros, tendría que renunciar si una pizca de vergüenza profesional le queda. Existe también la versión de que si por alguna razón el título profesional le fuera retirado, todos los asuntos en los que ha intervenido quedarían si efecto.
El rector de la UNAM, Enrique Graue ya declaró que la máxima casa de estudios no cuenta con mecanismos para retirarle el título a la ministra, aun cuando se haya comprobado el plagio, pero ese es un debate que apenas comienza, pues hay quienes sostienen lo contrario.
El tema inevitablemente tomará la senda de la discusión política, toda vez que la ministra no solo es una abogada muy cercana a los afectos del presidente de la República. También es la esposa del empresario José María Riobóo, el empresario favorito de López Obrador desde sus tiempos en la jefatura de gobierno capitalino.
Pero como telón de fondo en todo este embrollo aparecen severas abolladuras a la prédica machacona con que todos los días se presume la autoridad moral del gobierno de la 4T que se sustenta en esa suerte de triada cuasi bíblica: no mentir, no robar y no traicionar.
Y aquella otra premisa que a la letra reza: “no somos iguales”.
En el último tercio de su mandato y ya con la sucesión presidencial en marcha, algún costo político habrá de tener.
