Por Arturo Soto Munguía
Las marchas, sobre todo cuando son multitudinarias tienen la cualidad de revitalizar los movimientos sociales que las convocan. Reencontrarse en la calle y en las plazas con los partidarios de una causa es el refrendo de la profesión de fe sobre la misma; es la conquista del espacio público, el control del territorio donde se hermanan las voces y se multiplican sus ecos.
Hay cierto sentido de comunidad en esas marchas, mensajes poderosos de unidad y de fuerza que se corean en consignas; manifestaciones festivas y bulliciosas que en el ‘somos un chingo y seremos más’ encuentran su razón de ser y de estar allí.
Eso pasó en la marcha del 13 de noviembre, y también en la del pasado domingo, con motivaciones y causas diferentes. Con recursos también muy diferentes.
Al presidente le urgía mandar ese mensaje de fuerza y de unidad. Le urgía reencontrarse con los suyos en las calles, donde el movimiento que lo llevó a Palacio Nacional nació y tuvo sus mejores epopeyas; tenía que demostrar que ese espacio público sigue siendo territorio Morena y que están dispuestos a disputarlo palmo a palmo, como sea.
No se escatimaron gastos ni recursos de todo tipo para atiborrar la plaza. Se movilizó gente de todo el país y los cálculos más conservadores hablan de un monto superior a los mil millones de pesos para acuerpar al líder del movimiento y ofrecerle la escenografía que necesitaba para pasar revista a sus tropas, motivarlas a seguir en la pelea y probar que, si como líder opositor era campeón en la convocatoria y la movilización, como presidente es capaz de romper sus propios récords.
El presidente necesitaba ese escenario pletórico para levantar los ánimos de quienes en estos días habrán de pasar por otra derrota en el Congreso de la Unión. La reforma electoral enviada por el presidente no va a pasar así le hubieran puesto un segundo piso al Zócalo capitalino para que cupiera más gente.
No es una derrota menor, por lo que significa: básicamente acotar la intención presidencial de controlar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los temas de eliminación de plurinominales, reducción del financiamiento a los partidos y apretar las medidas de austeridad a las instituciones electorales, con ser controversiales e importantes, en realidad aparecen como secundarios frente a lo otro, que significaba la posibilidad de tener el control absoluto de su propia sucesión presidencial en 2024.
Por otro lado, la multitudinaria marcha del pasado domingo en realidad fue una reacción a la marcha que diversas organizaciones y partidos convocaron el pasado 13 de noviembre bajo la consigna ‘El INE no se toca’. Aunque se minimizó desde el sector oficial, esa movilización que tuvo réplicas en unas cincuenta ciudades del país obligó al presidente a cambiar su agenda, algo que solo hace excepcionalmente.
López Obrador tenía programado un informe de gobierno para el día primero de diciembre en el zócalo. La movilización del 13 de noviembre le tocó el orgullo y el amor propio. Más allá de lo cuantitativo, la oposición le ganó las calles y eso fue imperdonable. No lo podía permitir.
El castigo tenía que ser ejemplar y lo fue. No hubo miramientos a la hora de movilizar gente, desde todas las posiciones de poder: gobernadores, diputados locales y federales, senadores; dirigentes del partido, líderes de organizaciones afines, beneficiarios de los programas sociales. Cientos de miles, acarreados y voluntarios; convencidos irredentos y dudosos condicionados atiborraron la plaza en la manifestación más grande que se recuerde en la Ciudad de México.
Oxígeno puro para un presidente que, disminuido en sus apoyos por el natural desgaste del ejercicio de gobierno, mantiene aún altos niveles de aceptación y sobre todo, una aceitada maquinaria de promoción del voto desde el poder del Estado, que hasta ahora le ha resultado suficiente para ganar la mayoría de los cargos electorales en disputa, aunque también hubo derrotas esporádicas pero no menos dolorosas, como sucedió en las alcaldías de la Ciudad de México en 2021 y en algunos estados de la República.
Vienen las elecciones en Coahuila y el Estado de México en 2023, y la madre de todas las elecciones: la presidencial de 2024.
López Obrador es un animal político y como tal no va a aflojar un ápice en el camino de la continuidad de su proyecto. La marcha del domingo pasado es apenas una probadita de lo que es capaz de hacer y ya anunció que podría haber por lo menos una más, a manera de despedida.
Personalmente, creo que no será una, sino varias las que sucedan en los meses que le quedan al presidente en Palacio.
II
Desde que fue tomado el Congreso del Estado por un colectivo de educadoras y madres de familia, con la demanda de que se incluya una partida en el presupuesto estatal orientada a restablecer el servicio de guarderías infantiles, se integró una comisión especial para atender a las manifestantes.
Por alguna razón las negociaciones no habían prosperado y las madres y educadoras mantenían cerrados los accesos al recinto legislativo, donde montaron guardias permanentes y hasta algunas casas de campaña.
Quizás el motivo más lógico es que la supresión de las guarderías infantiles y su reemplazo por asignaciones directas de recursos a las madres trabajadoras fue una directriz federal y las autoridades locales tienen poco margen para modificar esa política.
Sin embargo, ayer el mismísimo gobernador Alfonso Durazo se apersonó en las afueras del Congreso para dialogar con las manifestantes quienes forman parte de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles para conocer de su propia voz las demandas que las llevaron a bloquear los accesos al Congreso y obligar a diputadas y diputados a sesionar en una sede alterna durante las últimas dos semanas.
Haciendo bueno el dicho de la presidenta del Congreso, Diana Karina Barreras en el sentido de que es el gobernador quien lleva las riendas del Poder Legislativo, unas horas después los y las integrantes de la Comisión Especial llegaron a un acuerdo con las manifestantes para continuar las negociaciones sin necesidad de mantener cerrado el recinto.
Es claro que hubo un llamado del gobernador a los y las legisladoras para que se despabilaran y buscaran una salida a las demandas de madres y educadoras; tema que no es sencillo toda vez que se trata de recursos económicos que no estaban contemplados en la propuesta que envió el Ejecutivo con el paquete fiscal para el año entrante.
Así, diputados y diputadas tendrán que trabajar horas extra en el cabildeo con el equipo del secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio si de lo que se trata es de modificar algunas partidas para incorporar una salida a las demandas de las manifestantes.
Vamos a ver en los próximos días cómo resuelven este caso, que no sería el primero en que con recursos estatales se llenan huecos que dejan las políticas de austeridad del gobierno federal.
