Por Arturo Soto Munguía
Aquel domingo 27 de junio de 2021, bajo el ramadón de Sinahuiza en el profundo sur sonorense, nadie imaginó que lo que estaba en el horizonte era el encuentro del pueblo yoreme mayo con la flemática aristocracia inglesa en un intercambio sociocultural trasatlántico que podría cambiar el rostro de aquella olvidada región del estado de Sonora.
Ahí estaban con sus rostros impasibles y agrestes los gobernadores de la etnia: David Valenzuela Alamea, Santos Feliciano, Aguileo Félix Ayala y Alfredo Osuna, así como Marcos Moroyoqui y David Valenzuela, de Huatabampo y Pueblo Viejo, respectivamente.
Estos últimos fueron quienes promovieron ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el Plan de Justicia para la Nación Yoreme Mayo, definido entonces como un acto de justicia y política pública redistributiva que contempla fuertes inversiones en generación de empleos, infraestructura, vivienda, desarrollo, educación, agua, salud, preservación de valores culturales y tradiciones.
Vaya, hasta recuperación de territorio ancestral invadido por particulares.
Todas las esperanzas y anhelos de la tribu estaban puestas desde entonces en ese plan, que sin duda vendría a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.
Luego vendría el presidente y lo firmaría, junto al gobernador Alfonso Durazo y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.
Pero nadie imaginaba que gracias al oficio diplomático, las relaciones internacionales y la capacidad de gestión global del alcalde de Huatabampo, Jesús Flores, el plan incluiría la importación de un modelo de construcción de vivienda indígena que actualmente se desarrolla en Inglaterra, y que será replicado en la comunidad de Santa Bárbara donde se pretende crear una nueva colonia indígena de entre 300 y 600 viviendas.
Claro, para que ese modelo sea replicado en la etnia mayo, primero hay que ir a conocer lo que se está haciendo en aquel lejano reino, aún dolido por la partida de doña Isabel II, pero suficientemente estoico para sobrellevar el duelo y compartir con los yoremes mayos todo lo que saben en materia de construcción de vivienda indígena.
Como la antropóloga lectora lo sospecha y el indigenista lector lo confirma, entre el corredor Liverpool-Manchester y el eje Etchoropo-Moroncarit hay una ancestral relación de cooperación cultural, facilitada por la gran afinidad de sus pueblos, de manera que don Chuy Flores no batallará a la hora de empaparse de los sistemas y técnicas para la edificación de vivienda artesanal, y venir a replicarlas a Santa Bárbara.
Claro, antes tendrá que librar pequeños inconvenientes, como las reservas que tienen algunos regidores y regidoras para autorizarle la expedición, pero confiamos en que su elocuencia los convenza, porque esta lanzada se traducirá en la transformación de esa parte del Mayo en una ciudad hermana de Woolton Village, por lo menos, para no andar con pichicaterías.
“No es un cuartito como los que estamos entregando, si esto se da con el favor de dios, me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que se está haciendo, desde allá viene”, les dijo el alcalde a los regidores en la más reciente sesión de cabildo.
Hay otros inconvenientes para el viaje, pero son detallitos irrelevantes si se les compara con el relanzamiento que tendría el Plan de Justicia Mayo una vez concretada la gestión allende el Atlántico.
Por ejemplo, Huatabampo fue uno de los ayuntamientos cuya cuenta pública fue reprobada gracias a la cantidad de observaciones del ISAF; su situación financiera ha provocado problemas para pagar la nómina y los indígenas le han reclamado falta de apoyos.
El regidor étnico Víctor Manuel Soto Álvarez, por ejemplo, le reclamó que ni siquiera les han apoyado para la realización de sus ceremonias tradicionales.
Inconvenientes, insisto, menores, a juzgar por los criterios expuestos por Chuy Flores ante esos reclamos: “Los apoyos sí están presupuestados, pero las aportaciones no llegaron completas, por lo que se decidió no entregar los apoyos para las fiestas tradicionales y resolver el pago de nómina”, dijo con el aplomo de quien sabe cuáles son las prioridades y cuáles los criterios de ponderación.
Y para darle más peso a su elocuencia, explicó puntualmente la disyuntiva: “Una cosa es que está presupuestado y otra, que te caiga el dinero. En los últimos dos meses cayeron ocho millones menos: o pagamos la nómina o apoyamos ese tipo de cosas”. Contundente.
Vistas así las cosas, y considerando que Chuy Flores puede convertirse en el embajador plenipotenciario global en la gestión de proyectos para el desarrollo de las comunidades indígenas, ya no digo de Sonora, sino de México entero, es muy posible que tanto el gobernador Alfonso Durazo como el presidente Andrés Manuel López Obrador promuevan alguna modificación en sus presupuestos de Egresos para el año próximo (porque supongo que el viaje no está programado para antes de navidad) y destinen una partida especial para financiar esta primera expedición del alcalde huatabampense.
Se debe considerar que los planes de justicia para las etnias sonorenses podrían dar un viraje extraordinario, inédito e histórico de tal forma que por ejemplo, el acueducto yaqui se podría convertir en el Támesis de Huírivis, y Punta Chueca en un Felixstowe, pero sin tantos contenedores.
El viaje de Chuy Flores me tiene muy entusiasmado y ojalá que los regidores se lo aprueben, porque ya entrados en gastos, el alcalde nos puede traer hasta algunos autógrafos de Ivan Toney o Harry Kane o algún otro seleccionado inglés.
Era tanto el entusiasmo que anoche mismo hablé con un contacto que tengo en la Nación Yoreme Mayo y me dijo que se le hacía raro el asunto, porque si bien en el Plan de Justicia vienen incluidas acciones de vivienda, en ninguna parte se habla de gestiones internacionales para ese efecto.
De hecho, me dijo que don Marcos Moroyoqui, gobernador de El Júpare había solicitado un programa de vivienda, pero esas son gestiones con los gobiernos estatal y federal, en las que el alcalde no tiene nada que ver.
Más aún, me dijo que desde el mes de mayo pasado, el plan de justicia se quedó sin presupuesto porque funcionarios del INPI se agandallaron de los recursos y han ignorado a las autoridades tradicionales.
Inquirí entonces si el viaje del alcalde en realidad podría tratarse de unas ‘vacaciones todo pagado’.
“Yo creo que sí, porque es muy largo”, me dijo, con esa parsimonia que suelen tener los indios del Sonora profundo.
Y ya mejor ni le seguí preguntando.
