Por Arturo Soto Munguia
Un parto de los montes resultaron las revelaciones anunciadas con matracas y serpentinas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores sobre presuntas evidencias de traición a la causa obradorista por parte del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
Lo más fuerte que presentó la Laura Bozzo de la política mexicana fueron capturas de pantalla de un chat entre Monreal y el dirigente nacional priista Alito Moreno en el que presuntamente acuerdan los términos de una negociación que se tradujo en el triunfo de David Monreal (hermano de Ricardo) en la gubernatura de Zacatecas.
Bien vistas las cosas, esa filtración pudo haber venido del propio Ricardo Monreal, considerando que en esas conversaciones hace gala de su capacidad de negociación con el PRI para abrirle paso a Morena, toda vez que Alito habría reconocido que no pudo tejer una alianza con Morena, pero operó para poner una candidatura a modo para que ganara David Monreal.
En el saldo, esa negociación levantaría los bonos de Monreal y sugeriría una chamaqueada a Layda, que si bien reiteró acusaciones en el sentido de que el zacatecano operó para que Morena perdiera media Ciudad de México, no presentó más pruebas que sus dichos.
De hecho, Alito Moreno tuiteó después de conocer la ‘bomba’ que soltó Layda Sansores lo siguiente: “Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador Ricardo Monreal Ávila, un político de experiencia que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”.
El más bisoño descifrador de mensajes crípticos sabrá que en esta coyuntura en la que el PRI ha votado a favor de las iniciativas de Morena (y hasta las ha hecho pasar como suyas, como en el caso de la extensión de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública) sabrá que Monreal se consolida como un operador confiable para los fines de la 4T.
El propio Monreal fijó en su cuenta de Twitter un video en el que aparece acuerpado por senadores y senadoras morenistas en la sesión donde se discutió la Ley de Ingresos de la Federación y en el que expone: “Somos de los que creemos que el trabajo todo lo vence, no nos asusta nada, estamos actuando con responsabilidad, para darle al país, para ofrecerle al presidente una Ley de Ingresos capaz de enfrentar los retos que tendremos el próximo año. NO nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones ni las intrigas y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo anuncié”.
No sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que Monreal se disfrazó de guacamaya y le filtró los chats a Layda, y la campechana cayó redondita.
II
“La sorpresa podría brincar por otro lado, pues aunque desde hace tiempo se sabe que el jefe de la oficina del Ejecutivo, Rodolfo Castro Valdez estaba siendo investigado en Baja California por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones durante su paso por el gobierno de Jaime Bonilla, ayer se llevó a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba a proceso, sin que a la hora del cierre de este despacho se tuvieran noticias al respecto”.
Esto escribimos el pasado 19 de octubre cuando se llevó a cabo la primera audiencia en Mexicali, Baja California, de varios funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla involucrados en un espinoso asunto que involucra cientos de millones de pesos desviados, y en el que uno de los implicados es nada menos que Castro Valdez.
Lo escribimos en el contexto de una escalada en la rumorología sobre eventuales cambios en el gabinete de Alfonso Durazo y adelantamos que el huatabampense avecindado desde hace años en Baja California podría ser la primera baja importante del duracismo y no por un enroque o ajuste, sino para cumplir el más clásico papel de los funcionarios públicos: el de un fusible que se quema antes de que la sobrecarga le llegue al jefe.
Pues bien, Rodolfo Castro Valdez fue vinculado a proceso y deberá enfrentar la investigación respectiva, que lo involucra en la firma de un convenio ‘ventajoso’ para la empresa Next Energy para la generación de energía eléctrica en una planta fotovoltaica, cuando ocupaba el cargo de secretario de Hacienda en la administración de Jaime Bonilla.
Como se sabe, Bonilla entró en un conflicto con la actual gobernadora de Baja California después de promover una ley que le permitiera (a Bonilla) prolongar a seis el mandato de dos años para el que fue electo, lo que finalmente no ocurrió y tuvo que regresar al Senado donde actualmente ocupa un escaño.
Ciertamente que, como dijo el gobernador Alfonso Durazo en su conferencia de prensa ayer, “la vinculación a proceso no significa de ninguna manera una sentencia condenatoria” y dejó abierta la posibilidad de que el funcionario regrese a ocupar su cargo.
Espero que él, con los elementos que a mí me ha compartido, sean valorados favorablemente por la instancia jurisdiccional correspondiente y que pueda cerrar este capítulo en los mejores términos, y en ese momento que concluya el proceso ya estaremos evaluando la situación”, dijo Durazo.
Mientras se resuelve el caso, el cargo que desempeñaba como jefe de la Oficina del Ejecutivo se encuentra acéfala y esto podría precipitar algunos cambios en el gabinete.
Pa’ pronto, en radio pasillo comienza a manejarse la versión de que esa oficina podría ser ocupada por el actual secretario particular del gobernador, el también huatabampense Francisco Vázquez, pero eso obligaría a buscarle a su vez, un relevo a Vázquez. También se mencionó el nombre de Adolfo Salazar.
Y como una cosa lleva a la otra, por estos días también podría estar desocupando su oficina en la dirección General del Isssteson Jesús Manuel Acuña, de quien dicen se iría a ocupar la titularidad de la secretaría del Trabajo, donde despacha Olga Armida Grijalva, a quien simplemente le darían las gracias por los servicios prestados.
También se habla de que María Dolores del Río, actual secretaria de Seguridad pasaría a la de Gobierno, y Álvaro Bracamonte, titular de esa dependencia iría a la de Educación y Cultura.
Todo, desde luego es extraoficial, pero la rumorología anda muy fuerte en Palacio.
III
Lo que sí es oficial es que ya ‘cayeron’ 123 millones de pesos producto de la regularización de los autos ‘chocolates’ en Sonora y en breve habrán de llegar esos recursos a las arcas de los municipios en los que fueron legalizados y estarán etiquetados para aplicarse en obras de rehabilitación de vialidades.
Como se sabe, ese recurso fue cobrado por el gobierno federal y ya se firmó un acuerdo entre la SHCP y el gobierno del estado para la transferencia respectiva que será la próxima semana de acuerdo con lo informado por el gobernador Alfonso Durazo.
El gobierno de Sonora, a su vez y en aras de apoyar a los municipios en el tema de la pavimentación, solicitará al Congreso del Estado la autorización de un crédito de corto plazo (pagadero el año próximo) que le permita aportar la misma cantidad que le corresponda a cada ayuntamiento.
