Por Arturo Soto Munguía
Hace apenas tres días el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de arranque a las obras de rehabilitación del parque La Sauceda en Hermosillo, con una inversión inicial de siete millones de pesos, y ayer el alcalde Antonio Astiazarán anunció 22.5 millones de pesos para invertir en la rehabilitación del Cárcamo en ese tan emblemático como abandonado parque recreativo.
Inaugurado en 1994, ese complejo recreativo se convirtió pronto en el lugar obligado para quien visitara Hermosillo: albercas y chapoteaderos; el museo infantil La Burbuja, juegos mecánicos, amplios espacios para picnic, una magnífica explanada para conciertos al aire libre y otras amenidades lo hacían único en el estado.
Una vorágine de acontecimientos poco claros fue acabando poco a poco con este parque, ubicado en una zona privilegiada que comprende más de 40 hectáreas al oriente de la ciudad, hasta que en 2012 cerró definitivamente sus puertas. Las últimas noticias sobre La Sauceda tenían que ver más con actos vandálicos, incendios provocados, proliferación de fauna nociva y en general, con la estampa del abandono.
Hoy el gobierno del estado ya arrancó el rescate de La Sauceda y comienzan a aplicarse los primeros recursos para rehabilitar varios espacios como parte de un proyecto más ambicioso que incluye la construcción de un parque lineal de 12 kilómetros que llegaría hasta La Victoria y, en palabras del gobernador Alfonso Durazo, en unos años no tendría nada que envidiarle al parque de Chapultepec en la Ciudad de México.
Por otro lado, el ayuntamiento de Hermosillo se hizo cargo de esa zona aledaña conocido como El Cárcamo, que en la administración pasada estuvo a punto de ser vendido, pero la oposición de grupos ambientalistas y una partida de recursos federales detuvieron el proceso de venta.
Ayer, el alcalde Toño Astiazarán anunció el arranque de la rehabilitación y modernización de la Unidad Deportiva El Cárcamo.
“Lo querían vender, querían convertir esta unidad en edificios y acabar con los espacios deportivos y eso no lo podíamos permitir. Por eso en campaña vine y dije ante deportistas que si yo ganaba no solamente lo impediríamos, sino que arreglaríamos este lugar como dios manda y hoy estoy emocionado porque vengo a honrar mi palabra”, expresó el alcalde durante el evento en el que hizo el anuncio.
Así, esta obra incluida en el Plan Hermosillo CRECE contará con cuatro campos de beisbol, dos canchas de basquetbol, dos de voleibol, un parque para patinaje, andadores peatonales, comedor urbano, área para adultos mayores y juegos infantiles incluyentes para niñas y niños con discapacidad; 241 cajones de estacionamiento y área para hacer ejercicio.
Si las cosas siguen su curso normal, muy pronto veremos renacer esa zona de la ciudad que en un tiempo fue orgullo de Sonora.
II
Conforme van apareciendo nuevas revelaciones extraídas de la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente los muy ingenuos o los deliberadamente perversos pueden sostener que los datos allí contenidos son irrelevantes.
Muchos de esos datos obtenidos ilegalmente por el grupo autodenominado Guacamaya tienen que ver con asuntos prioritarios de seguridad nacional, como el número de elementos de las fuerzas armadas destacamentados en puertos y aduanas, su capacidad operativa, poder de fuego y movilización; armas, equipo, transporte…
Esa información, en las manos equivocadas como pueden ser las de un gobierno coyunturalmente hostil o las del crimen organizado dejaría a nuestras fuerzas armadas en una condición de vulnerabilidad grave.
Si careciendo de esa información antier se registró una terrorífica masacre en Totolapan, un pueblo de Guerrero donde sicarios hicieron sonar la metralla por espacio de 40 minutos en un tiroteo que dejó un saldo de 18 muertos, incluyendo al presidente municipal. Si en cuatro años la cifra de asesinados en eventos de esta naturaleza andan rozando los 130 mil en todo el país, imagínense lo que las corporaciones criminales harían disponiendo de una radiografía más precisa de la capacidad de respuesta institucional por parte de los gobiernos federal y estatales.
A menos que se considere que por otras vías -como puede ser la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas y en las propias fuerzas armadas- esa información ya está desde hace tiempo en poder de los criminales y por eso actúan con tal descaro y desparpajo, deberíamos asumir que las cosas no pueden ir peor.
Pero nadie, quizá ni las propias elites castrenses saben a ciencia cierta la cantidad y la calidad de la información que les fue sustraída por los hackers de Guacamaya, ni quienes la están procesando en estos momentos, ni con qué fines.
Hasta ahora el Estado mexicano ha tomado el asunto con ligereza, al menos públicamente, pero seguro los servicios de inteligencia están trabajando a toda máquina para evaluar las dimensiones de la crisis y tratar de contenerla.
La información que está apareciendo dosificadamente a través de varios medios que tuvieron acceso a los seis terabytes de información parece concentrarse en aquellos temas que suelen suscitar el escándalo y el morbo, particularmente los relacionados con funcionarios públicos, policías y militares involucrados en actividades ilícitas, lo cual de suyo es grave, pero no hay manera de saber qué más puede salir a la luz.
Claro, también hay mucha paja en toda esa información, y algunos datos que confirman la gravedad de una vulneración de la seguridad nacional ante grupos terroristas extranjeros y cárteles mexicanos.
Por ejemplo, en una evaluación de riesgos sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Oficialía Mayor de la Defensa Nacional y el Comité de Administración del AIFA (integrado por militares) hizo un listado de grupos con posibilidades de perpetrar un acto de interferencia ilícita.
Encabezando la lista están Hezbollá y Al Quaeda con 10 y 12 puntos en una escala del nivel de amenaza que representan. Con 8 y 9 puntos en esa escala aparecen el Estado Islámico de Irak y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
El Cártel Jalisco Nueva Generación está considerado con un nivel de amenaza de 10 puntos, igual que Hezbollá. El cártel La Familia, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y el cártel de los Beltrán Leyva aparecen con 8 puntos en esa escala.
También aparecen organizaciones sindicales y sociales que de acuerdo a esa información podrían constituir una amenaza seria. Allí aparecen el sindicato Libertad (ramos del transporte y la construcción, pero presuntamente ligados a extorsiones y otras actividades ilícitas); la CNTE y colectivos feministas catalogados con un nivel de amenaza de 10, es decir, el mismo que Hezbollá, un grupo de terroristas musulmanes.
En la lista aparecen también los familiares de niños con cáncer y las madres usuarias de guarderías infantiles con 6 y 5 puntos en la escala de amenaza, es decir, andan en el rango de peligrosidad del Cártel Unión Tepito, el Cártel del Centro y los ex trabajadores de la extinta Policía Federal.
Qué pena, pero mientras nuestras fuerzas armadas concentraban sus labores de inteligencia en grupos como los familiares de niños con cáncer o usuarias de guarderías infantiles, les llegó la Guacamaya y les robó toda la información, incluyendo aquella que sí puede poner en alerta a organizaciones criminales verdaderamente peligrosas.
Esta historia continuará.
