Por Arturo Soto Munguia
Algo raro está pasando cuando una propuesta para incrementar los salarios mínimos y contribuir con ello a reducir la polarización y el descontento social viene de la Coparmex, mientras el anuncio del recorte presupuestal a las instituciones de educación superior viene de un Poder Ejecutivo Federal tutelado por una ex activista de aquellas épicas batallas de los 80 en las que se exigía no solo la educación gratuita, sino destinar al menos el 8 por ciento del PIB nacional al sector educativo, una demanda histórica del movimiento estudiantil.
¿Fallo en la Matrix? Vaya a usted a saber, pero Claudia Sheinbaum envió su propuesta de paquete fiscal 2025 con un agresivo recorte presupuestal a la educación superior, especialmente a su Alma Mater, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional. Cierto que al día siguiente tronó la reversa y explicó que se había tratado de un error de la SHCP, que la UNAM y el IPN no sufrirían tales recortes, aunque nada dijo de otra decena de universidades que vienen en el paquete de recortes presupuestales.
Casi simultáneamente, la Coparmex sorprendió a todos proponiendo un incremento del 12% al salario mínimo para 2026 y un aumento gradual que permita llegar al 2030 con un ingreso mensual de 12 mil 500 pesos para quienes perciban ese salario mínimo.
Eso se traduciría en que una familia donde dos de sus integrantes trabajen con esas percepciones, obtendría 25 mil pesos mensuales, lo que ayudaría a terminar con la pobreza laboral y la desigualdad; se lograría mayor cohesión social, crecimiento del mercado interno y una reducción de la polarización y el descontento social, de acuerdo con José Medina Mora, el presidente de Coparmex que hizo esa propuesta durante un foro nacional celebrado en Michoacán.
Todavía no digeríamos bien el contenido y los alcances de esa propuesta, cuando desde Sonora, varios organismos entre los que se cuenta a la filial de ese sindicato patronal levantaron la mano para proponer que a las empresas se les incremente el Impuesto Sobre Productos del Trabajo en 1%.
No se gravaría a todas las empresas con esta contribución adicional, sino solo a las que emplean a más de cien trabajadores, que es solo el 3.3%, es decir, 937 de las 28 mil 424 que existen en Sonora. Quedarían fuera de ese incremento las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ayer se anunció la creación de un fideicomiso que ayude a paliar los altos costos sociales y económicos de la inseguridad pública que en Sonora se estiman en 5 mil 400 millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras del Inegi, citadas por los organismos proponentes, a saber: Los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y de Hermosillo y el Consejo de Participación Empresarial Sonorense.
El nuevo organismo llamado Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad para el Estado de Sonora (Ficoseg) aplicará esos recursos en dos áreas clave: el fortalecimiento de las instituciones públicas mediante tecnología, equipamiento y capacitación, y el impulso a proyectos que atraigan inversión, generen empleos y mejoren el ecosistema empresarial de Sonora.
Estaría integrado por un Comité Mixto en el que la representación mayoritaria será la del sector empresarial y una representación del gobierno del estado.
La propuesta llega en el momento más oportuno, justo cuando está por discutirse el paquete fiscal enviado por el ejecutivo estatal al Congreso del Estado para su discusión y en su caso aprobación. Un paquete fiscal, no sobra decir, que de todos modos iba a ser modificado, pues los encargados de su confección en el estado se vieron demasiado conservadores a la hora de hacer números, y no consideraron que el gobierno federal enviaría más participaciones de las que tenían contempladas originalmente. Les dieron feria de más, pues.
El gobernador Alfonso Durazo había anticipado, como cada año desde que inició su sexenio que no habría nuevos impuestos ni se incrementarían los ya existentes, pero se encapricharon las bases del sector empresarial y le sacaron pie adelante con el Ficoseg, proponiendo que se les incremente el ISPT para ayudar al estado a fortalecer las tareas de seguridad pública y de promoción económica.
Y bueno, ya se la saben, cuando se encaprichan las bases, pues no hay más que cumplirles.
Total que la propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 quedó en 88 mil 285 mdp, privilegiando las áreas sociales ya que los programas de Bienestar se llevarán mil 614 mdp orientados principalmente a reducir la pobreza extrema.
El sector educativo es de los más beneficiados con 11 mil 500 mdp que incluyen el incremento al programa de becas Sonora de Oportunidades en cien mdp, con lo que el próximo año llegará a 840 millones, así como los uniformes escolares y tablets gratuitos, y un programa especial para evitar la deserción escolar.
Otros temas prioritarios son salud, infraestructura (señaladamente el Plan Sonora de Energías Sostenibles), calidad de vida y, precisamente, seguridad pública.
En este rubro, el mandatario está proponiendo destinar 5 mil 176 mdp orientados sobre todo al fortalecimiento de las corporaciones policiacas y los programas de prevención, aunque falta saber el monto de lo que se destine a esas tareas a través del nuevo fideicomiso, cantidad que no debe ser menor.
Destaca en el paquete presupuestal la atención a los problemas derivados de la escasez de agua, rubro al que se destinarán más de mil 092 mdp para obras de infraestructura, agua potable y drenaje en el 85% de los municipios ubicados en las zonas más afectadas.
