Por Arturo Soto Munguía
Le salió la vena opositora a Movimiento Ciudadano y en Hermosillo se lanzaron con todo sobre su ex aliado (fue su candidato al senado en 2018, aliados con el PAN), el hoy alcalde Antonio Astiazarán, con un tema que políticamente es bastante redituable habida cuenta que no hay hermosillense que en estos momentos no haya visto alterada su vida cotidiana por el mal estado de las vialidades.
El asunto de los baches no afecta solo a los automovilistas cuyas quejas se replican al por mayor en las redes sociales, sino que ha llevado a los usuarios del transporte urbano a modificar incluso sus horarios por las demoras que significan los traslados y en general, las afectaciones a la movilidad nos pegan a todos.
Movimiento Ciudadano plantea tres ejes de una estrategia crítica que incluye la participación ciudadana al hacer un llamado a dar seguimiento a los trabajos de bacheo, partiendo de las dudas que generan las cifras oficiales en cuanto a la forma como se está combatiendo el problema. Al mismo tiempo trabajan en una propuesta que contenga un apartado técnico y presupuestal para el bacheo efectivo, y promoverán el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que el ayuntamiento pueda resarcir los daños a vehículos y personas ocasionados por deficiencias en la infraestructura urbana.
Así lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa, los dirigentes estatal y municipal de ese partido, Manuel Scott y Rogelio Cota, quienes también recordaron al alcalde su promesa de regresar el pago de predial si en siete días no cumplía con tapar los baches reportados por ciudadanos al corriente con el pago de ese impuesto.
Y hasta aquí todo suena muy bien. El pequeño problemilla llega a la hora de ponerle numeritos presupuestales al asunto, porque el presidente de la República ya les mandó decir a los alcaldes y gobernadores que si saben contar, no cuenten con un solo peso del recurso federal para atender ese problema y que le metan ingenio a la cobranza de impuestos, a las negociaciones con empresas constructoras y se aprieten el cinturón para escalar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
De ninguna manera se trata de asumir la defensoría de oficio del alcalde de Hermosillo (y del resto de los alcaldes que también enfrentan problemas similares y hasta peores en sus municipalidades), pero el Toño Astiazarán es el único que está presentando chamba en la materia, con todo y que el problema es de una gravedad tal, que lo rebasa.
Hay décadas de simulaciones y ‘bomberazos’ para tapar con materiales de baja calidad hoyancos, zanjas y baches. En Hermosillo ya hay dos o tres generaciones que posiblemente no recuerden la última vez que el gobierno construyó una vialidad completa con concreto hidráulico, pero seguramente sí permanece en la memoria las veces que alcaldes y alcaldesas de distinto signo político repitieron ese ciclo de tapar un hoyo y ver salir cinco con la primera lluvia.
Y conste que hasta antes de 2018, había programas, fideicomisos, bolsas y partidas millonarias para atender la infraestructura urbana en los municipios, que evidentemente fueron saqueados en la rapiña de corrupción y según estimaciones de quienes conocen el tema, de cada peso destinado a obras de pavimentación, recarpeteo, bacheo y en general, de infraestructura urbana, terminaban aplicándose diez centavos.
Afortunadamente llegó López Obrador a la presidencia y ya no hay corrupción (risas grabadas) pero tampoco hay dinero para invertir en obras de infraestructura.
Sarcasmos aparte, el tema es serio. Ya estamos en el tiempo que se discute en la cámara de diputados el presupuesto federal y, como sucede desde hace cuatro años lo previsible es que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal no contemple recursos para este rubro.
Llegando a este punto, vale preguntar: si los estados y municipios no tienen recursos suficientes para atender el problema de las vialidades, reconocido por el propio presidente como una demanda ciudadana por encima de la seguridad pública (y eso es mucho decir), ¿el ingenuo lector, la soñadora lectora creen que algún diputado o diputada federal por Sonora vaya a subir a la tribuna un reclamo o propuesta para modificar el presupuesto de egresos y destinar algún monto o partida para pavimentación?
O mejor aún, honestamente, ¿usted se acuerda quién es la diputada o diputado federal que lo representa por su distrito?
Ahí se las dejo.
II
Y a propósito de pesos y centavos, si los gobiernos estatales y municipales no pasan por su mejor momento financiero, les tengo noticias. Tampoco el gobierno federal tiene.
La situación es tan crítica que ayer, la cámara de diputados federal aprobó casi por unanimidad una propuesta de reforma presentada por el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier Velazco para expropiar fondos que podrían llegar a los 10 mil millones de pesos y que actualmente se encuentran en cuentas bancarias que no registraron movimientos en los últimos seis años, para ser aplicados en temas de seguridad pública.
La propuesta morenista fue aprobada en lo general por 483 votos, cero en contra y una abstención. En lo particular tuvo 102 votos en contra.
¿De qué se trata esto?
La Ley de Instituciones de Crédito ya permitía expropiar los recursos en cuentas inactivas durante más de seis años, para destinarlos a instituciones de beneficencia pública. La reforma cambia el destino de esos recursos y la beneficencia pública se quedará con el recurso de cuentas con menos de 52 mil pesos.
Pero todas aquellas cuentas inactivas con más de 52 mil pesos se irán a una cuenta global del gobierno federal y de allí se repartirán de la siguiente manera: el 50% para la federación, el 30% para los estados y el 20% para los municipios.
De los y las legisladoras de Morena no extraña la aprobación de esta reforma, pero es muy sintomático que los partidos de oposición la hayan aprobado, pues da una idea del ‘piojo’ que se cargan en estados y municipios que gobiernan y, ante el previsible escenario de un presupuesto federal 2023 sin dinero para seguridad pública, lo que caiga es bueno. Del perdido, lo que aparezca, dirían.
En este espacio citamos en su momento el sentir de una alcaldesa y un alcalde sonorenses, morenistas por cierto, que en sus periodos de gestión (2018-2021) se quejaron amargamente de la pichicatería del gobierno federal para con sus municipios.
Célida López, de Hermosillo se lamentó de que en su segundo año de gobierno ‘vio pasar volando’ más de mil millones de pesos (¡mil millones de pesos!) para programas sociales, pero casi nada para inversión en obra pública.
Sergio Pablo Mariscal, de Cajeme, solicitó al gobierno federal comprensión para destinar recursos a su municipio, dándole ‘un pellizco’ a los proyectos estratégicos (tren maya, AIFA, refinería Dos Bocas, tren transítsmico) y orientar recursos para atender los problemas de su localidad.
Ni una ni otro fueron escuchados.
Hoy solo queda un par de dudas. Si el propio presidente reconoció que en los municipios el problema de la infraestructura urbana, concretamente el de las vialidades es una demanda más sentida incluso que la seguridad, ¿Por qué los recursos que van a expropiar no se destinan a pavimentación, recarpeteo y bacheo?
Y otra: ¿por qué los diputados no plantearon esa alternativa?
Una última: ¿quiénes son los diputados y diputadas federales de Sonora?
