Por Arturo Soto Munguia
A ninguno de los últimos seis gobernadores le había tocado tan despejado el camino de la gobernabilidad como a Alfonso Durazo, especialmente en lo que se refiere al apoyo de una legislatura local con abrumadora mayoría afín a su proyecto de gobierno, en los dos periodos que comprende su sexenio.
Ni siquiera Manlio Fabio Beltrones que llegó en 1991 con lo más parecido al ‘carro completo’, porque en aquel entonces la oposición, fundamentalmente la del PAN, presentaba férreas batallas en el pleno del Congreso y fue por aquellos años que se acuñó una frase con la que se aludía a lo que pasaba en el Poder Legislativo: “ganar los debates y perder las votaciones”.
El PAN tenía en la primera legislatura que le tocó a Beltrones, excelentes tribunos y políticos forjados en las batallas cívicas, que también le entendían a la negociación política; la izquierda tuvo por primera vez un representante en el Congreso: Juvencio Torres Ávila, del PRD, por cierto el único que votó en contra de la Ley 4. Había por allí otros partidos como el PPS o el PFCRN que me resisto a incluir en la izquierda.
El punto es que en los sucesivos gobiernos, los titulares del Poder Ejecutivo tuvieron que lidiar con legislaturas más plurales y diversas, más equilibradas en su composición política y en no pocas ocasiones hicieron trastabillar las políticas emanadas desde Palacio. El revés que le dieron a la ‘tenencia disfrazada’, como se conoció un impuesto que pretendió hacer pasar Guillermo Padrés es un ejemplo, pero no el único.
Ni Armando López Nogales, ni Eduardo Bours, ni Guillermo Padrés y mucho Menos Claudia Pavlovich tuvieron un Congreso que, por el mandato de las urnas tuviera tantas coincidencias con sus respectivos proyectos de gobierno. Todos tuvieron que apelar a otros recursos para lograr mayorías calificadas o absolutas, ya por la vía de la cooptación, el chantaje y otro tipo de presiones.
No es el caso de Durazo. En 2021, cuando gana la gubernatura, llega acompañado de los candidatos de su partido y aliados, que ganaron prácticamente todos los distritos; en 2024 repitieron la dosis y solo perdieron un distrito, el de San Luis Río Colorado.
En la actual legislatura la oposición está reducida a su mínima expresión. El PRI tiene dos diputados (plurinominales) Iris Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa; el PAN tenía dos pero ya les renunció una (Alejandra López Noriega) y se quedó solo con Juan Pablo Arenivar; MC tiene a Gabriela Félix y Manuel Scott. Todos ellos tienen un buen nivel de debate y aportan buenas iniciativas, pero francamente integran una minoría que no pesa a la hora de las votaciones.
El resto de las fuerzas políticas, PT, NAS, PVEM y PES son aliados del duracismo.
Con una composición así no es casual que las iniciativas, decretos o cualquier proyecto enviado desde Palacio pase como cuchillo en mantequilla por el Congreso lo cual, como decíamos al principio, abona a la gobernabilidad en el estado y a una conducción de las políticas públicas sin mayores sobresaltos.
En el recuento que antier hicieron el presidente del Congreso, Omar del Valle Colosio y la vicepresidenta Amairany Peña Escalante subrayaron las ventajas que el resultado de las urnas arrojó para el buen desempeño de la legislatura, que por cierto no se han tirado en la hamaca a administrar esa ventaja: en poco más de dos meses han sesionado en el pleno en 24 ocasiones; se instalaron ya la mayoría de las comisiones y se aprobaron diez reformas constitucionales, una de las más recientes, la Judicial y la de supremacía constitucional, que blinda a la primera sobre eventuales ‘reformas a la reforma’.
Este mes revisarán las candidaturas a la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses, las postulaciones al Parlamento para Personas con Discapacidad y el monitoreo de las minutas remitidas por la cámara federal.
Mañana viernes, el Congreso recibirá el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2024-25, que deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre. Una aprobación que, se da por hecho, transcurrirá sin mayores sobresaltos, aunque se prevé, como lo adelantó Amairany Peña, un importante recorte al presupuesto del Poder Judicial, que en otras condiciones quizás hubiera generado fuertes protestas, pero hoy pasará por cielo despejado.
En esa sintonía, el Congreso ha aguantado a pie firme dos recortes presupuestales nada desestimables: el primero por 400 millones de pesos y el segundo por alrededor de 600, recursos que se destinaron al programa de becas Sonora de Oportunidades, proyectado para llegar a dos mil millones de pesos al término del actual sexenio. La propia Amairany Peña adelantó que si es posible, este año se apretarán más el cinturón para destinar mayor presupuesto a ese programa.
Vamos a estar pendientes de la discusión sobre el tema presupuestal, a los planteamientos que haga la oposición y el desarrollo de los debates.
II
Relacionado con este tema, en la rueda de prensa ofrecida por los diputados se les cuestionó sobre un tema prioritario en el estado: el que tiene que ver con las secuelas del estiaje en una economía como la de Sonora, que depende en buena medida del sector primario, la agricultura y la ganadería.
Este tema se encuentra en la agenda del gobernador Alfonso Durazo, quien ayer se reunió con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué para acordar tareas de apoyo a estas actividades y coincidieron en la importancia de intensificar la reconversión de cultivos, estrategia indispensable para adaptar la agricultura del sur del estado al cambio climático.
Este ciclo agrícola comenzará un plan piloto para la siembra de cebada en el Valle del Yaqui, un programa que están trabajando juntos la SADER y la empresa cervecera Heineken.
Se acordó junto a representantes de organizaciones agrícolas iniciar sin demora el plan de reconversión con metas anuales y sexenales, estableciendo una mesa permanente de trabajo para dar seguimiento cada 15 días a los planteamientos de los productores, analizando la situación de los pagos del precio de garantía de maíz y trigo que están pendientes de cubrirse.
En esta mesa se determinará la cantidad de hectáreas beneficiadas con el programa nacional de tecnificación de sistemas de riego impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de atender la demanda del Distrito de Riego Yaqui para la relocalización de pozos abatidos.
