Autor: Radio Álamos

Por Arturo Soto Munguía

La posibilidad de que la Alianza Va por México presente candidaturas comunes en el Estado de México y Coahuila el próximo año está en el aire. El anuncio de una ‘suspensión temporal’ hecha por el PAN y el PRD respecto a su alianza -legislativa y electoral- con el PRI lesionó severamente esa posibilidad, que podría extenderse incluso hasta 2024 en la elección presidencial.

Si juntas esas tres fuerzas tenían pocas expectativas de triunfo, separadas van al fracaso seguro.

En Palacio Nacional hay fiesta grande.

El hilo que las mantenía unidas era el de la ‘moratoria constitucional’ decretada para rechazar cualquier iniciativa de reforma a la Carta Magna enviada por el Ejecutivo en el Congreso, ya se rompió y hoy menos que nunca, las cuentas no les salen.

Y se rompió con la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, un alfil de Alito Moreno, que terminó anunciando como propuesta del PRI la extensión del periodo para mantener al Ejército y la Marina en labores de seguridad pública hasta 2028, lo cual fue considerado como un madruguete.

Se pueden echar muchas maromas para explicar la conveniencia de esa reforma en la que el tricolor va solo (o en la que espera contar con los votos de Morena) pero la jugada fue bastante obvia y no hay quien suponga algo distinto al hecho de que el dirigente nacional del PRI, acorralado en un juicio de desafuero que permita juzgarlo por diversos delitos, pactó con Palacio Nacional para salvar el pellejo.

Alito no solo provocó la ruptura de la alianza, también provocó una implosión en su partido, donde escaló el conflicto con personajes importantes que desde hace meses venían pidiendo su renuncia, entre los que se cuentan Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, entre otros exdirigentes nacionales.

Si en el Senado de la República algunos legisladores del PRI leales a Moreno Cárdenas inclinan la balanza a favor de la iniciativa presidencial para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, ya pueden irse despidiendo de otras dos gubernaturas el año que entra, y de la presidencia en 2024.

A Morena y sus aliados, que de por sí tenían el camino despejado en esa ruta, la fragmentación de la oposición a raíz de este tema le vino como anillo al dedo.

Ya le toca a Guaymas… pero una limpia

Se dice, en tono de chascarrillo, que una maldición pesa sobre el bello puerto, que después de aquella época de esplendor donde el cooperativismo camaronero estaba en auge y la prosperidad se respiraba en el puerto, no ha vuelto a ver la suya.

No lo van a creer, pero en aquel entonces, por allá en los años 70 del siglo pasado los estándares de vida entre los guaymenses estaban por encima de los de cualquier otro municipio de Sonora y eso suele ilustrarse con un dato: las agencias de automóviles en el puerto fueron en varias ocasiones las que registraron los más altos niveles de ventas de autos nuevos. Circulaba el dinero, pues.

Hoy, a los guaymenses no les alcanzan los dedos para tapar los hoyos de un barco que hace agua por todos lados.

El deterioro en el nivel de vida ha llevado a un ciudadano guaymense a demandar a la Comisión Estatal del Agua reclamando el derecho a un medio ambiente sano, por los problemas de salud pública que están generando las aguas negras que corren alegre y pestilentemente por sus calles, muchas de ellas destrozadas en sus pavimentos por las recientes lluvias.

Frente a problemas como estos, la famosa playa incluyente que significó un atraco en despoblado por al menos ocho millones de pesos viene quedando en calidad de mal chiste.

Esos se cuentan entre los problemas que de manera más generalizada sienten los y las ciudadanas del puerto, pero hay otro, la violencia, que si bien impacta de manera focalizada a ciertos grupos de personas lógicamente vinculadas a la actividad criminal, ya ha cobrado vidas inocentes, víctimas colaterales y está generando zozobra en la comunidad.

Hacer un recuento de estos hechos, en los que han caído abatidos casi una veintena de agentes policiacos en los últimos cuatro años, funcionarios municipales y desde luego presuntos delincuentes, sería larguísimo.

Ayer otro hecho de alto impacto volvió a sacudir el puerto. Un grupo de cinco personas fue privado de la libertad el 5 de septiembre. Sus captores los mantenían vigilados en una casa ubicada en una colonia popular, muy cerca de una escuela primaria.

Uno de ellos aprovechó que la persona que los vigilaba se durmió, para tomar su arma y hacer varias detonaciones que activaron el código rojo y movilizaron de inmediato a las corporaciones policiacas y militares. Al llegar se encontraron con las cinco personas, entre las que se encontraba una mujer de 31 años, Alma Verónica. Todos ellos fueron atendidos y entrevistados por personal de la fiscalía estatal para iniciar las pesquisas sobre la privación ilegal de la libertad de que fueron víctimas.

Un comunicado de la fiscalía sostiene que a Alma Verónica se le ofrecieron las medidas de protección que marca el protocolo: traslado a otros municipios o entidades y protección con elementos de seguridad, pero la mujer las rechazó a pesar de que le explicaron el alto nivel de riesgo que implicaba quedarse en el puerto.

Aun así, tuvo acompañamiento de policías municipales, mismos a quienes despidió argumentando que no los necesitaba, lo cual quedó plasmado en el informe policial homologado que firmaron los agentes.

Horas después, un comando armado llegó a su domicilio en la colonia El Rastro y disparó sobre ella, matándola en el acto. Extraoficialmente, hubo un reporte de que más temprano, un grupo de hombres armados llegaron al hospital a donde fue trasladado uno de los liberados que se encontraba herido. No pudieron ingresar al nosocomio, pero generaron mucha alarma.

Muchas cosas de este tipo están sucediendo en el puerto, pero aludir a la famosa maldición sería banalizar los hechos. Es mucho el trabajo que tiene que hacer en esa región la Mesa de Seguridad.

Por Arturo Soto Munguía

Que “Alito” Moreno es un dirigente político impresentable, de pena ajena e indefendible por sectores importantes del priismo y sus aliados es cierto, como lo es el hecho de que el gobierno de López Obrador tiene en ese personaje al mejor aliado para dinamitar cualquier atisbo de alianza opositora.

Si alguien resumiera en una sola palabra todo aquello que el hoy presidente articuló siendo candidato en un amplísimo catálogo de condenas a los vicios del viejo régimen, y que la mayoría de los mexicanos ‘compraron’ con la expectativa de que serían erradicadas, tendría que escoger entre dos: una de ellas es “Calderón”, la otra, “Alito”.

Los servicios de inteligencia del gobierno federal tienen documentado hasta el infinito y más allá, todo lo que el aún dirigente del PRI ha hecho a lo largo de su carrera política. Sobre todo, aquello que lo relaciona con actividades ilícitas o política y moralmente incorrectas.

Se las estuvieron guardando hasta antes de que el PRI se sumara al rechazo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente, pero una vez que lo hizo, le cayeron a palos y para ello utilizaron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que hizo del escarnio sobre su paisano un ‘reallity show’ de proporciones épicas y revelaciones escandalosas.

Hoy el tema energético es pasado. Lo que aparece enfrente es otra de las urgencias transexenales del presidente: la adscripción legal en lo administrativo, operativo y financiero, de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso, como se sabe ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con la reforma a leyes secundarias, pero falta una reforma constitucional que debe ser aprobada en el Senado.

Y en el Senado esa reforma se va a topar con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, que acaba de demostrar que aliado con fuerzas opositoras a Morena, puede ganarle al partido del presidente.

Pero ‘Alito’ sigue siendo el dirigente nacional del PRI, con quien el secretario de Gobernación cuchicheó recientemente en un acercamiento lleno de sospechosísimo porque en él podrían estar negociando algunos votos tricolores en el Senado.

El tema ha escalado de tal forma que ya no se trata de personas. Ni Alito, ni Adán, ni Monreal ni otros. Se trata de la sucesión 2024 y las posibilidades de que la alianza opositora se mantenga unida si quiere aspirar al menos a un meritorio segundo lugar.

Lo otro es pulverizarla y abrir las grandes alamedas por donde pase el pueblo coreando ‘es un honor estar con Obrador’ mientras el PRI y el PAN y el PRD y MC se hacen trizas solos.

En ese contexto debe entenderse la iniciativa presentada por la diputada priista (muy cercana a Alito) Yolanda de la Torre para extender hasta 2028 la disposición que tiene el presidente para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La iniciativa aparece como el plan B de López Obrador en caso de que el Senado rechace la reforma constitucional, y para ello utiliza al priismo de Alito, que por cierto carga sobre sus espaldas un juicio de desafuero.

Vaya, las cosas se han puesto de tal modo tragicómicas, que hasta Layda Sansores anunció un ‘impasse’ en la filtración de audios comprometedores, por lo menos en lo que se define el tema del momento.

Hay, definitivamente muchas cosas en juego, cosas importantes, no como la presunta honra de Alito Moreno que, pase lo que pase, está políticamente muerto.

En el fondo está el proyecto transexenal de López Obrador, donde las fuerzas armadas tienen un rol fundamental y podría decirse, no sin exageraciones, histórico.

Y eso ha provocado rispideces en Morena, pero no son nada comparadas con las que generó en la alianza opositora, donde ya el PAN, segunda fuerza nacional, condicionó la permanencia de tal alianza al rechazo a la iniciativa de Yolanda de la Torre.

Esa, la cámara de diputados es una pista de este circo. La otra es el Senado, donde hoy habrá noticias.

Estos días son de una intensidad tal, que lo importante para la clase política -incluyendo desde luego a la clase gobernante- es la continuidad o la alternancia de sus proyectos, que según cada cual representan la paz, la prosperidad, el progreso, la alegría y el bienestar de todos, pero en lo que ellos se entretienen haciéndose trizas, el país arde. Y para ejemplos, el que sigue.

II

Tres trabajadores de la CFE, de esos a los que recientemente el director de la paraestatal aludió con malogrado humor como ‘mugrosos’, fueron asesinados ayer en la carretera a Ónavas, en el tramo San Javier-Tónichi.

Una camioneta fue incendiada y allí fallecieron dos de ellos. Más tarde se encontró otro vehículo con el cuerpo sin vida de otro electricista. Dos más fueron encontrados con vida y trasladados a Hermosillo en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Una verdadera tragedia cuyo seguimiento está en manos de la Fiscalía General de la República.

Asesinados por presuntos integrantes de una de las células del crimen organizado que opera en esa parte de la sierra entre Sonora y Chihuahua, los electricistas eran personas muy apreciadas en sus localidades de origen, por lo que el crimen conmocionó tremendamente a sus comunidades, pero también sacudió las conciencias en todo el país, porque esta vez no fue un tiroteo entre criminales, sino el ataque a trabajadores del gobierno federal cuya labor no tiene nada que ver con la agenda de seguridad pública.

Se sabe que desde hace décadas, en esa región hay presencia del crimen organizado y que eventualmente es escenario de enfrentamientos de bandas rivales, levantones y asesinatos, pero hace mucho que no se registraban ataques letales contra civiles, al menos no con la saña con que estos fueron perpetrados.

Notable también, el pasmo de las autoridades que tardaron horas para ofrecer información sobre lo ocurrido y cuando lo hicieron fue con ambigüedades que no aportaron nada a lo que previamente había circulado con profusión en las redes sociales.

De la paraestatal para la que trabajaban los hoy occisos ni hablar. Ya mañana o pasado habrá tiempo para un sentido lamento o una enérgica condena. Una esquela tal vez.

Cuánta razón tuvo el gobernador Alfonso Durazo cuando apenas un día antes, señalaba que a pesar de que los homicidios dolosos han tenido un decremento con respecto al año pasado en estas mismas fechas, no quería echar las campanas al vuelo con esas cifras porque luego sobreviene un delito de alto impacto -como este- y echa por tierra la percepción y las estadísticas.

Para estas horas, las corporaciones policiacas estatales, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas ya sobrevolaron el territorio de los hechos y despliegan un operativo para dar con los responsables. Ojalá que los atrapen y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

III

La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado dictaminó ayer la iniciativa de la diputada Celeste Taddei Arriola que incluye el uniforme neutro en las escuelas públicas y privadas como estrategia de igualdad y no discriminación.

Básicamente de lo que se trata es de garantizar el derecho de las niñas y jóvenes a decidir si usan falda o pantalón en el uniforme escolar y aunque a muchos les parece un tema banal, fue previamente socializada para conocer las experiencias de las escolapias no solo en el ambiente de sus planteles, sino en el transporte y espacios deportivos.

En la comisión dictaminadora la iniciativa fue bien recibida y tanto la presidenta de la misma, Beatriz Cota Ponce como la secretaria Rosa Elena Trujillo coincidieron en que se trata de un tema prioritario en materia de derechos y libertades, con el que se busca combatir las brechas de desigualdad y los estereotipos de roles de género.

Incluso el diputado Iram Solís sostuvo que es un momento histórico en el que se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, para que éstas se sientan cómodas al acudir a las escuelas.

El documento fue enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que hoy decidirá si esta iniciativa se manda al pleno para su discusión y en su caso aprobación en la sesión de mañana jueves.

A propósito, por cierto, de prioridades.

Por Arturo Soto Munguía

Sonora, dijo tajante el gobernador Alfonso Durazo ayer, no será tierra fértil para el secuestro express, ni para ningún otro delito.

Los millennials no lo registran, pero allá a principios de los 90 del siglo pasado apareció una banda de secuestradores que desató el pánico en la región sur del estado. Originarios de Sinaloa, los criminales atacaron un par de ocasiones contra prósperos empresarios locales.

Pero no más. Un día, inopinadamente aparecieron en las páginas de los diarios regados en el suelo del valle del mayo con sendos balazos en diferentes partes del cuerpo. Bien acomodados los cuerpos y con armas en sus manos.

La versión oficial fue que se enfrentaron a los agentes estatales y perdieron la partida. La versión más extendida en radio pasillo sin embargo, fue que a los tipos los habían capturado con vida y fueron ejecutados sin miramientos para mandar una señal a quienes quisieran seguir sus pasos.

Como si fuera un corrido norteño, la verdad nunca se supo, pero lo cierto es que no se volvió a presentar un secuestro en los siguientes años.

¿Terrible? Sí. ¿Siniestro? Sí.

El punto es que cuando las bandas criminales además de matarse entre ellos comienzan a atentar contra ciudadanos, no en calidad de víctimas colaterales, sino como parte de acciones planeadas como el cobro de piso o los secuestros express las cuerdas de la sociedad se tensan mucho, el miedo aparece y cualquier cosa que se haga para salvaguardar su vida y su patrimonio no solo se justifica en el fuero interno de la gente, sino que incluso es aplaudida.

Se lee feo, pero sucede. Un ejemplo muy común en estos días es el de los videos que de pronto se viralizan en redes sociales bajo un título que comienza a popularizarse en todo el país: “Amo los finales felices”.

Casi siempre se trata de eventos en que presuntos criminales ven frustradas sus intenciones ya sea por la policía o por los mismos ciudadanos que terminan propinándoles la madriza de su vida. ¿Incorrecto? Sí. ¿Deleznable? Sí. ¿Preocupante en tanto nos coloca en la línea que separa la justicia de la barbarie? También.

Sin ir muy lejos, y esto sí lo recordamos todos porque ocurrió hace apenas tres o cuatro años. En varias ciudades del estado comenzaron a registrarse asaltos a transeúntes por parte de individuos armados con machetes.

En Navojoa uno de ellos puso a bailar a varios agentes municipales que hicieron el ridículo de su vida, dando saltitos tratando de evadir las chispas que el joven le sacaba al machete con la banqueta de una gasolinera. Fue un video muy comentado en su momento.

Pero más allá de la diversión morbosa que generó, el fenómeno se volvió preocupante porque las víctimas empezaron a multiplicarse. Hasta que se dio la orden a los policías de disparar sus armas en caso de que vieran en peligro su integridad durante eventos de ese tipo, lo cual por cierto es parte del protocolo policial.

Y lo que comenzó a aparecer entonces fueron los cuerpos de ‘macheteros’ abatidos. El último, fue prácticamente acribillado a quemarropa y quedó tendido con un balazo en el rostro.

Terrible. Pero ya no se registraron ataques con machetes.

De ninguna manera se trata de validar el uso excesivo de la fuerza policial o las ejecuciones sumarias. Sería la locura. Pero cuando la violencia crece y la impunidad campea, inevitablemente la gente va a buscar protegerse a sí misma y en estos tiempos de redes sociales, va a festinar las golpizas o el abatimiento de presuntos criminales. No es plausible, pero sucede.

Y sucede especialmente cuando el Estado mexicano aparece incapaz de ejercer una de sus funciones que es la de salvaguardar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como parece estar sucediendo en todo el país.

Viene a cuento lo anterior por el primer caso (oficialmente reconocido) de un empresario restaurantero que en Hermosillo fue secuestrado y posteriormente liberado tras pagar 236 mil pesos de rescate. Hay otro caso que la fiscalía estatal investiga, de otro hombre que fue ‘levantado’ por sujetos armados en Ciudad Obregón en hechos que fueron videograbados. La identidad también se mantiene en reserva, aunque la fiscalía informó que es originario de Sinaloa y que hasta el momento no se ha solicitado pago de rescate.

‘Levantones’ hay muchos en el estado y generalmente se dan entre gente dedicada a actividades ilícitas, pero secuestros (o secuestros express) no se habían reconocido oficialmente y el hecho de hacerlo enciendo luces de alerta en el tablero ciudadano. No solo de personajes encumbrados o propietarios de grandes fortunas, que por cierto tienen su propia seguridad privada, sino de gente próspera que ha forjado su patrimonio a través de muchos años de trabajo duro, como fue el caso del restaurantero secuestrado en Hermosillo.

Ayer le preguntaron al gobernador respecto a este tema, inquiriéndole si Sonora NO será tierra fértil para este delito, y respondió tajante: “Ni para este ni para ningún otro”.

Por la tranquilidad de todos, ojalá que así sea.

Claro, no se espera que se revivan tiempos de ejecuciones sumarias o se oficialice la ley del Talión; lo que se espera es que la autoridad actúe para que no crezca la zozobra al saber que en Sonora está operando una banda de secuestradores y estos sean detenidos y sometidos a la ley.

II

El gobernador fue abordado por la prensa al final del evento de entrega de patrullas, uniformes, armas y equipo táctico para la Policía Estatal de Seguridad Pública todo con una inversión de 74 millones de pesos que ciertamente ratifican el compromiso con las instituciones encargadas de mantener la seguridad pública en la entidad.

Un compromiso que refrendó allí mismo al girar instrucciones a la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río para incorporar a todos los hijos e hijas de policías estatales al programa de becas, con el monto más alto, de dos mil pesos mensuales para cada uno.

Estos estímulos, así como el hecho de dignificar la labor, los salarios y reconocer los méritos de los y las agentes para que sean éstos, los méritos en servicio y no los temas políticos los que determinen el ascenso en la carrera policial, fueron bien recibidos por los allí presentes, incluyendo a una representación de los 260 nuevos agentes que se incorporarán este año a la PESP, para avanzar en la meta de incrementar en mil el número de efectivos.

Acuerpado por autoridades civiles y militares y ante alcaldes de diversos municipios, sobre todo de la región serrana, el gobernador sostuvo que a partir de la coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, “nos permite decir, sin echar las campanas al vuelo, que vamos avanzando. El delito de más alto impacto (homicidio doloso) tiene una reducción de 12 por ciento en los meses de este año respecto al año anterior, y por primera vez en la historia hay a nivel nacional un quiebre relevante en el número de homicidios”, sostuvo.

Fueron 18 patrullas nuevas para la PESP y 18 más para las corporaciones municipales de Agua Prieta, Cananea, Cumpas, Empalme, Plutarco Elías Calles, Huásabas, Ures y Villa Hidalgo.