Arturo @Chaposoto Munguía
Llamó la atención que en su mañanera del miércoles, el presidente de la República aludiera a al infierno que desató el Cártel Jalisco Nueva Generación en varias ciudades de Guanajuato y Jalisco, como “protestas” de la delincuencia organizada por la captura de dos jefes de plaza en aquellas entidades. Captura que, se sabría después, no ocurrió. Volaron las palomitas.
El vértigo de los hechos, la intensidad de la oleada criminal desatada en una cuantas horas hace albergar cualquier cantidad de sospechas respecto a la presunta detención de los capos y su posterior huida.
Después del ‘culiacanazo’ queda claro que el crimen organizado le ha tomado la medida a un gobierno federal que parece entender la seguridad pública no como una facultad y obligación del Estado, sino como un asunto que debe atenderse a solicitud de parte, aunque las ciudades ardan y en las calles queden regados los cuerpos de personas inocentes. Autos, camiones, casas y negocios incendiados; bloqueos carreteros, balaceras en las calles. El terror se ha vuelto estampa cotidiana en México.
Ayer lo volvieron a hacer, ahora en Ciudad Juárez. No hay información oficial sobre el origen y los protagonistas de una nueva escalada de violencia en aquella fronteriza población, pero se presume que todo inició en el Cereso tres donde una riña entre pandillas rivales (Los Aztecas, del Cártel de Juárez y Los Artistas Asesinos, del Cártel de Sinaloa) que derivó en un motín con saldo de al menos diez muertos y cinco lesionados.
La información es confusa, pero todo indica que la violenta riña en el penal derivó en las ‘protestas’ de los grupos criminales que se disputan la plaza de El Paso, que la emprendieron contra la población civil: incendiaron tiendas de conveniencia en donde dos mujeres -una de ellas embarazada- murieron por inhalación del humo de los incendios; otras personas fueron atacadas y heridas a balazos.
En una pizzería donde se encontraban haciendo una transmisión en vivo, trabajadores de Mega Radio fueron asesinados a balazos. Allí quedaron los cuerpos de Alan González, locutor; Armando Guerrero, jefe de mercadotecnia; Lino Belmonte, del área de controles y el escolta Alejandro Arriaga.
Después de asesinarlos, los sicarios entraron al negocio y dispararon contra clientes y empleados hiriendo a varios.
De nuevo hubo quema de vehículos y establecimientos comerciales, bloqueos de calles, tiroteos. Violencia sin fin. Víctimas colaterales. Sobre todo víctimas colaterales que van en aumento y esta vez le tocó a un comunicador haciendo su trabajo, y a sus colaboradores, así como a clientes de varios negocios atacados.
Sabemos lo que sigue: lamentos profundos y condenas enérgicas. Y reparto de culpas, mucho reparto de culpas del estado hacia la federación y viceversa. Del partido que gobierna en Chihuahua (PAN) y el que gobierna en México (Morena). Desde luego, Calderón es el principal responsable, a huevo.
Como trágica paradoja, mal chiste de humor negrísimo, mientras el crimen organizado ‘protestaba’ en Ciudad Juárez como antes lo hiciera en Zapopan, Guanajuato y otras ciudades y la fuerza pública de los tres niveles de gobierno andaba peor que Los Pumas frente al Barcelona, un helicóptero de la Marina era usado para llevar a la mascota de un equipo de beisbol al estadio de Macuspana.
Eso sí, ni por equivocación se le vaya a ocurrir al gremio de comunicadores protestar por el asesinato de otro colega porque entonces sí van a saber lo que es el flamígero látigo de la condena presidencial: conservadores, manipulados por los que perdieron privilegios, golpistas, huestes del complot, voces que pueden seguir cuestionando la política de seguridad porque si dicen que está mal, entonces está bien, como suele decir el presidente.
II
Aunque hay estados del país que son verdaderos focos rojos donde el Estado mexicano parece diluido frente al poder del crimen organizado, no hay uno solo que se pueda considerar exento de su violencia.
En Sonora se han registrado apariciones esporádicas de violencia criminal sobre todo en Caborca pero, sin que sirva de consuelo, no de la magnitud de las registradas en aquellos estados, sobre todo en el rubro de víctimas civiles. Hay regiones como la de Guaymas-Empalme y el municipio de Cajeme donde las cosas siguen bastante tensas y obligan a no bajar la guardia.
De hecho, las incursiones criminales en Caborca y la región del desierto fueron motivadas en distintos momentos por decomisos importantes (uno de ellos, de tres toneladas de cocaína) y detenciones de objetivos criminales importantes como ‘El Durango’ y ‘El Duranguillo’, jefes de plaza en aquella región.
Ayer mismo, en el retén de Querobabi el ejército decomisó un cargamento de mil 700 kilos de metanfetamina, 236 kilos de fentanilo y cantidades menores de cocaína, mariguana y goma de opio procedentes de Sinaloa.
La Marina ha asestado golpes importantes como el decomiso de un impresionante arsenal en el que se incluían casi tres millones de cartuchos útiles (¡tres millones!), armas de grueso calibre, autos y casas, en Navojoa.
También la Fiscalía estatal ha presentado buenos números en sentencias condenatorias para delincuentes de toda ralea, y también en el rubro de órdenes de aprehensión ejecutadas, sobre todo por homicidio.
Nada más en el mes de agosto cayeron diez homicidas, incluyendo entre ellos a un menor de edad. Con ello la fiscalía está enviando un mensaje de que tarde o temprano, el que la hace la paga.
Sin que las cosas estén para tirar al aire los sombreros, el trabajo en este y otros rubros tiene su impacto en el ánimo de la opinión pública, que de acuerdo a la empresa MetricMx se refleja en casi un 70 por ciento de aprobación a la gestión del gobernador Alfonso Durazo.
El más reciente ejercicio de esta casa encuestadora coloca al de Bavispe en el tercer lugar nacional entre los gobernadores mejor calificados, solo detrás de Mauricio Kuri, de Querétaro y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
De acuerdo con este trabajo, el 67.3 por ciento de los sonorenses aprueban la gestión de Durazo Montaño, a casi un año de haber tomado las riendas del estado.
