Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía

Voceros de la comunidad jesuita en México le enviaron un fuerte mensaje al presidente de la República a raíz del asesinato artero de dos sacerdotes en Cerocahui, Chihuahua, donde un conocido hampón que mantiene asolada la zona les dio muerte junto a un guía de turistas y también ‘levantó’ a otros dos hombres.

Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos, declaró el sacerdote Javier Ávila durante la misa de despedida de los padres Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales que fueron acribillados a tiros por un enloquecido sicario conocido como ‘El Chueco’. Obispos de 24 regiones del país publicaron un desplegado cuestionando la política de seguridad pública del gobierno federal.

En ese mismo tenor, la comunidad periodística también podría enviar un mensaje en el sentido de que los otros datos ya no alcanzan para cubrir los balazos.

Ayer fue asesinado a tiros el periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz, y junto a él cayeron heridas su esposa y su hija y los últimos informes las reportan con vida.

Con Antonio de la Cruz suman 12 asesinatos de periodistas en lo que va de este año, y a estas alturas, por trágico que parezca, que se encuentre y castigue a los responsables ya parece menos importante que detener la ola de crímenes contra comunicadores en México, que no parece tener fin.

En el caso de los religiosos que exigieron al presidente cambiar su política de seguridad a la que consideraron fallida, éste respondió que ‘algunos’ de ellos “están apergollados por la oligarquía mexicana”.

Previsible en el discurso presidencial, la respuesta pone en la mira a jerarcas de la iglesia que efectivamente han hecho de su ministerio un tianguis de indulgencias para quien puede pagarlas, pero invisibiliza a una mayoría que, como en el caso de los sacerdotes en Cerocahui, llevan su trabajo a los linderos del sacrificio, ayudando a las comunidades más pobres en las condiciones más precarias.

Uno de los sacerdotes asesinados en Cerocahui, Javier Campos, conocido como ‘El padre Gallo’ profesaba su fe desde la opción por los pobres y se declaraba seguidor de monseñor Oscar Arnulfo Romero, salvadoreño, teólogo de la liberación, identificado con los movimientos guerrilleros de Centroamérica en la década de los 70 y 80.

Ni él ni ‘Morita’, como conocían a Joaquín César Mora, caben en la definición presidencial sobre los curas ‘apergollados por la oligarquía mexicana’, pero tal definición le resulta muy conveniente a López Obrador para reforzar su narrativa polarizante.

De acuerdo con datos del Centro Católico Multimodal, en 2019 asesinaron a un sacerdote; en 2021 a tres y este año van otros tres.

En el caso de periodistas, este año van 12 asesinad@s.

Este primero de julio, cuando el presidente celebre el cuarto aniversario del triunfo electoral que lo llevó a cruzarse la banda tricolor al pecho, explicará sus razones de por qué no va a cambiar su política de seguridad.

Muy triste, de verdad.

Y ojo, en el reduccionismo ramplón con que suele reducirse el debate nacional a dos grandes campos en los que solo caben en un lado los buenos (ellos, los del gobierno) y del otro los malos (todos los demás), suele suponerse que cuando se pide cambiar la política de seguridad, también simplificada en la frase ‘abrazos no balazos’, lo que se está pidiendo es que comience la masacre al estilo Felipe Calderón. “Que se dispare desde los helicópteros”, en las palabras del actual presidente.

Y no, no es eso lo que se está pidiendo. Solo que el Estado haga uso de su prerrogativa del monopolio de la violencia legítima para contener al crimen organizado; para detener y enjuiciar a los criminales, para frenar su escalada de violencia que ya suma cientos de miles de asesinatos y un clima de terror del que no se salva casi nadie.

No tiene ni caso (ni alcanza el espacio) para citar los ejemplos cotidianos que configuran un mosaico de estampas de horror: baleados, colgados, decapitados, descuartizados. Hombres, mujeres y niños; profesionales, estudiantes, sacerdotes, periodistas.

Si así es el deseo presidencial, pues también le echamos la culpa a Calderón y al régimen neoliberal, pero eso no alcanza ya para lavar la sangre, enterrar los muertos y curar las heridas. Ni va a alcanzar al menos en los próximos tres años, porque nada hará que el presidente modifique un ápice su idea de cómo abordar este problema.

PD.- Antonio de la Cruz, periodista asesinado en Tamaulipas no cubría, de manera preponderante, asuntos relacionados con el crimen organizado, aunque eventualmente tocaba temas de nota roja. Sus fuentes principales estaban en el sector agropecuario y en asuntos alusivos al medio ambiente.

Mantenía una línea crítica hacia el gobierno estatal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y más condescendiente hacia el gobierno federal.

Pero más allá de las disputas y los alegatos sobre las competencias de los respectivos ámbitos de gobierno, que parecen buscar deslindes anticipados, el hecho cierto es que con Antonio de la Cruz la lista de periodistas asesinados en México tan solo este año suma doce. Y contando…

Por: Arturo Soto Munguía

De seguir las cosas como van, a Alito Moreno no lo van a tumbar los audios que evidencian su pobre catadura moral y política, ni las estrepitosas derrotas electorales. A estas alturas sus detractores dentro del PRI podrían destituirlo argumentando incapacidad mental y aplicarle la que los ecuatorianos le aplicaron allá en 1997 a su presidente Abdalá Bucaram, a quien por cierto apodaban “El Loco”.

No es una exageración. Al dirigente priista lo traen loco a toallazos desde hace rato y quizás en ese estado de febril locura se le ocurrió que era buena idea proponer una reforma legal para reglamentar la portación de armas en el país, de manera que los ciudadanos podamos defendernos de los criminales por propia mano.

Su propuesta ciertamente aborda otros temas ya reglamentados por cierto, pero en esencia, nada más con el primero, está muerta antes de nacer.

Si en condiciones normales la mayoría morenista en la cámara de diputados jamás votaría una reforma que vaya en contra de la política de seguridad planteada por el presidente y que simplificadamente se conoce como ‘de abrazos y no balazos’, en el contexto actual, siendo Alito uno de los principales promotores de la ‘moratoria legislativa’ según la cual la oposición se encuentra en una especie de huelga de brazos caídos y advirtió que no aprobará ni una sola iniciativa enviada desde el sector oficial, la propuesta del campechano es, más que un despropósito, un disparate.

Veamos. Las licencias de portación de armas son expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la primera condición es que éstas sean compradas a la misma Sedena. Pero además, los requisitos para su expedición están diseñados para que muy pocos puedan hacerse de un arma.

El único lugar donde se realiza ese trámite es en el Campo Militar número 1 con sede en Ciudad de México y en caso de autorizarse, el interesado deberá recoger el documento personalmente en la oficina del secretario particular del General Secretario de la Defensa Nacional.

Antes se tiene que llenar una solicitud especial, acreditar un modo honesto de vivir, firmado por el empleador del solicitante, y en caso de que el interesado sea el empleador, la firma debe ser del alcalde del municipio en que resida; cartilla militar liberada, certificado médico de no impedimento físico; certificado médico-psicológico anexando los resultados de los test practicados; carta de no antecedentes penales; certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados, entre otras cosas.

En 2020 se presentaron 215 solicitudes y se autorizaron 130 y en 2021 solo 60. Hasta marzo de este año, se habían autorizado cuatro solicitudes. Por cierto, el catálogo de armas de la Sedena incluye el rifle calibre .22, escopeta calibre 12, revólveres y pistolas semiautomáticas de diferentes calibres.

Este arsenal, desde luego es un mal chiste en un país donde el crimen organizado posee cientos de miles de armas de grueso calibre, fusiles de asalto, granadas y parque a discreción. Nomás en el decomiso que se realizó recientemente en Navojoa se contaron casi un millón de cartuchos útiles.

Pero esa es acaso la parte menos grave del asunto. Las implicaciones sociales que tendría armar a la población nos pondrían en el umbral de una guerra civil sin precedentes, en la tentación (muchas veces justificada por los asesinatos de familiares y amigos; de niños, ancianos y mujeres) de cobrarse ojo por ojo, en los linderos del caos y la multiplicación exponencial de estampas como las que se viven hoy en estados como Michoacán con las ya muy conocidas ‘autodefensas’, que por cierto, cuentan con armas de todo tipo y de misteriosa procedencia.

La propuesta de Alito Moreno es además una locura porque simplemente la sociedad civil no puede tomar en sus manos las facultades y prerrogativas del Estado mexicano, una de ellas fundamental: la seguridad de los ciudadanos.

Que no lo está haciendo bien es un hecho, pero de eso a tomar literalmente el himno nacional y asumir que el cielo le dio a la patria un soldado en cada hijo, hay un enorme trecho.

Algo más: estamos en México, un país donde ni siquiera los cuerpos policiacos estatales y municipales tienen un registro completo de sus armas y las huellas de las mismas (que es algo así como el ADN de cada arma), y donde no todos los elementos pasan los controles de confianza exigidos para su portación, imagínense con una pistola al vecino que suele vapulear a la esposa cada vez que se encabrona, por poner un ejemplo hipotético.

Afortunadamente la propuesta del campechano murió antes de nacer y ni siquiera deberíamos estar discutiéndola. Lo que sí se debería discutir seriamente es si, ante el fracaso institucional para contener la violencia del crimen organizado, los mexicanos merecemos una oposición tan vacía de propuestas, tan perdida en sus onanismos (y enanismos); tan atrapada en su burbuja de incompetencia.

II

En temas locales, ayer no hubo conferencia del gobernador, porque se fue a Ciudad de México a firmar un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcido Aquino, para el empleo de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente el combate a la corrupción.

Esos instrumentos permitirán simplificar los procesos en el ejercicio de gobierno de una forma transparente, dando seguimiento a compras, contratos y obra pública.

Acompañaron a Alfonso Durazo en este evento, el contralor Guillermo Noriega Esparza y el nuevo Oficial Mayor Franco Gerardo Marcello Fabbri.

Por: Arturo Soto Munguía

La agenda juvenil llegó al Congreso del Estado. En las curules, calientan el brazo las y los jóvenes que fueron seleccionados por sus méritos académicos y de participación social y que vienen con las alforjas llenas de esperanzas y de ideas y propuestas: salud mental, adicciones, conciencia ambiental, participación política, desde la mirada de esta nueva generación.

Algunos apenas están dejando atrás la adolescencia, otras ya se están formando profesionalmente en las universidades pero todos traen el entusiasmo y la energía propia de esa edad en la que, parafraseando a Salvador Allende, no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.

“Estamos creciendo en una sociedad que, desde nuestra perspectiva, en temas democráticos mantiene una agenda anticuada, repetitiva e intolerable. Consideramos que la democracia es la condición más importante que debemos de defender los ciudadanos, a través de la participación, que más allá de sus definiciones, deposita su esencia en la discusión pública; no se limita al sufragio, sino que toma en cuenta aspectos culturales, sociales, tecnológicos, económicos y políticos”, expusieron en un posicionamiento los jóvenes parlamentarios que por ese día integraron la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Cada uno de ellos y ellas formaron parte de las comisiones legislativas y desarrollaron temas propios de sus respectivas agendas, que reflejan fielmente sus preocupaciones, sobre todo en materia de oportunidades para el desarrollo académico, profesional y social.

Esta es la primera edición del Parlamento Juvenil y para ello fueron seleccionados 33 jóvenes de distintos municipios del estado, que cursan sus estudios de nivel medio, medio superior y superior. La convocatoria surgió de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la adolescencia y la Juventud que preside Karina Zárate, pero en el proceso se involucró a otras instituciones como la SEC, el IEE y el ISJ, cuyos titulares se hicieron presentes en la sesión donde se tomó protesta a los y las jóvenes parlamentarias.

Como invitado especial estuvo el gobernador Alfonso Durazo, que aprovechó la oportunidad para volver sobre un tema que tocó reiteradamente en su campaña: la necesidad de crear una nueva clase política que se haga cargo de la gobernanza en el estado:

“A quienes estamos hoy en el poder nos llegó ya el tiempo del retiro, pero para dejar la conducción del Estado en manos comprometidas, en manos sensibles, en manos honestas, en manos capaces, necesitamos crear una nueva clase política: no solo se trata para nosotros de relevar al grupo político que está en el poder; es mi objetivo crear una nueva clase política en la que obviamente es imprescindible la participación de los jóvenes”, agregó.

El gobernador recordó su paso por la cámara federal de diputados y citó una anécdota que suele recordar de vez en vez. Para motivar a los jóvenes a comprometerse con las tareas que tienen enfrente citó lo que un colega le dijo cuando llegó por primera vez a la Cámara: “recuerda que el cargo dura tres años, pero (si haces las cosas mal) la vergüenza dura toda la vida”.

Admitió que los congresos (y l@s diputad@s) no se encuentran precisamente entre las instituciones mejor rankeadas en el ánimo de la opinión pública, aunque reconoció que la actual legislatura estatal es una de las mejores de la historia. De hecho, al reconocer a los y las diputadas dijo que han sabido transitar el camino de la negociación política, sacando por unanimidad los temas más importantes. Incluso, dijo, votaron unánimemente por la reducción de 400 millones de pesos al presupuesto del Poder Legislativo, dinero que hoy se utiliza en el más grande programa de becas estudiantiles que se haya implementado en Sonora.

Si en el 2024 se los encuentran de candidat@s, voten por ellos, instó. Y el cebollazo caló hondo entre los y las legisladoras que ayer cedieron sus curules y ocuparon las butacas del espacio reservado para el público, excepción hecha de los integrantes de la mesa directiva que preside Natalia Rivera, y que estuvieron siempre en el presídium, donde ocuparon su lugar también el secretario de Educación Aarón Grajeda, el presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu y la directora del Instituto de la Juventud, Rebeca Valenzuela.

II

Y para relevos generacionales los que se están dando en el PRI Sonora, donde fue desplazado el grupo que en algún momento se conoció como ‘La Sub 17’, aquellos jóvenes que llegaron con Eduardo Bours y que se autodenominaron así en alusión a la selección que ganó el mundial de esa categoría en 2005.

Por lo menos varios de ellos ocuparon cargos relevantes en el partido y en el gobierno, y aunque perdieron la siguiente elección a la gubernatura en 2009, la recuperaron seis años después con Claudia Pavlovich, para volverla a perder en 2021 frente a Alfonso Durazo.

El punto es que ayer, entre los nuevos nombramientos que está otorgando la dirigencia de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez, rindió protesta como secretario de Operación Política el veterano abogado de la Sub 80, Jesús Enríquez Burgos, cuya militancia data desde 1961.

También rindió protesta Juan Ángel Córdova Salcido como secretario de Acción Electoral, que no es tan veterano, pero ya peina bastantes canas. Erik Niebla Quiñónez por su parte asumió como nuevo secretario de Organización.

III

Le sigue rindiendo al alcalde de Hermosillo

Pues quién sabe cómo le estará haciendo, pero Antonio Astiazarán entregó ayer a CIDUE seis camiones de carga modelo 2022 para utilizarlos en trabajos propios de la campaña de pavimentación y rehabilitación de calles que trae por la ciudad.

Son unidades equipadas para ese tipo de trabajos, con capacidad de 1.5 toneladas y funcionan con gasolina y gas natural; para adquirirlas se invirtieron 2.9 millones de pesos.

Y ya que andamos repartiendo cebollazos, los vecinos de El Cortijo Sección Periodistas agradecen a Agua de Hermosillo por atender el reporte de una fuga que amenazaba con seguir creciendo y derramando bastantes litros del vital líquido en una de sus calles.

Ayer hicimos el reporte y los trabajadores de Aguah hicieron el trabajo ya entrada la noche. Bien ahí.