Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía

Cuesta abajo en su rodada, Alito Moreno parece dispuesto a pasar a la historia como el enterrador del PRI, el partido que gobernó México durante más de 70 años consecutivos y del que ya queda solo una pálida sombra.

El tema en el plano nacional es importante, pero tiene sus reverberaciones en los estados, y concretamente en Sonora el ejemplo es emblemático para ilustrar el gran quiebre institucional de la otrora poderosa aplanadora.

El asunto es serio para el tricolor, pues si el desmantelamiento estuviera signado por el relevo de los que se van, con cuadros de gran experiencia en la organización, el trabajo de tierra y fogueados en campañas electorales, muchas de ellas exitosas, se podría avizorar un buen destino. Pero no es así.

Una somera ojeada a la integración de la nueva dirigencia estatal encabezada por Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, mostraría un ‘line up’ que ni de lejos aparece competitivo rumbo a lo que viene en 2024 y que no tiene que ver solo con las candidaturas, sino con los trabajos de reorganización interna, de motivación a las bases, de relanzamiento de sectores y organizaciones y, hacia afuera, con el replanteamiento de su política de alianzas.

Aunque el contexto era completamente diferente en 2015, comenzando por el hecho de que Morena, fundado apenas un año antes ni siquiera aparecía significativamente en el mapa electoral, el PRI no solo le arrebató la gubernatura al panismo padrecista sino también la mayoría en el Congreso local. La maquinaria funcionaba.

Luego vino la ola AMLO en 2018 y después la de 2021, llevándose no solo las expectativas de los tricolores, sino también de los panistas (salvo aquellos que alcanzaron a saltar a tiempo a Morena), en una marejada que sacudió al país entero.

A Claudia Pavlovich la expulsaron de su partido bajo acusaciones de haber entregado el estado a Morena; acusaciones que vinieron paradójicamente de Alito Moreno, que siguiendo esa lógica se irá del tricolor con la nada honrosa carga de haber entregado no uno, sino diez estados.

Ayer, Natalia Rivera Grijalva renunció al PRI después de 30 años de militancia. Lo hizo a través de una carta en la que expone sus motivos y que fue ampliamente difundida.

El caso de la actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso es notable, y aunque ha sido fuertemente ‘troleada’ por su renuncia (no es la primera vez que la hacen blanco del ‘fuego amigo’), mantiene la ecuanimidad y anticipa que no se distraerá en responder esas ‘troleadas’.

Ayer la tuvimos en los micrófonos de la Red 93.3 y fue inevitable preguntarle por el tema. Concretamente sobre uno de los cuestionamientos más recurrentes que versa en el sentido de que se va del PRI después de que el partido le ha dado todo.

El argumento sería válido si Natalia no hubiera ganado a pulso cada una de las posiciones que ha ocupado, por cierto no muchas de verdadera relevancia, salvo la jefatura de Oficina del Ejecutivo con Pavlovich y ahora la diputación local.

Pero comenzó a participar en el PRI desde los 16 años en las tareas más modestas y participó en doce campañas electorales haciendo trabajo de tierra no solo en Sonora, sino en Tamaulipas, Estado de México y otros lugares. Su trabajo fue durante todos esos años ayudar a que otros y otras llegaran a regidurías, alcaldías, diputaciones locales y federales; al senado. Es decir, tampoco es que le hayan regalado nada.

Con esa convicción se va a Movimiento Ciudadano. A construir y aportar desde abajo: “no voy por una candidatura, eso no está puesto sobre la mesa; no lo hice nunca en el PRI y no lo voy a hacer en MC. Yo sé que cuando trabajas en equipo en tareas desde las más modestas, siempre hay oportunidades, pero hay que ganárselas así, trabajando, dice.

El hecho cierto es que Claudia Pavlovich ya no está en el PRI, Natalia tampoco; el Pato de Lucas ya tiene un pie fuera y se esperan otras renuncias. Lo que no se ve, insisto, es un ‘line up’ que despierte entusiasmo en un partido bastante alicaído.

Por cierto, anoche la Sala Superior del TEPJF con sede en Guadalajara declaró improcedente el recurso de impugnación presentado por Zaira Fernández y Pascual Soto contra Onésimo e Iris. El asunto no está muerto, pues lo remitió al Tribunal electoral del estado, donde habrá de resolverse.

Son, sin embargo muy pocas las expectativas de que aquí les favorezca la resolución. Si eso sucede y definitivamente ‘le dan palo’, es altamente probable que entonces sí comience la verdadera desbandada en el tricolor.

II

Y bueno, como la vida es una tómbola-tómbola-tómbola, una rueda de la fortuna, un tranca-palanca en el que a veces estás arriba y a veces estás abajo, mientras en el PRI y el PAN hay vientos de funeral, en Morena suena la tambora a todo lo que da.

Hace unos días se reunieron sus principales dirigentes para celebrar el octavo aniversario de la fundación de su partido, y ayer el presidente estatal David Mendoza Rivas se reunió con consejeras y consejeros estatales para preparar la renovación de esa instancia de dirección partidista.

El próximo 30 de julio se llevarán a cabo las asambleas distritales para elegir a 35 hombres y 35 mujeres que integrarán el nuevo Consejo estatal, que habrá de encabezar los trabajos relacionados con el proceso electoral de 2024.

Por: Arturo Soto Munguía

Contra el mercadeo mediático del dolor y el sufrimiento ajenos se manifestaron los diputados del Congreso de Sonora al apoyar las modificaciones enviadas desde el Ejecutivo a la llamada Ley Ingrid que establece sanciones A FUNCIONARIOS PÚBLICOS que difundan imágenes de personas fallecidas en situación de investigación penal.

El tema se enredó en una primera modificación a un artículo del Código Penal realizada a finales de marzo pasado, y que dejaba abierta la posibilidad de que esas sanciones se extendieran hacia cualquier ciudadano y hacia periodistas en ejercicio de su labor informativa.

En realidad la reforma presentada inicialmente en Sonora solo retomaba las limitantes que ya existen en el artículo sexto constitucional para proteger la moral y la vida privada o los derechos de terceros, pero las ampliaba a las personas fallecidas que suelen ser captadas en imágenes que luego se difunden en medios de comunicación tradicionales y en las redes.

Los diputados dejaron claro que en ningún momento se trata de censurar ni obstaculizar a nada ni a nadie, pero parten de la premisa de que nuestra sociedad se ensucia y envilece si permitimos la difusión sin control de ese tipo de imágenes que solo alimentan el morbo, la cultura de la violencia y entorpecen en muchos casos el debido proceso legal cuando son permitidas o utilizadas por servidores públicos.

Las penalizaciones estarían dirigidas a éstos cuando infrinjan esta ley, y será mayor cuando se trate de imágenes que se relacionen con la muerte de mujeres, niñas o adolescentes.

Por cierto, todo México está atento a lo que suceda este martes, cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores aparezca de nuevo en su programa ‘Martes del jaguar’, ya que eventualmente podría cumplir su advertencia de difundir fotos comprometedoras de algunas diputadas federales que ellas mismas le habrían enviado al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, a quien trae de bajada desde hace rato.

La expectativa crece pues la gobernadora podría incurrir en violaciones a la llamada Ley Olimpia, recientemente aprobada y que sanciona la difusión de ese tipo de imágenes.

A Layda Sansores el cumplimiento y respeto a la ley es algo que no le quita el sueño, pues de hecho los audios filtrados en los que se escucha al dirigente priista evidenciando no solo su florido y campechano lenguaje, sino participando de conversaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, fueron obtenidas ilegalmente.

Al ser ese su origen, tales conversaciones carecen de validez legal en un eventual juicio, pero la quemada ya no se la quita nadie, si es que alguna parte le quedaba sin rostizar al desacreditado dirigente nacional del PRI, al que por cierto las autoridades de migración ‘atoraron’ por más de una hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de su gira por Europa.

Nadie en su sano juicio metería las manos a la hoguera del descrédito en la que hoy arde Alejandro Moreno, pero siempre quedará en el aire la pregunta en el sentido de que si su bancada hubiera aprobado la reforma eléctrica del presidente López Obrador, le habrían enderezado esta campaña que terminará demoliendo no solo lo que le quedaba de reputación al campechano, sino dañando severamente a la alianza opositora si éste se mantiene como dirigente nacional del tricolor.

Las protestas y reclamos de algunas diputadas federales -a quienes doña Layda no mencionó por sus nombres-, hacen suponer que las imágenes sí existen y, de nuevo habrían sido obtenidas ilegalmente con fines de persecución política, lo cual es igualmente preocupante que la degradación y el escarnio a que serían sometidas las mujeres en cuestión si se difunden tales imágenes.

Ya veremos mañana.

II

A los 100 años de edad murió ayer el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Funeral sin pompa institucional, lejos de un acto de Estado, acompañado por familiares, amigos y muy pocos colaboradores.

Normal, para un exmandatario que llevó sobre sus espaldas la pesada losa de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, y buena parte de la llamada ‘guerra sucia’, un negro episodio de la historia mexicana plagada de asesinatos, desapariciones, tortura y represión a la disidencia, sobre todo de izquierda que encontró en las montañas y la clandestinidad en las zonas urbanas un escondite desde donde empujar sus demandas de cambio social por la vía de las armas.

A lo largo de las décadas, muchos de esos hombres y mujeres organizados en movimientos armados diversos fueron dejando esa vía para incorporarse a la legalidad y transitar por la ruta electoral. No son pocos quienes vieron cristalizados sus sueños en 2018 y hoy forman filas en el gobierno y en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de ellos recuerda bien a Echeverría y al contrario, consideran que debió ser procesado penalmente por delitos de lesa humanidad.

De hecho, el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas exigió a la FGR reabrir las investigaciones contra el expresidente, por genocidio.

“Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se lo dejó en libertad bajó las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de las PGR ahora Fiscalía General de la República”, relató el Comité del 68.

Y apenas hacen bien en solicitar la reapertura de las investigaciones, aprovechando que ya andan reabriendo expedientes como el del caso Colosio.