Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía

Hechos aislados pero cada vez más frecuentes (diría el clásico) muestran un grado de descomposición social y un predominio de la delincuencia organizada sobre las instituciones del Estado mexicano lo cual, lejos de tener un impacto político, parece reforzar la legitimidad del gobierno federal.

Es un fenómeno raro. Y complejo.

Ayer, un comando armado de hombres encapuchados tomó por asalto el mercado de San Cristóbal de la Casas, en Chiapas. Al parecer es parte de la disputa por el territorio y por los negocios de la zona. Situaciones similares se han vivido en otros estados del país, donde municipios enteros han sido materialmente copados por grupos de la delincuencia organizada, que se mueven con entera libertad y complacencia de las autoridades.

Por espacio de tres o cuatro horas, los sicarios incendiaron vehículos, realizaron disparos y bloqueos de calles. Como llegaron, se fueron. La gente se escondió donde pudo y las imágenes de los hechos inundaron las redes sociales.

El pasado 5 de junio, en el puerto de Manzanillo, Colima, un grupo de hombres tomaron un patio de maniobras de una empresa privada y por espacio de al menos ocho horas, revisaron contenedores y se robaron los que eligieron. Inicialmente se dijo que la carga robada era de oro, plata y zinc, aunque las autoridades locales aclararon ayer que en realidad se trató de concentrado de durazno propiedad de una empresa procesadora de jugos; aires acondicionados y llantas.

Lo raro del asunto es que los hechos se conocieron siete días después de perpetrados. No hay manera de explicar un atraco de esta naturaleza sin dimensionar el nivel de organización de los presuntos, su conocimiento del terreno, así como información, mucha información sobre la actividad en el lugar, muy cercano por cierto a una base de la Marina Armada de México, a cuyo cargo está el puerto.

Difícilmente hay un país en el mundo donde se registren hechos de este calibre y de manera tan frecuente. Eso sin contar el recuento diario de asesinatos que pueblan el territorio nacional y que al parecer están tan normalizados que la gente los asume ya como parte de sus cotidianidades.

Los reportes de productores agrícolas, ganaderos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos en el sentido de una escalada en la extorsión y el cobro de piso en casi todos los estados del país, son también parte de la narrativa cotidiana.

Todo pasa y al mismo tiempo no pasa nada. El país entero parece sumido en el marasmo y la resignación, y en el caso de la clase política, los opinólogos y comentócratas, bastante más entretenidos en el juego sucesorio, las corcholatas, los escándalos y rijosidades en los partidos políticos.

Los índices de popularidad del presidente están en niveles más que aceptables, su calificación también y el aval en las urnas a su proyecto de gobierno es inobjetable, como quedó de manifiesto en cada elección desde 2018.

A vuelo de pájaro cualquiera podría pensar que los mexicanos aceptamos que podemos seguir viviendo con todo esto, sin mayores repercusiones. O que no hay, en el escenario actual, un proyecto de gobierno que sea ‘comprado’ por los electores de manera significativa.

Personalmente, me inclino más por lo segundo. La oposición sigue noqueada, chapoteando en un mar de desaciertos; sin personajes ni oferta atractivos. Esto va para largo.

II

Y a propósito, terminó sin novedad el encuentro del dirigente nacional del PRI con sus antecesores: la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas sigue sobre la mesa, pero al menos de ese encuentro no resultó la defenestración. Los trascendidos indican, sin embargo, que esta reunión abrió un compás de espera mientras se le busca una salida ‘decorosa’ al campechano, al que le sigue lloviendo en la milpa.

No solo fue acorralado por el jurásico tricolor para quienes Moreno Cárdenas amenaza convertirse en una suerte de meteorito que los extinga por completo; también la fiscalía de Campeche realizó una inspección en una de sus múltiples propiedades sobre las que pesan litigios acerca de su legal adquisición, también la gobernadora Layda Sansores difundió un nuevo audio de contenido similar a los anteriores, donde se escucha al dirigente priista en diálogos bastante bizarros y emblemáticos de la corrupción que se le achaca.

Alito Moreno se ha convertido en una ‘papa caliente’ no solo para su partido, sino para la propia alianza con el PAN y el PRD rumbo al 2024, al grado de que el propio Claudio X. González le asestó tremendo mazazo en la cabeza con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, involucrándolo en una presunta triangulación de dinero para la compra-venta de inmuebles y terrenos. El campechano está resultando con más propiedades que la moringa.

En camino de convertirse en una aceituna, a punto de perder el hueso, ya lo están agarrando de botana. Su homólogo de Morena, Mario Delgado publicó en su cuenta de Twitter, con ácido humor negro lo siguiente: “Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la derecha. #FuerzaAlito”.

Sin ninguna clase de autoridad moral o política, evidenciado en sus corruptelas, responsabilizado de las derrotas electorales desde 2019, Alejandro Moreno se ha vuelto insostenible en el PRI. Al tiempo.

A raíz de la armonización de la legislación local con la federal en materia de protección a la intimidad y la dignidad de las víctimas y sus familiares se ha suscitado un debate en torno a la presunta amenaza a la libertad de expresión que representaría esta reforma.

Conviene, sin embargo, ir con tiento en este tema, conocido como ‘Ley Ingrid’, delicado ciertamente.

De entrada debe precisarse que, como la llamada ‘Ley Olimpia’, ni una ni otra son en realidad, leyes como tal, sino que aluden a modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México, que posteriormente sirvieron de referencia para armonizar leyes estatales en al menos tres entidades más, y luego en el Código Penal Federal.

Básicamente, lo que plantean estas reformas son sanciones a quienes difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o las circunstancias del delito.

Si quien lo hace es un servidor público, la pena se agrava. Este punto es importante porque la ‘Ley Ingrid’ nace precisamente de un caso en que funcionarios filtraron a la prensa imágenes del cuerpo mutilado de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja, Erick Francisco ‘N’ la noche del 8 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, lo que provocó reacciones indignadas que derivaron en las citadas reformas.

¿Sancionar la difusión de ese tipo de imágenes (o cualquier otra información que encuadre en los supuestos citados) atenta contra la libertad de expresión?

Definitivamente no. Ni esta ley ni cualquier otra, coarta la libre expresión. La única que sí contempla limitantes en este tema es la propia Constitución y sus leyes reglamentarias, de tal suerte que si los ciudadanos o periodistas se sujetan a esas limitantes no hay por qué temer actos de censura.

Es el artículo sexto constitucional el que plantea que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El séptimo constitucional, por su parte establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo sexto.

Es decir, la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, allí mismo está acotada bajo las precisiones del artículo sexto.

En realidad el propósito de la ‘Ley Ingrid’ es proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización. Lo que pretende es asegurar que la información personal relacionada con una muerte esté protegida y no pueda ser publicada.

Para no confundir a la opinión pública y evitar el riesgo de sancionar a personas que si bien pueden actualizar alguno de los supuestos, como las llamadas madres buscadoras (o rastreadoras) que actúan sin dolo ni afán pernicioso o amarillista, es de suma importancia remitirse a la exposición de motivos de la iniciativa, para entender su espíritu.

Allí se establece el concepto de ‘dignidad’ como fundamental para la idea de ‘lo humano’ contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tal suerte que las disposiciones legales y forenses que existen y que regulan el tratamiento de los muertos requieren que estos sean tratados como si tuvieran el derecho a la dignidad, en tanto se requiere que los vivos se comporten en una forma consecuente con dichas disposiciones.

En el caso de las ‘madres buscadoras’, no pudieran sancionarse a partir de esta ley, pues ellas son víctimas a consecuencia de un delito. En una ponderación de derechos, ellas podrían publicar alguna imagen, pero no con fines amarillistas o sensacionalistas sino con el propósito de coadyuvar a esclarecer un hecho, a partir del derecho al acceso a la justicia.

En resumen, los muertos también tienen derecho a un trato digno y, al igual que sus familiares, a salvaguardar su intimidad. La ley busca sancionar a quien violente estos derechos.

Ahora bien, en la práctica las autoridades judiciales va a tener una sobrecarga de trabajo si se considera que todos los días los medios de comunicación, y particularmente las redes sociales inundan sus espacios con imágenes de personas asesinadas o muertas en accidentes. El video en el que aparece Daniel Picazo, linchado y quemado en Huauchinango, Puebla, por una turba que lo acusó de intento de secuestro a un menor es el ejemplo más actualizado de esto.

Se han vuelto cotidianas también las estampas de curiosos que hasta selfies se toman con los cadáveres víctimas de homicidios dolosos, esos que se cuentan por miles en el país. Ese tipo de conductas son las que esta reforma legal busca sancionar, y no tiene que ver con la libertad de expresión, insisto, ya acotada en la propia Constitución.

II

Ayer suspendieron clases presenciales en un grupo de la secundaria Nuevos Horizontes en Hermosillo por la detección de varios casos de Covid19. Bastó el reporte en Twitter para que varias personas reportaran situaciones similares en las escuelas de sus hijos.

No se trata de generar alarma, pero la secretaría de Salud reportó este día 295 nuevos casos positivos y una defunción en la semana del 5 al 11 de junio; 179 de esos casos se registraron en Hermosillo y 63 en Cajeme.

Aunque recientemente el Congreso del Estado derogó la ley que hacía obligatorio el uso del cubrebocas, la secretaría de Salud recomienda seguir protegiéndose con él, sobre todo en espacios cerrados y con poca ventilación, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia.

Ciertamente que la vacunación masiva disminuyó drásticamente la incidencia de casos graves, hospitalizaciones y defunciones, pero el virus aún está en el aire y no está de más continuar con las medidas de prevención, porque al parecer estamos ante lo que pudiera considerarse un nuevo brote de la pandemia.

Por cierto, sería interesante conocer cuántos de esos 179 casos registrados en Hermosillo corresponden a gente que estuvo en eventos masivos, como los que hubo durante las Fiestas del Pitic. Nomás para el registro.

III

La maquinaria del viejo partido tricolor sigue funcionando. El proceso de renovación de la dirigencia estatal sigue su curso incluyendo la impugnación a la fórmula integrada por Zaira Fernández y Pascual Soto, lo que podría dirimirse esta misma semana.

Todo parece indicar, sin embargo, que tal y como lo adelantamos ayer a partir de lo visto y escuchado en la reunión de militantes y consejeros en la sede del PRI estatal, al final la decisión se decantará por la fórmula de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, así sea temporalmente ya que es previsible una nueva etapa de impugnaciones en tribunales electorales.

Por lo pronto ayer hubo un encuentro de estos dos aspirantes con los líderes de sectores y organizaciones, donde pasaron lista Bulmaro Pacheco, de la Fundación Colosio; Rosario Rodríguez, del Movimiento Territorial (estrenando cargo); Rodolfo Jordán, de la CNC; Héctor Medrano del MJM; Gloria Galindo, del organismo de Mujeres, Ignacio Martínez Tadeo, de la CNC; Guadalupe Silva Romero, de la CROM, Juan Gabriel Galindo, de la UGCM, entre otros.

La vieja maquinaria pues, funcionando, aceitada desde la cúpula donde todavía manda Alito Moreno, aunque no se sabe por cuánto tiempo más toda vez que comienzan a arreciar las voces que piden su renuncia no solo en Sonora sino en otros estados de la República.

Este día, el aún dirigente nacional sostendrá un encuentro con el jurásico priista integrado por personajes que ya ocuparon su cargo en el pasado, como Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel. De la permanencia de Alito Moreno o la salida ‘decorosa’ que se le dé a su desastrosa gestión dependerá también lo que suceda con el relevo en Sonora. Atentos.