Por: Arturo Soto Munguía
Después de muchos rumores, versiones extraoficiales, afirmaciones tajantes y desmentidos no tanto, este viernes se anunciará la renuncia de Ernesto ‘Kiko’ Munro a la bancada del PAN en el Congreso local.
Y el anuncio se hará, desideologizada lectora, ecléctico lector, en una rueda de prensa a la que está convocando el Partido Encuentro Solidario, lo que confirmaría la especie de que el ex alcalde rocaportense y hoy diputado local del PAN pasaría a formar filas con la única diputada con que cuenta el PES en la legislatura local, la joven Paloma María Terán, que tiene nombre de albur, pero no es nada de Aimee Terán, otra joven que no tiene nada que ver con la política, pero también tiene nombre de albur.
Chascarrillos aparte, el punto es que Kiko Munro abandona la bancada del PAN donde anda como ‘pollito comprado’ -decía mi amá-, porque en esta rueda de la fortuna -y del infortunio- que es la política, su ciclo se cerró en ese partido y desde que Alejandra López Noriega asumió la coordinación de la bancada, sus posibilidades de trascendencia política se redujeron casi a cero.
En algún momento se especuló con la posibilidad de que Kiko Munro se iría a Movimiento Ciudadano, el partido que en estos momentos trae a todo tren la tarraya y el chinchorro pescando militantes de otros partidos, pero ni en MC les agradó la idea, ni al propio Kiko le resultaba atractiva, sobre todo por la agenda liberal de Movimiento Ciudadano que últimamente ha enfatizado mucho su vocación por la inclusión y respeto a las minorías LGBTIQ+ y otros temas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la legalización de ciertas drogas, etc.
Por su formación en el PAN, el partido conservador por excelencia, sería un poco perturbador ver al Kiko ondeando la bandera arcoíris en una marcha del orgullo gay, aunque a estas alturas todo puede suceder y de hecho, se han visto cosas más churrigurescas en aras del pragmatismo político.
Suena más congruente su incorporación a la bancada del PES, un partido confesional de profundas raíces en el cristianismo y la prédica de la agenda más conservadora que, sin embargo y por esas extrañas piruetas de la política mexicana, hoy cierra filas con Morena, ese reducto de la izquierda que nos tiene al filo de la dictadura comunista si no fuera porque su comandante supremo acaba de condecorar con la medalla del orgullo nacional a Carlos Slim, acaso el producto más finamente acabado del capitalismo salvaje y la corrupción neoliberal del salinismo.
Qué desideologizado desmadre.
II
Agarró un nuevo aire el debate sobre la llamada ‘Ley Ingrid’ en Sonora, que no es ley sino una modificación a un artículo del Código Penal local, pero que en su redacción dejó abierta la posibilidad de que se establezcan duras sanciones “al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado”.
En el contexto de lo que estamos viviendo en México, donde la muerte ronda por las calles y las ejecuciones en vía pública son literalmente eventos a los que cualquiera estamos expuestos, con el agregado de que sin demérito del himno nacional, los smartphones han vuelto cotidiano el hecho de que a la patria un reportero en cada hijo le dio, el tema se volvió candente porque supone el castigo penal a quien reporte ese tipo de hechos.
Y ahí colamos los periodistas, pero también los ciudadanos que en más ocasiones de las deseadas, claudican a la tentación de tomarse una selfie con el ejecutado del día en segundo plano.
El debate es interesante porque tal cual está redactada, la adición al artículo 167 del Código Penal prefigura un acto de censura que de entrada, penalizaría la cobertura de eventos noticiosos que simplemente forman parte de los convulsos tiempos que vivimos.
De entrada hay que decir que las acotaciones a la libertad de expresión no dependen de un artículo del Código Penal, sino de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo sexto establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa “sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoque algún delito o perturbe el orden público”.
Es decir, las acotaciones a la libertad de expresión ya están establecidas en la Constitución y tienen que ver con la salvaguarda de la vida privada y los derechos de terceros, que obviamente es el tema que ha escalado el debate.
Sin embargo, y para evitar interpretaciones que están causando escozor, el secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo informó que la próxima semana será enviada al Congreso una propuesta para precisar que las sanciones se establecen exclusivamente a los servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales.
Eso deja fuera a periodistas y, de manera señalada, a las personas que integran los grupos de rastreadoras y buscadoras, esas organizaciones que nacieron a raíz de la siniestra realidad que campea por todo el territorio nacional y que nos golpea cotidianamente con imágenes de mujeres escarbando en los llanos y los montes en búsqueda de sus familiares.
