Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía

El de ayer fue un día negro para las mujeres en Sonora. Fue identificado el cuerpo sin vida de la joven Arith Alejandra Landeros Montaño, que estaba reportada como desaparecida. De acuerdo con la fiscal estatal Claudia Indira Contreras, la joven fue privada de la vida mediante asfixia por sofocación; fue quemada y abandonada en calles de la colonia El Sahuaro, de Hermosillo. Las características de este crimen hacen que se investigue como feminicidio.
ra joven, de nombre Perla Marina Jiménez Escárcega sigue en calidad de desaparecida, también aquí en Hermosillo.

Mientras tanto en Ciudad Obregón localizaron el cuerpo sin vida de otra joven que respondía al nombre de María de Jesús. Contaba con apenas 19 años y estaba embarazada. La mataron de un balazo en la cabeza, le dieron otro en el antebrazo y la dejaron tirada en un baldío.

La semana pasada apareció flotando en las costas de Guaymas la joven Amirani Rascón Ramos, que había sido reportada como desaparecida unos días antes.

El delito de feminicidio en Sonora está tomando visos dramáticos. Según cifras de la propia fiscalía estatal, de 2017 a la fecha se registraron 176 asesinatos de mujeres tipificados como tales. Y si bien es cierto que se han logrado 173 sentencias condenatorias para los responsables, lo que indica una capacidad de resolución del 98.3%, la cantidad de casos es alarmante. A la fecha hay 200 feminicidas en la cárcel, desde 2013, cuando se tipificó como delito.

Algunos datos para documentar el tema: en 2017 hubo 32 carpetas iniciadas y se obtuvieron 25 sentencias condenatorias; en 2018, 31 carpetas iniciadas y 30 sentencias condenatorias; en 2019, 37 carpetas y 45 sentencias (concluyeron algunos casos anteriores); en 2020, 30 casos registrados y 26 sentencias condenatorias; en 2021, 42 carpetas iniciadas y 39 sentencias condenatorias. En lo que va de este año se han iniciado cuatro carpetas.

Con estas cifras es evidente la eficiencia de la fiscalía a la hora de acreditar los delitos para lograr condenas; lo discutible es lo que está ocurriendo en un entorno donde al menos 30 mujeres son asesinadas al año, violentamente por razones de género.

Estamos de acuerdo que ninguna mujer debería sentirse amenazada ni en su casa ni en la escuela; en su trabajo o en los sitios de diversión y esparcimiento. La realidad es que sí lo están.

Y otra realidad lacerante es que, siendo la denuncia una de las herramientas más importantes para prevenir y perseguir este tipo de delitos, la gente no lo hace, básicamente porque no confían en las autoridades.

Fue muy sonado el caso suscitado un par de semanas atrás, de un tuitero de Hermosillo que denunció cómo operan algunos presuntos delincuentes en los antros, drogando a las chicas para llevárselas consigo. La denuncia se quedó en tuiter porque la afectada tiene miedo y su amigo denunciante también.

Miedo y desconfianza, según lo han publicado. Las cifras que presenta la fiscalía deberían inspirar esa confianza de que no hay impunidad, pero el miedo no se quita con eso, porque no se trata de celebrar la gran cantidad de pozos tapados después de que se ahogaron las niñas, sino de evitar que se ahoguen, si se vale la metáfora.

Claro, en esto la sociedad tiene también parte de la responsabilidad, pero como suele suceder en temas como este, cuando la responsabilidad se generaliza, tiende a diluirse.

Es un hecho que nos falta mucho para asumir la cultura de la denuncia como un mecanismo de protección que debería comenzar por la utilización de las líneas 9-1-1 y 089, el Protocolo Salva y el Código Violeta ante casos de violencia familiar y de género, o como diría la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río: “es importante que suba la denuncia para que el delito baje”.

Pero fíjense las malas pasadas que suelen jugarnos los números. Asumiendo que no hay una cultura de denuncia generalizada, nada más en lo que va del año se han reportado al 9-1-1, 369 casos de violencia contra la mujer; mil 072 casos de violencia de pareja, y dos mil 582 casos de violencia familiar.

¿Qué sería si realmente existiera la cultura de la denuncia?

II

Con las alforjas bastante cargadas regresó de la Ciudad de México el gobernador Alfonso Durazo y este viernes a media mañana estará informando sobre diversas gestiones en el altiplano, comenzando por el encuentro con Manuel Bartlett, el director de la CFE en relación con la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, cuyas obras por cierto ya arrancaron.

(Por cierto, el gober le debe a la banda reporteril la prometida gira por aquellos desérticos parajes, misma que no se ha concretado por la austeridad republicana en el área de Comunicación Social, pero tampoco quieren aceptar mi propuesta de que cada quien lleve sus burritos de papa con chorizo, parralitos, una lata de sardinas y así).

La agenda estuvo bastante cargada, reuniéndose con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el secretario de Marina José Rafael Ojeda; con el titular de Banobras Jorge Mendoza Campos y el subsecretario de la SCT, Jorge Nuño Lara, con quien el tema obligado fue el de la carretera Guaymas-Chihuahua.

Firmó un convenio con el titilar de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Salcedo Aquino para modernizar y compartir plataformas tecnológicas que agilicen los procesos de transparencia y rendición de cuentas, un tema que también abordó con doña Claudia Sheinbaum, a quien no descarten ver por acá en los próximos días acordando sobre esos temas, no vayan a creer ustedes que vendría a promover su precandidatura presidencial.

Y ya para cerrar la gira, acompañó al presidente de la República en la celebración del tercer aniversario de la Guardia Nacional, de cuya creación fue artífice cuando ocupó la secretaría de Seguridad Pública federal.

En el evento estuvieron los principales mando de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, y ojalá el gobernador haya pedido refuerzos, porque esa sigue siendo una asignatura pendiente en Sonora.

Pero mejor la dejamos de este tamaño para que mañana el propio gobernador abunde sobre los acuerdos de esta gira.

Por: Arturo Soto Munguía

Voceros de la comunidad jesuita en México le enviaron un fuerte mensaje al presidente de la República a raíz del asesinato artero de dos sacerdotes en Cerocahui, Chihuahua, donde un conocido hampón que mantiene asolada la zona les dio muerte junto a un guía de turistas y también ‘levantó’ a otros dos hombres.

Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos, declaró el sacerdote Javier Ávila durante la misa de despedida de los padres Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales que fueron acribillados a tiros por un enloquecido sicario conocido como ‘El Chueco’. Obispos de 24 regiones del país publicaron un desplegado cuestionando la política de seguridad pública del gobierno federal.

En ese mismo tenor, la comunidad periodística también podría enviar un mensaje en el sentido de que los otros datos ya no alcanzan para cubrir los balazos.

Ayer fue asesinado a tiros el periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz, y junto a él cayeron heridas su esposa y su hija y los últimos informes las reportan con vida.

Con Antonio de la Cruz suman 12 asesinatos de periodistas en lo que va de este año, y a estas alturas, por trágico que parezca, que se encuentre y castigue a los responsables ya parece menos importante que detener la ola de crímenes contra comunicadores en México, que no parece tener fin.

En el caso de los religiosos que exigieron al presidente cambiar su política de seguridad a la que consideraron fallida, éste respondió que ‘algunos’ de ellos “están apergollados por la oligarquía mexicana”.

Previsible en el discurso presidencial, la respuesta pone en la mira a jerarcas de la iglesia que efectivamente han hecho de su ministerio un tianguis de indulgencias para quien puede pagarlas, pero invisibiliza a una mayoría que, como en el caso de los sacerdotes en Cerocahui, llevan su trabajo a los linderos del sacrificio, ayudando a las comunidades más pobres en las condiciones más precarias.

Uno de los sacerdotes asesinados en Cerocahui, Javier Campos, conocido como ‘El padre Gallo’ profesaba su fe desde la opción por los pobres y se declaraba seguidor de monseñor Oscar Arnulfo Romero, salvadoreño, teólogo de la liberación, identificado con los movimientos guerrilleros de Centroamérica en la década de los 70 y 80.

Ni él ni ‘Morita’, como conocían a Joaquín César Mora, caben en la definición presidencial sobre los curas ‘apergollados por la oligarquía mexicana’, pero tal definición le resulta muy conveniente a López Obrador para reforzar su narrativa polarizante.

De acuerdo con datos del Centro Católico Multimodal, en 2019 asesinaron a un sacerdote; en 2021 a tres y este año van otros tres.

En el caso de periodistas, este año van 12 asesinad@s.

Este primero de julio, cuando el presidente celebre el cuarto aniversario del triunfo electoral que lo llevó a cruzarse la banda tricolor al pecho, explicará sus razones de por qué no va a cambiar su política de seguridad.

Muy triste, de verdad.

Y ojo, en el reduccionismo ramplón con que suele reducirse el debate nacional a dos grandes campos en los que solo caben en un lado los buenos (ellos, los del gobierno) y del otro los malos (todos los demás), suele suponerse que cuando se pide cambiar la política de seguridad, también simplificada en la frase ‘abrazos no balazos’, lo que se está pidiendo es que comience la masacre al estilo Felipe Calderón. “Que se dispare desde los helicópteros”, en las palabras del actual presidente.

Y no, no es eso lo que se está pidiendo. Solo que el Estado haga uso de su prerrogativa del monopolio de la violencia legítima para contener al crimen organizado; para detener y enjuiciar a los criminales, para frenar su escalada de violencia que ya suma cientos de miles de asesinatos y un clima de terror del que no se salva casi nadie.

No tiene ni caso (ni alcanza el espacio) para citar los ejemplos cotidianos que configuran un mosaico de estampas de horror: baleados, colgados, decapitados, descuartizados. Hombres, mujeres y niños; profesionales, estudiantes, sacerdotes, periodistas.

Si así es el deseo presidencial, pues también le echamos la culpa a Calderón y al régimen neoliberal, pero eso no alcanza ya para lavar la sangre, enterrar los muertos y curar las heridas. Ni va a alcanzar al menos en los próximos tres años, porque nada hará que el presidente modifique un ápice su idea de cómo abordar este problema.

PD.- Antonio de la Cruz, periodista asesinado en Tamaulipas no cubría, de manera preponderante, asuntos relacionados con el crimen organizado, aunque eventualmente tocaba temas de nota roja. Sus fuentes principales estaban en el sector agropecuario y en asuntos alusivos al medio ambiente.

Mantenía una línea crítica hacia el gobierno estatal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y más condescendiente hacia el gobierno federal.

Pero más allá de las disputas y los alegatos sobre las competencias de los respectivos ámbitos de gobierno, que parecen buscar deslindes anticipados, el hecho cierto es que con Antonio de la Cruz la lista de periodistas asesinados en México tan solo este año suma doce. Y contando…

Por: Arturo Soto Munguía

De seguir las cosas como van, a Alito Moreno no lo van a tumbar los audios que evidencian su pobre catadura moral y política, ni las estrepitosas derrotas electorales. A estas alturas sus detractores dentro del PRI podrían destituirlo argumentando incapacidad mental y aplicarle la que los ecuatorianos le aplicaron allá en 1997 a su presidente Abdalá Bucaram, a quien por cierto apodaban “El Loco”.

No es una exageración. Al dirigente priista lo traen loco a toallazos desde hace rato y quizás en ese estado de febril locura se le ocurrió que era buena idea proponer una reforma legal para reglamentar la portación de armas en el país, de manera que los ciudadanos podamos defendernos de los criminales por propia mano.

Su propuesta ciertamente aborda otros temas ya reglamentados por cierto, pero en esencia, nada más con el primero, está muerta antes de nacer.

Si en condiciones normales la mayoría morenista en la cámara de diputados jamás votaría una reforma que vaya en contra de la política de seguridad planteada por el presidente y que simplificadamente se conoce como ‘de abrazos y no balazos’, en el contexto actual, siendo Alito uno de los principales promotores de la ‘moratoria legislativa’ según la cual la oposición se encuentra en una especie de huelga de brazos caídos y advirtió que no aprobará ni una sola iniciativa enviada desde el sector oficial, la propuesta del campechano es, más que un despropósito, un disparate.

Veamos. Las licencias de portación de armas son expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la primera condición es que éstas sean compradas a la misma Sedena. Pero además, los requisitos para su expedición están diseñados para que muy pocos puedan hacerse de un arma.

El único lugar donde se realiza ese trámite es en el Campo Militar número 1 con sede en Ciudad de México y en caso de autorizarse, el interesado deberá recoger el documento personalmente en la oficina del secretario particular del General Secretario de la Defensa Nacional.

Antes se tiene que llenar una solicitud especial, acreditar un modo honesto de vivir, firmado por el empleador del solicitante, y en caso de que el interesado sea el empleador, la firma debe ser del alcalde del municipio en que resida; cartilla militar liberada, certificado médico de no impedimento físico; certificado médico-psicológico anexando los resultados de los test practicados; carta de no antecedentes penales; certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados, entre otras cosas.

En 2020 se presentaron 215 solicitudes y se autorizaron 130 y en 2021 solo 60. Hasta marzo de este año, se habían autorizado cuatro solicitudes. Por cierto, el catálogo de armas de la Sedena incluye el rifle calibre .22, escopeta calibre 12, revólveres y pistolas semiautomáticas de diferentes calibres.

Este arsenal, desde luego es un mal chiste en un país donde el crimen organizado posee cientos de miles de armas de grueso calibre, fusiles de asalto, granadas y parque a discreción. Nomás en el decomiso que se realizó recientemente en Navojoa se contaron casi un millón de cartuchos útiles.

Pero esa es acaso la parte menos grave del asunto. Las implicaciones sociales que tendría armar a la población nos pondrían en el umbral de una guerra civil sin precedentes, en la tentación (muchas veces justificada por los asesinatos de familiares y amigos; de niños, ancianos y mujeres) de cobrarse ojo por ojo, en los linderos del caos y la multiplicación exponencial de estampas como las que se viven hoy en estados como Michoacán con las ya muy conocidas ‘autodefensas’, que por cierto, cuentan con armas de todo tipo y de misteriosa procedencia.

La propuesta de Alito Moreno es además una locura porque simplemente la sociedad civil no puede tomar en sus manos las facultades y prerrogativas del Estado mexicano, una de ellas fundamental: la seguridad de los ciudadanos.

Que no lo está haciendo bien es un hecho, pero de eso a tomar literalmente el himno nacional y asumir que el cielo le dio a la patria un soldado en cada hijo, hay un enorme trecho.

Algo más: estamos en México, un país donde ni siquiera los cuerpos policiacos estatales y municipales tienen un registro completo de sus armas y las huellas de las mismas (que es algo así como el ADN de cada arma), y donde no todos los elementos pasan los controles de confianza exigidos para su portación, imagínense con una pistola al vecino que suele vapulear a la esposa cada vez que se encabrona, por poner un ejemplo hipotético.

Afortunadamente la propuesta del campechano murió antes de nacer y ni siquiera deberíamos estar discutiéndola. Lo que sí se debería discutir seriamente es si, ante el fracaso institucional para contener la violencia del crimen organizado, los mexicanos merecemos una oposición tan vacía de propuestas, tan perdida en sus onanismos (y enanismos); tan atrapada en su burbuja de incompetencia.

II

En temas locales, ayer no hubo conferencia del gobernador, porque se fue a Ciudad de México a firmar un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcido Aquino, para el empleo de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente el combate a la corrupción.

Esos instrumentos permitirán simplificar los procesos en el ejercicio de gobierno de una forma transparente, dando seguimiento a compras, contratos y obra pública.

Acompañaron a Alfonso Durazo en este evento, el contralor Guillermo Noriega Esparza y el nuevo Oficial Mayor Franco Gerardo Marcello Fabbri.