Por: Arturo Soto Munguía
La euforia de las victorias electorales por parte de cada una de las alianzas que se disputaron ayer seis gubernaturas no deja ver la otra parte verdaderamente grave de la coyuntura: la cultura cívica y la democracia en México están enfermas, débiles, maltrechas.
A menos que en las alianzas se haya adoptado la máxima calderonista que celebra las victorias ‘haigan sido como haigan sido’, no hay mucho que festejar.
Solo en Tamaulipas hubo una participación del 51% del padrón electoral; en el resto no llegó ni a la mitad y hay casos como Oaxaca, donde apenas salió a votar el 37.8 por ciento del padrón electoral, según datos del INE al filo de la media noche.
El desprecio ciudadano por los procesos electorales se traduce a la postre en una escasa legitimidad de los gobiernos. Sigamos con el ejemplo de Oaxaca. Allí el candidato de Morena arrasó a sus adversarios (que fueron a la contienda divididos) con el 60% de los votos. Pero ese porcentaje alude al 37% de los ciudadanos que salieron a votar, por lo que en realidad el nuevo gobernador llegará a Palacio con el 24 por ciento de aprobación ciudadana.
Si se considera que al menos la mitad de esos votos son producto de la coacción, la amenaza, el acarreo y otras bonitas prácticas de mapachería ancestral, tendríamos que el apoyo real de los oaxaqueños hacia su gobernador rondaría el 12 por ciento.
Y eso aplica para todos los estados en los que hubo elecciones. En Aguascalientes, donde ganó la Alianza Va por México la participación fue de 45%; en Durango, donde también ganó esa alianza fue de 49%. En Hidalgo, donde ganó Morena fue de 46%, y en Quintana Roo, donde también ganó Morena fue de 40%.
Más que motivo de celebraciones, esos números deberían ser motivo de preocupaciones en nuestra clase política a menos que, insisto, de lo que se trate sea de ganar ‘haiga sido como haiga sido’.
Si aun así se quisiera hallar al gran vencedor en la jornada de ayer, éste sin duda es Morena. Ganó en Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas. Los tres primeros se los quitó al PRI y el cuarto al PAN. Lo hizo además con ventajas abrumadoras, en algunos casos reduciendo a sus contrincantes a la mínima expresión, como es el caso de Quintana Roo donde el PRI obtuvo el 3.2% de los sufragios, mientras el PAN en alianza con el PRD llegó apenas a 16%.
Si los gobernadores llegarán con poco margen de legitimidad, imagínense las condiciones en que quedará la oposición en esos estados. Prácticamente triturada.
Morena es el gran vencedor además, porque independientemente de la baja participación supo posicionar la narrativa del ‘cambio’, un motor importante en todo proceso electoral, que tiene su contraparte en la ‘continuidad’ que el PAN, PRI y PRD pudieron sostener solo en Durango y Aguascalientes.
Se puede cuestionar el sentido de ese ‘cambio’, como de hecho está sucediendo sobre todo en redes sociales, pero el hecho incontrovertible es que la mayoría de los votantes optaron por la oferta de Morena, que por cierto sacó del baúl de los recuerdos todo el arsenal de prácticas que ayudaron a mantener al PRI por 70 años en la presidencia de la República: proselitismo de funcionarios públicos, compra y coacción de votos, uso clientelar de los programas sociales, condicionamiento de los mismos, y hasta sospechosas relaciones con gente no menos sospechosa.
Mención especial merecen los estados de Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, gobernados por el PRI. En ellos, al igual que sucedió con otros que perdieron el año pasado (Sonora incluido) prevalece la sospecha de que sus gobernadores ‘rindieron la plaza’ con anticipación, convencidos o seducidos con una promesa de impunidad o alguna posición en el gobierno federal.
Si por el otro lado, se tratara de buscar al gran perdedor de la jornada, no sería difícil deducir que fue el PRI. A diferencia del PAN, el tricolor no metió ni las manos en los estados que gobernaba y fue vapuleado lastimosamente. El último bastión que le queda es el Estado de México, donde habrá elección de gobernador el año próximo y los ojos están puestos sobre Alfredo del Mazo.
El PAN dio la pelea en Tamaulipas aunque perdió; en Durango y Aguascalientes, como cabeza de la Alianza Va por México, los panistas pudieron detener el cerco y refrendaron las gubernaturas. El futuro inmediato del PRI, en este contexto, luce desolador e incierto.
II
En ese contexto, en Sonora se está llevando a cabo la campaña interna para elegir a los nuevos dirigentes estatales del tricolor y en un proceso polémico se inscribieron dos fórmulas: una integrada por Zaira Fernández y Pascual Soto; la otra por Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu.
Por lo que se ha podido apreciar a partir de los discursos en cada uno de los bandos, Zaira y Pascual tienen como eje de su campaña la promoción del voto contra lo que consideran una imposición del centro del país. Desde su equipo han dejado crecer la versión de que Onésimo Aguilera es el ‘gallo’ de Alito Moreno y, dada la desastrosa gestión de este último, elegirlo como presidente sería echar la última palada de tierra sobre el PRI en Sonora.
Del otro lado, Onésimo e Iris han sido claros es ubicar a sus adversarios como posiciones de los grupos empresariales que tradicionalmente han incidido en las decisiones del PRI, señaladamente el de Ricardo Mazón Lizárraga. Desde su equipo han dejado crecer la versión de que también representan al grupo de la ex gobernadora Claudia Pavlovich, a quien acusan precisamente de haber entregado la gubernatura a Morena.
Cualquiera que sea el resultado de esta contienda, el PRI puede salir bastante dividido. Por si algo les hacía falta.
III
Miles de hermosillenses volvieron a tomar las calles ayer para exigir justicia por las víctimas del incendio en la Guardería ABC ocurrido hace 13 años.
De acuerdo con la periodista Lourdes Encinas Moreno, autora del libro ‘49 razones para no olvidar’ y quien ha dado uno de los seguimientos más puntuales al caso, de los 22 procesados por estos hechos, 12 fueron exonerados y a 10 se les ratificó responsabilidad penal por homicidio y lesiones culposas. Entre estos últimos se encuentran Sandra Lucía Téllez Nieves, socia y administradora de la guardería, y Antonio Salido Suárez, representante legal, así como otros exfuncionarios del gobierno estatal y del federal.
“En teoría, estos 10 deberían ir a prisión porque no les concedieron beneficio sustitutivo, pero ya andan tramitando nuevos amparos que se supone no deberían pasar, porque ya hubo resolución de la SCJN”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.
Las heridas de aquel trágico 5 de junio siguen abiertas, y por ello el gobernador Alfonso Durazo convocó a los deudos de las víctimas y a los familiares de los que hoy son adolescentes lesionados en el incendio, a sostener una reunión “en la que el gobierno de Sonora hará lo que desde tiempo atrás debió hacer: ofrecerles una disculpa pública y trabajar en conjunto en una agenda que construya la justicia que tanto han buscado sin resultados”.
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Como trágica coincidencia y por si algo le faltara a Guaymas, ayer volcó una lancha en la que se prestaban servicios turísticos, pero que excedió la cuota de pasaje al ser abordada por más de 15 personas, varios de ellos integrantes de una familia procedente de Nogales.
El saldo fue de ocho personas muertas, entre ellos un bebé, y once rescatados con vida.
