Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía
La recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo al ayuntamiento de Hermosillo para que resolviera sobre el caso de los jubilados y pensionados que mantienen un plantón en las afueras del Palacio Municipal le fue encomendada al avezado jurista Jorge Romero.

El abogado acredita no solamente una larga carrera en la defensa de los derechos humanos, sino sobrada capacidad en las áreas de su competencia. Pero además sumaba otro punto a favor. Por tratarse de un experimentado abogado de la tercera edad, su identificación con las causas de los manifestantes lo hizo pulirse en la elaboración de tal recomendación, que puso contra las cuerdas al alcalde Antonio Astiazarán.

En la CEDH celebraron por todo lo alto la pulcritud de la recomendación y eso le permitió al recién estrenado ombudsman de Sonora, Luis Fernando Rentería Barragán su primer éxito al frente de la Comisión.

¿Y saben cuál fue el premio para el veterano autor de la ya famosa recomendación?

Lo despidieron.

Así como lo lee, añeja lectora, pregeriátrico lector. El joven Rentería Barragán llegó con la espada desenvainada y no dejó títere con cabeza en la CEDH. Desde que comenzó su función como presidente del organismo defensor de los derechos humanos hace unos 50 días y bajo el argumento de un plan de reorganización, lleva más de 20 despidos entre los que se cuentan visitadores generales, adjuntos, directores generales y cargó incluso con la recepcionista, sustituyéndolos con personal afín a su persona.

Hay por lo menos estupefacción entre el personal de la CEDH, donde sabían que la nueva presidencia haría los naturales cambios propios de una nueva administración, pero no imaginaban las dimensiones, mucho menos las formas, ya que al personal despedido les están negando el legítimo derecho a una liquidación justa, lo que de entrada aparece como un contrasentido, sobre todo considerando la reciente recomendación a favor de jubilados y pensionados del ayuntamiento.

Pues al parecer el joven y muy preparado abogado llegó como candil de la calle y oscuridad de su casa.

Pero eso no es todo. Si lo que se pretende con esos despidos es ahorrar recursos, lo que se viene para la CEDH podría derivar en un problema de liquidez más serio, pues de 2010 a la fecha el organismo ha perdido unos ochenta juicios laborales, que suman una cifra cercana a los 80 millones de pesos, y todavía no se sabe el monto de los litigios que vienen tras los nuevos despidos.

Nomás falta que el personal despedido de la CEDH se vaya a sumar al plantón de los jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo, incluyendo al señor Jorge Romero, autor de la recomendación a favor de los manifestantes.

Qué cosas…

II

Ya les he comentado aquí en alguna ocasión, la respuesta que me dio el entonces procurador Abel Murrieta -cuyo artero asesinato cumplirá el 13 de mayo su primer aniversario y sin noticias sobre los responsables-, cuando le cuestioné sobre el baño de sangre ocurrido en la persecución y muerte de al menos una docena de presuntos sicarios en la sierra sonorense a manos de sus agentes policiacos.

Yo no me preocuparía por eso, dijo. Me preocuparía en todo caso, cuando los policías huyan en esos enfrentamientos, agregó, lacónico.

Pues bien, al parecer ese momento ha llegado.

Ayer, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, superados en número y poder de fuego por un grupo criminal que opera en el desierto de Altar, abandonaron las patrullas oficiales y pusieron pies en polvorosa para salvar sus vidas.

Esto no solo fue una terrible falta de respeto a las instituciones, sino un hecho que dimensiona el poder del crimen organizado, que por cierto al iniciar la semana pasado acribilló a un agente de la misma corporación en Ciudad Obregón, matándolo instantáneamente.

Los hechos, de acuerdo con la información de la secretaría de Seguridad Pública se suscitaron después de un operativo en el que se aseguró a tres personas involucradas con actividades ilícitas y a quienes se les incautó armamento de alto poder, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.

Al trasladar a los presuntos, el grupo criminal al que pertenecen se enfrentó a los policías en las inmediaciones de Altar, despojándolos de cuatro unidades.

En una rápida respuesta, personal de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal impidieron que algún agente resultara lesionado, pero tuvieron que trasladar a los detenidos en un helicóptero de la Guardia Nacional poniéndolos a disposición de la FGR para los trámites correspondientes.

El episodio sin embargo, queda allí para documentar el estado de cosas en materia de seguridad pública en el estado. Y no es consuelo saber que en otras entidades, la situación es peor.

III

Puedo estar equivocado, pero mi memoria reporteril no registra la participación de un gobernador (o gobernadora) marchando codo a codo con las representaciones obreras en la conmemoración del Primero de Mayo.

Ayer, Alfonso Durazo marchó a ras de tierra con los dirigentes de diversos sindicatos y contingentes que oficialmente se calcularon en 35 mil participantes. Allí estaban lo mismo la CTM que los burócratas y los universitarios; el magisterio, transportistas, maquiladores…

Todos ellos enarbolando demandas históricas y de coyuntura, destacando entre ellas las relacionadas con los servicios de salud, un tema que está haciendo crisis y que el gobernador recogió con presteza detallando que ya se trabaja en el rescate del Isssteson, llamando a los sindicatos a participar en la reforma a la Ley 38 que rige a esa institución.

Particularmente la CTM ha insistido mucho en los últimos años sobre las deficiencias y carencias en el IMSS: falta de médicos y medicamentos, señaladamente.

Al respecto el gobernador reiteró que buscará solventar esos requerimientos, sobre todo el de médicos especialistas, y dignificar los servicios de salud para los trabajadores en diversas áreas, así como atender la solicitud de Centros de Educación Infantil.

La marcha de ayer retoma la tradicional manifestación obrera que interrumpió la pandemia de Covid19 durante dos años y en las que se suele tomar el pulso de las relaciones obrero-patronales, pero también con los gobiernos en turno que, en este caso, pasó holgadamente esa prueba.

Por: Arturo Soto Munguía.

La suerte de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República está echada, su destino escrito: será ‘bateada’ en la cámara de diputados; él lo sabe y parece, como en el caso de la reforma eléctrica, no importarle tanto.

Esta reforma, como la eléctrica y la que viene sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena habrían pasado sin mayor trámite en la pasada legislatura cuando Morena y sus aliados -incluyendo a perredistas, petistas, pesistas y verdes que se sumaron a su bancada-, tenían la mayoría calificada que les habría abierto brecha holgadamente.

En la segunda mitad de su mandato y pese a mantener altos niveles de popularidad el presidente sabe que la fuerza del tsunami 2018 ha disminuido considerablemente; quizás no para poner en riesgo la continuidad de su proyecto en 2024, pero sí para menguar lo que fue un movimiento arrasador.

Los resultados electorales de 2021 -especialmente las derrotas en Ciudad de México, el desaire a la consulta de revocación de mandato y el efecto unificador que en la oposición ha provocado su idea de que el país puede funcionar sin ellos-, más el desgaste natural de todo ejercicio de gobierno han mandado señales en ese sentido.

Aunque la reforma propuesta contiene temas que deberían ser de obligada discusión en la cámara y sobre los que se tiene que legislar tarde o temprano, como el financiamiento a los partidos políticos, la eliminación de plurinominales; la sustitución del INE y la desaparición de los organismos electorales locales, la escalada de confrontación entre el gobierno y los partidos opositores ahuyentan cualquier posibilidad de que siquiera se discuta.

Así, más que un interés legítimo por modernizar el marco legal electoral, la reforma terminará convertida en otra bandera para ondear en todos los frentes de las batallas electorales que vienen, reforzando la narrativa que ha distinguido al actual gobierno federal, ahora relanzada como un choque entre patriotas y traidores a la patria.

La iniciativa parece diseñada justamente para ello. ¿Quién que no ame a México estaría en contra de reducir sustancialmente el financiamiento a esa cueva de ladrones que son los partidos políticos? ¿Quién en contra de eliminar a esos flojonazos y gastalones diputados plurinominales? ¿Quién, que se precie de demócrata podría estar en contra de que consejeros y magistrados electorales sean electos en las urnas por el voto popular?

En la lógica del reduccionismo que suele alimentar la narrativa oficial, nadie. O mejor dicho, solo los traidores a la patria, los que quieren mantener sus privilegios y los que no quieren dejar atrás la larga historia de los fraudes electorales.

Pero el diablo está en los detalles. El debilitamiento financiero de los partidos políticos, señaladamente los que no están en el gobierno y no disponen del aparato de Estado para trampear el presupuesto e incidir en los procesos electorales, le conviene obviamente al partido en el poder.

Eliminar a los plurinominales borraría de un plumazo la representación de las minorías ayudando a imponer la visión hegemónica del partido en el gobierno. Cierto que los ‘pluris’ se han ganado una proverbial mala fama, pero eso tiene que ver más con la perversión de los procesos internos en los partidos para designarlos bajo criterios mafiosos de sus corrientes más empoderadas, y no con el principio de llevar a la Cámara a los hombres y mujeres más comprometidos y más calificados en la cosa pública.

En las actuales circunstancias, elegir a consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular, bajo el criterio de propuestas emanadas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial terminaría, dada la composición de esos poderes, enviando a las urnas al menos a un 80 por ciento de personajes identificados con el oficialismo. El INE y el TEPJF serían fácilmente copados por afines al gobierno en turno.

Todos esos temas y el resto de los que componen la iniciativa propuesta tendrían que ser discutidos, analizados, negociados en un debate amplio y documentado para alcanzar acuerdos que se traduzcan en el fortalecimiento de la legislación electoral.

Pero ni el gobierno tiene intención de ceder en sus propuestas, ni la oposición de aprobarlas tal como fueron presentadas. Por el contrario, el gobierno necesita esa nueva bandera para arreciar su campaña contra la oposición, y a ésta le urge un nuevo episodio para probar que el gobierno y su partido ya están ‘tocados’ y en el camino de una nueva derrota en la cámara.

Así, el asunto va para largo.

II

Después de una larga jornada de negociación con autoridades del INEA, el sindicato de trabajadores de esa institución, adheridos al Instituto Sonorense de Educación para los Adultos decidió prorrogar el estallamiento de la huelga programada para este viernes a las diez de la mañana.

La dirigente de ese sindicato en Sonora, Carmen Alicia Ordiales Montes informó que tomaron la decisión de emplazar la huelga para el 31 de mayo, haciéndola coincidir con el emplazamiento que a nivel nacional tienen por revisión salarial.

Durante la mesa de negociación de ayer se logró avanzar en un par de puntos del pliego petitorio que mantienen los trabajadores del ISEA, pero la mayoría de las demandas quedan pendientes.

Explicó que las condiciones laborales de los trabajadores se han visto afectadas por la nueva administración que encabeza María Engracia Carrasco Valenzuela, quien llegó replicando el discurso anticorrupción de la 4T, pero hasta el momento no ha comprobado un solo caso, ni ha abierto expedientes para probar sus dichos. Más aún, a varias personas que ocupan cargos de dirección desde la pasada administración y que fueron señalados como presuntos corruptos, los mantiene en sus cargos.

La dirigente sindical precisó que existen varias violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo relacionadas con el pago de prestaciones, puntualidad mensual, anual y semestral para técnicos docentes (a quienes se les adeuda el pago de algunos meses del año pasado) y notas buenas de trabajadores cumplidos.

Esos técnicos docentes, que son quienes realizan el trabajo de campo, han tenido que ‘poner de su bolsa’ para realizar su trabajo porque no les dan ni para la gasolina. En el único punto que se avanzó es en el de ocupación de plazas, y el acuerdo consiste en que solo serían ocupadas las vacantes por fallecimiento. Los procesos de escalafón se encuentran detenidos desde marzo de 2020.

El ambiente laboral en el ISEA, además, se ha enrarecido por actitudes hostiles en las que han menudeado las amenazas de despidos bajo el argumento de las autoridades, de que una parte del personal que tienen años trabajando en la institución, mantienen prácticas de corrupción que, sin embargo no han sido comprobadas.

El ISEA tiene una plantilla laboral de 187 trabajadores y trabajadoras.

El emplazamiento a huelga queda pendiente para el 31 de mayo.

Por: Arturo Soto Munguía

Era cuestión de tiempo. Ayer, un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego contra jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato que viajaban en un vehículo y que al parecer desobedecieron la orden de parar su marcha cuando les marcaron el alto.

Los hechos, en Irapuato la tarde de ayer. Un joven murió de un balazo en la cabeza y una muchacha se encuentra delicada, herida en el hombro.

No son las primeras víctimas civiles de la Guardia Nacional. El 8 de septiembre de 2020, un matrimonio de agricultores regresaba de una manifestación contra el trasvase de agua de la presa La Boquilla, en Chihuahua hacia Estados Unidos como parte de un acuerdo binacional firmado en 1944 pero que generó conflictos con agricultores del vecino estado.

La pareja fue balaceada por agentes de la Guardia Nacional. El hombre murió en el acto y la mujer no sobrevivió a las heridas después de ser trasladada a un hospital.

Aunque hubo seis agentes detenidos por estos hechos, sobre los mismos prevalecen muchas dudas. En el caso de los estudiantes de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue condenó lo que a su juicio fue un uso desproporcionado de la fuerza y esto pone sobre la mesa -otra vez- el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Se sabe que la Guardia Nacional está integrada en más del 90 por ciento por elementos del ejército cuya formación no necesariamente es compatible con las tareas que usualmente llevan a cabo las corporaciones policiacas, y el asesinato del joven guanajuatense seguramente encenderá de nueva cuenta el debate sobre la militarización de las tareas de seguridad pública.

Un debate que llega en el momento menos oportuno para Andrés Manuel López Obrador –que como candidato prometió regresar el ejército a los cuarteles, pero como presidente le ha conferido las más disímbolas tareas, desde empresarios hasta albañiles- que se apresta a mandar al Congreso una iniciativa de ley para adherir la Guardia Nacional a la Sedena, lo que seguramente será rechazado por la oposición, que ya descubrió en la rechazada reforma eléctrica, el peso de la unidad legislativa para enfrentar las puntas más agudas del presidencialismo a ultranza.

El tema tiene mucho de fondo y es un asunto eminentemente político. Que los militares, así sea bajo el uniforme de la Guardia Nacional comiencen a disparar sobre civiles es tanto como empezar a caminar por la delgada línea de un gobierno democrático y uno que opte por las salidas violentas, rebasando lo que hasta hoy son simbolismos que aparecen en forma de vallas metálicas, gases lacrimógenos, toletes, antimotines y demás parafernalia represiva en las movilizaciones sociales y en medio de un ambiente de tensiones y confrontación política.

Aguas con eso, en estos días en que la Guardia Nacional se ha convertido en la primera línea de contención de movimientos sociales, ya en el plano de las luchas sociales urbano-populares, ya en el combate a la delincuencia, ya en las tareas de policías, ya como valladar del flujo migratorio.

No han sido pocas las imágenes en que al calor de estas movilizaciones, los agentes son agredidos, humillados, escupidos por gente protestando en pueblos y ciudades. Y los militares, aunque solo obedecen órdenes de sus superiores, tienen el dedo muy cerca del gatillo. Aguas.

II

En asuntos más amables, arrancó ayer en Sonora el programa insignia del gobierno federal, ‘Sembrando vida’ que dejará este año una derrama económica de casi cien millones de pesos en ocho municipios a través del pago de cinco mil pesos mensuales para mil 600 personas que se inscriban en este programa.

Para el arranque estuvo en Hermosillo el subsecretario de inclusión productiva y desarrollo social de la Secretaría del Bienestar, Hugo Raúl Paulín, en un evento donde el gobernador Alfonso Durazo esbozó propuestas interesantes para agregarle valor al trabajo de hombres y mujeres de los municipios donde comenzará el programa.

La idea es sembrar árboles frutales que en el mediano plazo permitan mediante la gestión de cooperativas comercializar y procesar las cosechas, generando cadenas productivas que serían de gran provecho para esas poblaciones donde resulta complicado encontrar fuentes de empleo. Otro de los cultivos a considerar es el de agave para producir bacanora, el destilado que ha dado fama y gloria a Sonora.

Y es que entre los municipios-objetivo de este programa se encuentran varios cuya vocación productiva tiene que ver históricamente con el destilado de esta bebida, como Bacanora, Arivechi, Ónavas, Rosario, San Javier y Yécora.

También propuso que el programa privilegie la reforestación de las márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y Sonora, aprovechando las condiciones propicias para sembrar allí frutales y maderables.

La forestal lectora, el malpensado lector sacarán cuentas inmediatamente y percibirán que esa derrama inicial de cien millones de pesos anuales podría tener un fin electoral justamente en municipios que no por pequeños son menos importantes y donde Morena no ha tenido el éxito deseado. Pero esas son meras especulaciones grilleriles, ¿verdad?

De lo que sí hay que estar pendientes es que esos recursos se apliquen bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas que hasta el momento no han aparecido en otros estados donde ya opera, y donde la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones por cientos de millones de pesos.

III

Y ya que andamos por terrenos de la generación de empleos, el combate al ocio y la añoranza por la nómina, vayan la desempleada lectora, el subempleado lector desempolvando sus currículums porque el Congreso del Estado ya lanzó un par de convocatorias que los podrían sacar de la angustia del piojo y la incertidumbre de los ingresos esporádicos y aleatorios, con el agregado de que por fin la patria les reconocería su ‘expertise’ a favor de las mejores causas.

La primera de ellas es para que presenten ante el Congreso las propuestas de hombres y mujeres para ocupar un cargo como integrantes del Comité Técnico Asesor del Parlamento Abierto, o bien se autopropongan si consideran que cumplen con los requisitos indispensables.

El parlamento abierto es una figura de participación ciudadana aprobada en esta legislatura a propuesta de la diputada Natalia Rivera y en resumidas cuentas se trata de un espacio para la discusión y socialización de las iniciativas de reformas legales de mayor impacto en la comunidad.

Si entre la lectoría de esta su columna favorita hay alguien interesado(a), pueden consultar las bases de la convocatoria en el sitio web del Congreso del Estado o bien acudiendo físicamente a la Oficialía de Partes en el edificio del Poder Legislativo. Pero píquenle porque solo tienen cuatro semanas para hacerlo.

La segunda convocatoria es para elegir a quien habrá de ocupar el cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, que dejó vacante Jesús Ramón Moya Grijalva hace algunas semanas.

La convocatoria puede ser consultada en el mismo sitio www.congresoson.gob.mx así que ya saben: chamba hay, lo que se necesita es acreditar los requisitos y haber cruzado sin mancharse, el pantano de la abnegación por las mejores causas y la obcecada e irreductible vocación por el servicio público.