Por: Bulmaro Pacheco
Los “diputados de partido” se crearon en 1963 para darle espacios a los partidos de oposición que llevaban varios años participando en las elecciones y no lograban representación en las Cámaras.
El PAN fundado en 1939 había ganado algunos distritos de mayoría: 4 en 1946 y 1949; 5 y 6 en 1952 y 1955; 6 y 5 en 1958 y 1961, hasta que subió a 18 (Ya con los de partido) en 1964, cuando logró el 11.5% de la votación nacional. El blanquiazul había empezado a ganar también ayuntamientos desde 1946 en Michoacán, Jalisco, Durango y Chiapas.
Además, alcanzaron diputados federales los partidos, Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
El requisito para obtener “diputados de partido” en 1964 era lograr el 2.5% del total de los votos con derecho a 5 diputados y uno más por cada 0.5% adicional. En 1972 se redujo el porcentaje del 2.5% al 1.5% y ni así se lograba “cuajar una estructura auténticamente pluripartidista” que era el objetivo de la primera reforma impulsada por el PRI.
Cuando México contaba con 65 millones de habitantes, en diciembre de 1977 se reformó el artículo 52 de la Constitución que amplió a 400 diputados la integración de la Cámara. 300 de ellos serían elegidos a través del sistema de mayoría relativa y 100 mediante el sistema de “representación proporcional”. En 1986 se modificó de 100 a 200 la representación proporcional, con lo que se estableció un espacio más amplio para las oposiciones en la Cámara de Diputados.
El Senado se reformó para incluir la senaduría de primera minoría en 1993 y para los senadores de lista o de partido (plurinominales) en 1996.
Es decir, lograban un espacio en el Senado los mejores perdedores en la elección (32) y los que los partidos lograban enlistar (32) de acuerdo a su porcentaje de votación (casi siempre una curul por cada 3% de la votación), con lo que se quebró el principio de igualdad de los estados, la representación auténtica del federalismo, porque los senadores de lista no representaban -ni representan- a los estados, sino a los partidos.
Con el tiempo, el debate sobre los “pluris” evolucionó cuando los partidos tuvieron financiamiento para sus actividades, lo que los ponía con piso parejo en la competencia desde 1997 -con una autoridad electoral autónoma- y cuando las oposiciones lograron la mayoría en la Cámara de Diputados.
Mucho antes dice la propuesta presidencial, el debate de 10 años a la fecha se ha centrado en proponer eliminar 100 diputados “pluris” y también los 32 senadores de lista porque carecen de representación federalista, lo que es correcto. Al haber piso parejo e igualdad de representación ni 100 de las 200 pluris ni las 32 senadurías de lista tienen ya sentido. Deberían borrarlas del mapa.
Las izquierdas fueron las principales promotoras -y beneficiarias- de la representación proporcional. Hay personas que han logrado ocupar curules en más de tres o cuatro ocasiones sin hacer campaña.
Ahora el Presidente López Obrador propone la desaparición de los “pluris”. No se sabe si todas o una parte ¿Logrará convencer a sus aliados?, ¿Qué irán a decir algunos de sus cercanos que han brincado de partido en partido ocupando “pluris”? Habrá que esperar el contenido de la reforma y la reacción de las oposiciones. El debate sacará chispas. Las pluris que en un tiempo ayudaron -y ayudan- a la gobernanza, ahora son cuestionadas hasta por sus propios promotores.
AMLO sabe que se trata de una bandera política que le puede redituar bonos con las clases medias y la enarbola, aunque sus clientelas cercanas no compartan la idea y que seguramente tendrán mucho que decir.
Da pena ver a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, advertir (y amenazar) a los mexicanos de que si desean que sigan las becas, el gasto social a los adultos mayores y los subsidios a diferentes grupos sociales, voten favor de que el presidente de México se quede en el cargo el próximo 10 de abril en la revocación de mandato.
Delgado y sus asociados tienen pánico de que la próxima consulta sea desdeñada por la gente como lo fue la del juicio a los expresidentes, que solo motivó al 8% de los inscritos en la lista nacional de electores. Ahora requieren el 40% de participación para que el evento promovido por ellos mismos surta efectos y al parecer no les salen las cuentas. Algo están viendo los de Morena que no les cuadra, quizá demasiado rechazo.
Pena ajena causan también los activistas pagados por el poder público llamados “Siervos de la nación”, que de casa en casa entrevistan a la gente para preguntar si van a votar o no el próximo 10 de abril para que el presidente de México se quede en el poder, y así sigan los grandes cambios (sic) impulsados por la autodenominada “cuarta transformación”.
¿Ignoran los dirigentes y promotores de la revocación de mandato que el presidente López Obrador fue elegido para que concluya su mandato el próximo 30 de septiembre del 2024, tal y como lo establece el artículo 83 de la Constitución mexicana? No, no lo ignoran. Y ante la ausencia de logros concretos en el gobierno han intensificado trabajos políticos con el fin de sacar adelante la revocación de mandato y cuidar que la imagen presidencial no sufra desgaste ante tanta crítica y tanto problema sin resolver. Además les servirá de ensayo para lo que viene en el 2024.
El actual proceso de revocación de mandato establecido desde el 2019 en el artículo 35 de la Constitución ha sido organizado, promovido y publicitado principalmente por el Gobierno y su partido Morena. Se ha promovido la recolección de las firmas requeridas (3% de los inscritos en la lista nominal de electores en por lo menos 17 entidades federativas) y a los gobernadores de Morena les fijaron su respectiva cuota, aun cuando establece la fracción 7 de dicho artículo: “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”. Pero ahí están los espectaculares, las marchas con acarreos y con recursos públicos al más viejo estilo, las entrevistas y las giras de trabajo que no han parado por parte de los servidores públicos, para hacerle promoción al evento del próximo 10 de abril.
El artículo 35 establece el derecho ciudadano de votar y ser votado. En un ejercicio de libertad, el ciudadano deberá decidir si votará o no. Se requerirá la votación del 40% de los inscritos en la lista nacional de electores, equivalente a 37 millones, para que el ejercicio sea vinculante, es decir, que surta efectos.
Habrá quienes no vayamos a votar, pero que vote el que quiera sin dejar de registrar que el debate sobre el 2024 ya está aquí y el tema de la revocación de mandato -aunque no es retroactivo- por interés oficial, lo han convertido en la primera instancia para medir la verdadera fuerza político electoral del Presidente y su partido después del 2021, de tanto problema y de tanto desgaste… Algo están viendo que ya no les cuadran las cuentas triunfalistas que hasta hace muy poco tenían. Algo ven.
