Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía
Se tomaron muy en serio las y los diputados el tema de la legislación con perspectiva de género y ayer dictaminaron sendas reformas que vendrán a resolver asuntos que realmente tocan y lastiman la vida cotidiana sobre todo de las mujeres.

De entrada se aprobó reformar el artículo 24 del Código de familia, que parece haber sido redactado en el medioevo, ya que impedía a las mujeres divorciadas volver a casarse en un plazo no menor de 300 días, o someterse a una prueba de embarazo, esto último con la finalidad de saber con certeza la paternidad del bebé en gestación, en caso de que el resultado fuera positivo.

Esta fue una propuesta de la diputada Elly Sallard, del PRI, quien calificó la legislación derogada como una norma totalmente discriminatoria para las mujeres (los hombres pueden casarse cinco minutos después de haber firmado el divorcio), vulnera los derechos de igualdad de las mujeres, su dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, pero además es violatoria de tratados internacionales en la materia.

La iniciativa, expuso, surgió de sus recorridos en campaña durante el proceso electoral del año pasado, cuando varias mujeres le plantearon el drama que representa un divorcio cuando la pareja es uno de los típicos machos que todavía actúan bajo la premisa de que ‘si no eres mía no eres de nadie’; que albergan dudas sobre la paternidad de algún hijo y que hasta llegan al hostigamiento y la violencia.

En ese mismo tenor, la diputada Alejandra López Noriega, del PAN, presentó una iniciativa de ley que busca proteger al cónyuge que, habiéndose dedicado a las tareas del hogar y encontrándose en situación de desigualdad, usualmente queda en el desamparo en caso de divorcio.

También se trata de una reforma al Código de familia para proteger al cónyuge (generalmente la cónyuge) que realiza tareas no remuneradas y a quienes la legislación actual deja en el desamparo en caso de divorcio, si no adquirió bienes o no desarrolló una carrera profesional por dedicarse al hogar.

Por último, el diputado Jacobo Mendoza, de Morena, presentó una iniciativa a favor de la adopción post-mortem, esto es, un mecanismo que garantiza el derecho de adopción aun cuando los padres adoptivos hayan fallecido en el proceso.

La propuesta va en el sentido de que si en el proceso de adopción fallece uno de los cónyuges adoptivos, el otro puede continuar el proceso; o si fallecen ambos, los abuelos pueden seguir el procedimiento siempre y cuando así sea su voluntad y se hayan creado entre ellos lazos afectivos de carácter filial.

La iniciativa también protege a todos aquellos menores que se encuentren sujetos a un juicio de adopción y cumplan la mayoría de edad durante el proceso. En esos casos el juicio debe continuar y la sentencia surtir efecto como si se tratara de un menor de edad.

Son iniciativas que sin duda van orientadas a proteger a las personas más vulnerables, especialmente las mujeres, por lo que probablemente también causen escozor entre la población masculina, señaladamente en aquellos que siguen viviendo en el México decimonónico y creen que aún está vigente el derecho de pernada y otras prácticas históricas de abuso y servidumbre sexual y económica.

Pero si creen que esto para aquí, permítanme decirles que no. Muy pronto habrá de presentarse una iniciativa que sacará aún más chispas entre el machirulismo rapaz, solo que no estoy en condiciones de darles más detalles. Pero aquí se van a enterar en los próximos días sobre este tema.

Y ya que andamos por rumbos del Congreso del Estado, los y las legisladoras enviaron un exhorto al gobernador del estado para que se ponga las pilas en la resolución del conflicto con los concesionarios a quienes se les requisaron los títulos y que desde hace varias semanas mantienen un ruidoso plantón exigiendo se les indemnice conforme a lo que ellos consideran justo (un millón y medio de pesos), aunque el gobierno ya abrió una ventanilla para pagar a razón de medio millón de pesos por concesión requisada.

La bronca, obviamente le va a caer al gobernador Alfonso Durazo (por si le faltara alguna) y en muy buena medida eso deriva del deficiente trabajo que ha realizado en la Dirección del Transporte su titular Lirio del Castillo, que nomás no encuentra la punta de la hebra a la enredada madeja de este conflicto.

Lirio del Castillo, quien solicitó licencia para separarse de su cargo como diputada local (llegó como plurinominal del Partido Verde) y prefirió asumir las riendas de aquella dependencia estatal, ahorita debe estar dándose de topes contra las paredes, porque eso de echarle problemas encima al gobernador en lugar de quitárselos no suele ser lo más recomendable.

Lo paradójico del caso es que fue Claudia Zulema Bours, su ex compañera de bancada verde (aunque ésta sí electa por el voto popular) quien presentó el exhorto de marras, en el que se admite estar al tanto de las negociaciones entre las partes en conflicto, sin embargo no se ha logrado resolver.

Esto debería servir para que la señora Del Castillo pusiera más de su parte para destrabar el conflicto, pero me dicen que no suda ni se acongoja mucho y ahorita anda más ocupada en una consulta popular para modificar rutas del transporte en Hermosillo. Su despreocupación, me dicen, obedece a que se siente muy respaldada por un padrino cuya identidad no me quisieron revelar, pero está fuera de la esfera gubernamental. Eso dicen.

Por: Arturo Soto Munguía
La afiliación de Lilly Téllez al PAN y su intención manifiesta de abanderar a la oposición como su candidata a la presidencia de la República ha hecho reverdecer esperanzas en esa oposición tan huérfana de liderazgos.

Creo, desde esta humilde tribuna, que representa todo lo contrario a esas expectativas. La ex conductora de televisión encarna precisamente todo aquello que alimenta y refuerza la narrativa que mejor le ha funcionado al presidente y al aparato de Estado para ganar la agenda, conquistar audiencias, acendrar la polarización en la que AMLO se mueve como pez en el agua.

Lilly Téllez representa la traición, la incongruencia, el oportunismo, el berrinche y la ausencia de propuestas (¿conocen alguna iniciativa que haya presentado como senadora?).

Sin duda su discurso está plagado de los clichés y lugares comunes que suelen contraponer a los clichés y los lugares comunes oficiales, pero eso no lleva a ningún lado.

Habla y dice lo que quiere oír el sector que odia al presidente, endulzando sus oídos, pero al mismo tiempo se coloca en el pecho una diana donde caben todas las flechas de los tiradores oficiales: fifí, neoliberal, ultraderechista, conservadora, machuchona…

Sería, creo, la candidata ideal. Para López Obrador.

II

Son varias cosas, además de la insuficiencia presupuestal, las que mantienen trabadas las negociaciones entre jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo y la parte patronal que en este caso es el propio Ayuntamiento.

Una de ellas es un convenio firmado entre el sindicato y la contraloría municipal donde se establece que las prerrogativas reclamadas por los inconformes (vales de despensa, apoyos funerarios, de salud y para el pago de luz eléctrica, básicamente) “únicamente podrán ser aplicadas en beneficio de los trabajadores que durante la vigencia del mismo se encuentren prestando sus servicios al referido ayuntamiento, mas no en favor de aquellos que han tenido un cambio de situación jurídica, entendiéndose por tales a aquellas personas que han pasado de ser trabajadores en activo (relación laboral) a formar parte de la lista de jubilados o pensionados de la institución de seguridad social que corresponde (relación administrativa.)”.

Esta cláusula es de alguna manera el origen del conflicto y aunque se han trabajado algunas alternativas para apoyar a jubilados y pensionados con menores ingresos, el asunto se ha complicado porque en el grupo de inconformes hay personas que ganan hasta 182 mil pesos y que bien podrían prescindir de otros apoyos.

Si bien son los menos (20), hay otro grupo que gana 50 mil pesos (28); uno más amplio que gana 35 mil pesos (111) y otro más formado por 298 personas con ingresos de 25 mil pesos.

El grupo más amplio es el que percibe ingresos por 15 mil pesos, integrado por 399 jubilados y pensionados, mientras que aquellos que ganan 7 mil pesos suman 227 y los que ganan 3 mil pesos son solo 40.

En las negociaciones de este conflicto ya hay avances para regresar algunos apoyos -independientemente del convenio que los excluye-, a las personas de menores ingresos (rango entre los 3 mil y 7 mil pesos) y se valora la posibilidad de ampliarlo a quienes obtienen 15 mil pesos, pero el tema ya derivó por el camino de la política partidista y eso entorpece las negociaciones.

Ayer en la manifestación que realizaron en palacio municipal se hicieron presentes el diputado del PT, Sebastián Orduño y el dirigente estatal de ese partido, Ramón Flores para apoyar a los integrantes del Movimiento 30 de julio, como se conoce a la agrupación de jubilados y pensionados.

Una agrupación que ya buscó la intervención del gobernador del estado, Alfonso Durazo, que por cierto se ha mantenido al margen; consiguió una recomendación de la CEDH y ahora llevó el tema al Congreso del Estado, donde estos temas suelen convertirse en moneda de cambio o instrumentos de presión política entre los partidos allí representados.

La capital del estado, como se sabe concentra casi un tercio de la población del estado (y por consiguiente de la lista nominal electoral); constituyó para Morena y sus aliados la derrota más dolorosa en el proceso de 2021 y obviamente su proyección es conquistar esta plaza por primera vez en 2024.

Es desde luego, una lucha legítima considerando que los partidos políticos tienen como divisa principal la conquista del gobierno, pero si en ese lance aprovechan un movimiento que surgió con demandas muy específicas, cabe la posibilidad de que esas demandas se inscriban en una plataforma partidista a la que eventualmente sean ajenos y en determinado momento sean utilizados solo como instrumento de golpeteo político, restándole legitimidad al movimiento.

Se entiende que en su afán por conseguir sus demandas, jubilados y pensionados abran la puerta a la partidización del conflicto, pero también es previsible que eso entorpezca aún más las negociaciones, como ha ocurrido en otros casos. Veremos qué pasa.

III

Ayer hubo elecciones extraordinarias en siete municipios de Oaxaca y cuatro de Veracruz. A Morena le fue muy mal en ambos casos.

No es una muestra representativa o que marque tendencias rumbo a las elecciones estatales del próximo 5 de junio en seis entidades, pero los resultados debieron prender alguna luz de alerta en el partido oficial que, pese a los saldos no del todo favorables obtenidos en 2021 cuando perdieron la mitad de la ciudad de México, han venido construyendo una narrativa de invencibilidad, que al menos ayer rodó por el suelo desde lo local.

En Oaxaca, donde habrá elecciones de gobernador en junio, perdieron seis de las siete alcaldías en disputa. El PVEM, que fue solo, ganó en cuatro; la alianza PRI-PAN-PRD-PANAL ganó una y la alianza PAN-PANAL ganó la otra.

En Veracruz mientras tanto, de las cuatro presidencias municipales que estaban en juego, Morena en alianza con el PT ganó solo una; el PT ganó una, el PRD otra y el partido de nueva creación ‘Podemos’ ganó la cuarta.

Se trata de municipios pequeños, ciertamente, pero a Morena le habría servido mucho ganarlas para reforzar su narrativa triunfalista, sobre todo en vísperas de la revocación de mandato. Porque independientemente de la dimensión de estos triunfos de la oposición, el mensaje que se manda es que la gente desdeñó las opciones de Morena.

En el plano nacional, esos pequeños municipios son una insignificancia en términos de votos. Pero la sumatoria de muchos acontecimientos que se han dado desde la elección de 2021 puede ser que no sea tan irrelevante.

Vienen eventos interesantes como la revocación de mandato, la discusión y aprobación o rechazo de la reforma eléctrica (un tema para nada menor) y las elecciones estatales del 5 de junio, que servirán para dejar atrás el terreno de las especulaciones y arrojarán elementos más objetivos para un análisis de lo que podría ocurrir en 2024.

Por: Arturo Soto Munguía
Cuenta el General Guadalupe Arroyo que cuando tomó la capital del estado de Apapátaro, las finanzas de su movimiento revolucionario eran más bien magras, de manera que al día siguiente metieron a la cárcel a cincuenta ricos, incluyendo al señor gobernador, al presidente municipal y a dos diputados locales.

“Mucho se me criticó después porque no puse en libertad a estos prisioneros cuando se me entregó el rescate que pedí por ellos, pero quiero aclarar que ese rescate lo pedí no para soltarlos, sino para no fusilarlos”, cuenta el General al que da vida, en primera persona, el inigualable Jorge Ibargüengoitia en “Los relámpagos de agosto”.

Pues acá en Sonora estamos a nada de que se escriba un pasaje parecido al de la novela citada, teniendo como protagonistas no a un pintoresco grupo de militares en una tragicomedia de disputa por el poder, sino a los hermanos yaquis que, a como pintan las cosas, no nos van a cobrar por dejarnos pasar sobre la carretera federal 15, sino por no pegarnos un balazo.

Ayer se vivió un episodio en el que sacaron a relucir sus armas y dispararon contra el chofer de un camión de mudanzas que ya les había pagado la cuota en el retén de Loma de Guamúchil, pero según su testimonio, se bajó a tomarse una selfie en el danzante yaqui, una gigantesca escultura que se erigió en lo que fue proyectado como un parador turístico pero que nunca fue habilitado como tal.

(En realidad se trató de otro atraco de Guillermo Padrés para pergueñar poco más de cien millones de pesos que costó la obra, pero esa es otra historia).

El punto es que los yaquis siguen instalados sobre la carretera federal cobrando una cuota por el llamado ‘paso de servidumbre’ (lo cual tiene su razón de ser), pero no es la primera vez que entran en conflicto con usuarios de la carretera, generalmente porque se niegan a pagar la cuota (que en sentido estricto no les corresponde pagar a ellos, sino al gobierno que hizo la carretera y al que los usuarios le pagamos de todos modos en las casetas que administra Capufe).

El gobierno, tanto estatal como federal han entablado negociaciones con autoridades tradicionales de la etnia para levantar esas ‘piolas de cuota’, pero los hermanos yaquis nomás no quieren.

En su más reciente visita a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó la propuesta de entregarles el monto de lo que recaudan en sus retenes, por la vía de un programa federal, pero ni eso ni anteriores propuestas incluidas en el Plan de Justicia para la etnia los ha convencido.

El asunto se torna más complejo porque no son pocas las evidencias -reconocidas incluso por la Fiscalía General de Justicia del Estado-, de que en esta acción de los yaquis que, insisto, tiene un argumento de legitimidad, participan también otros personajes con intereses ajenos a la etnia y más bien ligados con actividades propias del crimen organizado.

Al chofer del episodio de ayer lo agredieron físicamente, logró subir a su camión y emprender la huida, pero lo siguieron hasta entrar a Ciudad Obregón y le tiraron de balazos.

Cualquiera que se asome a las redes sociales percibirá con preocupación la manera en que comienza a escalar seriamente la aversión y hasta el rencor hacia la tribu entre los usuarios de la carretera, no solo los sonorenses sino cualquiera que transite por ese tramo, y solicitan la intervención de las autoridades civiles y militares para que dejen libre la carretera.

Con todos estos elementos, se está formando un coctel explosivo que cualquier rato puede estallar y salpicar de tragedia el sur del estado.

Los hechos se dan apenas unos días después de que los yaquis habían anunciado una tregua por Semana Santa y de hecho, ayer mismo levantaron el retén, pero no se sabe si fue por esa tregua o porque ‘se calentó el terreno’ con la agresión al camionero.

II

Algo de pimienta le pusieron en días pasados al hasta entonces más bien desangelado proceso para renovar la dirigencia estatal del PRI.

Me dicen que no fue casual el beligerante mensaje del orador oficial en la conmemoración luctuosa del 28 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, David Palafox Celaya.

Fuentes asentadas en la ciudad de México aseguran que han detectado la intención del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como ‘Alito’ (aunque algunos le digan Amlito, vaya usted a saber por qué), de elaborar una convocatoria diseñada como traje a la medida para uno de los aspirantes, lo que ha alborotado el avispero.

Por eso, dicen, Palafox Celaya que por cierto está en la lista de aspirantes a suceder a ‘El Pato’ de Lucas en la dirigencia del expartidazo se lanzó duro con un discurso en el que llamó a los priistas a ser más revolucionarios y menos institucionales, a no permitir que los manipulen “con las conveniencias muy particulares de nadie” y, esperando que la convocatoria sea lanzada pronto soltó de su para nada ronco pecho un “no a las imposiciones, no a los dedazos, no a utilizar perversamente las dirigencias como plataformas políticas y sí y mil veces sí a la democracia”.

No mencionó a nadie por su nombre, pero tiró el escopetazo “para que nos escuchen quienes tengan que escucharnos”.

Pero, se preguntará la revolucionaria lectora, el institucional lector, ¿para quién estaría diseñada esa convocatoria con presunta dedicatoria?

Pues nadie sabe, pero dicen entre veras y bromas que entre los requisitos para registrarse se encuentran los de haber sido diputado local y federal; senador, presidente estatal del PRI, cónsul general, asesor de funcionarios federales, presidente de la Fundación Colosio y que sus iniciales sean BAPM.

Aunque el presunto perfil coincide, me rehúso a pensar que se trate de Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, que jamás se prestaría a una machincuepa de esta naturaleza. La versión me llegó ya muy entrada la noche, de manera que no hubo chance de cotejarla con el buen Bulmaro, pero sin duda hoy conoceremos su sentir y su pensar respecto a lo que se dice en este tema.

Lo cierto es que el proceso se encuentra ‘pasmado’ por alguna razón, y la convocatoria que debió salir en el mes de octubre no aparece; ya se fueron las nieves de enero y ya vienen las flores de mayo y a la dirigencia nacional nomás no se le ven ganas de lanzarla, mientras en Sonora a los interesados ya se les queman las habas.

Y no son pocos: además de Bulmaro y David, han levantado la mano Pascual Soto, Zaira Fernández, Humberto Robles Pompa y se menciona hasta a Rogelio Díaz Brown entre ellos.

Veremos y diremos.

Por: Arturo Soto Munguía
Sería quizás en la década de los 90 o en la siguiente cuando en Hermosillo se comenzó a hablar de la necesidad de una planeación de la ciudad a largo plazo.

Varios grupos empresariales, en diferentes momentos y en coordinación con autoridades municipales presentaron planes que en aquel entonces hablaban del año 2020 con un aire de futurismo, pensando en una capital de crecimiento ordenado, con servicios públicos eficientes y desde una perspectiva sustentable.

El planteamiento central solía estar relacionado con los virajes en programas y acciones de gobierno que cambiaban o se eliminaban y nacían otros cada trienio, a contentillo de quien encabezara cada administración, aun tratándose de personajes emanados de un mismo partido político.

El futuro ya nos alcanzó y los resultados de una planeación reinventada cada tres años no han sido los mejores.

Por razones que tienen que ver más con el interés pecuniario de gobernantes y empresarios -sobre todo de la construcción y los bienes raíces-, que con las necesidades de una ciudad en la que vive (y convive) una sociedad diversa, plural, heterogénea en sus características socioeconómicas y culturales, el desarrollo de Hermosillo ha sido más bien desordenado, por decirlo de un modo amable.

Hoy el tema se ha vuelto a poner sobre la mesa, pero ya no como una proyección sobre las buenas intenciones, o en el peor de los casos, sobre las expectativas particulares de grupos político-empresariales que, para decirlo sin rebuscamientos, se han forrado de lana a lo largo de los años en aras del inmediatismo, las ocurrencias y la rápida multiplicación de las ganancias y el ‘bisnes’.

Por primera vez se elaboró una agenda de largo plazo para garantizar el desarrollo económico y social del municipio para los próximos 12 años. La agenda 2022-2033 fue aprobada ayer por unanimidad en el cabildo hermosillense y es producto del trabajo de un subcomité técnico especializado del Comité de Planeación Municipal en el que participan expert@s en temas sociales, medio ambiente, financieros, económicos y de gobernanza.

Como dato, Hermosillo es la primera ciudad en el país que cuenta con un proyecto de esta índole, con indicadores y metas específicas relacionadas con las prioridades de esta capital: el desarrollo económico y social, continuo y sistemático del municipio, así como el bienestar de sus habitantes, en forma sostenida y sustentable, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso esta columna y que en breve abordaremos con más detalle.

Otro dato muy poco conocido es que la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece la obligación a los ayuntamientos, de definir una agenda de largo plazo que contenga esos temas, pero hasta donde se sabe no hay otro cabildo que la haya aprobado. Vaya, ni siquiera se conocen trabajos en ese sentido en otros municipios.

Hay, en el subcomité técnico citado, especialistas en administración pública como María de Lourdes Ramos Loyo; dirigentes de organizaciones civiles como ‘Hermosillo cómo vamos’, representada por Ernesto Urbina Miranda. También académicos de reconocido prestigio como Jorge Inés León Balderrama, investigador del CIAD y Karla Mercedes López Montes, académica de la Unison, entre otros.

Esto es resultado de una de las primeras acciones del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, que en noviembre del año pasado, apenas dos meses después de rendir protesta instaló el Coplam bajo la premisa de construir alianzas con los gobiernos estatal y federal, lo mismo que con la sociedad civil organizada.

Desde entonces presentó algunos ejes rectores del desarrollo, como reducir la discrecionalidad del gobierno, transparentar y digitalizar trámites, comprometerse con la mejora regulatoria, estableciendo prioridades en las inversiones para infraestructura, agua potable y seguridad.

No sé si la escéptica lectora, el desconfiado lector coincidan, pero algo se está moviendo en Hermosillo. En un contexto nacional donde el flujo de recursos para equipamiento e infraestructura no es la principal característica, la capital ha sido la única ciudad en el estado donde se han entregado motopatrullas (eléctricas, por cierto) y hay planes para adquirir una flota de automóviles con esa misma tecnología para fortalecer la seguridad pública. En la ciudad comienza a notarse el bacheo y la limpieza de camellones y canales, que estaban abandonados.

Ahora ya hay un plan de desarrollo con proyección hasta el año 2033. Si uno voltea hacia otros municipios, señaladamente los más poblados como Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado o Guaymas por citar algunos verá que nada de esto está sucediendo. Ahora hay que estar pendientes de las metas proyectadas y el seguimiento para alcanzarlas.

II

Y para cerrar la semana con ánimo positivo, no es menos importante el anuncio que hizo ayer el gobernador Alfonso Durazo al fijarse como meta para el final de su sexenio lograr la gratuidad de la educación superior en las escuelas públicas del estado.

Por lo pronto se comprometió a aumentar en 25 por ciento el fondo de becas para el próximo año, pero ese sería solo el primer paso de un plan para que al finalizar su administración se alcance la gratuidad de los estudios en las universidades públicas: que no haya costos de inscripción, cuotas de permanencia, cuotas de laboratorio, entre otras cosas.

El anuncio lo hizo en la Universidad Tecnológica de Hermosillo a donde acudió acompañado del secretario de Educación, Aarón Grajeda para entregar equipo para el procesamiento de minerales a los estudiantes de Minería.

El gobernador ha sido reiterativo en su convicción de que la educación es el gran equilibrador de las condiciones sociales y en ese sentido fueron los anuncios hechos ayer