Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía
No todo son malas noticias. No pierda usted de vista la propuesta que puso sobre la mesa el gobernador Alfonso Durazo ante sus homólogos de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit en un reciente encuentro que sostuvieron en La Paz, capital sudcaliforniana.

Se trata de una coperacha en la que cada mandatario aporte un millón de dólares para la adquisición de una embarcación con capacidad para 500 personas que daría servicio al turismo de crucero en toda esa maravilla natural que es el Mar de Cortés.

Esta iniciativa se enmarca en una propuesta más ambiciosa para invertir en los destinos turísticos del llamado ‘Acuario del mundo’ y que ojalá pueda concretarse, ya que alguna vez se intentó con la ‘Escalera náutica’ que por diversas razones se quedó en la nada.

Por cierto, hoy será hundido el buque ARM Santos en aguas de San Carlos para ofrecer más opciones a esa creciente comunidad de practicantes del buceo en esa parte del Mar de Cortés.

II

Donde también hay buenas noticias es en el Ayuntamiento de Hermosillo donde el alcalde Antonio Astiazarán entregó las primeras 25 moto patrullas eléctricas para ampliar la cobertura de la policía municipal, reducir el tiempo de respuesta y como plus, favorecer al medio ambiente.

La inversión para adquirir estos vehículos tuvo un monto de 3 millones de pesos, pero como se dice coloquialmente ‘se pagarán solas’ considerando los ahorros en gasolina y mantenimiento.

Una carga para la pila que las hace funcionar tiene un costo de 25 pesos y les permite circular 120 kilómetros; como la motocicleta está compuesta por 189 partes (en lugar de las mil 400 de una moto normal) el costo de mantenimiento se reduce y su motor permite alcanzar velocidades hasta de 100 kilómetros por hora.

III

Y ahora la mala.

Era cuestión de tiempo para darle la extremaunción al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. En 2020 se le redujo el 50 por ciento del presupuesto pasando de diez mil a cinco mil millones de pesos y en 2021 no se destinaron recursos, lo cual generó una serie de protestas y litigios.

Ayer, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez anunció la desaparición de este programa que en Sonora se aplicaba en 179 escuelas beneficiando a unos 35 mil alumnos. Pero además a un buen número de maestros y a una cantidad importante de padres y madres (sobre todo madres solteras) de familia que podían ocupar su tiempo en actividades laborales, domésticas o de otro tipo.

Las prioridades del gobierno federal en el ámbito educativo evidentemente son otras. En contraste con la desaparición de este programa, se privilegió otro llamado la escuela es nuestra, que básicamente consiste en la entrega de recursos económicos a las asociaciones de padres de familia, que en conjunto con maestros, directivos y alumnos deciden cómo aplicarlos en sus planteles.

Este programa inició con el actual gobierno y para este año se le destinaron 14 mil millones de pesos, un 13 por ciento más que el año pasado. El destino de esos recursos permanece, mayoritariamente en la opacidad y las obras de mejora en los planteles educativos, en el misterio.

Durante una gira por Sonora en julio del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para esa fecha había 55 mil planteles incorporados al programa la escuela es nuestra en todo el país, y para finalizar su sexenio estarían incluidas las 180 mil existentes.

El programa Escuelas de Tiempo Completo estaba orientado a elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses potencializando el talento del personal docente y desarrollando su capacidad de aprendizaje, según el diagnóstico elaborado por la SEC y la SEP para el ciclo 2017-18.

En ese documento se establecen algunas deficiencias y limitantes del programa, como el hecho de que la mayoría de las escuelas de educación básica no operaban eficientemente la jornada amplia por falta de espacios escolares y actividades didácticas; poca participación de padres de familia y hasta inestabilidad laboral y salarial docente, así como retraso en la entrega de recursos e insuficiencia presupuestal para construir comedores escolares.

Hay, en ese diagnóstico una proyección a seis años que “puede estar sujeta a modificación o ampliación sustantiva en el corto plazo”. Nunca pensaron que en lugar de ampliarse, se le decretara la muerte.

Y eso que las evaluaciones realizadas hasta la fecha arrojaban resultados positivos, sobre todo en la población objetivo, que son las escuelas públicas de educación básica de un solo turno que atienden a niñas y niños en condición de vulnerabilidad, contextos de riesgo social, bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar, en municipios pobres.

Esos niños y niñas deberán volver a sus jornadas normales de cinco horas, olvidarse de actividades académicas, recreativas y culturales complementarias y en muchos casos, de sus alimentos, porque aunque la pantagruélica lectora, el opulento lector lo duden, en Sonora hay niños que van a la escuela sin desayunar por falta de pan en sus mesas.

A cambio de esto, los padres de familia organizados seguirán recibiendo los recursos que desde 2018 han aplicado en la mejora de los planteles sin la intervención de otras instancias de gobierno -para eliminar la corrupción- y que como todos ustedes saben porque es más que evidente, ya hasta el Tec de Monterrey les anda pidiendo asesoría para remodelar sus campus.

En fin…

Por: Arturo Soto Munguía
Dejen les cuento una anécdota. Hará poco más de 20 años, editando el Semanario Párrafos que, como dijo el ya ausente Alejandro Mena, atinadamente dirigía Felipe Larios (les debo esa otra anécdota), nos estábamos quebrando la cabeza para diseñar una buena portada.

Estaba cerca el día del niño y llevábamos como trabajo central una serie de entrevistas de semblanza con los personajes políticos del momento, en las que narraban sus peripecias infantiles. Era realmente divertido asomarse a esa faceta usualmente desconocida de nuestra clase política.

Pero no hallábamos cómo ilustrar la portada. Le sugerí entonces al director dejar por completo su edición en manos de su hijo, que por aquel entonces era un mozalbete que nos echaba la mano en cuestiones de diseño.

El resultado nos sorprendió.

El muchacho escogió a los personajes de una caricatura de moda, Rugrats, Aventuras en pañales. Con los recursos del Photoshop superpuso a esos personajes las caras de los entrevistados, logrando un trabajo bastante atractivo y diferente a lo que veníamos haciendo. Esa edición fue un éxito en ventas y motivó toda clase de comentarios sobre todo en los noticieros de radio.

Con esto quiero ilustrar el menosprecio que los adultos solemos mostrar hacia las ideas y las capacidades de los jóvenes en distintas áreas de trabajo y en general, de la vida, cerrándoles el camino de las oportunidades y contribuyendo a mantener ciertos arquetipos que suponemos correctos e inamovibles.

Quizás usted, anquilosada lectora, reumático lector tengan sus propias experiencias en este tema y tal vez no sean tan afortunadas, pero me parece que el convenio recién firmado entre el Congreso del Estado y la Universidad de Sonora, a instancias de la diputada Natalia Rivera Grijalva, presidenta de la Mesa Directiva para que los y las jóvenes universitarias puedan realizar su servicio social y sus prácticas profesionales en el Poder Legislativo, es una excelente oportunidad para descubrir y relanzar el talento juvenil.

Fuera de la satanización facilona que suele hacerse del trabajo legislativo, en esa institución se discuten una enorme cantidad de temas que después se traducen en leyes, iniciativas, decretos que a su vez definen políticas públicas y norman todo lo que concierne a las tareas de la gobernanza y de la vida laboral, social, cultural, académica, política.

Que por la sede del Congreso hayan pasado -y permanezcan algun@s- especímenes bizarros, por decir lo menos, es otra historia. Pero de que allí hay materia y oportunidad para relanzar el trabajo legislativo a partir de ideas frescas, es indudable.

Para legisladores, funcionarios administrativos, asesores y demás, incorporar sangre joven al trabajo debería ser saludado con entusiasmo; para los muchachos y muchachas representa a su vez una oportunidad de oro para forjar su futuro.

Claro, siempre y cuando no se les peguen las malas mañas que, aunque usted no lo crea, todavía quedan por allí, así sea tenuemente. No se rían.

II

Y a propósito de jóvenes, en el gobierno del estado también se ha apostado por ellos. En el gabinete y mandos medios se han incorporado bastantes cuadros millennials y centennials que están sacando la chamba, pero además el gobernador Alfonso Durazo ha impreso un sello a sus políticas públicas, con perspectiva hacia esas generaciones.

Ayer por ejemplo anunció un fondo de más de 508 millones de pesos para beneficiar a 22 mil estudiantes de educación superior, además de casi 50 mil de primaria y secundaria.

Este ambicioso programa contempla 65 millones de pesos para estudiantes de primaria y secundaria públicas, además de las becas para hijos de policías caídos, para estudiantes con discapacidad auditiva, entre otros estímulos con un monto superior a los 11 millones de pesos.

Pero en el caso de los estudiantes universitarios serán 313 millones de pesos. Si entre 2018 y 2021 se entregaron 400 de estas becas, este año se entregarán 22 mil 709, con montos de mil, mil 500 y dos mil pesos, para estudiantes en la ciudad sede de la universidad, estudiantes en condición de vulnerabilidad y foráneos, respectivamente.

Todos los estudiantes de la sierra y la región sur del estado, particularmente en territorio mayo recibirán dos mil pesos como beca.

En su rueda de prensa de los martes, el gobernador estuvo acompañada por la coordinadora de Turismo, Célida López Cárdenas quien anunció para mañana jueves el hundimiento del buque ARM Santos, donado por la Marina Armada de México.

Este navío se convertirá en un arrecife artificial en mar abierto cerca de San Carlos y ofrecerá un nuevo atractivo turístico especialmente para quienes gustan de la práctica del buceo.

III

Ayer comparecieron los primeros 10 aspirantes a la presidencia de la CEDH y mañana jueves toca el turno a los otros 10, entre las que se cuentan las únicas cuatro mujeres que pasaron la primera ronda en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Entre las prestigiadas representantes del ex sexo débil cuente usted a Haydee Meza Caudillo, Leonor Santos Navarro, Sara Blanco y Sanae Hinojoso Taomori.

Si usted es de quienes han seguido las comparecencias, échele el ojo a la de Haydee Meza, abogada por la Unison, licenciada en Educación Primaria por la UPN, donde también hizo una maestría en Educación y cuenta en su currículum con un posgrado más, éste en litigación de juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Profesionalmente se ha desempeñado en el COTUME, en el Servicio Estatal de Empleo, en el Ayuntamiento de Cajeme y en la SEC; como docente en la Universidad Vizcaya de la Américas en la asignatura de Derechos Humanos, así como visitadora en la CEDH, entre otros cargos.

Y no le seguimos con el currículum porque el espacio es finito. Pero de que trae con qué, lo trae.

En la otra cara de la moneda, por considerar que los diputados violentaron sus derechos al haber sido eliminada en la primera ronda de selección de aspirantes a la CEDH, la aguerrida activista política Mónica Soto Elízaga presentó una denuncia ¡ante la CEDH!

El argumento para eliminarla, según la nota del colega y amigo Santiago García, de Dossier Político es que uno de los requisitos establecidos en la convocatoria es no haber sido candidata a un puesto de elección popular, y ella fue candidata a la alcaldía de Hermosillo en 1997.

Soto Elízaga solicitó que se reponga el procedimiento y ya encarrerada, que se imparta de manera obligatoria un curso intensivo de derechos humanos a las y los diputados de la comisión respectiva en el Congreso del Estado.

IV

Y como no todo son buenas noticias, imposible dejar de comentar el horror del fusilamiento en San José de Gracia, Michoacán. Pero es peor la respuesta de las autoridades, primero dudando de los hechos videograbados, luego aceptando que había casquillos y restos humanos en el lugar, pero no cuerpos; posteriormente tratando de reforzar la narrativa del conservadurismo golpista que hasta montajes difunde y por último diciendo, en una oda al eufemismo, que no fue fusilamiento, sino ‘multiejecución’.

Estos malabares retóricos solo alimentan la desesperanza de que las cosas en materia de seguridad pública cambien. Qué lamentable.

Por: Arturo Soto Munguía
Aarón Grageda Bustamante lo admite con una sonrisa entre pícara y nostálgica. Le hormigueaban las manos para pasarse del otro lado y ayudar a sostener las lonas con leyendas que demandan una reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora.

Su rol institucional sin embargo, lo detiene. Aarón Grageda ya no es más aquel muchacho liderando junto a otros al Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, el CEUS, la primera línea de defensa contra la imposición de la Ley 4 que generó un movimiento del que surgieron importantes cuadros políticos, académicos, profesionales y del servicio público que hoy forman parte del gobierno de la transformación en Sonora.

Como él, que es el secretario de Educación y Cultura y hoy debe aparecer al lado del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, de la rectora de la Unison, Rita Plancarte, del subsecretario de Educación Superior de la SEC, Luciano Concheiro Borquez, entre otros funcionarios y legisladores.

Ahora acompaña al gobernador Alfonso Durazo quien inauguró el Foro Estatal para la Armonización Normativa Derivada de la Ley General de Educación Superior, que se lleva cabo en el Centro de las Artes de la Unison, su Alma Mater.

Allí está también el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, que iniciaba como docente en la escuela de Economía por aquellos albores de los 90 cuando el gobierno de Manlio Fabio Beltrones se estrenó con la abrogación de la Ley 103 y dotó de un nuevo marco normativo a la Unison, vigente después de tres décadas.

En las lonas que sostienen los maestros hay un aire de nostalgia y de revancha; treinta años atrás era la marcha, el mitin, el plantón; el festival artístico-cultural; la toma de instalaciones, la jornada ‘En primavera florecen los murales’ que llenó de colores las bardas periféricas de la Unison efímeramente, porque una madrugada varios carros con compresores y pintura las dejaron de nuevo en la monotonía visual de la uniformidad cromática.

Días de huelga de hambre, represión y cárcel; de la histórica Marcha del Desierto al Zócalo Au Yutureme (‘Vamos creciendo’ en yaqui)… de todo aquello que articuló la resistencia pero no pudo con el aparato estatal, aunque sembró la semilla de esa generación que 30 años después ocupan importantes cargos en un gobierno que para ser, se apoyó mucho en ellos.

Por allí también Blanca Valenzuela, secretaria Técnica de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, quien también formó filas en aquella generación noventera que hoy sigue creyendo en la necesidad de una nueva reforma a la legislación universitaria, pero entiende que los tiempos son distintos y el proceso pasa por un amplio debate entre todos los sectores involucrados.

De hecho, en el foro que inauguró el gobernador se hicieron presentes los promotores de la reforma a la Ley 4, no solo con lonas y consignas, sino con ponencias que se discutieron en las diversas mesas para no quitar el dedo del renglón.

Alfonso Durazo se manifiesta respetuoso del tema y de la autonomía universitaria. Alude a la búsqueda de consensos, a la discusión amplia, al análisis y debate en el Congreso del Estado donde ya se encuentra la iniciativa presentada por los universitarios y que desde el año antepasado hizo suya la coordinadora parlamentaria de Morena, Ernestina Castro Valenzuela.

El tema es polémico y complicado, sin duda. Los promotores de la reforma argumentan básicamente la necesidad de democratizar la toma de decisiones en la Universidad, rescatar órganos como los Consejos Directivos y el Consejo Universitario; crear o relanzar instancias que garanticen la transparencia y la correcta aplicación de los recursos; la promoción académica, entre otras cosas.

Pero en estas tres décadas la Universidad de Sonora se ha mantenido como la Máxima Casa de Estudios en el estado, su prestigio en el plano nacional es reconocido, su planta de docentes es en general de alta calidad; su matrícula estudiantil ha crecido y en lo material, su infraestructura y equipamiento también. De hecho, las modernas instalaciones del Centro de las Artes donde se lleva a cabo el foro, nacieron sobre los escombros de lo que fue el viejo gimnasio universitario, como han surgido nuevos edificios, nuevas carreras, posgrados…

Esas y muchas otras cosas más tendrían que ser consideradas a la hora de plantearse una nueva reforma, porque de hecho, el gobernador tiene planes para la Unison y en general para las instituciones de educación superior, de donde dijo, se habrá de apoyar para trazar la ruta de la transformación en Sonora, apoyado en los hombres y las mujeres que serán la materia gris del gobierno.

“No vamos a recurrir a las consultorías. Si necesitamos -que lo necesitamos- orientación, apoyo e información, análisis, evaluación, propuestas, vamos a recurrir a los centros de educación superior y por esa vía, los estaremos fortaleciendo también en términos presupuestales”, dijo.

Y a propósito, anunció que pronto dará a conocer el mecanismo para el otorgamiento de becas para estudiantes de educación superior, sustentadas en los recursos ahorrados por el recorte al presupuesto del Congreso del Estado.

Esos son los temas prioritarios para el gobernador. La reforma a una Ley 4 perfectible, como todas las leyes, tendrá en todo caso, otros tiempos, aunque a algunos se les quemen las habas…

II

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer ayer, como aquí lo adelantamos, la lista de 20 de los 27 seleccionados en una primera ‘criba’ a los aspirantes a presidir la CEDH.

Los enlistados son los siguientes:

Gilberto Ayón Reyes, Héctor Hernández García, José Francisco Munguía Córdova, Joel López Villagómez, Jesús Agúndez Moreno, José Rodrigo Abril López, Eduardo Martínez Ramírez, Saúl Eugenio Torres Millán y Alberto Robles Mendoza.

Ellos serán entrevistados este martes entre las 4 de la tarde y las ocho de la noche.

Haydee Meza Caudillo, Pedro Germán Millán Valenzuela, Leonor Santos Navarro, Luis Fernando Rentería Barragán, Juan Francisco Alcaraz García, Octavio Grijalva Vázquez, Andrés Montoya García, Sanae Mercedes Hinojoso Taomori, Sara Blanco Moreno, Pavel Ignacio Hernández Burgos y Sergio Adrián Ruiz Rocha.

Ellos serán entrevistados el jueves 03 de marzo en ese mismo horario. Después del análisis de sus currículums, las entrevistas y sus proyectos, el 10 de marzo el pleno recibirá una segunda lista, más acotada, sobre la cual habrán de decidir los y las legisladoras.

III

Conversamos ayer con Octavio Grijalva Vázquez para que nos diera su versión sobre los hechos en que se vio involucrado a partir, asegura, de una historia mal contada, relacionada con el feminicidio de Priscila Carolina Hernández, la joven hermosillense que el 1 de julio de 2013 fue torturada y asesinada por su novio, un ciudadano indio que hoy purga una condena de 22 años de prisión en el Cereso de Hermosillo.

El padre de Priscila Carolina, Jorge Hernández lo acusó en su momento de posible tráfico de influencias. De acuerdo con las declaraciones de Hernández, Grijalva habría presionado al juez que conoció del caso para que dictara sentencia por homicidio doloso, y no por homicidio calificado con brutal ferocidad. De hecho este caso fue el que detonó un proceso que derivó en la tipificación del delito de feminicidio en Sonora, que hasta entonces no existía.

Sostiene que por el gran impacto social que tuvo este crimen y el contexto de tensión política que se vivía en esos momentos durante el sexenio de Guillermo Padrés, se aprovechó para golpear a la institución y a él mismo.

Lo que en realidad sucedió, cuenta, es que siendo visitador de la CEDH recibió un oficio de la embajada de la India en México solicitándole revisara las condiciones de reclusión de Singh Siddhart, el homicida, ya que tenían informes de que lo tenían aislado y sin alimentos. Eso fue lo que hizo y por ello tuvo un fuerte roce con las autoridades penitenciarias pues no le permitían el acceso. Les advirtió que eso podría dar pie a una recomendación de la CEDH; el director del Cereso habló con el secretario de Seguridad, Ernesto Munro Palacio quien a su vez se comunicó muy molesto con Grijalva, aunque horas después rectificó para que el visitador lo entrevistara al día siguiente.

Octavio Grijalva encontró a Siddhart en una celda limpia, bañadito y peinadito.

Esto fue lo que detonó la polémica y las acusaciones que, sin embargo nunca fueron probadas.

“Hay gente que tiene una idea equivocada del papel de las instituciones defensoras de los derechos humanos y de quienes en ellas trabajamos. Por más cruel que haya sido el asesinato, por más culpable que sea el homicida y aunque algunos no lo asimilen, también tiene derechos humanos, sin que eso signifique una defensa”, agrega.

Lo que sí ha sucedido es que él y su familia se han visto afectados cada vez que en busca de sus aspiraciones ha ocupado cargos ya en el Colegio de Abogados, en el IEE y en el INE donde han analizado el caso sin encontrar elementos que le impidan continuar su carrera.

Y lo más grave, apunta, es que cada vez que se trae el tema a la discusión pública, la más afectada es la familia de la víctima al recordar el lamentable suceso.

Octavio Grijalva quedó seleccionado en la lista de 20 aspirantes que comparecerán ante la comisión de diputados encargada de esta parte del proceso para la designación del nuevo presidente de la CEDH. A su favor, anota que no solo tiene sus credenciales académicas, sino sobre todo su trabajo ‘en tierra’, su experiencia en las entrañas de esa comisión y en el abordaje de los asuntos no desde el escritorio, sino cara a cara con los y las interesadas.

Por: Arturo Soto Munguía
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, este lunes al filo de las cinco de la tarde los y las integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado habrán de discutir y en su caso aprobar la metodología para seleccionar al nuevo presidente de la CEDH, así como la larga lista de aspirantes que, se sabe, suman casi una treintena.

Oficialmente la lista completa deberá publicarse este mismo lunes, pero por lo pronto han trascendido algunos nombres que muestran perfiles interesantes. Hay que considerar también que algunas diputadas llevarán a la sesión una posición a favor de la alternancia de género en esa comisión que nunca ha sido presidida por una mujer.

En ese sentido, aparece un perfil que posiblemente se meta a la lista de finalistas: el de Sanae Mercedes Hinojosa Taomori. Ella es actualmente titular de la Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; licenciada en Derecho y en Criminología, en algún tiempo fue representante de Amnistía Internacional.

Otra mujer con una larguísima trayectoria en el litigio, como docente y muy comprometida con las luchas de la izquierda desde sus tiempos estudiantiles es María Auxiliadora Moreno; actualmente es titular de la Comisión de Derechos Universitarios en la Unison.

Apunte usted también a Mónica Soto Elízaga, que no es abogada pero la convocatoria no lo exige como requisito. A Mónica se le recuerda desde hace muchos años en las luchas de la izquierda, incluso fue candidata del PRD a la alcaldía de Hermosillo en 1997. Perdió la elección pero el alcalde electo, el recién finado Jorge Valencia Juillerat la incorporó como su directora de Inspección y Vigilancia por su incorruptible carrera y su mano firme.

No tengo confirmación pero me dicen que también aparece en la lista Carmen Leticia Munguía, secretaria Ejecutiva del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Por el lado de los varones han levantado la mano Andrés Montoya, experimentadísimo abogado litigante, exfuncionario público y con una sólida formación en materia de derechos humanos.

Octavio Grijalva, quien ya fue visitador de la CEDH y trae por ahí un asuntillo del que después hablaremos, pues se le recuerda involucrado en un conflicto de interés en aquel caso del feminicidio de Priscila Carolina Hernández, una joven hermosillense que fue torturada y asesinada por un ciudadano indio de nombre Singh Siddarth. Mañana les daré a conocer la versión que sobre este tema tiene el propio Grijalva, a quien se le liga con el grupo del ex presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez.

Sin duda otro perfil que acredita experiencia y capacidad, pero además tiene una historia interesante pues ha estado en ambos lados de la trinchera: como funcionario público en el sistema estatal penitenciario, y como preso después de un ‘cuatro’ que le fue tendido por la administración de Guillermo Padrés y del que salió absuelto.

Hay desde luego muchos más nombres que conoceremos este día, pero la comisión legislativa que preside Karina Barreras, a cargo del proceso de selección no la tendrá nada fácil, pues la mayoría de los perfiles tienen currículum y trayectoria para relevar al actual presidente Pedro González Avilés. Falta ver la evaluación que de sus proyectos presentados hagan los y las diputadas, así como el desempeño en la entrevista que éstos les realicen.

Después de este proceso, la comisión presentará el 10 de marzo una lista con quienes considere las personas idóneas para ocupar la presidencia de la CEDH, con la aclaración que esa lista no será vinculatoria en la decisión que tome el pleno.

II

El adormilado proceso para renovar la dirigencia estatal del PRI tuvo un relanzamiento con el activismo que viene desplegando la exsíndica municipal Zaira Fernández Morales, a quien más rápido que inmediatamente le comenzaron a buscar paternidades políticas, siendo la más mencionada la de Manlio Fabio Beltrones.

La especie tiene sentido considerando que fue en el sexenio del de Villa Juárez cuando la joven política comenzó su carrera y desde entonces se ha mantenido vigente.

Sin embargo no todo parece ser tan definitorio en este tema. El viernes pasado circuló en redes sociales una fotografía en la que aparecen otros aspirantes a la silla que está por desocupar Ernesto de Lucas Hopkins y allí se observa a beltronistas químicamente puros como Pedro Ángel Contreras y Rogelio Díaz Brown, así como Sara Thompson, una amiga muy cercana de Zaira. También se observa ahí a otro de los aspirantes, Humberto Robles Pompa, mejor conocido como ‘El Buitre’. Igual aparece Ulises Cristópulos, con lo que se manda un mensaje en el sentido de que no será la mano de Ricardo Mazón la que mueva la cuna en este proceso, al menos apoyando a Zaira.

Esa es una de las lecturas sobre la percepción que se quiso generar con esa imagen, donde el Buitre aparece como un aspirante que no solo ha tomado distancia de la exgobernadora Claudia Pavlovich, sino que ha enderezado algunos señalamientos críticos sobre su persona.

O que las ‘canicas’ de Manlio y por extensión, de Pavlovich no están puestas en una sola canasta. Vaya usted a saber, porque en eso de las paternidades luego se prenden velas a varios santos. En todo caso, diríase que el único de los aspirantes que abiertamente no pertenece a ese grupo es Bulmaro Pacheco, lo cual no se sabe si es malo o es bueno.

III

Y a propósito de la exgobernadora, fuentes regularmente bien informadas la ubicaron la semana pasada en el aeropuerto, maletas en mano rumbo a Barcelona, donde tomará posesión de su cargo como cónsul de nuestro país en aquella sede.

Hubo sorpresa entre algunos observadores de la cosa pública, pues Claudia Pavlovich no apareció en la lista de propuestas que el presidente envió al senado de la República para ocupar diversos cargos en el servicio exterior mexicano.

Lo cierto es que el consulado de Barcelona es de los considerados ‘de carrera’ y sus titulares no requieren la aprobación de los senadores, sino que son una designación directa del presidente.

Por: Arturo Soto Munguía

El 29 de junio de 2011 se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de Participación Ciudadana. Entre otros, este ordenamiento contempla mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta vecinal y la consulta popular para que los ciudadanos podamos incidir en las decisiones de gobierno, antes y después de que sean tomadas.

La memoriosa lectora, el olvidadizo lector podrían actualizar mi base de datos donde por más que busco, no encuentro uno solo de estos ejercicios que se hayan realizado a lo largo de más de diez años de aquella fecha. Los instrumentos de consulta popular existen incluso en nuestra constitución estatal, pero no los usamos ni los promovemos, pese a que serían de mucha utilidad para resolver asuntos de interés público.

Lo anterior viene a cuento a propósito de la próxima consulta nacional para la revocación de mandato que se llevará a cabo dentro de 44 días, es decir el próximo 10 de abril.

El 17 de diciembre de 2021 el INE determinó en una votación de 6 a 5, aplazar la consulta argumentando falta de recursos para su realización, después de que la Cámara de Diputados recortara su presupuesto en más de 4 mil millones de pesos, mientras que para llevar a cabo la consulta se requerían 3 mil 830 millones y el instituto contaba con una bolsa de mil 500 millones.

A esto le siguió un intenso debate, un choque frontal entre la presidencia de la República y el INE; entre Morena y sus aliados por una parte, y por la otra la oposición agrupada en el resto de los partidos políticos y otras organizaciones. Finalmente, una semana después la SCJN ordenó al INE llevar a cabo la consulta con los mil 500 millones de pesos.

Ese es un apretadísimo resumen del proceso frente al cual estamos. Ahora lo que sigue es el dilema: ¿votar o no votar en la consulta?

Aunque el INE es el encargado de organizarla, Morena y sus aliados andan a todo tren promoviendo la participación en la misma. Por el lado de la oposición, digamos que el segmento más importante está llamando a no participar. Ambas posiciones se sustentan en argumentos.

Los primeros ponderan la oportunidad histórica de hacer valer el voto ciudadano para decidir en las urnas si el presidente debe continuar o no su mandato, lo cual sentaría un precedente en materia de cultura democrática.

Los segundos sostienen que se trata de un ejercicio dirigido básicamente a los simpatizantes del gobierno federal, que significa un derroche de recursos para conseguir un resultado no solo previsible a favor del mandatario, sino inútil en tanto que difícilmente se logrará una participación del 40 por ciento de la lista nominal, requerido para que la consulta sea vinculante.

Estamos ante un curioso caso en el que ambas partes tienen argumentos poderosos, y seguramente si una estuviera en el lugar de la otra, probablemente los argumentos también se rotarían.

Es claro que a pesar del bombardeo mediático, el presidente mantiene niveles de popularidad muy altos y ganará holgadamente la consulta para seguir al frente del gobierno. Queda clarísimo también que en México, donde usualmente la mitad de la lista nominal (y no pocas veces, más de la mitad) desprecia su encuentro con las urnas en procesos normales, organizados con todos los recursos humanos, materiales, económicos y propagandísticos, en una consulta como la que se plantea, la concurrencia será más baja.

En su momento estelar en 2018, el entonces candidato obtuvo poco más de 30 millones de votos, una cifra inédita para llegar a la presidencia en México. Para que esta consulta sea vinculante se requieren aproximadamente 36 millones de votos.

El reto, sin embargo es extraordinario en términos de cultura democrática y participación ciudadana. Si la oposición atisbara una mínima posibilidad de hacer ganar el ‘no’, hace mucho que estuvieran promoviendo la movilización de sus seguidores. Por eso no están llamando a votar por el ‘no’, sino a abstenerse para no validar un ejercicio en el que serían apabullados.

Así, el llamado al abstencionismo, que nunca ha tenido una inspiración democrática, es producto fundamentalmente de un cálculo político-electoral: el presidente y su partido saldrían fortalecidos de ese ejercicio, y llegarían ‘embalados’ -como se dice en la jerga deportiva- a las elecciones intermedias de junio, en las que además de la Cámara de Diputados se renovarían congresos locales y ayuntamientos en todo el país, y las gubernaturas en seis estados.

En descargo hay que decir que el presidente y su partido tienen también ese cálculo político. Del éxito de la consulta depende en alguna medida el estado anímico y las condiciones en las que llegarían a la elección dos meses después, aun cuando hasta ahora las tendencias les son favorables en la mayoría de los casos.

En ese contexto, salir a votar ya sea a favor o en contra es una decisión personalísima que cada quien habrá de sopesar en su momento a partir de sus propias lecturas del momento histórico.

Un escenario ideal sería que al menos los ciudadanos que usualmente acuden a las urnas (más o menos el 50% de la lista nominal) lo hicieran en ese ejercicio. El resultado sería vinculante y tendría que ser acatado, ya sea que el presidente se quede (como incluso buena parte de la oposición quiere, argumentando que fue electo por seis años) o que se vaya, como lo manifiestan algunos que por cierto no acudirán a las urnas bajo las premisas señaladas líneas arriba.

En abstracto, el ejercicio ofrece una magnífica oportunidad para hacer valer la voluntad popular y contribuye enormidades al fortalecimiento de la cultura democrática que tanta falta hace en el país.

En lo concreto, sin embargo está cruzado por esas líneas del cálculo político no exento de mezquindades cortoplacistas y también, por qué no decirlo, de los viejos vicios y trampas electorales que aún persisten en nuestra clase política (como los cientos de miles de firmas que resultaron con inconsistencias tan solo en la recolección previa para validar la consulta).

En resumen, el ejercicio de revocación debería ser visto no solo en el contexto de la coyuntura, sino en una perspectiva de largo plazo como un ejercicio didáctico de cultura democrática que en algún tiempo podría convertirse en una práctica normalizada para evaluar y ratificar o deponer gobiernos por la vía pacífica.

Pero en un clima de tanta polarización, de un debate tan visceral como el que vivimos en estos días, al parecer ni siquiera estamos listos para esta conversación.

II

Anoche asesinaron a Jorge Camero, secretario particular del alcalde de Empalme, Luis Fuentes. Camero tenía una larga carrera en la comunicación, señaladamente en radio, y en sus últimos días dirigía un medio digital: “El Informativo”.

Más temprano, fue encontrado el cuerpo sin vida de quien se presume es la persona que apareció en un video mientras era ‘levantado’ por un grupo de hombres armados en San Luis Río Colorado.

La delincuencia organizada no da tregua.

No hay un asesinato más grave que otro, pero en el caso de Camero es doblemente preocupante porque es el segundo funcionario municipal de Empalme ejecutado en menos de un mes. El otro fue el director de informática Daniel Palafox Suárez, involucrado por cierto en la investigación del asalto a la casa del exdiputado Rodolfo Lizárraga.

Un tema muy escabroso porque tiene como telón de fondo lo que a todas luces parece un ajuste de cuentas por deudas adquiridas para financiar campañas electorales.

Cuando el crimen organizado se entrecruza con la política, no puede ser de ninguna manera, una buena señal.