Autor: Radio Álamos

Por: Arturo Soto Munguía
Más que los resultados, hay una espera no despojada de cierto morbo por conocer las razones, los alcances y la utilidad práctica del estudio que la semana pasada anunciaron la fiscal estatal y la secretaria de Seguridad en Sonora, según el cual se estaría comprobando que el 98 por ciento de las víctimas de homicidio doloso, lo fueron por su involucramiento en actividades ilícitas.

Sin descalificar a priori dicho estudio, el sentido común indica que para arribar a esa conclusión no se requeriría un equipo multidisciplinario que se devanara los sesos y consumiera recursos públicos eventualmente cuantiosos.

Pero esa sería la parte menos cuestionable. Lo más serio es el camino de la criminalización y la revictimización de ese 98 por ciento de los y las muertas en tiroteos, enfrentamientos y ejecuciones, sin contar esa otra imprecisable cifra de cadáveres encontrados con preocupante frecuencia por los colectivos de madres buscadoras, que apenas el sábado daban cuenta de lo que llamaron ‘un campo de exterminio’ en Santa Ana.

Soy un convencido de que el gobierno de la cuarta transformación en Sonora ha privilegiado la incorporación de cuadros con una visión progresista, de avanzada, surgida de la investigación y la academia, nutrida en autores vanguardistas. Profesionales de la abogacía, la criminalística, la sociología y otras disciplinas, que pueden y deben arribar a mejores puertos en materia de políticas públicas a partir de la investigación, el análisis, el procesamiento de datos para interpretar la realidad.

La Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad no son la excepción, pero en este caso siento que sus titulares, Claudia Indira Contreras y María Dolores del Río están quedando a deber.

Realmente no serviría de mucho, y antes bien nos haría regresar 20 años en la historia, concluir basados en ese estudio, que sí hay muchos homicidios dolosos pero los ciudadanos de bien pueden estar tranquilos porque los muertos tienen antecedentes penales y perfiles criminales, es decir, ‘se están matando entre ellos’ y solo el dos por ciento de las víctimas son ‘daños colaterales’ o saldo rojo de violencia familiar y riñas por causas no relacionadas con el crimen organizado.

No se vale que las funcionarias citadas se aprovechen de que el gobernador anda a mil por hora, para meterle un gol como este.

Veamos: Alfonso Durazo trae sin duda, la experiencia de haber estado al frente de la secretaría de Seguridad federal, pero en las últimas semanas lo hemos visto recorriendo el estado atendiendo asuntos de la gobernanza que reclaman su presencia.

El gobernador trae en su agenda los temas del plan de justicia para Cananea, el plan de justicia para la etnia yaqui y el plan de justicia para los seris que no son, ni de lejos, asuntos menores. Lo hemos visto ir y venir a la Ciudad de México en la gestión de asuntos indispensables para el relanzamiento económico del estado: la modernización de aduanas, el puerto de Guaymas, la modificación del entorno urbano de Nogales; proyectos para Cajeme, obras carreteras, libramientos y desde luego la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

Eso sin contar asuntos que injustamente pueden considerarse más domésticos -porque no lo son-, como el reordenamiento financiero y administrativo del estado, el rescate del Isssteson, el plan anticorrupción y de austeridad, entre otros temas que le exigen un trabajo de 24/7.

La seguridad en el estado es, a no dudarlo un tema prioritario y si bien el gobernador dijo que se haría cargo personalmente, es obvio que en la complejidad de la gobernanza debe delegar tareas, y así ha depositado su confianza en dos mujeres que, lamentablemente aparecen rebasadas por una realidad empeñada en hacerlas ver erráticas y a veces hasta desesperadas. No es para menos.

Así las cosas, no queda más que esperar los resultados de ese estudio y que éstos vayan más allá de la revictimización y el desafortunado cliché ‘se están matando entre ellos’, porque entonces sí, no hay más opción que rezar para no aparecer algún malhadado día en la estadística del dos por ciento que no andamos en malos pasos y nos toque la de malas.

En el pasado, la criminalización de las víctimas y su consecuente revictimización hacía las veces de argumento para justificar la ausencia de resultados en las investigaciones de los homicidios dolosos. Si andaban en eso, se lo merecían, era la traducción más socorrida, lo que se decía sin decirlo.

Y sí, es posible que el 98% de los ejecutados (as) anduvieran en actividades ilícitas, pero sería interesante saber qué porcentaje de esos crímenes sigue en la impunidad, un dato que sería bueno incluir en el ya famoso estudio.

En vía de mientras y a vuelapluma, dejo cuatro nombres de víctimas cuyos asesinatos no han sido resueltos. Los cito porque no eran anónimos sicarios que aparecen y desaparecen sin que aparentemente nadie los reclame.

Abel Murrieta, Ricardo López, Marisol Cuadras y Daniel Palafox. Un candidato a la alcaldía de Cajeme, un periodista de Guaymas, una activista del feminismo en el mismo puerto y un funcionario municipal de Empalme.

Son, desde luego, mucho más, pero ¿servirá de algo saber si están en el 98 o en el dos por ciento? A mi juicio no. Todos están muertos y sus crímenes, impunes.

II

No empezó bien el año para el gremio periodístico. Cinco asesinados en estos primeros días de 2022, cuatro en enero, uno en febrero; tres de ellos en Tijuana, donde los demonios andan sueltos.

Ayer se reportó el asesinato de Marcos Ernesto Islas. Cuatro balazos segaron su vida, a las puertas de su casa. Por la noche, la fiscalía de Baja California confirmó la detención de Jocsar Fidel ‘N’ como presunto responsable del crimen.

Marcos Ernesto editaba un portal de noticias, aunque tenía tiempo que se había retirado de esa actividad.

Cinco periodistas asesinados en los primeros días del año que corre no son cosa menor. Mucho menos si los crímenes aparecen en un contexto de escalada en la confrontación del poder político con la prensa, donde hasta a Carmen Aristegui, hasta hace muy poco referente del periodismo con vocación obradorista, le fue colocada una diana en la espalda para que los seguidores del presidente descargaran en ella su furia, acusando traición.

El derecho de réplica y el diálogo circular al que apela el presidente con frecuencia se está convirtiendo en una peligrosa competencia por ver de qué lado se lanzan más descalificaciones, denuestos y francas agresiones. El presidente es duro en sus calificativos, pero no lo son menos sus detractores, que sin trabas ni recato lo insultan a él y a su familia diariamente.

Estamos en un momento en que no hay manera de saber quién comenzó los ataques, pero lo peor es que no hay visos de que en alguna de las partes vaya a caber la mesura. Preocupante, porque la violencia verbal es la antesala de la violencia física.

En el picado mar de la escalada criminal y la manga ancha de la impunidad, ¿qué si algún deschavetado atentara contra la vida de alguno de los villanos favoritos del presidente? ¿Qué si en el peor de los casos, lo hiciera promovido por alguno de los enemigos del presidente?

Por el bien de todos, los ánimos deben atemperarse.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
“¿Qué es, qué es, que entre más le quitas más grande es?”. Así rezaba una vieja adivinanza que solíamos escuchar de los mayores, aquellos que hoy andamos correteando el refuerzo tras las dos dosis de la vacuna contra la Covid19.

La respuesta es sencilla: el hoyo.

Muchos años después, la respuesta a esa adivinanza bien pudiera ser: el crimen organizado.

Hace un par de días el delegado de la FGR daba a conocer el aseguramiento de armas, vehículos y droga en la semana anterior: 38 fusiles de asalto y 20 armas cortas, destacando también 400 mil pastillas de fentanilo, un narcótico 50 veces más potente que la heroína, 38 vehículos terrestres y una avioneta.

El informe se dio en la rueda
de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo, quien celebró los decomisos, destacó la participación de las policías estatales en las acciones que llevaron a ellos y subrayó que son parte del combate permanente a la delincuencia organizada.

Sacar de las calles 50 o 60 armas de fuego en poder de los criminales cada semana son acciones dignas de reconocimiento, alentadoras y plausibles.

Pero al mismo tiempo, sobrecogedoras. Porque si semanalmente las autoridades civiles y militares sacan de las calles tantas armas, tanta droga y detienen a tanto presunto delincuente, ¿de qué tamaño será el poder de fuego, el económico del crimen organizado si desde hace varios meses no registramos un punto de inflexión que indique el descenso en los delitos de alto impacto, homicidios dolosos, señaladamente?

Es difícil dimensionar la magnitud del fenómeno de la violencia criminal, mucho menos a partir del solo parámetro del decomiso de armas, pero el sentido común indica que si cientos de ellas son arrancadas de las manos de los sicarios mensualmente y los hechos de sangre no disminuyen, obviamente son muchas más las que permanecen en su poder.

¿Cuántas? Imposible saberlo, pero eso nos lleva inevitablemente a otras preguntas relacionados con el mercado negro de armas en Estados Unidos, la porosidad de la frontera y la corrupción de las autoridades aduaneras y policiacas tanto del lado mexicano como de sus pares al norte.

Eso es precisamente lo sobrecogedor del asunto: asimilar que por impresionantes que aparezcan los decomisos y detenciones, están lejos de representar un debilitamiento significativo de las bandas criminales que, al contrario, parecen robustecerse a cada golpe.

Ayer fue un día negro en Sonora. Huatabampo, una ciudad del sur del estado que usualmente no aporta notas rojas de manera frecuente, vivió momentos de terror. Un sujeto discutió con su esposa, le dio un balazo en la mano, asesinó a un tío de la señora que intentó defenderla y huyó a bordo de su camioneta, disparando a los transeúntes, asesinando a un joven y lesionando a dos más (completamente ajenos al conflicto) para luego intentar suicidarse de un balazo en el cuello, cuando chocó el auto contra un árbol y se vio rodeado por la policía. Y eso que solo traía una pistola calibre .40.

Luego la municipal tuvo que acuartelarse en su comandancia, temiendo que el grupo al que pertenece el agresor intentara alguna acción en su contra.

Huatabampo es una comunidad relativamente tranquila, pero de acuerdo con fuentes locales, el hecho de que no aparezcan en los medios no significa que los delitos no se cometan. Los levantones, me dicen, son asunto cotidiano.

Horas más tarde, en un ejido situado a escasos kilómetros de la cabecera municipal en Cajeme, sujetos acribillaron a un hombre y huyeron a Ciudad Obregón provocando una aparatosa movilización de las diferentes corporaciones policiacas. Hubo intercambio de disparos y finalmente el auto en que viajaban impactó contra un tráiler, volcándose y cayendo a un canal. Allí fueron asegurados dos sujetos a quienes se les encontró en posesión de tres fusiles de los conocidos como ‘cuerno de chivo’.

Eso fue al filo del mediodía. Para las cinco de la tarde, en la colonia Ladrillera de Ciudad Obregón fue asesinado a balazos otro hombre en una vivienda, y una hora después, en San Luis Río Colorado masacraron a otro hombre dentro de su auto. En Hermosillo, esa misma tarde balearon a otro sujeto en las calles Gaspar Luken y Bulevar Quiroga.

Todo esto en un solo día. Mejor cerramos el tema y nos retiramos lentamente llevándonos la duda en el pensamiento: ¿ya habrán capturado al ‘Mataperros de Ures’?

II

Tampoco en Hermosillo comenzó bien el año. Jubilados y pensionados van por su tercer día de plantón y bloqueo en palacio municipal, lo que ha obligado a los funcionarios que usualmente despachan allí, al home office.

Los manifestantes reclaman la restitución de beneficios como vales de despensa, servicio médico, gastos funerarios y pago de luz que el Ayuntamiento retiró de su pago quincenal. Como negociador, el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta no ha podido destrabar el conflicto y su oferta de restituir solo los vales de despensa a quienes ganen menos de siete mil pesos fue rechazada por los jubilados y pensionados.

Piden además un encuentro con el alcalde Antonio Astiazarán, que no se ha concretado.

Mientras tanto en el palacio de al lado, ex concesionarios del transporte urbano tienen toda la semana en un ruidoso plantón, reclamando les sean devueltas las concesiones que les retiró el gobierno de Claudia Pavlovich, otorgándolas a una empresa foránea que por cierto, tampoco ha cumplido su oferta de mejorar el servicio.

En ambos casos los conflictos permanecen empantanados en parte por una fallida operación política, pero fundamentalmente porque esas demandas no se resuelven con política sino con dinero, y dinero no hay, así que los plantones pueden prolongarse.

En el caso de los ex concesionarios el gobernador ya adelantó que no cederá ante demandas que lucen exageradas, como el pago de hasta 700 mil pesos mensuales a algunos de ellos, que ni siquiera trabajan las unidades.

Dijo también que está preparado política y emocionalmente para aguantar las presiones mientras continúen las negociaciones. Lo de ‘emocionalmente’ seguro lo dijo por los bocinazos que durante horas y horas hacen sonar los manifestantes en su plantón, bombardeando con decibeles las oficinas de Palacio.

En los próximos días vamos a ver si aparece la ‘mano zurda’ tanto en el ayuntamiento como en el gobierno del estado para darle una salida a estos conflictos.

Por: Arturo Soto Munguía
La Comisión Estatal de Derechos Humanos no solo existe, sino que hasta emite recomendaciones.

Aunque ustedes no lo crean vejada lectora, abusador lector, el largo brazo del ombudsman sonorense Pedro Gabriel González Avilés llegó hasta Cajeme, y más específicamente hasta el escritorio del alcalde Javier Lamarque Cano para que llame a cuentas a algunos agentes de su policía municipal que, a juzgar por la denuncia que dio pie a la recomendación, hicieron como que estaban ocupados sosteniendo un entretenido diálogo con la morenita del Tepeyac y desatendieron un llamado del 9-1-1 para que acudieran a un domicilio donde un sujeto sí identificado amenazaba con una pavorosa arma de fuego a su aterrada esposa.

Mientras los municipales hacían como que la virgen les hablaba, el sujeto de marras que a la postre resultó ser un oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal pretendía dirimir un diferendo con su señora, para lo cual dejó de lado cualquier curso de mediación y control de crisis, y en su lugar sacó su Prieto Beretta (así dice la nota del 29 de junio del año pasado, que consigna los hechos, aunque seguramente se trataba de una Pietro Beretta, que ya en la zacapela, cualquiera la ve prieta) calibre nueve milímetros con la cual la amenazó.

El punto es que los municipales no fueron ni para darle un vasito de agua con azúcar para el susto a la aterrada denunciante, pero eso no dio pie a la recomendación, sino el hecho de que no lo detuvieron, sino que llamaron a sus colegas de la AMIC, uno de los cuales llegó para desarmar al belicoso policía, y a otra cosa mariposa. Ah, los municipales tampoco elaboraron el Informe Policial Homologado a pesar de tratarse de un hecho en el que una mujer estuvo bajo riesgo de muerte.

Fue por lo menos un caso de encubrimiento entre policías en el que la vida de la señora estuvo en peligro, y por ello ni tarda ni perezosa la CEDH se abocó a las diligencias necesarias y después de siete meses emitió una recomendación al señor Lamarque Cano solicitando iniciar un procedimiento administrativo contra los agentes en cuestión, concluirlo en tiempo y forma y rendir un informe del seguimiento y avance del caso.

También le solicitó reasignar a los agentes a funciones donde no tengan contacto directo con la ciudadanía e instruir a quien corresponda para ofrecer capacitación a los elementos en materia de derechos humanos en el ejercicio de su deber y sensibilidad en el trato a la ciudadanía.

Grave el caso por tratarse de la agresión a una mujer, pero es más grave porque el agresor es un agente de la Fiscalía estatal. No se tratara del ‘Mataperros de Ures’ porque hasta al SWAT entra en acción…

II

Pues no es uno ni dos ni tres las solicitudes ante el IEE para crear nuevos partidos políticos estatales. Al Partido Sonorense de Alí Camacho, Manny Hernández y Fernando Valenzuela se suma el Partido Sonorense Independiente, impulsado por Petra Santos, pero se sabe que el ex director de Servicios Públicos Municipales y experimentado político Norberto Barraza Almazán está haciendo su luchita en ese sentido.

Aún más, me reportan que no son los únicos partidos en ciernes (antes tienen que cumplir una serie de requisitos legales), de manera que para 2024 seguramente veremos, si no muchas caras nuevas en las boletas electorales, por lo menos muchas siglas nuevas.

La experiencia reciente con los partidos de nueva creación es que sirven como plataforma para impulsar candidaturas -generalmente de hombres y mujeres que por diversas razones abandonaros militancias previas-, les alcanza para ganar algunas regidurías pero no para el 3 por ciento de la votación general, lo que inevitablemente los condena a desaparecer en una especie de debut y despedida.

Así fue con el MAS (Movimiento Alternativo Sonorense) que participó por primera vez en 2018 como partido estatal y desapareció ese mismo año. Lanzó como candidato a la alcaldía de Hermosillo al ex perredista José Guadalupe Curiel, a quien le alcanzó para una regiduría. Hoy es funcionario estatal.

En la elección pasada compitieron Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, aunque estos dos tenían registro nacional y en el caso del último, desapareció en la elección previa como Partido Encuentro Social. Sus candidatos a la gubernatura, Cuauhtémoc Galindo Delgado y Carlos Zataráin hoy forman parte del gabinete ampliado de Alfonso Durazo.

Otro partido de nueva creación y con registro nacional que participó en la elección 2021 es Fuerza Social por México, que postuló a María del Rosario Fátima Robles Robles como candidata a la gubernatura. Ese partido también perdió el registro y su candidata se inscribió en la lista de aspirantes para dirigir el Instituto Sonorense de las Mujeres, pero se quedó en el camino. Fue seleccionada Mireya Scarone Adarga.

El único caso ‘exitoso’ es el del Partido Social Demócrata que compitió en 2009 llevando como candidato a la alcaldía al ex priista Vicente Terán Uribe, quien ganó la elección en Agua Prieta. Fue exitoso porque ganó la alcaldía pero igual desapareció en esa elección.

Veremos cómo recibe el electorado a las nuevas opciones que se presenten en 2024, donde habrá de todo.

Por: Arturo Soto Munguía

Si usted, decepcionado lector, desesperanzada lectora ya se hartó de los partidos políticos y está pensando seriamente en pasarse al lado de la mayoría abstencionista que marcó época en la elección pasada cuando se quedó en sus casas viendo como la aplanadora guinda cargada de cascajo le pasaba por encima a lo que quedaba del resto de los partidos, haga una pausa y reconsidere.

Hace días se presentaron en el IEE los señores Alí Camacho, Fernando Valenzuela y Manuel Hernández para presentar la documentación respectiva solicitando se reconozca oficialmente a lo que han dado en llamar Partido Sonorense, una organización con alcance estatal que vendrá a hacer trizas a cuanta opción político electoral se le atraviese en su camino en 2024.

(Risas grabadas).

Alí Camacho es un activista social del sur del estado que en repetidas ocasiones ha buscado una candidatura por el PRI, mismas veces que ha sido ‘bateado’, y Manny Hernández es (o era hasta hace poco) cabeza de la llamada Corriente Crítica del PRI. A Fernando Valenzuela no lo conocemos bien, pero no es el Toro de Etchohuaquila, eso sí lo tenemos claro.

Ahora que si le da cus-cus votar por el neoliberalismo redimido, no se descorazone, porque también podrá voltear hacia la izquierda y encontrarse con el nuevo partido político que hoy, hoy, hoy será anunciado (también como solicitante de registro) nada más y nada menos que por la aguerrida luchadora social y defensora de los desamparados (Benjamín Hurtado no entra en esta categoría), la mismísima Petra Santos Ortiz.

Todos estos personajes están buscando, no vayan ustedes a creer que su vigencia política y su sobrevivencia en el cada vez más escurridizo presupuesto público, sino que traen toda la voluntad de aportar su trabajo, experiencia, conocimientos y proyectos a la construcción de un Sonora más próspero, democrático, progresista, incluyente, plural, diverso y chulo de bonito.

(Aplausos grabados).

Así que ya lo sabe, si usted es de los que se andan moviendo entre los titubeos ideológicos, las vacilaciones políticas y las indefiniciones programáticas, muy pronto tendrá un nuevo par de opciones, si no para comenzar la quinta transformación, por lo menos para consolidar liderazgos de los que estamos ávidos todos aquellos que aún consideramos insuficientes la guía espiritual, el faro moral, la consistencia ética y el poderoso ejemplo de abnegación y entrega a las mejores causas de la patria que representan el Lupillo Curiel, el Temo Galindo y el Bebo Zatarain, los exponentes más preclaros de una lucha que no ha sido en vano.

(Matracas, confeti y serpentinas)

II

El pequeño José es un bebé de unos cuantos días de nacido. Todavía no abre bien los ojos y en su infinita inocencia y probablemente no haya sido todavía presentado ante Dios para su fe bautismal, pero su madre ya lo presentó ante un gran cuadro con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. El mejor presidente de México, en voz de su propia madre, que lo llevó en brazos como quien se lo ofrece a un santo.

La madre no es cualquier madre. Se trata de la señora María del Pilar Ávila Olmedo, a la sazón gobernadora de Baja California, que apenas hace unos días presentó a la criatura en redes sociales y ayer, hizo circular un video en el que destilando devoción, lleva al niño ante la imagen del presidente. La fe mueve montañas, pero el fanatismo las convierte en luminosas epifanías, en sacramento laico, en reverencial entrega y en abnegada ofrenda.

El pequeño José, que en su infinita inocencia no tiene culpa de nada, ni siquiera de nacer en un hospital privado de San Diego porque qué oso el IMSS o un hospital público de México tampoco entiende porqué su madre hace grabar ese video con él como segundo protagonista (el primero es AMLO, claro) y lo viraliza en redes sociales.

La estampa me enchinó un poco el cuero. Primero porque en estos días el país entero se sacudió con la noticia de un bebé un poco mayor que José, pero sin tanta suerte. No nació en San Diego, sino en un hospital de Iztacalco; presentó problemas de salud y fue sometido a una operación que no resistió y tras fallecer fue enterrado en el panteón Nicolás Tolentino, de Iztapalapa, de donde su cadáver fue robado y encontrado después en el basurero del penal de San Miguel, en Puebla.

Ni el pequeño José, ni su madre ni el presidente tienen la culpa de este espeluznante crimen. Pero si la narrativa gubernamental versa machaconamente sobre igualdad, derechos para todos, respeto a las infancias, empatía con los vulnerables, lo mínimo que se podía pedir era un poco de sensibilidad y ‘timing’.

La estampa de doña Pilar llevando a su pequeño hijo a presentarlo ante la imagen del presidente quizás hizo rodar más de una emocionada lágrima a cualquier devoto de San Andrés, pero no deja de ser inoportuna especialmente porque un día antes, manos criminales asesinaron en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado y una semana atrás, al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.

Cada quien tiene derecho a venerar las imágenes que a su fe convenga, y a transmitir esa veneración a su familia, pero doña Pilar, figura pública, gobernadora de un estado donde acaban de asesinar a dos periodistas arteramente bien podría reservarse esos actos de fe para espacios y momentos más íntimos.

Insisto, no tiene doña Pilar la culpa de lo ocurrido al otro bebé ni a los periodistas asesinados, pero la escena muestra diáfanamente la burbuja en la que viven algunos gobernantes, su distancia con la realidad, su absoluta falta de empatía y una cierta vocación por trascender ante los ojos del supremo mandante.

III

Ayer comentábamos que el gobernador Alfonso Durazo ha tenido que ponerse el overol, arremangarse la camisa y atender personalmente algunos conflictos sociales y políticos que poco a poco se van desentrampando: Cananea, yaquis, transporte urbano, seguridad pública.

¡Seguridad pública!, gritarán, saltando de su asiento el balaceado lector, la rafagueada lectora, y con justa razón.

Pues ayer en su rueda de prensa para dar a conocer los avances en el Plan de Justicia para Cananea donde destaca la creación de un fondo con recursos federales y del Grupo México para garantizar un ingreso mensual por diez años a los mineros retirados, así como atención médica, el gobernador tocó también el escabroso tema de la inseguridad, acompañado del delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez.

Dieron a conocer que en esta última semana se incautaron 400 mil pastillas de fentanilo, 352 kilos de narcóticos, 38 armas de asalto, 20 armas cortas, 157 cargadores, diez mil cartuchos, 38 vehículos terrestres y una aeronave. Sobre estos últimos se harán las gestiones correspondientes para habilitarlos como ambulancias; la avioneta podría dar ese servicio a comunidades de la sierra para casos de emergencia.

Hasta aquí todo muy bien.

Pero más tarde nos enteramos por medio de un boletín de la Fiscalía estatal, de la intensa movilización del personal de esa dependencia. Hasta Ures viajaron un agente del MP especializado, un médico veterinario y personal de servicios periciales; también elementos de la Agencia de Investigación Criminal, del departamento de Abigeato que se coordinaron a su vez con sus homólogos de Ures.

La intensa movilización atendió dos demandas por las muertes de Azul, Pulguita, La Pelos, La Wera y Nala, perritos “de ambos sexos, diversas razas y edades”, precisa el boletín.

El personal de la fiscalía inició las pesquisas de las que se desprendieron dos líneas de investigación, aunque no especifica cuáles, o lo hace de manera muy general quizás para respetar la presunción de inocencia de los presuntos autores del envenenamiento de los pobres animalitos, y desde luego el debido proceso.

El boletín es hermoso y revelador: “Ana Laura, propietaria de ‘Nala’, cruza de Pitbull con criollo narró que envenenaron a la perrita el sábado por la noche, falleció el domingo por la madrugada, por lo que decidió interponer la denuncia de la cual ya fue atendida”.

Desde luego, no podían dejar pasar la oportunidad de presumir el reconocimiento social a la eficiencia y rapidez de la atención policiaca. Agregan, citando a la misma Ana Laura: “Se me hizo muy rápido porque ayer hable con una muchacha que me dijo ‘vamos a pasar el caso directamente a la fiscalía’ y hoy en la mañana ya me marcaron, que venían para acá… están haciendo muy buen trabajo porque fue de un día para otro”, expuso.

Esta columna, de innegable vocación animalista, reconoce en toda su valía los trabajos para dar con el envenenador de perros en Ures, pero de nuevo, el ‘timing’. Hay una matazón de cristianos desde Cajeme hasta SLRC y los sabuesos de la fiscalía andan tras la pista de un presunto envenenador de perros.

Agradezcamos que al menos no convocaron a una rueda de prensa, así fuera virtual para dar a conocer el sonado caso. Vaya pues.

Por: Arturo Soto Munguía

Una bronca (otra) de regulares dimensiones está por estallar en el sur del estado.

Les cuento rápidamente que algunos propietarios de predios a la orilla de la playa de Huatabampito se han encontrado en los últimos meses con que están siendo invadidos por gente extraña que se posesiona de los mismos amparados en documentos otorgados por una persona a la que apodan ‘Chapo Niti’ y que se ostenta como autoridad del ejido Moroncarit.

El problema no es nuevo. Ya desde el año pasado se discutió en el cabildo de Huatabampo porque entonces había al menos ocho lotes invadidos de acuerdo con una denuncia del entonces regidor Javier Ruiz Love y declaraciones de la síndica Oralia Palomares.

Pero en los últimos meses los casos se han multiplicado y se habla de que al menos un centenar de lotes se encuentran en esas condiciones, despojados a sus legítimos dueños con el contubernio de autoridades de catastro municipal y en un caso que involucra a algunos notarios públicos.

Se trata de lotes de 14 por 30 metros con valor cercano al millón de pesos cada uno, que fueron adquiridos por sus propietarios desde hace varios años a un costo mucho menor. Con el tiempo esos terrenos adquirieron mayor plusvalía sobre todo porque en esa playa no existen ya terrenos para fraccionar.

El punto es que ya no hay lotes en ese lugar porque todos fueron vendidos desde entonces, pero las autoridades ejidales están emitiendo cartas de posesión a nuevos propietarios, amparados en una resolución del Tribunal Agrario.

Los legítimos dueños se encuentran confundidos y molestos, y preparan ya demandas legales para recuperar sus lotes, aunque se están encontrando con muchas trabas en las instancias gubernamentales, y con algunas sorpresas porque no saben quiénes son los nuevos propietarios.

Este asunto puede escalar próximamente.

II

El gobernador Alfonso Durazo se puso el overol y tuvo que entrar al quite para desenredar la piola de un conflicto que amenazaba con escalar seriamente desde la mismísima capital del cobre, Cananea, donde a lo largo de los años se han venido acumulando problemas irresueltos que al sumarse forman un peligroso coctel de inconformidades imposibles de abordar en una sola mesa.

Durazo promovió una reunión de alto nivel de donde salieron acuerdos iniciales para, de entrada levantar el bloqueo que los mineros de la Sección 65 mantuvieron en la carretera Ímuris-Cananea durante tres días, ahorcando el tránsito de mercancías y personas por esa rúa.

Los reportes indican que se esa reunión, el que salió muy molesto fue el senador y ex líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, un viejo conocido de los cananenses a los que se ‘bailó’ con 50 millones de dólares y que los mineros demandan les sea regresado.

Son muchos y muy variados los problemas que aquejan a los pobladores del mineral, pero hay que reconocer la gestión de Alfonso Durazo para comenzar a darles salida.

Lo mismo sucede en territorio yaqui, donde también estuvo el gobernador el pasado fin de semana abordando los temas relacionados con el Plan de Justicia para la etnia.

Entiendo sus desconfianzas después de haber tratado con tantos gobiernos y presidentes que no les han cumplido, “nada más que entre más nos tardemos en tenernos confianza, más tiempo vamos a perder en construir juntos soluciones”, les dijo a integrantes de la tribu yaqui reunidos en Vícam Estación, a donde acudió acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno.

No es casual que Durazo haya tomado personalmente por los cuernos al toro del conflicto en Cananea y los pueblos yaquis, pues ahí se operan los planes de justicia que el gobierno federal diseñó para ambas comunidades, donde ha habido resistencias que dejan una sombra de duda sobre la eficiencia de los operadores gubernamentales de esos programas, que al parecer no están haciendo la chamba y por ello tuvo que entrar al quite el primer mandatario.

Recordemos que el presidente López Obrador tenía programada una gira para este mes, misma que se pospuso para febrero, en la que visitaría las comunidades indígenas yaqui y seri en medio de una agenda donde aparecían varios temas relacionados con seguridad pública, salud y otros programas federales. Los mineros de Cananea siempre están muy pendientes de estas visitas y ya en una ocasión lo dejaron momentáneamente varado en el estacionamiento del aeropuerto de Hermosillo.

El gobernador no puede darse el lujo de que los dos planes insignia del gobierno federal se ‘atoren’ por la falta de operación política y que en su próxima visita el presidente se lleve algunas sorpresas.

III

Todo mal con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Desde la Fiscalía de Baja California que lo define en un boletín oficial como ‘fallecimiento’ hasta la narrativa presidencial que llama a no adelantar juicios, pero a botepronto deslinda al ex gobernador Jaime Bonilla quien como propietario de un consorcio de medios acababa de perder el juicio laboral que Maldonado ubicó ante el mismo presidente como fuente de hostigamientos que la hacían temer por su vida.

Peor aún la declaración del presidente en la mañanera de ayer asegurando que el asesinato sería investigado como todos. En un país donde el 95 por ciento de las agresiones a periodistas quedan impunes, la promesa de investigarlo ‘como todos’ adquiere tintes de un siniestro humor negro.

Este día en varias ciudades del país se organizarán manifestaciones de repudio al crimen de los tres periodistas asesinados este mes, y de todos los que han caído a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos años, lapso en el cual México se ha convertido en el segundo país más peligroso para ejercer este oficio.

Esa narrativa que viene desde la más alta tribuna del país es la que más mueve a la desesperanza y alimenta la certeza de que, lejos de disiparse, la ominosa sombra del miedo y la impunidad se cierna de manera más amenazante sobre el periodismo y los periodistas.

Todo mal.

Por: Arturo Soto Munguia

Anoche mataron a balazos a la periodista Lourdes Maldonado López en Tijuana; la semana pasada asesinaron a balazos al periodista Margarito Martínez Esquivel, también en Tijuana. Con José Luis Gamboa Arenas, periodista asesinado a puñaladas en Veracruz, este año comenzó con las primeras hojas de su calendario salpicadas de sangre de comunicadores.

En realidad, el calendario está empapado desde hace décadas por la sangre de personas dedicadas a cualquier profesión, pero no hay hasta el momento un indicador que coloque a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer digamos la abogacía, la medicina, la arquitectura, el magisterio, la contaduría, el comercio, la enfermería, el diseño gráfico, la herrería, la investigación científica…

Para ejercer el periodismo sí. El año pasado México se situó en segundo lugar del ranking mundial de países más peligrosos para ejercer esta profesión, solo después de Afganistán (¡de Afganistán!).

El horror de lo que sucede en México cotidianamente ha galvanizado el ánimo de la sociedad. ¿Qué son tres periodistas asesinados en un mes, frente a los más de cien mil asesinatos registrados en el país durante los últimos tres años?

Lourdes Maldonado iba llegando a su casa manejando su auto cuando fue atacada a balazos por personas que evidentemente la estaban esperando. Seguramente conocían sus rutas y rutinas; su domicilio y sus horarios. La tenían documentada. A Margarito Martínez lo mataron de una forma similar.

Además de ser comunicadores, ambos tenían otras cosas en común: habían recibido amenazas y se encontraban acogidos al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Lourdes Maldonado acababa de ganar un litigio laboral a la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad de Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California; empresa que fue embargada a favor de la periodista demandante, quien fue nombrada como depositaria interventora de la misma.

Tres días después la asesinaron.

En 2019, Lourdes Maldonado acudió a la ‘mañanera’ y le planteó al presidente de la República su caso, pues dijo temer por su vida. El presidente la remitió con Jesús Ramírez Cuevas, su jefe de prensa. Hoy está muerta.

Margarito Martínez, fotoperiodista que laboraba para varios medios de comunicación había recibido amenazas de un ex policía que lo acusó de haberlo señalado como ‘halcón’ del crimen organizado a través de páginas de Facebook que supuestamente manejaba Martínez. Tras las amenazas, el fotoperiodista apeló al mecanismo de protección tanto federal como estatal, aunque el secretario de Gobierno de Baja California negó que haya estado inscrito en tal mecanismo. Martínez Esquivel fue asesinado cuando salía de su casa la semana pasada.

II

Hace unos diez años, periodistas de Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz comenzaron a manejar el concepto ‘zona de silencio’. Aludían con él al territorio controlado por grupos del crimen organizado donde, por decisión propia y en resguardo de sus propias vidas, los periodistas asumieron que había temas sobre los que no se puede hablar ni escribir.

El poder del narco en esa zona era tal, que las autoridades gubernamentales tenían una existencia virtual. Habían claudicado, o por lo menos accedido a compartir atribuciones, facultades y prerrogativas con la delincuencia que instalaba retenes para controlar el libre tránsito, cobraba impuestos (derecho de piso, cuotas sobre producción agropecuaria, derechos de importación); seguridad pública y política penitenciaria; migración y hasta financiamiento y supervisión de campañas electorales, entre otras cosas.

Desde entonces y poco a poco el país entero se ha ido convirtiendo en una ‘zona de silencio’.

En los primeros 23 días de este año, tres periodistas han sido asesinados. Es probable que sus casos pasen a engrosar la lista del 95 por ciento de los crímenes de comunicadores que permanecen en la impunidad.

Puede suceder que esos casos se diluyan en el mar de sangre y la oleada de violencia que sacude al país desde el caribe mexicano hasta la frontera norte. Ahora sí que de Mérida a Ensenada y el narco como si nada.

Pero ¿Quién va a contar la historia?

Lourdes, Margarito y José Luis ya no. L@s 25 periodistas asesinad@s en los últimos tres años según Artículo 19, tampoco.

III

Hace diez años, había esa zona de silencio que en México se refería a Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Hoy, todo México es esa zona de silencio, donde el respeto a las libertades (incluidas la de expresión y la de prensa) es irrestricto, hasta que deja de serlo.

Los asesinatos de periodistas no son un mensaje ‘al pueblo en general’, que quizás los registra como una parte casi imperceptible de los miles de asesinatos que se cuentan por año, sino a un sector muy específico de la sociedad al que le queda muy claro que en el país, no hay ente más poderoso que el Estado, que no hay organización más grande y articulada que el gobierno, que no hay fuerza de tarea con mayor poder de fuego que el Ejército. Y que por lo tanto, ningún grupo criminal, ninguno, puede estar por encima de todo eso.

Y sin embargo, lo está.