EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Cuando se alude a conflictos étnicos en Sonora suele echarse la mirada hacia el sur del estado, al territorio yaqui más específicamente.
Con pasar iguales o peores penurias, el resto de las etnias, acaso por ser poblacionalmente menores casi siempre pasan desapercibidas, excepción hecha de aquellas veces en que se lleva a cabo una visita de funcionarios de gobierno, algún desastre natural o problemas derivados de la construcción de obras públicas o privadas que invaden su territorio.
Regidos por sus usos y costumbres, las etnias se han dado a sí mismas formas de organización social, política, cultural que norman su convivencia de manera más o menos armónica. Salvo cuando los gobiernos yoris meten sus manos.
Eso parece estar ocurriendo en estos días con los comcáacs, más familiarmente conocidos como seris, que habitan las comunidades de Punta Chueca y El Desemboque en la costa de Hermosillo, poblaciones de economías precarias, muy lastimadas por la pobreza, la falta de servicios y también, hay que decirlo, por la actividad del crimen organizado.
Pues bien, en junio pasado, como cada tres años se llevó a cabo una elección entre los comuneros para cambiar al presidente de Bienes Comunales de la isla Tiburón, que no solo es un sitio sagrado para la tribu, sino también una reserva ecológica y área de protección de flora y fauna.
En la isla Tiburón hay especies como el venado bura y el borrego cimarrón, cotizados animales silvestres que año con año son buscados para su caza que, debidamente normada por autoridades estatales y federales, constituyen una fuente muy importante de recursos para la etnia.
Un permiso para caza de borrego cimarrón se cotiza en 45 mil dólares y para venado bura oscila entre 7 y 8 mil dólares. El año pasado se otorgaron 12 permisos para cimarrón y 10 para bura.
El dato es importante porque parece que de ahí deriva parte del conflicto que relatamos ya que el presidente de bienes comunales es quien gestiona los permisos de caza, y la elección de junio pasado fue impugnada por un grupo que encabeza Miguel Estrella, quien se reclama legítimamente electo.
De acuerdo con su versión, Estrella obtuvo 95 votos; Efraín Perales 92 y Joel Barnett 91. Sin embargo, Barnett falsificó un acta de la asamblea y la presentó ante el Registro Agrario Nacional, pero se trataba de un documento relativo a una asamblea realizada en enero, que los otros contendientes desconocen pues, alegan, las firmas fueron falsificadas.
El punto es que Barnett registró el acta en el Tribunal Agrario del distrito 28 con sede en Hermosillo y la magistrada Alejandrina Gámez la dio como buena. El grupo de Estrella se inconformó y presentó un recurso de revisión que se fue hasta los tribunales en Ciudad de México, donde todavía no se dirime.
Para mediar en el conflicto, el director Jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo citó al grupo de Miguel Estrella en su oficina de Palacio. Siempre de acuerdo con la versión de este grupo, el recién estrenado funcionario les comunicó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo tendrían que desistir del litigio y dejar en sus manos (en las de Salazar Razo) la gestión de los cintillos de caza y que ellos mismos (el gobierno estatal) los van a repartir.
Los seris inconformes no aceptaron pues ya tienen contratos firmados con cazadores que cada temporada llegan a la isla para sus actividades cinegéticas, y deben cumplirles o se harían sujetos de demandas legales.
El problema se complica porque en este conflicto aparece la señora Patricia Zepeda Arriaga, quien se dedica a la promoción y gestión de cintillos para la cacería en la isla Tiburón y es la que se queda con una buena parte de los recursos que derrama esta actividad. La señora, dicen, presume influencias tanto en las dependencias del gobierno estatal como del federal relacionadas con este tema.
Este miércoles por la mañana, el grupo de Miguel Estrella estará en las oficinas de la Sagarpha en Hermosillo buscando respuestas a sus demandas, ya que los cintillos de caza fueron entregados sin reconocer lo que reclaman como su condición de autoridad legítimamente electa.
Veremos en qué para todo esto.
II
Por fin rindieron protesta los nuevos funcionarios del Poder Legislativo, emanados de negociaciones no exentas de intensidades entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.
Acatando los lineamientos de la reforma constitucional recientemente aprobada (que echó abajo la reforma que hace tres años ‘atornilló’ a los hoy exfuncionarios en sus asientos), los diputados y diputadas arribaron a los acuerdos respectivos para renovar todo el aparato administrativo del Congreso en sus niveles de subdirección hacia arriba.
De hecho, hace un par de semanas que en esas oficinas ya no estaban los titulares, sino encargados de despacho.
Como es natural y atendiendo a la nueva configuración política de ese poder con mayoría morenista, casi todos los estrenados funcionarios traen la marca guinda de la casa, aunque otras fuerzas alcanzaron a negociar algunas posiciones.
En la dirección de Comunicación Social levantó la manita el colega y amigo Jesús Olivas Figueroa, experimentado comunicador que seguramente hará un buen papel considerando su conocimiento del medio y los protagonistas tanto de la talacha reporteril como de directivos y administradores.
Jesús estuvo apuntado en una lista de aspirantes hace tres años, como propuesta de Morena, pero por la historia que ya todos conocemos la mayoría guinda no pudo hacer valer su condición como tal y el colega tuvo que posponer hasta ahora sus aspiraciones que por fin ve cumplidas.
El trabajo que tienen enfrente no será fácil pues la comunicación institucional de un poder como el legislativo, plural, diverso y polémico exige mucha mano izquierda, especialmente en esta nueva etapa marcada por una realidad política distinta a la de legislaturas anteriores. Lidiar con la tropa que cubre la fuente y cumplir sus expectativas de información también le va a exigir horas extra. Pero el Olivas tiene la experiencia y la capacidad para sacar la tarea. Desde acá le deseamos suerte.
Los otros nombramientos son los siguientes:
– Julio César Navarro Contreras, Oficial Mayor.
– Benjamín Gaxiola Loya, titular del Órgano Interno de Control.
– Luis Rogelio Piñeda Taddei, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias.
– Florentino Valencia Durazo, Director General de Administración.
– Pavel Humberto Núñez Moreno, Director General Jurídico.
– Fernando Herrera Saldate, Director General de Normatividad y Procesos Administrativos de Contraloría Interna.
– Renso Daniel Sábori Castro, Director General de Evaluación y Auditoría de Contraloría Interna.
– Óscar Daniel Cardozo Arroyo, Subdirector de Apoyo Legislativo de Oficialía Mayor.
– Juan Carlos Aguilar Polanco, Subdirector de Estudios Legislativos de Oficialía Mayor.
– Julissa Bojórquez Castillo, Subdirectora de Documentación e Información Legislativa de Oficialía Mayor.
– María Fernanda Urquidy Vásquez, Subdirectora de Relaciones Públicas de Oficialía Mayor.
– Dulce María Domínguez Estrada, Directora General de Administración del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Roberto Morghen Gradías, Coordinador de Investigadores del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Victoria Mesalina del Carmen Larios Cortés, Subdirectora de Tesorería de la Dirección General de Administración.
– Karla Aguayo Equihua, Subdirectora de Control Presupuestal y Contabilidad de la Dirección General de Administración.
– Beatriz Alicia Salcido Madrid, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Administración.
– Julio César Coronado Olvera, Subdirector de Proveeduría y Servicios Generales de la Dirección General de Administración.
– Luz María Orduño Rodríguez, Subdirectora de Informática de la Dirección General de Administración.
– Juan Carlos Juvera Moreno, Subdirector de Atención Ciudadana de la Dirección General de Administración.
– Carmen Karina Mungarro Garibay, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Administración.
– Rubén Montaño Medina, Subdirector General Jurídico de la Dirección General Jurídica.
