Autor: Radio Álamos

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Con el anuncio de ayer, Antonio Astiazarán muestra que no está ‘jugando para las gradas’ como suele decirse cuando en un partido de futbol el jugador se luce en cabriolas espectaculares que arrancan el aplauso de la afición, aunque resulten poco efectivas para mover el marcador.

El alcalde de Hermosillo presentó un detallado programa de acciones que no necesariamente concitarán las simpatías del respetable, pero proyectan la intención de poner orden en la gobernanza de la capital del estado a partir de una administración que cueste menos y haga más.

Un programa que por cierto empata con lo que en el Palacio de al lado ya perfiló antes el gobernador Alfonso Durazo y que básicamente consiste en apretar las medidas de austeridad gubernamental, eliminando gastos no indispensables -incluyendo la revisión de la nómina y el aterrizaje forzoso de aviadores-, aumentar la recaudación y modernizar la administración.

En el caso del llamado Plan de Fortalecimiento Financiero presentado por el alcalde se fija como meta reducir en 523.5 millones de pesos el gasto corriente y casi la mitad de ese monto provendrá de los servicios personales, la disminución, compactación y fusión de áreas de la administración pública.

Esto no solo requiere un ejercicio de corridas financieras sino también de política, ya que la burocracia municipal, sobre todo la base sindicalizada resentirá el recorte y ya se aprestan a evaluar el plan desde su impacto en el contrato colectivo de trabajo.

Se entiende que ya hubo pláticas con el dirigente sindical Salvador Díaz Holguín, que estuvo presente en el evento y declaró su disposición a trabajar de la mano con el patrón (en este caso el Ayuntamiento) para que a Hermosillo le vaya bien.

Otros 163 mdp provendrán de la reducción de servicios generales: electricidad, renta de inmuebles, comunicaciones y asesorías, 88 millones más se ahorrarán en gasolina y reparación de vehículos; otros 40 millones se obtendrán por la disminución en el pago de intereses de la deuda bancaria a largo plazo.

Pero no solamente a la burocracia le va a tocar apretarse el cinturón. Los ciudadanos también serán alcanzados por el largo brazo de la recaudación que espera captar más de 5 mil 842 mdp el año entrante. De este monto, al menos 702 millones ingresarán a las arcas municipales a través de un programa de recuperación de cartera vencida, así que si usted, morosa lectora, espichadito lector andan péndulos con la comuna, en los próximos días serán visitados por el amable personal de Tesorería para que actualice sus pasivos, ya sea al ‘cash’ o mediante algún convenio.

Pero de que le van a caer, le van a caer y por eso decía que el plan no va a provocar precisamente la ola en las gradas de los contribuyentes.

Esas son algunas de las medidas anunciadas.

A cambio, el alcalde se comprometió a invertir más de mil 400 millones de pesos para atender prioridades de agua, seguridad y obra pública, lo que representa el triple de lo invertido en administraciones pasadas; el grueso de esos recursos se aplicarán en el rubro de agua potable (unos mil mdp), y una buena parte se utilizará en la adquisición de flota vehicular para seguridad pública, incluyendo patrullas eléctricas.

II

Después de cuatro años ‘tomadas’ ayer fueron regresadas al gobierno federal las casetas de cobro en la carretera federal 15, ubicadas en Guaymas, Hermosillo y Esperanza.

El autodenominado Movimiento por el Libre Tránsito, una agrupación no exenta de sospechosismo finalmente acordó con autoridades estatales y federales para devolver las casetas y ayer el propio gobernador anunció que las mismas volvían a la administración de Capufe.

Ha trascendido que uno de los acuerdos para la ‘liberación’ de las casetas es la implementación de un programa de exención de cuotas para residentes de Sonora, aunque todavía no se conocen más detalles sobre él.

Sigue pendiente también el tema de la reubicación de la caseta de Esperanza y la definición de criterios para determinar el monto que será destinado a la tribu yaqui, de lo que en ella se recaude.

Por lo pronto esas tres casetas ya están funcionando normalmente y falta saber lo que sucederá con las que operan en Magdalena, al norte, y La Jaula, al sur.

Los que siguen funcionando normalmente también son las ‘piolas de cobro’ que tienen los yaquis en Pótam, Vícam y Loma de Guamúchil donde ya hay visos de acuerdo a partir del Plan de Justicia para la etnia, pero por lo visto no logran aterrizar del todo.

Veremos si en los próximos días hay noticias al respecto.

CEBOLLA FINAMENTE PICADA
Un parto de los montes resultó la multipublicitada entrevista con Guillermo Padrés, que terminó en un lastimero soliloquio autovictimizante y poco convincente.

Nada que agregar al respecto después del perro tuitazo de la maestra Leyla Acedo (@leyleona) resumiendo impecable e implacablemente ese ejercicio publicitario, que no periodístico.

“Es como si Paty Chapoy entrevistara a Sergio Andrade. Puro espanto de cinismo y nula memoria”, escribió lacónica pero demoledoramente en su cuenta de Twitter la aguerrida profesora investigadora del Colegio de Sonora.

Ya después de eso, ni para que comentar más nada. Adiós.

También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto

“MAYNEZ, UN CROMADOR DE CORNETAS”: DAVID FIGUEROA
Varias cosas no le gustaron a David Figueroa Ortega respecto a la conducción del partido Movimiento Ciudadano en Sonora y decidió tomar distancia del mismo, permanecer como regidor en el Ayuntamiento respondiendo, dice, a los ciudadanos y no al partido en el que por cierto no milita.

No me voy, asegura, porque no me puedo ir de una organización a la que no pertenezco, pero sí tomo distancia.

Entre las cosas que no le gustaron, dice, entrevistado anoche vía telefónica, es una idea medio extraña que permeó para que en el Consejo Estatal de MC que se realizó este fin de semana en Hermosillo se eligiera a Manuel Scott como el nuevo dirigente relevando a Carlos León García bajo el criterio de que ‘ahora le tocaba al sur del estado’.

Yo no estuve de acuerdo, pero tampoco es para que me hagan caso a mí, considerando que no milito en el partido, aunque tampoco tengo que convalidar eso y prefiero seguir en lo mío, trabajando para los ciudadanos desde el cabildo.

Lo que menos le gustó, asegura, es que al llegar a Hermosillo el representante de la dirigencia nacional, Jorge Álvarez Máynez lo primero que hizo fue ir a tomarse la foto con el alcalde Antonio Astiazarán.

“Se supone que quienes representamos al partido en el cabildo somos los regidores de MC y ni siquiera nos tomó en cuenta, se fue directo a cromarle la corneta al alcalde”, subraya.

Asegura que mantendrá la relación con el partido y sus dirigentes porque finalmente fue bajo sus siglas que compitió y tendría que haber una relación institucional para tratar los temas de interés en el cabildo, pero estoy convencido que el interés que debe prevalecer es el de los ciudadanos y no los del partido.

La cromada lectora, el cornetero lector estarán de acuerdo, sin embargo, en que después de estas declaraciones su relación con la dirigencia partidista no quedará en muy buenos términos. Ya se verá.

Sobre todo porque David asegura que MC en Sonora está cayendo en las mismas prácticas que otros partidos, asegurando las posiciones para una burocracia que se la pasa tomándose selfies mientras relega a quienes hacen la talacha en las calles, a quienes se fletan en las campañas, pero bien que aprovechan los votos por ellos conseguidos para agenciarse las plurinominales.

¡Pum!

Figueroa Ortega renunció al PAN en octubre de 2017 después de muchos años de militancia y en los que ocupó diversos cargos en el partido (fue dirigente estatal) y de elección (alcalde de Agua Prieta, diputado local y federal); también fue cónsul de México en Los Ángeles.

En las negociaciones de la llamada Alianza Va por Sonora buscó ser su candidato a la alcaldía de Hermosillo, pero las negociaciones entre PRI, PAN y PRD derivaron en la candidatura de Antonio Astiazarán que a la postre resultó ganador en la campaña 2021.

David se retiró de esa alianza y se acercó a MC, donde fue designado candidato consiguiendo 37 mil votos, una votación significativa (Antonio Astiazarán tuvo 106 mil y la candidata de Morena, Célida López tuvo 101 mil) que le sirvió al partido para contar con dos regidores en el cabildo.

El desprendimiento de Figueroa Ortega dará de qué hablar en los próximos días.

II

Apenas en el despacho anterior consignamos las dificultades que entraña la interlocución con la etnia yaqui, en parte por la profunda división que hay en la tribu y en parte por las ambigüedades con que hasta ahora se ha operado el Plan de Justicia, que ya provocaron el regreso de un grupo de indígenas a la toma de la carretera internacional para instalar su ‘piola de cuota’.

Pues el asunto puede escalar, porque ya no son solamente una parte de los liderazgos yaquis quienes están haciendo sonar sus tambores de guerra, sino que otras tribus se están sumando, bajo las consideraciones de que las políticas públicas del gobierno federal deben alcanzarlos a todos.

Mañana martes se llevará a cabo en la ramada de Pótam un encuentro internacional indígena convocado por autoridades tradicionales de Rahúm, Belem y Pótam, al que están asistirán también representantes de otras etnias como los mayos, pápagos y seris.

En la agenda destacan los temas de la inclusión de las demandas de las etnias en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2024 de los ayuntamientos con asentamientos indígenas, pero el que llama más la atención está relacionado con lo que consideran una exclusión en todas las naciones indígenas sonorenses, del Plan de Justicia que explícitamente menciona solo a los yaquis.

III

Comenzó el proceso de lavado de imagen del exgobernador Guillermo Padrés y su carrera para hacerse de la dirigencia estatal del PAN a través de su candidato Gildardo Real.

Ante eso solo queda reiterar que hasta el peor delincuente tiene derecho a una defensa, y esa tendría que darla en los tribunales donde por cierto subsisten dos juicios en su contra, uno por lavado de dinero y otro por defraudación fiscal.

Pero como la reaparición del ex gobernador tiene un objetivo político, también debe litigar en los medios y es lo que está haciendo.

Desde luego que seguiremos la entrevista que el colega y amigo Luis Alberto Medina está anunciado con promocionales que ya quisiera un rockstar. Más que por interés periodístico, la veremos con el mismo morbo que si entrevistara al Mochaorejas, al Pozolero o a alguien así.

IV

El Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Rafael Acuña Griego como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es, de acuerdo con lo trascendido, el inicio de un breve camino para que sea designado presidente del Poder Judicial, relevando a Francisco Gutiérrez Rodríguez.

Pocos personajes concitan el consenso de la manera como lo ha hecho el señor Acuña Griego, un decano de la abogacía, funcionario público y un político de reconocidísima trayectoria.

Es, ciertamente un personaje muy cercano a los afectos del gobernador Alfonso Durazo Montaño y por ello ha recibido algunos cuestionamientos más bien marginales o por lo menos, desprovistos de autoridad moral frente a una figura como la del veterano litigante.

Esos cuestionamientos vinieron básicamente del PAN pero no cuentan mucho, sobre todo si consideramos que el señor Acuña Griego sustituye inicialmente a Sebastián Sotomayor, un abogado que tuvo que rendir protesta por correo electrónico porque su nombramiento no salía ni con fórceps en una legislatura adversa al padrecismo que lo impuso.

Por donde quiera que se le vea, el nombramiento de Rafael Acuña Griego es un acierto y será muy interesante ver el relanzamiento del Poder Judicial en todos los ámbitos de su competencia.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
La ‘piola de cuota’ instalada nuevamente por los yaquis de Loma de Guamúchil (y algunos de Loma de Bácum) es el menor de los problemas que en estos momentos enfrentan el gobierno del estado y el gobierno federal en relación con la tribu yaqui. Detrás de él aparece una trama más compleja que puede dar al traste con el multi publicitado Plan de Justicia para la etnia.

Y el telón de fondo es una profunda división que existe en la tribu, a la que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes ni su brazo operador en Sonora, Hugo Aguilar solo han contribuido a agudizar reeditando viejas prácticas que fueron precisamente las que dieron pie a la dualidad de gobiernos tradicionales.

Hoy en día, solo cuatro de los ocho pueblos yaquis (Huírivis, Rahum, Tórim y Cócorit) tienen un gobernador electo según sus usos y costumbres; otros tres, Bácum, Vícam, Pótam y Belem tienen dos gobernadores y el caso de Vícam es paradigmático porque tiene tres.

¿Quiénes son los interlocutores reconocidos por el gobierno para acordar sus políticas públicas?

Esa pregunta se la hice el pasado lunes al gobernador Alfonso Durazo y me respondió que las autoridades tradicionales legítimamente electas y reconocidas por sus pueblos.

Y está bien, si no fuera porque en todos los casos donde hay gobernadores duales cada uno de ellos se asume como depositario de esa representatividad y tiene su propia tropa. Más aún, existen liderazgos que sin ser producto de una decisión plebiscitaria inciden en sus comunidades a propósito de temas importantes.

Por citar solo algunos, el de Mario Luna Romero cabeza de un grupo notable apoyado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que mantiene vivo el litigio contra el acueducto Independencia. Ese grupo se está reorganizando y sumando apoyos para relanzar la demanda de su cancelación como una condicionante para la implementación del Plan de Justicia para la etnia. De hecho, en la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio hijo del General Lázaro Cárdenas se lo hizo ver frente a frente.

Dentro de este grupo, al que en la etnia se le conoce como ‘Los Chipilones’ por el buen trato que recibieron durante el sexenio pasado, ya surgieron diferencias y también se encuentran divididos.

Hay otro grupo en el que aparecen liderazgos como el de Martín Valencia, Guadalupe Flores, Anabela Carlón, todos ellos asesorados por el maestro Rodrigo González, que mantienen una lucha contra el gasoducto de la empresa Lenova, desde el pueblo de Loma de Bácum y que de hecho lograron desviar el curso de su instalación.

A partir de 2010 la lucha de los indígenas contra el acueducto Independencia fue un factor de cohesión que aglutinó a la mayoría de los liderazgos yaquis que a su vez fueron apoyados por los productores agrícolas y otras organizaciones de la sociedad civil cajemense. El gobierno de Guillermo Padrés, buscando legitimar su proyecto se apoyó en algunos gobernadores, lo que atizó más la discordia.

Una discordia que no ha cesado desde entonces y que se manifestó de nueva cuenta en octubre de 2016 cuando se enfrentaron habitantes de Loma de Guamúchil y Loma de Bácum en un episodio violento que dejó saldo de una persona muerta, varios lesionados y uno más en la cárcel: Fidencio Aldama, que aún permanece preso acusado de homicidio tras esos hechos. Los cajemenses ya no acompañaron a los yaquis en la lucha contra el gasoducto y eso también contribuyó a la división.

El Plan de Justicia para la etnia anunciado por el presidente de la República es el más ambicioso que se recuerde desde el gobierno del General Cárdenas y sin embargo, enfrenta resistencias en una parte de la tribu, básicamente por una razón: hasta hoy se ha quedado en palabras y maquetas.

El plan incluye la creación de un distrito de riego para el territorio yaqui pero no se tiene ni idea de cómo se va a administrar; tampoco se sabe si la cuota de agua prometida se vaya a cumplir pues eso no depende de un decreto sino de la disponibilidad del vital líquido. Y eso sin contar el conflicto que pueda suscitar con sus otrora aliados, los productores agropecuarios cajemenses que advierten una disminución en los volúmenes para su distrito de riego.

Se incluye también un acueducto para llevar agua a las comunidades yaquis, pero ya existe uno que lleva agua desde la presa El Oviáchic hasta Guaymas y que eventualmente ha sido bloqueado por los indígenas que nomás ven pasar el tubo pero en sus comunidades tienen serios problemas de desabasto de agua potable y ni se diga de drenaje.

El plan también incluye la construcción de un hospital cuya maqueta ya fue presentada; de varias clínicas y escuelas, así como obras de infraestructura hídrica, pero en la tribu comienza a campear la desconfianza de que todo se trate de historias repetidas en las que se ha prometido todo y no se ha cumplido prácticamente nada.

Peor aún, acusan a Adelfo Regino y Hugo Aguilar de operar de manera muy similar a sus antecesores, repartiendo dinero, carros y otras prebendas entre gobernadores y liderazgos afines para legitimar el Plan de Justicia, como en su momento lo hicieron otros gobiernos en los casos del acueducto Independencia y el gasoducto.

Operación estatal no hay. La titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), Griselda López ha tenido un perfil tan bajo que casi nadie se acuerda de que es la nueva titular de ese organismo donde relevó a Antonio Cruz Casas, quien sigue apareciendo en el portal de la CEDIS como el comisionado.

Recientemente, el gobernador Alfonso Durazo anunció la reubicación de la caseta de cobro de Esperanza y un programa para destinar una parte de lo allí recaudado a las comunidades indígenas, aunque no precisó ni el lugar a donde sería reubicada, ni el monto de esos recursos ni los criterios para determinarlos.

Todas esas ambigüedades en un Plan que aparece como un magnífico acto de justicia para la etnia, han comenzado a levantar resquemores en la tribu y de hecho, es el motivo por el cual los yaquis de la Loma de Guamúchil volvieron a tomar la carretera para instalar su ‘piola de cuota’, apenas unos días después de que el gobernador Durazo anunciara un acuerdo para levantar esa toma.

Entre las ambigüedades del gobierno y la profunda y añeja división en la tribu, que dificulta la interlocución, comienzan a sonar tambores de guerra en territorio yoreme.