LAS TENTACI0NES DEL DINERO NO DISTINGUEN MILITANCIAS
La mayoría de los involucrados en el ramalazo periodístico conocido como Pandora Papers, que enlista a empresarios, políticos y funcionarios públicos mexicanos ligados a millonarias transacciones financieras en paraísos fiscales mediante empresas fantasma, poseen fortunas acumuladas durante los años del viejo régimen.
De hecho, varios de ellos aparecieron en el primer trabajo del Consorcio de Periodistas de Investigación, una organización en la que participaban reporteros de 76 países cuando dieron a conocer los resultados de sus sigilosas pesquisas. Hoy la lista de periodistas y países participantes ha aumentado.
Pandora Papers salió a la luz en 2016 y desde su condición de político de oposición, Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación a fondo pues el asunto olía muy mal y con razón. Esas firmas financieras se utilizan generalmente para evadir impuestos, esconder fortunas (eventualmente mal habidas) y en el peor de los casos, para lavar dinero de procedencia dudosa, por no decir del crimen organizado.
Cinco años después llama la atención que en la nueva revelación periodística aparezcan personajes ligados al gobierno federal, algunos de ellos muy, pero muy cercanos al ahora presidente de la República.
El asunto es serio porque evidencia que la tentación de incurrir en actividades que si no tipifican como lavado de dinero y delincuencia organizada sí se parecen mucho, no es exclusiva de la tecnocracia rapaz del periodo neoliberal sino que alcanza a importantes personajes de un gobierno que ha hecho de la honestidad su estandarte.
Apenas en el despacho del viernes comentábamos la inconformidad que comienza a crecer en el partido gobernante por la inclusión de personajes provenientes de otros partidos, que no solo les arrebatan a militantes de Morena candidaturas y cargos públicos, sino que llegan con las malas mañas aprendidas en su paso por la política desde otras trincheras. Pues bien, hoy queda claro que las tentaciones agarran parejo.
Julio Scherer Ibarra, a quien el presidente considera su hermano, era hasta hace unas semanas su director jurídico y es uno de los nombres que más cejas ha arqueado por la sorpresa ya que aparece como administrador de un departamento en Miami valuado en 1.5 millones de dólares. También aparece relacionado con una empresa que provee al gobierno federal del servicio de comida en las cárceles mexicanas, un negocio multimillonario que le valió ser parte de un expediente judicial abierto desde hace un par de años.
Armando Guadiana fue militante del PRI hasta 2012, partido por el cual fue diputado local décadas atrás; hoy es un pintoresco senador por Morena que ha amasado una gran fortuna con la explotación de minas de carbón en Coahuila para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad. Además de aparecer en un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, el senador reconoció en entrevista que no declaró 28 millones de dólares en su declaración patrimonial porque ‘se atontó’.
Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes tiene una trayectoria más ligada al sector empresarial, aunque fue asesor de Pemex durante los gobiernos priistas de los 70’.
Hoy aparece como propietario de una empresa también en aquel paraíso fiscal, que tampoco incluyó en su declaración patrimonial.
Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, aunque él la haya negado como concubina para librar el escándalo de sus propiedades no declaradas argumentando que estaban a su nombre, pero ninguna relación tenía con ella. Ahora aparece vinculada a una empresa creada en Panamá y propietaria de una cuenta bancaria en Las Bahamas.
El escándalo es una verdadera caja de Pandora en todo el mundo, pues involucra a políticos, empresarios, funcionarios y artistas de diversas nacionalidades. En el caso de México no extraña que aparezcan nombres como el de Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir entre los empresarios enlistados en el reportaje. Sus fortunas siempre han estado bajo la sospecha de un crecimiento desorbitado al amparo del poder político en el viejo régimen.
Extraña, sí, que aparezcan personajes cercanos al primer círculo del presidente López Obrador que ahora tendrá que salir a explicar el tema, aunque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto ya adelantó que abrirá una investigación sobre todos los mencionados.
Spoiler: por lo menos a la gente cercana al presidente no les pasará nada.
II
Y a propósito de bandidos, Ricardo Anaya continuó con su miniserie ‘El Perseguido’, denunciando ahora que el verdadero beneficiario de los sobornos presuntamente destinados por la empresa Odebrecht para comprar el voto de diputados por la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto es Emilio Lozoya, quien se quedó con seis millones de dólares que le habrían sido entregados para tal fin.
En su tercer video de la miniserie, el ex candidato panista acusa que los seis millones de dólares fueron depositados, según la declaración de un socio de Lozoya, por ‘una persona de Hidalgo’ (se refiere a Fabiola Tapia Vargas) quien falleció en octubre de 2014, poco después de la entrega de ese dinero.
Anaya debe saber muy bien lo que es utilizar a terceras personas (acreditando su identidad con su INE y otros documentos) pues los panistas tienen experiencia en esos menesteres.
Durante el padrecismo, ese procedimiento se utilizó para la operación de compraventa de un terreno valuado en 36 millones de pesos ubicado en el vado del río en Hermosillo. Don Trini (Trinidad Ayala Valencia) apareció como el propietario de ese terreno, siendo que el señor es un modesto cantinero de Navojoa.
El ayuntamiento de Hermosillo, presidido entonces por Javier Gándara utilizó su nombre y credencial de elector para escriturar unas 30 hectáreas vendidas al entonces presidente del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo.
También una señora de Álamos, de nombre María Amanda Mendoza fue utilizada mediante ese mismo procedimiento para hacerla aparecer como socia mayoritaria de una empresa minera utilizada para blanquear millones de pesos en empresas de los hermanos del gobernador Padrés. La señora murió por esos mismos días, en las mismas condiciones de pobreza extrema que vivió siempre.
En resumen, eso del blanqueo de dinero, triangulaciones financieras sospechosas, empresas fantasma y demás siguen siendo moneda corriente en la clase política y empresarial, indistintamente de la filiación partidista.
III
Cerramos con otra historia de terror. Ayer por la noche fue baleado en conocido restaurante de San Carlos el policía municipal Jesús Eduardo Manjarrez Covarrubias (‘El Chapo Manjarrez).
En agosto del año pasado circuló en redes sociales la grabación de una conversación telefónica presuntamente entre esta persona y el director de la Policía Municipal de Guaymas, Andrés Humberto Cano Ahuir. En ese diálogo, el jefe le ordena al subordinado proceder contra un par de agentes de la corporación que estarían ligados a grupos criminales en el puerto. Una de las personas mencionadas apareció muerto días después.
Cano Ahuir fue ratificado en su cargo por la actual alcaldesa del puerto, Karla Córdova, condicionando el cabildo su permanencia a una ‘prueba’ de tres meses.
El agente Manjarrez fue perseguido y baleado por personas armadas y alcanzó a llegar a las instalaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública, de donde lo trasladaron a un hospital para su atención médica.
El puerto sigue caliente.
