EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía.
Salud y seguridad pública son temas que están rebasando la capacidad de respuesta del Estado mexicano. La tercera ola de coronavirus ya está encima y desde Chiapas hasta Sonora las armas de los criminales han dejado un reguero de muertos que se cuenta por decenas de miles.
La agenda de Palacio Nacional, sin embargo parece ser otra: la reestructuración de su partido, el reacomodo de tribus, señaladamente en Ciudad de México, el gran circo del tapado y las corcholatas que alienta una sucesión muy anticipada y la no menos circense consulta popular para preguntar a los mexicanos lo siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Cualquier cosa que esto signifique, el gobierno y su partido lo han simplificado de tal manera que todo queda en solicitar un ‘sí’ o un ‘no’ al enjuiciamiento de los presidentes en funciones durante el periodo neoliberal que, según los estudiosos del tema comienza con Miguel de la Madrid Hurtado, pero ese personaje ni siquiera es tocado en la propaganda con la que se entretienen todos en estos momentos.
La pregunta no contiene nombres, fechas ni acusaciones concretas, mucho menos posibles sanciones, pero es el nuevo juguete del aparato gubernamental y partidista para mantener vivo el activismo y sobre todo, la narrativa oficial que en este tema se mantiene permanentemente viendo el futuro con la nuca.
Si la misma atención y esfuerzo que hoy se dedican a estas tareas, se hubiera puesto en el abordaje de la pandemia desde su inicio, o el diseño y operación de una política de seguridad efectiva, cientos de miles de mexicanos quizás hoy seguirían vivos.
En el tema del coronavirus, como en otros, se miente con la verdad. Se asegura desde el oficialismo que el 40 por ciento de la población mexicana ha sido vacunada, lo que equivaldría a más de 50 millones de mexicanos, pero en realidad solo el 16 por ciento de la población ha recibido el esquema completo de vacunación y el 28 por ciento ha recibido al menos la primera dosis.
Pero resulta que hay 36 millones de niños y jóvenes (entre 12 y 18 años) que no han sido vacunados y que son vehículos de transmisión activos, algo que tiene relación con el repunte de los contagios que ya se conoce como la tercera ola.
La Secretaría de Salud federal reconoce hasta ayer 235 mil 277 muertes por Covid19 y la cifra de contagios ha rebasado los 2.6 millones. Con más de 11 mil casos ayer, se alcanzó un nuevo récord desde que arrancó la tercera ola -hace tres semanas, según López Gatell- y fallecieron 219 personas.
Las cifras, incluso las oficiales, son desalentadoras.
Y en el tema de la seguridad pública no hay mucho que la espantada lectora, el tembloroso lector no se enteren cada vez que escuchan un noticiero o leen cualquier medio: ejecuciones sumarias, tiroteos, cuerpos desmembrados, descabezados, colgados, desaparecidos, secuestros, levantones, asaltos ocupan los titulares de las noticias diariamente.
No hay estado en el país que escape a esta realidad.
Estos dos temas, salud y seguridad motivaron ayer una nueva alerta por parte del gobierno de Estados Unidos, que recomendó a sus ciudadanos reconsiderar sus planes de viaje a México, especialmente a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas debido a los altos índices de delitos que allí se registran, secuestros incluidos.
Esta lista coincide con un análisis del Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de EEUU que recientemente reveló que al menos dos terceras partes del territorio nacional en México contaba con presencia del crimen organizado y en algunas regiones éste ejerce el control sobre dicho territorio.
¿Qué hace el gobierno mexicano, y particularmente el primer mandatario, el jefe de Estado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas frente a esta realidad?
Por las propias cifras oficiales, diríase que no mucho.
Su atención parece estar puesta en la recuperación de las alcaldías perdidas en la Ciudad de México y para ello destituyó al coordinador nacional de los programas federales del Bienestar, Gabriel García; envió al senador Martí Batres como secretario de Gobierno de Claudia Sheinbaum y seguramente anunciará más cambios próximamente.
La ingenua lectora, el despistado lector no se tragarán el cuento de que fue la jefa del gobierno capitalino quien decidió el cambio de su secretario, ¿verdad?
Claudia y Martí son viejos conocidos, compañeros de lucha desde la legendaria huelga del CEU en la UNAM en 1986, y algunos interpretaron este movimiento como uno encaminado por dos vías: de un lado trabajar para recuperar el terreno perdido en la capital; del otro, presentarle un frente más cohesionado desde la izquierda a las intenciones presidenciales de Marcelo Ebrard, que por cierto viene del PRI.
El dato no es menospreciable, porque perfila desde ya el reagrupamiento de las distintas tribus en Morena, frente al banderazo de salida dado por el propio presidente de la República para la sucesión 2024, que parece lejana pero ya está a la vuelta de la esquina.
Para mantener encendida la vela del activismo, aceitada la maquinaria propagandística y vigente la narrativa de ajuste de cuentas con el pasado, paralelamente se trabaja en la organización de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes.
Una consulta tan difusa como rara, pues el propio presidente ha dicho que votará en contra, pero todo el partido y sus adláteres están concentrados en el activismo para promover el voto a favor de ese juicio.
Para que tal consulta sea vinculante, es decir, que se traduzca en acciones legales debe convocar al 40 por ciento de la lista nominal, es decir, unos 37.4 millones de electores.
Algunos estudiosos de este ejercicio sostienen que aun cuando se alcance o rebase esa cifra, por la laxitud de la pregunta, por la prescripción de algunos delitos y por otros vericuetos legales, la consulta no tendrá más efectos que los propagandísticos.
El ahínco con el que se promueve la consulta tiene que ver con que esta vez el presidente y su partido no compiten contra otro adversario porque no hay quién orgánicamente esté promoviendo el ‘no’. Compiten contra sí mismos y están obligados a movilizar a sus bases para probar que son capaces de convocar a las urnas a 40 millones de mexicanos.
Si no lo consiguen, se habrán auto infligido una derrota que puede sentar un mal precedente rumbo al siguiente episodio de esta trama: la consulta sobre la revocación del mandato al presidente, que se llevará a cabo el año próximo y en la que ahí sí veremos a la oposición promoviendo el voto anti AMLO.
El presidente mientras tanto, está confiado y presume contar con el apoyo del 72% de los mexicanos que, por lo visto nos motiva más contar votos que muertos.
En fin…
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