por Arturo Soto Munguía
Me consta que el gobernador está -como suele decir él mismo en su versión más bavispense- ‘dejando los pelos en el cerco’ para posicionar temas de trascendencia.
Apenas el domingo acompañó al presidente para poner en operación el acueducto yaqui, una obra de más de dos mil millones de pesos que vendrá a saldar una deuda histórica con todas las comunidades que habitan el territorio de la etnia, la semana pasada supervisó avances en proyectos millonarios en dólares relacionados con el Plan Sonora de Energía Sustentable y ayer lunes firmó un convenio que dotará a este plan del recurso humano capacitado en los más altos estándares de calidad profesional y académica.
Treinta estudiantes sonorenses que cursan sus estudios en instituciones públicas y privadas en el estado viajarán a Taiwán para formarse durante un semestre en la Universidad Nacional Tsing Hua, en la Universidad de Ciencia y Tecnología o en la Universidad Nacional Cheng Kung, a partir de un convenio firmado con las instituciones sonorenses de educación superior.
Los jóvenes viajarán al lejano oriente para especializarse en áreas sustantivas de los capítulos fundamentales del Plan Sonora: electromovilidad, automatización y semiconductores.
No fueron seleccionados por algún burócrata desquehacerado de esos que eventualmente sesgan las oportunidades a partir de sus cercanías familiares o afinidades políticas, sino que fueron las propias universidades quienes los escogieron tomando en cuenta su nivel de inglés y su desempeño académico en la Unison, el ITH, la UES, el ITG, la UniKino y la Universidad de la Sierra.
Este intercambio con las universidades taiwanesas tiene el plus de que los jóvenes tendrán, a su regreso, grandes oportunidades de incorporarse laboralmente a las empresas que gravitan en torno al Plan Sonora. El cabildeo del gobierno sonorense propició también que Muthu Chezian, el CEO de la empresa AMIGO LNG, un empresario de origen indio que estuvo presente en el evento, aportara un millón 300 mil dólares para apoyar a las y los jóvenes sonorenses. Esta empresa forma parte de los inversores en el proyecto de abasto de gas natural en Guaymas, que tendrá una inversión inicial de 3 mil 400 millones de dólares. ¡3 mil 400 millones de dólares!
Esta tendría que ser, a no dudarlo, la nota del día por todo lo que significa no solo para los jóvenes en formación y sus familias, sino para las expectativas de consolidación de Sonora como estado de vanguardia en el proceso de transición energética global.
Pero cuando no es Chana es Juana y el caso es que siempre hay una mosca en la sopa que viene a robar titulares y a acaparar la conversación pública, no siempre para bien, por cierto.
Ayer, la arquitecta Karla Estrella, que en Twitter es una especie de ladilla con ‘spikes’ a la hora de hacer de la comentocracia, la opinología y el chingaqueditismo una profesión de fe, dio a conocer que fue notificada de una denuncia por violencia política en razón de género, debido a un tuit que colgó en su cuenta a partir de la sorpresiva candidatura de una diputada local, a una federal en Hermosillo.
La señora Estrella no dio a conocer la identidad de la diputada demandante, pero como el pecho de Twitter no es bodega, trascendió rápidamente que se trataba de la diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, que apenas en la víspera había sido acremente criticada por un video promocional de su partido en el que aparecía al lado de otras dos jóvenes reivindicando su posicionamiento a la izquierda del espectro político-ideológico como oferta para atraer el voto.
El tuit que propició la denuncia y la solicitud de medidas cautelares rezaba: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
Aludía, obviamente a la incorporación de Barreras Samaniego como candidata a diputada federal por el distrito 03, reemplazando al candidato inicialmente designado, Omar del Valle Colosio, ex militante del PVEM que, conflictuado con la dirigencia nacional de ese partido, ha andado del tingo al tango: primero como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Hermosillo, luego a la del senado, luego a la diputación federal y, por lo que ha trascendido terminará como diputado local plurinominal por el PVEM.
Sergio Gutiérrez, a quien se alude en el tuit motivo de la denuncia, es esposo de Diana Karina. Ambos tuvieron sus días de gloria como panistas en el sexenio de Guillermo Padrés, uno como encargado de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral, la otra como regidora en el ayuntamiento que presidió el priista Maloro Acosta, donde fue el voto que decidió la privatización del servicio de alumbrado público.
La historia de ambos es bastante conocida y no tiene caso abundar en ella, aunque cabe acotar que está más llena de sombras que de luces.
El caso es que ante la eventualidad de que fuera penalizada por su tuit, Karla Estrella decidió eliminarlo, pero dejó la denuncia en redes sociales donde se desató una ola de reacciones, incluyendo la de varios tuiteros y tuiteras que reprodujeron el texto original de Karla, con el reto de que así, la diputada tendría que demandarlos a tod@s.
Pero se abrió la polémica sobre el verdadero tema de fondo, que es la utilización del poder público para perseguir a ciudadanos críticos de sus personeros.
En lo personal, omití deliberadamente sumarme a la réplica del tuit motivo de la denuncia porque, como Karla, tengo cero pruebas de que Gutiérrez Luna haya hecho berrinche y operado para incluir a su esposa como candidata a diputada federal. Tengo también cero dudas, pero como periodista me parece cero profesional acogerme a ese apotegma de ‘cero dudas y cero pruebas’.
Pero Karla no es periodista ni militante de partido político alguno, aunque como todos tenga intacto su derecho de elegir y de opinar.
Y aquí es donde está el meollo del asunto, porque a lo que estamos asistiendo es a la utilización del poder público, las relaciones e influencias para acallar la voz de un ciudadano (en este caso de una ciudadana) que ejerce su derecho a la libertad de expresión.
Actualmente Sergio Gutiérrez, que ha sido muy hábil para migrar desde la derecha panista y sumamente corrupta del padrecismo a la izquierda pura y casta del obradorismo, cargando con su costal de señalamientos sobre presuntas malas prácticas, funge como representante de Morena en el INE, justo donde se agilizó sorprendentemente la denuncia de su esposa contra la ciudadana en mención.
Este episodio debería dejar varias enseñanzas, comenzando por la descomposición de un proyecto de izquierda que por definición tendría que ser respetuoso de las libertades y los derechos, pero que hoy enseña los colmillos más filosos de un autoritarismo que era práctica común en gobiernos que ya dieron de sí y que por lo mismo fueron despreciados en las urnas sobre todo a partir de 2018.
Pero si la oferta del nuevo régimen en ciernes es la del abuso del poder, la censura, la persecución y la intolerancia, hay que preguntarse entonces si esa oferta es simplemente la de dar un giro de 360 grados. Es decir, la de volver al punto en el que estábamos cuando estábamos peor.
Con el agregado de que la señora Barreras Lara es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, y ese chiste sí se cuenta solo.
Colofón
El ‘Plan C’ de López Obrador claramente incluye debilitar al prianismo a partir de la cooptación de sus cuadros, pero esa lanzada conlleva riesgos como los que estamos viendo y que tienen que ver con la colonización de las causas que motivaron un cambio en 2018, por parte de personajes que no van a cambiar jamás su vocación por el ejercicio del poder autoritario, soez, abusivo y desprovisto de cualquier ideología que no sea la del poder por el poder, y de los privilegios.
Ambiciosos vulgares, les llama el presidente.
No fue esta la mejor manera de comenzar la campaña por parte de la diputada Karina Barreras, y este episodio la acompañará a lo largo de todo este proceso. Ni modo.
