por Arturo Soto Munguía
Desde principios del siglo pasado el acceso a la educación gratuita es un derecho constitucional. Por razones que solo pueden explicarse a partir del surrealismo postrevolucionario que tomó por asalto las instituciones abanderando la justicia social al mismo tiempo que profundizaba la brecha de inequidades, es hora de que hoy, miles, si no es que millones de niños mexicanos tienen negado el acceso a la educación.
Peor aún: muchos de los que acceden al sistema educativo tienen que abandonar las aulas frente a la disyuntiva de aprender a leer y escribir, o aportar lo que a su alcance esté para colaborar con el sostenimiento de sus familias. No, no es una estampa rulfiana: las zonas rurales y las áreas urbanas marginales están llenas de casos así, aún en estos tiempos en los que a fuerza de repetirse, el discurso oficial pretende convencernos de que si México no es Dinamarca, ya nos falta cualquier madre.
Con ser un derecho consagrado en la Constitución, el acceso a la educación en México topa con realidades muy crueles. Y está además, incompleto, porque no basta acceder al sistema educativo cuando el verdadero reto es mantenerse en él.
No es lo mismo el acceso que la permanencia y eso queda muy claro cuando se cotejan las cifras de la deserción escolar desde los primeros niveles, de la eficiencia terminal en las universidades o el viacrucis de las familias pobres que deben decidir entre ‘gastar’ sus precarios ingresos en transporte, útiles escolares y todo aquello que implica mandar a uno, dos, tres o más chavales a la escuela, o priorizar ese recurso para la sobrevivencia en el sentido estricto de la palabra.
Hace mucho, incluso antes de los gobiernos neoliberales, el gobierno federal lanzó una campaña para estimular a las familias a inscribir a los y las pequeñas hijas en la escuela: “Si tu hijo cumple cinco años en enero, a preescolar en febrero”, rezaba. O algo así.
La campaña era, obviamente, una mentada de madre para millones de familias de escasos recursos a las que francamente les resultaba inalcanzable o peor aún, prescindible, mandar a sus hijos al kínder, porque desde entonces tenían que ponerlos por lo menos a vender chicles para procurarse un ingreso.
“Si tu hijo cumple cinco años de chiclero, a preescolar en febrero”. Recuerdo que así fue la contracampaña que desde los espacios de la resistencia y la oposición se intentó posicionar con más enjundia que resultados. También en la universidad se luchó mucho por la defensa de esos derechos que aún hoy siguen truncos.
El video recientemente viralizado de un maestro preguntando a sus pequeños alumnos sobre lo que desayunaron ese día rompe el alma: no hubo uno solo que respondiera algo distinto a tortillas, chile y frijoles. Todas y todos pequeños del sureste mexicano donde el ingreso familiar no da para más y las cuentas alegres de los programas sociales no alimentan.
En el norte de la superioridad moral donde hasta el más chico gasta su tostón (gastaba) también hay muchos casos así. Quizá menos que en el sureste, pero los hay.
El problema sigue siendo el mismo, incluso acá en estas tierras de presunta prosperidad y carne asada como sinónimo de ascenso en la escala social. Chingo de morritos y morritas siguen yendo a la escuela desayunando cualquier cosa, pero además, sin la opción de tener en los planteles un desayuno caliente porque el gobierno eliminó esos programas. Y así nomás no rinden.
Cualquier esfuerzo que se haga para paliar este problema tiene que apuntarse como voluntad de aportar algo a eso que mencionamos al principio: no solo el acceso a la educación, sino la permanencia en los planteles. Para eso ayudan mucho las becas.
Apenas en su segundo año de gobierno, Alfonso Durazo Montaño firmó un decreto para que en adelante, nadie pueda quitarles a los estudiantes sonorenses el derecho a recibir una beca del programa Oportunidades, pues este derecho será elevado a rango constitucional.
Este es un programa al que el gobernador ha puesto especial cuidado desde el inicio de su administración, cuando ‘convenció’ a los diputados locales de reorientar 400 millones de pesos del presupuesto del Congreso del Estado para destinarlos al fondo de becas; al siguiente año el monto se incrementó a casi 700 millones de pesos y al término de su gestión espera dejar ese fondo con dos mil millones de pesos.
Fue un día de fiesta ayer por rumbos de la Unión Ganadera Regional de Sonora donde se congregaron unos 11 mil jóvenes para atestiguar la firma de este decreto que modifica al anteriormente propuesto por el mismo gobernador y que fue aprobado por unanimidad en el Congreso.
En ese mismo evento se entregaron 6 mil 361 becas a estudiantes universitarios, que equivalen a 46 mil 490 millones de pesos; otros 5 mil estudiantes de primaria y secundaria accedieron a becas que representan casi 10 mil millones de pesos.
Las becas -y el gobernador no se cansa de repetirlo al ser él mismo beneficiario de una de ellas- pueden representar para un estudiante la diferencia entre mantenerse en la escuela o tener que desertar por falta de mecanismos que garanticen su permanencia en el sistema educativo.
En la foto que ilustra esta columna se ve bien el gobernador, alzando por lo alto el decreto y aplaudido por el secretario de Educación, Aarón Grageda, rodeados ambos por un mar de jóvenes festivos. Casi igual que Manlio, que López Nogales, que Eduardo Bours, que Guillermo Padrés, que Claudia Pavlovich. Todos tienen esa foto para el recuerdo.
III
Con buena mano izquierda el alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán anunció la decisión de consolidar el cárcamo de La Sauceda como Ciudad Deportiva y construir en otro terreno las oficinas de gobierno municipal, un proyecto que dividió opiniones entre los hermosillenses con posiciones a favor y en contra.
Entre estos últimos hubo grupos de la sociedad civil que consideraron inapropiado la construcción de esas oficinas argumentando entre otras cosas que el proyecto iba en contra de la vocación de esos terrenos como espacios para la recreación, el deporte, la conservación de especies, la reforestación; desde entonces hubo manifestaciones de rechazo que trataron de conciliarse mediante el diálogo, pero finalmente el Ayuntamiento desactivó las protestas decidiendo buscar otro terreno.
Hay que apuntar que ese espacio estuvo a punto de ser vendido a particulares en la anterior administración, con el objetivo de hacerse de fondos (unos cien millones de pesos) para aplicarlos en pavimentación de la ciudad, lo que finalmente no prosperó luego de la intervención del gobierno federal que anunció un monto de 500 millones para infraestructura urbana.
Astiazarán Gutiérrez no solo conservó el cárcamo sino que comenzó a invertirle en la recuperación de la infraestructura deportiva, la modernización de la misma y la construcción de campos y otros espacios para convertir esa zona en un complejo deportivo que en un futuro pase a ser un pulmón de la ciudad.
“Somos un gobierno que escucha y resuelve y así seguiremos, convirtiendo tus prioridades en las prioridades del gobierno”, dijo el alcalde en un mensaje difundido ayer por las diversas redes sociales.
Hubo, recordó, peticiones legítimas para recuperar los espacios deportivos, porque Hermosillo está para tener campos de primer nivel, con iluminación, medidas reglamentarias e incluir espacios para disciplinas que poco se han tomado en cuenta, pero también, subrayó, es necesario contar con un espacio que concentre los servicios y trámites del Ayuntamiento, donde existan instalaciones dignas y estacionamiento suficiente.
IV
Todo listo para la presentación del libro “De La Habana a Camagüey” en Navojoa en próximo viernes a las siete de la tarde en el reservado del Hotel Boyee, por lo que extendemos una amable invitación a la banda zancudera de la Perla del Mayo para que nos acompañe.
Y en Ciudad Obregón, el sábado 1 de julio estaremos presentándolo en el Salón Bicentenario del Hotel Wyndham, a las siete de la tarde. Queda abierta la invitación y allá nos vemos. Me dará mucho gusto saludarles.
