Autor: Radio Álamos

Por Arturo Soto Munguía

La de ‘El Chato’ es una historia triste con final inesperadamente feliz, que incluye atención, cuidados y hasta candilejas y reflectores mediáticos que lo colocan en la senda del estrellato canino de estos días, después de una vida de penurias, hambreadas y maltratos de esos que no se merece ni usted, pulgoso lector, moquillenta lectora.

Pero más allá de su paso por la historia al ser el primer perro en participar presencialmente en una audiencia judicial, nada podría resultar más satisfactorio para ‘El Chato’ que escuchar cuando el juez que conoce la causa vinculó a proceso a Juana “N”, la dueña del animalito al que mantenía amarrado en un baldío, sin agua ni comida “por lo que presentaba angustia, estrés, sed, insolación y desnutrición; sus costillas eran visibles y se puso en riesgo su vida”, según el boletín de la Fiscalía estatal que parece describir a un amigo mío cuyo nombre mantendré en la secrecía por una mínima observación a la protección de datos personales.

Aunque enfrentará su proceso en libertad, Juana “N”, originaria de Etchojoa, donde sucedieron los hechos, no podrá salir de su lugar de residencia en tanto se desarrollan las investigaciones complementarias.

Versiones extraoficiales indican que la Interpol ya recibió solicitud de ficha roja para localizarla en caso de que se quiera dar a la fuga, y ya destacó agentes encubiertos en El Chucárit, Basconcobe, Sebampo y Buaysiacobe, en donde podría buscar refugio para evadir la acción de la justicia.

‘El Chato’ fue encontrado en ese malhadado baldío hace unos cuarenta días, durante un cateo efectuado por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, atado con una piola al parecer elaborada con el mismo material del que se hizo la que ayer no podía romper el mismísimo gobernador Alfonso Durazo en el tradicional corte de reata y le tuvo que dar como diez machetazos.

(Por cierto, ya ni la chingan los ganaderos organizados de Sonora. El gobernador les acaba de otorgar 26 millones de pesos para remozar las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora, sede de la llamada ‘Fiesta del pueblo’, y no fueron para pagarle cien pesos a un afilador, ya no digamos para comprar un machete nuevo que no hiciera pasar esos incómodos momentos al jefe del Ejecutivo. Esperemos que a don Juan Ochoa, presidente de la UGRS le caiga agüita en su nube por estos días, sobre todo con los ingresos obtenidos por la venta de bebidas alcohólicas, y ahorre para comprar un buen machete el año que entra).

Pero no nos perdamos. Estábamos con ‘El Chato’, macho de la raza bóxer (sin pedigrí certificado y más bien tirando a criollo, pero muy bonito) de unos nueve años de edad que ayer suplió a su cuidadora temporal, una joven que, ocupada como estaba en el albergue de animales a su cargo, no pudo asistir ni siquiera vía Zoom a la audiencia judicial en la que aportaría su testimonio en el juicio contra Juana “N”.

Fue así que el juez autorizó la ‘individualización’ del perrito para que fuera él quien participara en la audiencia que duró una hora con diez minutos y durante la cual ‘El Chato’ “permaneció tranquilo y atento”, siempre de acuerdo con el boletín, que no cita detalles sobre el testimonio de ‘El Chato’.

Conozco algunos amigos igualmente maltratados que si estuvieran ahí para escuchar a un juez vincular a proceso a sus maltratadoras, estarían no digo tranquilos y atentos: hasta la pinche cola hubieran movido con regocijo y alivio.

Ahora ‘El Chato’ tiene otros problemas, si bien menores, como puede ser el de la obesidad, después de que en los últimos cuarenta días le entró con devoción y fe a las croquetas como si lo hubieran tenido amarrado… esperen, sí lo tenían amarrado…

“‘El Chato’ luce juguetón y feliz, solo que presenta cierto grado de obesidad, por lo que será atendido por personal del refugio ‘Cashitos de esperanza’ a cargo de Margarita Murillo, en Huatabampo, donde con gran cariño le brindan asilo, atención personal y médica”, concluye felizmente el boletín.

El histórico e inédito caso de la audiencia perrona mereció un video especial de la fiscal estatal Claudia Indira Contreras en el que explicó que a la fecha se han judicializado 40 casos similares a los de ‘El Chato’ y en todos ellos se ha vinculado a proceso a los responsables del maltrato animal, una práctica que hay que erradicar si se pretende avanzar hacia una sociedad más humanitaria, porque el maltrato animal también es violencia.

Por cierto, una vez que se recupere, ‘El Chato’ estará disponible para adopción, así que ya sabe, si usted quiere convivir con un rockstar, esté atento a la información de la fiscalía.

Claro, deberá estar consciente de que por las particularidades del caso, tendrá que acreditar disposición para llevarlo y traerlo a las audiencias que siguen hasta que se dirima el asunto. En lo personal, me interesa mucho asistir a la próxima audiencia, sobre todo por el interés periodístico que despierta la eventualidad de un careo entre ‘El Chato’ y Juana “N”, algo que podría estar incubando el juicio del siglo.

También mereció un tuit del gobernador en el que invitó a la sociedad a continuar creando conciencia de la importancia de tratar a los animales con respeto y dignidad.

II

Ayer trascendieron, de manera extraoficial nuevos cambios en el gabinete ampliado. Guillermo Díaz, quien se venía desempeñando con buen oficio en la subsecretaria de Desarrollo Político del gobierno estatal, pasó a la dirección del Conalep.

Una baja sensible en un contexto donde el oficio político suele no abundar, y El Memo lo hizo bien sobre todo en el tema de la relación con el Legislativo, pero con la asunción de Adolfo Salazar Razo a la secretaría de Gobierno, se entiende que debe reestructurar el equipo en esa dependencia. Se habla de que la subsecretaría será ocupada por Carlos Ernesto ‘El Bebo’ Zatarain, quien firma como titular del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública.

Carlos Sosa, quien se venía desempeñando en la dirección del Conalep estaría asumiendo la titularidad del Instituto de Movilidad y Transporte, mientras que Lirio del Castillo, actual titular de esa dependencia regresaría a su curul en el Congreso local.

David Mendoza, quien firma como secretario particular del gobernador, pasaría a la CECOP, y su lugar lo ocuparía Juan Manuel González Alvarado, aún coordinador estatal de Protección Civil y vocero de la Mesa Estatal de Seguridad.

Por Arturo Soto Munguía

Contra las paredes deben andar estrellando la cabeza aquellos que pensaron que era una buena idea invitar a Lilly Téllez para encabezar la fórmula al Senado por Morena en 2018.

La conductora de televisión nunca fue una simpatizante de las causas de la izquierda y por ello muchos morenistas sonorenses alzaron la ceja cuando se enteraron de que acompañaría a Alfonso Durazo en aquellas elecciones que tenían ganadas de antemano, como indicaban todas las encuestas que desde entonces anticipaban el tsunami obradorista.

Pero de nuevo guardaron silencio. Callaron como momias, para decirlo en palabras del propio López Obrador y más aún, aplaudieron con singular entusiasmo cada palabra de la señora Téllez en los mítines de campaña.

Lo que siguió es historia conocida. La señora entró, naturalmente en choque con las posiciones progresistas del movimiento y renunció a la bancada guinda para sumarse a la del PAN, donde ha hecho de la estridencia y la alharaca una plataforma que la ha llevado a aparecer en las listas de presidenciables en la oposición.

Y aquí sí que como dijo alguna vez “El Pelón” Rosas a propósito de versiones que surgieron por allá en el 2003 en el sentido de que Manuel Espino podía ser candidato del PAN a la gubernatura de Sonora: “ojalá lo sea y ojalá que voten por él, para ver si se les quita lo pendejos”.

Y es que la señora Lilly Téllez, como el propio Manuel Espino, representan las posiciones más oscuras del conservadurismo, pero por esas extrañas razones que escapan al entendimiento de los comunes mortales, ambos aparecieron un mal día, inopinadamente, levantándole el brazo a Andrés Manuel López Obrador. De Hecho, Manuel Espino sigue siendo un activo de Morena y hasta quiso competir por la candidatura de ese partido al gobierno de Durango. Fue parado en seco.

En alguna ocasión, y en lo que pareciera un acto de contricción, el propio presidente de la República aceptó que fue él mismo quien invitó a la señora Téllez a integrar la fórmula al senado junto a Alfonso Durazo. Es de las pocas ocasiones que AMLO reconoce un error suyo.

La senadora ha sabido capitalizar bien el clima de polarización que desde hace años campea por el país y que si bien es cierto es atizado cotidianamente desde las mañaneras, no es menos cierto que desde la oposición se le sopla también cotidianamente al fuego del discurso de odio, cayendo en una dinámica de insultos, descalificaciones y escarnios mutuos.

En un contexto así, es claro que la senadora puede convocar el voto de ciertos sectores furiosos contra el gobierno de López Obrador, que pueden ser bastante virulentos, pero poco nutridos como contingente electoral.

Estoy convencido de que Lilly Téllez sería la mejor candidata de la oposición, sobre todo para Morena. Es decir, el discurso beligerante y cruzado por todo aquello que el movimiento obradorista se ha encargado de fijar bien en el imaginario de amplísimos sectores de la población como lastres del viejo régimen la convertirían en la rival más débil.

Aquí y ahora no hay, en los escenarios proyectados por la gente más calificada en estudios demoscópicos, posibilidades reales de que la oposición gane la presidencia de la República en 2024. Pero una candidata hueca y ruidosa, como lata vacía, ciertamente, puede concitar el voto de minorías furiosas, pero sin duda ahuyentaría el de sectores mucho más amplios, incluyendo el de simpatizantes de Morena que se han desencantado del movimiento, pero no les parece ni cercanamente atractivo un personaje como la señora Téllez.

Es decir, una candidatura como la suya ayudaría a atomizar no solo el voto duro del morenismo, sino el de ese sector que ya votó contra el PRI y el PAN pero que dudaría mucho en regresarles la confianza si su abanderada tiene un perfil como el de la sonorense, que ayer protagonizó otro de sus escándalos durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska en el Senado.

Al margen de regionalismos ramplones y votos viscerales, creo que la mejor candidata de AMLO para afianzar el triunfo de Morena en 2024, es la señora Lilly Téllez. Se vale disentir, desde luego, que para eso existen las libertades.

II

Ayer el gobernador del estado, Alfonso Durazo respondió una pregunta que muchos sonorenses se hacían cada vez que se mencionaba el tema de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco: ¿Qué beneficios concretos traerá al bolsillo ciudadano la megaproducción de electricidad en esa planta?

Al anunciar que a partir del próximo primero de mayo comenzará a ejercerse el subsidio para la tarifa de verano en Sonora, el mandatario adelantó que se encuentra gestionando ante el gobierno federal una propuesta para que una parte de los recursos que se obtengan por la comercialización de energía generada en la planta de Puerto Peñasco y en las otras que se están proyectando, se destinen para subsidiar las tarifas en Sonora.

La propuesta parece viable y de concretarse sería en justa correspondencia con lo que representan para el gobierno federal estas plantas, no solo en lo económico sino que, como columna vertebral del Plan Sonora de Energías Sostenibles encarnan junto a los otros proyectos que lo integran, la parte vanguardista de la política energética mexicana, el compromiso con la generación de energías limpias y la carta de presentación de México ante el mundo en materia de compromisos con la agenda verde.

Por cierto, el Plan Sonora fue presentado en la Cumbre California-México 2030, donde el titular del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, Francisco Acuña Méndez lo expuso ante verdaderos ‘machuchones’ de empresas relacionadas con el sector, académicos e investigadores así como funcionarios de gobierno y gerentes de instituciones financieras internacionales.

Entre los temas expuestos destacan el desarrollo de energía renovable, la expansión de estos proyectos desde una perspectiva binacional y los alcances del plan a través de sus vertientes: energía solar, explotación de litio y licuefacción de gas.

III

En Hermosillo, mientras tanto, y a propósito de políticas vanguardistas, el alcalde Antonio Astiazarán lanzó el programa CRECE Conectado, que habilita 150 espacios públicos de internet gratuito en la cabecera municipal y el poblado Miguel Alemán.

Este fue un compromiso presentado durante su campaña por la alcaldía en 2021 y al concretarse hoy convierte a Hermosillo en una de las ciudades con mayor conectividad gratuita y sin límites del país.

Se trata de la red HMO_CONECTA que ya está disponible en 150 puntos de la ciudad y a la que se puede acceder con solo llenar un formulario. Toda la información al respecto se encuentra en la página www.wifi.hermosillo.gob.mx

El propio alcalde probó la eficiencia de la red al conectarse desde el parque Bugambilias e interactuar vía zoom con diez personas ubicadas en diversos puntos de la ciudad con quienes compartió impresiones sobre este programa que cubrirá con wifi gratuito las zonas más concurridas como plazas, parques y paradas de camión cercanas a escuelas y hospitales.

Por Arturo Soto Munguía

El escenario nacional bien podría ser el espejo en el que deberían verse los gobiernos locales, acaso como un ejercicio de contrastes que diera pie a la ponderación del arte de la negociación sobre la política del todo o nada.

En Sonora, por ejemplo, aparece seria la denuncia de la diputada local Natalia Rivera en el sentido de que las iniciativas de Movimiento Ciudadano comenzaron a desecharse sin discusión y sin miramientos a partir de que su bancada escaló los posicionamientos críticos hacia el gobierno estatal.

Morena y sus aliados en el Congreso no tienen el más mínimo problema para, apoyados en su sobrada mayoría calificada, aprobar o rechazar lo que a sus intereses convenga. Intereses legítimos, hay que decirlo, y de los cuales hace uso en el también legítimo ejercicio del gobierno que el electorado les confió en las urnas.

Pero por ejemplo, Rivera Grijalva presentó ayer una iniciativa interesante que busca prevenir delitos sexuales a partir de un registro de personas encontradas culpables de agresiones sexuales, lo que permitiría además agilizar investigaciones en ese delito, que en Sonora se ha incrementado 18% en los últimos años y ha colocado a esta entidad en el deshonroso segundo lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual.

La diputada teme que en esa lógica de mandar a la ‘congeladora legislativa’ sin análisis ni debate, cualquier iniciativa solo por ser presentada por la bancada de MC, privando así a la sociedad sonorense de mecanismos para abordar los delitos sexuales, su prevención y persecución.

En descargo de Morena y sus aliados, hay que decir que están viviendo sus momentos estelares, ejerciendo el poder sin contrapesos y pueden darse esos y otros lujos.

Solo hay que apuntar que de la misma forma lo hizo el PRI de hace 30 años y más atrás, lo cual de momento le resultó sumamente satisfactorio y pensó que así sería por siempre. La realidad le demostró que no.

II

Lo anterior viene a cuento por lo siguiente.

A contrapelo de quienes se ‘rascan las vestiduras’ (diría Martín Matrecitos, el exdiputado morenista de quien hasta el momento de redactar esta nota se desconoce su paradero) pregonando que en México vivimos una dictadura, lo que acabamos de ver en vivo y a todo color fue la vigencia de la separación de poderes, la autonomía de la SCJN y el ejercicio de los contrapesos que, con altas y bajas, mantienen la gobernabilidad en los cauces de la democracia.

Con todos los adjetivos que usted le guste poner, pero democracia y no dictadura.

Con una mayoría calificada de ocho votos contra tres, los ministros de la Suprema Corte echaron por tierra la columna vertebral de la política de seguridad pública que trazó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su mandato.

Bien a bien, no se sabe qué pasó en aquellos días entre el triunfo electoral de 2018 y el arranque de la administración obradorista, pues de aquella bandera de campaña que prometía el regreso del Ejército a los cuarteles se pasó a la cesión desmesurada del poder a los militares, que no solo se mantuvieron en las calles, sino que ahora despachan desde oficinas de grandes empresas estatales relacionadas con la construcción y administración de infraestructura estratégica (puertos, aeropuertos, bancos, aduanas y ferrocarriles; refinerías).

Aunque esa es otra historia que tiene un capítulo muy interesante en la reciente revelación de Guacamaya Leaks sobre los suntuosos gastos del General Secretario Luis Cresencio Sandoval a diversos destinos del mundo, algunos de gran lujo y acompañado de familiares, amigos y escoltas.

Pero el punto inicial era el del revés que le propinó la SCJN al jefe del Ejecutivo al declarar inconstitucional la adscripción administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que esa corporación civil (integrada en un 90 por ciento por militares y jefaturada por militares), pasará a la Secretaría de Seguridad.

Y la sentencia es inatacable. Ya no hay recurso legal para revertirla.

No es el primer revés que los otros poderes (el Legislativo y el Judicial) le asestan al Ejecutivo. Uno de los más dolorosos para el gobierno de López Obrador fue la reforma electoral, rechazada en el Congreso de la Unión y el ‘Plan B’ que pretendía rescatar algunos puntos de la misma y que no pasó en la Suprema Corte. Ni qué decir del descarrilamiento de su candidata a presidirla, la señora Yasmín Esquivel, de quien no hace falta más comentarios.

El otro sucedió ayer con la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a leyes secundarias que traspasan la Guardia Nacional a la Sedena.

Más allá del mal humor presidencial, no se sabe con certeza si esto modificaría (y cómo) la política de seguridad desarrollada hasta el momento, pero es obvio que tensará aún más las cuerdas de la relación entre el Ejecutivo y la SCJN.

La sentencia llega además en mal momento. Justo cuando el tema del combate al crimen organizado ha llevado la relación con Estados Unidos a los límites de una crisis aderezada con el intervencionismo Yanqui que en una operación encubierta infiltró al mismísimo cártel de Sinaloa hasta sus mandos más altos, derivando de allí acusaciones contra 28 jefes de esa organización criminal, incluyendo a los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Si la DEA infiltró al cártel de Sinaloa, ni usted ni yo queremos saber la de cosas que habrán descubierto, sobre todo en materia de relaciones entre ese grupo criminal y las corporaciones policiacas y militares mexicanas, cuando no del poder civil.

Hay fundadas razones para la preocupación del lado mexicano. Primero por la condenable, deleznable y abusiva injerencia norteamericana que atenta contra la soberanía nacional y el derecho del pueblo de México a la autodeterminación.

Y en el plano de las elites, por lo que puede significar para el actual gobierno la información que en manos de EEUU, podría revelar la eventual implicación de mandos civiles, policiacos y militares en el negocio global del crimen organizado.

II

Por extraño que parezca para el conservadurismo fifí, en gruesas capas de la población mexicana y en un sector de la clase política hay gente que ve en López Obrador a un político de excepción, un corredor keniano, un líder de los que nacen cada cien años, cuando no la encarnación de la santísima trinidad Juárez-Madero-Cárdenas; una deidad en la que el error no existe y las equivocaciones menos.

Pero incluso algunos de ellos, por lo bajo, aceptarán que si las reformas trascendentes (energética, laboral, electoral, de seguridad) las hubiera propuesto en la primera mitad de su sexenio, habrían pasado sin mayor trámite y no estaría ahora metido en todo este embrollo que apunta más a la complicación que a la distensión.

Durante sus primeros tres años tuvo el presidente una mayoría calificada, no ganada en las urnas, pero sí en la negociación y la cooptación de legisladores, hay que decirlo, pero mayoría calificada al fin, que le habría facilitado las cosas.

Pero, acaso en la euforia de los 30 millones de votos que lo llevaron al poder como el presidente más legitimado de la historia, calculó que tres años después, en 2021 no solo repetiría la hazaña arropado por su espectacular popularidad y su irrebatible liderazgo.

La realidad es que en las elecciones intermedias del 21, Morena perdió al menos diez millones de votos y la mitad de las preferencias en la Ciudad de México, emblemática sede del voto por la izquierda, incluso antes de que la gobernara por primera vez en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas.

Hoy que se consume su penúltimo año de gobierno, con la sucesión presidencial en marcha (y consecuentemente las naturales disputas internas por el poder), con una base social disminuida y con una buena cantidad de expectativas rotas sobre todo en materia de salud, economía, seguridad pública, el escenario luce complicado.

Asumamos que no está en riesgo la continuidad de su proyecto de nación. Asumamos que su liderazgo y el replanteamiento de las políticas de atención a los más pobres le garantizan una base social suficiente para sacar adelante su propia sucesión. Asumamos también que la oposición partidista no tiene ni liderazgos, ni oferta ni base social que se acerque siquiera a la épica marejada de 2018 que llevó a Andrés Manuel a la presidencia.

Quien lo suceda en el cargo, sin embargo y asumiendo que será de su propio partido, tendrá que lidiar con una correlación de fuerzas no solo en las cámaras y la Suprema Corte, sino en las calles y en las urnas, muy diferente a la de los últimos cinco años.

Por Arturo Soto Munguía

Se cumplió la primera parte de lo anticipado en este espacio ayer: Álvaro Bracamonte Sierra dejó la secretaría de Gobierno y fue relevado por Adolfo Salazar Razo.

Pero el maestro Bracamonte no se fue a la SEC como nos habían asegurado, sino a la secretaría Técnica del Consejo Político Nacional de Morena, donde le esperan tareas mucho mayores que las de la política doméstica en Sonora.

De hecho será la prueba de fuego en las Ligas Mayores de la política nacional para Álvaro Bracamonte. Como hombre de todas las confianzas del gobernador Alfonso Durazo, quien a su vez preside ese, el máximo órgano de dirección de Morena en el país, al maestro universitario le tocará lidiar no solo con las direcciones nacionales de los partidos aliados; también con los adversarios y más aún, con los jerarcas de las principales corrientes dentro de Morena, que tienen ante sí dos procesos electorales en marcha (Coahuila y Edomex), y sobre todo la sucesión presidencial, desde el proceso de selección del candidato(a) a la presidencia y sus previsibles secuelas.

El maestro se sacó, a no dudarlo, la rifa del tigre. Pero algo debió ver en él Alfonso Durazo para encomendarle tan serias responsabilidades. Le deseamos la mejor de las suertes.

Adolfo Salazar por su parte, puede ser considerado fácilmente como otro de los hombres en los que el gobernador tiene depositada toda su confianza. Salazar Razo ha tenido una carrera meteórica en Morena, donde comenzó desde el activismo estudiantil y fue escalando posiciones meteóricamente, acompañando a Durazo Montaño desde la candidatura al senado en 2018 y posteriormente en la secretaría de Seguridad federal y en la dirección estatal del partido. En el gobierno estatal, Adolfo Salazar estuvo a cargo de la Consejería Jurídica, de la Oficina del Ejecutivo y ahora ocupará la segunda oficina más refrigerada de Palacio.

Por el lado del secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda me aseguró ayer con la mano sobre la Cartilla Moral, que el maestro está más firme de una roca al frente de esa dependencia y que jamás le ha pasado por la cabeza la idea de abandonar el cargo, aunque como soldado del Ejecutivo, está allí para acatar sus instrucciones si en determinado momento es llamado para otra responsabilidad.

Y para refrendar la cercanía con el gobernador, apareció a su lado en la principal tribuna mediática del país, para anunciar una campaña del gobierno federal para la prevención del uso y abuso de drogas. El señor Grageda apareció ni más ni menos que en la mañanera ayudando a explicar de qué se trata la campaña “Si te drogas, te dañas”, que busca llevar a las escuelas módulos y actividades relacionadas con este tema durante dos o tres días a la semana. Ahí nomás.

El cargo de Adolfo Salazar en la jefatura de Oficina del ejecutivo permanecerá acéfalo pero no será por mucho tiempo. Quizás esta misma semana el gobernador anuncie el relevo buscando, según adelantó en su mañanera de ayer un perfil joven y preferentemente femenino.

Como suele suceder, colegas y ‘colegos’ comenzaron las rondas de especulaciones elaborando diversas ternas en las que llamó la atención que en todas se repetía al menos un personaje: la joven y experimentada directora del Sistema Estatal de Comunicación, Paulina Ocaña Encinas, que cumple perfectamente con el perfil delineado, pero además se sabe que el gobernador le tiene un especial afecto.

La tanda de especulaciones sigue y no es gratuito, pues en la mañanera de ayer quedó claro que los cambios no se detendrán y de quien se habla con mayor insistencia es de la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río. Ya veremos.

II

Muy interesante el programa de financiamiento perfilado ayer por el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán para que micro, pequeñas y medianas empresas en esta capital accedan a créditos preferenciales que les permitan reconvertir sus fuentes de electricidad, lo que se traduciría en importantes ahorros.

Lo atractivo de este programa es que los créditos prácticamente se pagarían con los ahorros obtenidos en el consumo, y que el gobierno municipal aportaría una cantidad como garantía, misma que Nacional Financiera potenciaría para que los bancos puedan ofrecer financiamientos de hasta dos millones de pesos con una tasa de interés anual del 15.75%.

Así, estos negocios podrían adquirir e instalar paneles solares, acceder a asistencia técnica y asesorías para reducir consumos de electricidad “de forma tal que los gastos por este concepto no superen los pagos por el financiamiento”, de acuerdo con lo que explicó la titular de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert.

Suena muy interesante.

Y otro apunte que se nos había pasado comentar es sobre el reordenamiento de las finanzas municipales, donde se ha reducido en más de 100 millones de pesos el saldo total de su deuda y se lograron ahorros por otros 53 millones anuales en intereses.

Ahí se encuentra una de las claves para aquellos que preguntan de dónde está saliendo el dinero para la obra pública en Hermosillo, donde el año pasado se invirtieron 800 millones procedentes de recursos propios logrados con estos ahorros.

III

Volviendo al terreno de la grilla, fue cauto el gobernador al responder sobre la reciente incorporación de Miguel Ernesto Pompa Corella (ayer le puse los apellidos de su primo, El Buitre Robles Pompa) a un grupo de apoyo a la precandidatura presidencial de Adán Augusto López en Baja California Sur.

Por respeto al secretario de Gobernación, ‘que se ha portado muy bien con Sonora’, dijo el mandatario, no abundaría al respecto, pero no se guardó un apunte crítico en el sentido de que “El Potrillo”, como parte del equipo del anterior gobierno estatal, tiene responsabilidades sobre el estado en que le entregaron la administración.

En Morena hay un pesado silencio institucional sobre esta reciente incorporación, y es en el PRI donde han surgido voces críticas como las del propio dirigente estatal Rogelio Díaz Brown quien adelantó eventuales sanciones, y hasta los llamados ‘priistas inconformes’ externaron su extrañeza por la tendencia de algunos tricolores a voltear hacia Morena, y no hacia el PAN donde, asumen, se encontraría un aliado en caso de que el PRI se siga asumiendo como un partido de oposición. Trakas.

IV

El que no va a amanecer nada contento es el presidente de la República, ya que ayer los ministros de la SCJN adelantaron el sentido de sus votos en el análisis de la acción de inconstitucionalidad que invalidaría la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.

La votación será hoy, pero ayer solo dos ministros argumentaron en contra de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara que propone invalidar esa transferencia. Y sí, adivinó usted: esos ministros fueron el presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea y la ministra Yasmín Esquivel, la del polémico plagio de su tesis.

Si hoy se refrenda el sentido de esos votos (hubo nueve a favor) va a arder Troya en Palacio Nacional, donde de por sí no hay buena química con los ministros.

Por Arturo Soto Munguía

Si las acomedidas fuentes no fallan, este lunes amaneceremos con nuevo secretario de Gobierno en el gabinete de Alfonso Durazo.

Álvaro Bracamonte Sierra estaría cumpliendo el ciclo para el que fue designado y asumiendo la secretaría de Educación y Cultura, cargo al que aspiraba desde el inicio de la administración y al que estaba proyectado ‘naturalito’.

Aarón Grageda Bustamante estaría regresando a la academia, de donde nunca debió haber salido, según dicen personas cercanas a su entorno con quien solía quejarse de la poca paga y la mucha chinga que implicaba la responsabilidad de estar al frente de una de las dependencias que mayor presupuesto maneja, pero además donde hay muchas y graves responsabilidades, incluyendo aquellas que tienen que ver con el cabildeo de políticas educativas, diseños académicos y curriculares, así como lidiar con huestes sindicales y de proveedores, que rozan los linderos de la tentación de no pocos funcionarios y funcionarias que al calor de viejas inercias, sucumben al llamado de los ilegales pellizcos al presupuesto, comúnmente denominados corruptelas. El caso Cecytes es uno de ellos, aunque aseguran que no el único.

Suena fuerte para suceder a Bracamontes en el segundo cargo en importancia en el organigrama estatal, el actual jefe de la Oficina del Ejecutivo, Adolfo Salazar Razo.

Nada de esto está confirmado, pero el gobernador ha citado para este lunes a las 11 de la mañana a la rueda de prensa que habitualmente encabeza los martes, lo que ha dado pie a toda clase de especulaciones.

Y ya que estamos en ese plano, me permito aventurar una hipótesis sobre estos eventuales enroques.

II

Uno de los principales compromisos políticos adquiridos por el entonces candidato a gobernador, Alfonso Durazo (de hecho los adquirió desde que fue candidato al Senado, si no es que poco antes) fue con un sector cuyo peso político no tiene tanto que ver con su número como con su influencia en la opinión pública: el de maestros, investigadores, artistas, intelectuales…

Me refiero a la reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora, una espinita que después de 30 años aquellos que se opusieron a la llamada ‘Ley Beltrones’ traían aún clavada y que vieron en Durazo Montaño y el ascenso del movimiento obradorista la oportunidad de cobrarse lo que consideraron siempre una afrenta.

Ese sector apoyó más allá de sus fuerzas a la 4T y fue, por cierto, bien correspondido: candidaturas, cargos en la estructura gubernamental de los tres niveles de gobierno, incluyendo instituciones educativas llegaron para los aguiluchos, otrora marginados de la toma de decisiones de gobierno.

El secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes viene de esa generación de maestros a quienes tocó la resistencia a la Ley 4, y desde su oficina, fue el artífice de la reforma a la misma. No hubo nadie que estuviera, de principio a fin, más involucrado en lo que terminó siendo la Ley 169, apoyado, claro, por muchos más de aquella generación de activistas magisteriales y estudiantiles que hoy pasan lista como funcionarios públicos.

Y lo hizo muy bien. El trabajo fue impecable y sin punto de comparación con aquella reforma de 1991 que desató la revuelta universitaria a la que el gobierno estatal combatió a sangre y fuego, literalmente.

III

La Ley 4 permitió a sucesivos gobiernos estatales abrir una era de estabilidad y paz en su relación con la Unison, así fuera a costa de sacar a los universitarios señaladamente a los estudiantes, pero también a académicos, manuales y administrativos, de la toma de decisiones en sus campus, dejando estas en una reducida elite de notables y una muy nutrida legión de burócratas.

La Ley 169 llegó para retomar las dinámicas de participación en el cogobierno universitario por parte de los propios universitarios, pero ¡oh, sorpresa!, no despertó el interés de la comunidad universitaria después de 30 años de letargo.

La Ley 4 permitió a Beltrones copar los órganos de gobierno universitario con sus afines (o por lo menos con gente que no lo confrontaría) y eso les sirvió también a sus sucesores: Armando López Nogales, Eduardo Bours, Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich no tuvieron mayores conflictos con el otrora combativo ‘nido de grillos’ que era la Unison.

La Ley 169 permitiría (de acuerdo a las proyecciones de Morena Universitaria) copar los órganos de gobierno de la Unison con afines al proyecto obradorista y por tanto, al de Alfonso Durazo Montaño.

Pero el resultado del primer proceso electoral bajo la nueva ley fue un fiasco. El sector más participativo fue, como era previsible el de los académicos y académicas aunque para ello su sindicato hubo de echar mano de ciertas prácticas otrora muy cuestionadas para promover la participación.

El sector estudiantil simplemente despreció las elecciones y su afluencia a las urnas apenas llegó al 25%. Y decir afluencia a las urnas es una alegoría, pues en realidad cualquier aguilucho podía votar desde su Smartphone, PC, laptop o tablet. Aun así el 75 por ciento de los estudiantes no votó, por las razones que gusten y manden.

Aunque hay que tomar en cuenta un dato. Más o menos la mitad de los alumnos de la Unison comenzaron sus carreras de manera virtual hace entre dos y tres años, producto de la pandemia. Es decir, si los que llevaban clases virtuales no tenían una idea clara de lo que eran estos procesos electorales, aquellos que recién se incorporaron a la dinámica presencial son absolutamente ajenos a los mismos.

Pero eso no fue lo peor. Si al gobernador le habían vendido la idea de que las elecciones arrojarían una Universidad copada en sus órganos de gobierno por personas afines a su proyecto, eso no sucedió.

En una primera aproximación a los números, los candidatos afines a Morena ganaron alrededor del 12 por ciento de los espacios en el Colegio Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Unison, donde las posibilidades de ‘empatar’ sus decisiones con las del gobierno no desaparecen, pero digamos que se diluyen.

En seis departamentos, los estudiantes no registraron planillas, incluyendo el de Historia y Antropología, cuna de Aarón Grageda. En el de Economía, cuna del secretario de Gobierno hubo empate entre dos viejos conocidos: Miguel Ángel Vázquez Ruiz y Héctor Segura Ramos (ambos de izquierda, pero uno más de izquierda que otro jejejeje) para el Colegio Universitario.

También hubo empates en otros departamentos y eso se tiene que dirimir este lunes al filo de la una de la tarde, porque es el plazo para instalar el Colegio Universitario.

En general, la llamada Morena Universitaria fue derrotada ya por el abstencionismo, ya por el desinterés, ya por planillas no identificadas con la causa obradorista.

Por citar un par de casos al menos raros. En Hermosillo, donde el STEUS debió elegir un representante al Colegio Universitario, hubo cuatro planillas registradas. Y a los sindicalistas les ganó un empleado de confianza.

O en Psicología y Ciencias de la Comunicación, donde Morena postuló a una cuñada del diputado Jacobo Mendoza, esta fue avasallada por el doble de votos a manos de Manuel Tapia Fonllem, que en la narrativa morenista tampoco es de izquierda. O es de izquierda, pero ‘menos de izquierda’ ya que se identifica más con el PRD.

En fin, el punto es que las expectativas vendidas al gobernador por parte del secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte en el sentido de que Morena arrasaría en las elecciones de la Unison para copar los nuevos órganos de gobierno, no se cumplieron. Peor aún, dejaron a esos órganos de gobierno en manos de gente no comprometida incondicionalmente con el proyecto de Durazo y eso no es que necesariamente signifique un valladar para el gobernador, pero lo obligará a redoblar sus artes negociadoras frente a instancias que no se le cuadren tan fácilmente.

En resumen: Álvaro Bracamonte quizá le vendió al gobernador una idea que en el papel se veía irresistible, pero que en adelante quizá no sea tan atractiva.

Ahí podría estar una de las claves del relevo que, insisto, puede anunciarse este lunes. O quizá más adelante.

IV

Que El Potrillo Robles Pompa se fue a Morena es falso. Lo hizo, dice entrevistado telefónicamente, atendiendo la invitación de Adán Augusto López para formar parte de un grupo de apoyo llamado “Movimiento Integrador” que está sumando fuerzas de filiación variopinta.

Orgánicamente no pertenece a Morena, no se ha afiliado, de momento no piensa hacerlo, no ha renunciado al PRI y solo atendió la invitación de un amigo con quien coincidió en las curules de San Lázaro en la 61 legislatura federal.

Reconoce que en adelante le será más difícil reintegrarse al PRI, pero dice sin vacilaciones que apoyará la candidatura del tabasqueño.

Dijo más cosas, pero el espacio se acaba y mejor mañana les cuento, porque el asunto está caliente.

Tan caliente que el dirigente estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown fue uno de los primeros en salir a condenar la aparición del ex secretario de Gobierno de Claudia Pavlovich en un evento público de apoyo a un precandidato de Morena. Lo mínimo que le dijo es “desleal”, aunque “El Potrillo” dice que no es deslealtad apoyar a un amigo como Adán Augusto y en todo caso tendría que discutir con él el concepto de lealtad.

También me dijo que no le pidió parecer ni consultó a su exjefa Claudia Pavlovich para aparecer en ese acto con Adán Augusto.

El tema estará calientito en estos días por rumbos del PRI, aunque tengo la impresión que no tanto en Morena, donde “lo importante no es dónde venimos, sino a dónde vamos”, como bien dijo el gobernador Alfonso Durazo cuando en Guaymas le reclamaron por qué postulaban a Karla Córdova y no a Rodolfo Lizárraga (QEPD).

V

Les debemos los resultados de la excelente gira del gobernador Alfonso Durazo por el sur del estado donde dispersó recursos millonarios en programas sociales y entregó escrituras que dan certidumbre a la propiedad de miles de sonorenses a quienes nunca les había tocado.

Y bueno, también dejó policontundida la espalda de Lorenia Valles, la directora del DIF Sonora, con tremendo espaldarazo ‘en público de la gente’ cuando ponderó el trabajo que la funcionaria sigue haciendo al frente de la institución más humanista de todo su gobierno y que está a cargo, honorariamente desde luego, de su esposa, la señora María del Rocío Chávez.

También mencionó a otra funcionaria (a propósito de la venta de espejitos que el gobernador ya no compra) pero dijo que no le iba a echar porras porque luego se sube a un ladrillo. El que entendió, entendió.