Autor: Radio Álamos

Por Arturo Soto Mungía

Inevitablemente, el relevo de Guadalupe Taddei en la titularidad del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales entró al carril de la partidización y lo que se esperaba un proceso terso se enredó en el Congreso del Estado, abriendo la ruta de las impugnaciones.

Cuando el propio Congreso nombro a Taddei Zavala en el cargo de comisionada presidenta del ISTAI, en febrero del año pasado, nombró también a Rebeca Fernanda López Aguirre como su suplente para casos de ausencias temporales o definitivas. Es el caso de la ausencia obligada de Guadalupe Taddei al asumir el cargo de consejera presidenta del INE, en el que durará diez años.

Rebeca Fernanda se viene desempeñando desde hace cinco años en ese instituto como secretaria de Ejecución.

La Ley Estatal de Transparencia establece que los suplentes tendrán prioridad en caso de ausencia de los titulares, y no contempla la figura de interinato, salida que los diputados le dieron al asunto ayer, en medio de una polémica.

Hay que recordar que en febrero del año pasado el Congreso nombró, junto a tres nuevos comisionados (incluyendo a la presidenta) a sus respectivos suplentes. En el caso de Taddei, que fue nombrada por siete años, su suplente es Rebeca Fernanda López Aguirre y todo indicaría que le corresponde asumir la titularidad.

Pero alguien operó para buscar un recoveco legal que permitiera al Congreso nombrar a la suplente como comisionada presidenta interina, y citando el artículo 157 de la Constitución Política del Estado, se determinó que así sería en tanto se lanza una convocatoria para elegir a quien ocupe la titularidad por siete años a partir de la toma de protesta respectiva.

“De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 157 de la Constitución Política del Estado de Sonora, López Aguirre deberá asumir como comisionada Presidenta Interina, en sustitución de la ciudadana Guadalupe Taddei Zavala, hasta que rinda protesta la persona que habrá de ejercer el cargo de manera definitiva, conforme a los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora”, establece el punto segundo del Acuerdo.

(El primero, aprobado en el pleno ayer, con la ausencia de la bancada panista, fue para aprobar la renuncia irrevocable de Taddei Zavala al ISTAI).

Consulté el artículo 157 y esto es lo que dice: Artículo 157.- Todo funcionario o empleado público, tiene el deber de protestar antes de encargarse de sus funciones, en la forma siguiente: La autoridad que deba recibir la protesta dirá: “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de………….. que el pueblo (o la autoridad que lo confiere) os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?” -El interpelado contestará: “sí protesto”. Acto continuo dirá la persona ante quien se otorga la protesta: “Si no lo hiciéreis así la Nación y el Estado os lo demanden”.

En ningún lado, como se observa, alude ni a las suplencias ni a la figura del interinato.

Un ex asesor parlamentario consideró que esta ruta es ilegal y obedece más a la intención de elegir a un comisionado o comisionada presidenta afín a los intereses del gobierno estatal y de la propia bancada morenista. Eso motivado porque a su vez, a López Aguirre se le identifica más cercana a las posiciones priistas.

De hecho, fue Natalia Rivera, diputada de MC quien argumentó a favor de que se siguiera la ruta establecida en la ley de transparencia y fuera Rebeca quien asumiera la presidencia del ISTAI, pero Morena y sus aliados le echaron montón e hicieron pasar el acuerdo para lanzar una nueva convocatoria.

Con la mayoría calificada que tiene Morena y sus aliados, obviamente que en esa ruta, quien quede en la presidencia sustituyendo a Guadalupe Taddei será alguien con afinidades al gobierno en turno.

Hasta hoy no se sabe si López Aguirre va a litigar este proceso en el que por cierto, no tiene nada que perder, ya que si no queda en la presidencia, igual se mantiene en el cargo de secretaria de Ejecución. Sin embargo, si gana el litigio podría llegar con heridas de la batalla por la zancadilla recibida, y quizás eso la convierta en una presidenta que no se pliegue totalmente a las posiciones gubernamentales.

Si eso sucede, la culpa sería de quien ideó la ruta del artículo 157 para introducir esa modalidad de convocar a un nuevo proceso de selección.

En fin, a ver si no se enreda más este asunto.

II

El colega y amigo Jesús Moreno Durazo nos hace llegar una invitación para asistir a un taller para periodistas con el propósito de fortalecer capacidades y brindar herramientas a quienes andamos en esta brega, para enfrentar con mejor información los riesgos jurídicos y procesos judiciales en nuestra contra por causa del ejercicio periodístico.

El taller viene en muy buen tiempo en estos momentos cuando abundan los acosos, hostigamientos y demandas contra periodistas por daño moral, halconeo, difamación, calumnias y demás.

El taller en organizado por la Agencia para Desarrollo Internacional (USAID), la organización defensora de los Derechos Humanos Renace San Luis; la organización SocialTic, dedicada a la investigación y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales; la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey y la organización SinAmenaza, que busca garantizar el acceso a la asesoría, acompañamiento y representación jurídica de personas periodistas que viven criminalización a causa de su labor.

Es completamente gratuito y se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril a las cinco de la tarde en la Secundaria Hermosillo Highpoint International School ubicada en Bulevar Juan Navarrete 534, colonia Nazareo Residencial, en Hermosillo, Sonora.

Para registrarse pueden hacerlo entrando a este link: https://t.co/aoONmW6r6u

Por Arturo Soto Munguía

Bien vistas las cosas, la renovación de cuatro consejeros nacionales del INE fue una batalla en la que el presidente no ganó todo, ni la oposición perdió todo. O viceversa.

La elección de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del INE, y de Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López y Arturo Castillo Loza está lejos de acercarse a lo que el presidente hubiera querido y que propuso en su iniciativa de reforma electoral: que los consejeros fueran electos a boca de urna por el voto popular y entre un universo de 60 candidat@s propuestos: 20 por la Cámara de Diputados, 20 por la presidencia de la República y 20 por la SCJN.

Tampoco es lo que la oposición hubiera deseado pero, descartada que fue la posibilidad de negociar cuotas partidistas, todo quedó en el azar y por ejemplo, en la quinteta de donde salió ganadora Guadalupe Taddei solo una de ellas pasaría como no afín a Morena. Sería mucha mala suerte para el presidente y su partido que hubiese salido sorteada Rebeca Barrera Amador, la única que no tiene antecedentes que la vinculen al partido en el poder.

Pero para la oposición hubiese sido un escopetazo en la cara que la suerte recayera en Bertha María Alcalde Luján, una soldadera del presidente a quien la ligan a él afinidades, militancia y cercanía familiar.

Personajes como Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE y a quien de ninguna manera puede considerarse depositario de los afectos presidenciales, han manifestado que Guadalupe Taddei fue lo mejor que le pudo haber pasado el INE dadas las condiciones en que se dirimió el proceso. Y eso es mucho decir.

Considérese que el Consejo General del INE es un órgano colegiado compuesto por 11 hombres y mujeres que definitivamente no son extraterrestres y tienen su corazoncito latiendo por alguna u otra corriente política, pero indudablemente todas y todos son profesionales que habrán de abordar el complicado proceso de sucesión presidencial que viene.

En perspectiva, no hubo derrotas ni victorias totales para alguno de los dos grandes bloques en disputa y eso es alentador.

Al presidente le ‘batearon’ la reforma electoral en el Congreso de la Unión y el ‘Plan B’ en la SCJN, y también, hay que decirlo, en las calles y las plazas del país, donde la resistencia tomó forma de cientos de miles, contra cientos de miles, también hay que decirlo, de simpatizantes de la causa presidencial.

A la oposición le metieron tres de cuatro, pero insisto, hubiera podido ser peor.

Ahora bien, esos tres consejeros, incluyendo la presidenta Guadalupe Taddei que se identifican más con Morena que con la oposición, acreditan trayectorias profesionales, experiencia y conocimientos de la cosa electoral suficientes para respaldar su toma de decisiones.

¿Esto elimina la confrontación del presidente con el INE? De ninguna manera. Recordemos que al calor de la reforma judicial que le ‘batearon’ al presidente, AMLO se quejó de que dos de los cuatro ministros de la SCJN “se le voltearon” a pesar de haber sido propuestos por él y de que tres de ellos trabajaron a su lado, ya en campaña, ya como presidente.

Posturas similares podremos ver en adelante, si el renovado Consejo General del INE favorece decisiones que no sean del agrado presidencial.

El ambiente preelectoral está muy caldeado y se pondrá más en junio próximo con las elecciones en Coahuila y Estado de México, pero sin duda escalará a niveles insospechados en la sucesión presidencial 2024.

Lo que estamos viendo ahora es apenas una probadita.

Es tan sintomático que Morena no haya lanzado los sombreros al aire con la elección de Guadalupe Taddei, como el hecho de que una parte de la oposición (particularmente del PAN) se prepare para impugnar su nombramiento. En ambos casos, se trata de las facciones más atrasadas de cada fuerza política.

De esos bajos fondos de la oposición es de donde surgió una fake news, alimentada por el odio y la guerra permanente contra AMLO y Morena, difundieron una fotografía donde aparece el presidente abrazando a la familia Taddei Arriola, dando por hecho que Guadalupe Taddei, a quien el presidente dijo no conocer, aparecía en esa imagen, cuando en realidad se trataba de Irene Arriola, la esposa de Jorge Taddei.

La fake news prendió, sobre todo fuera de Sonora. Y prendió porque se sabe que la familia Taddei es parte de la nueva genealogía del poder en esta entidad: Jorge es delegado del Bienestar, su hija Celeste es diputada local, su hijo Pablo es director de la nueva empresa Litiomx y hay al menos una decena de parientes más en la nómina estatal. Guadalupe, la nueva presidenta del INE, es prima hermana de Jorge.

El periódico Reforma perdió todo atisbo de profesionalismo y mínima dignidad. Junto a él, se fueron a la cargada connotados y connotadas integrantes del antiobradorismo dando por bueno el bulo. En realidad quedaron en ridículo.

Y mostraron, lastimosamente para su causa, las razones por las cuales no son confiables. Si para atacar a un gobierno que sin duda tiene yerros, omisiones y no pocos casos de corrupción, nepotismo y demás ‘lacras del pasado’ (AMLO dixit) lo que tienen son esas armas, se entiende entonces por qué no han podido articular una respuesta y una propuesta más o menos coherente para minar la hegemonía guinda.

Durante el fin de semana también circuló el bulo de que el presidente había sufrido otro infarto, lo cual también resultó una mentira. Si con eso la oposición piensa que va a escalar posiciones, Morena puede estar más o menos tranquila porque los de enfrente no traen nada.

II

Se despidió el plano terrenal el sábado el exdiputado local Rodolfo Lizárraga. Ni héroe ni villano; simplemente un hombre que vivió como quiso hacerlo; con aciertos y errores, y murió sin ver cumplido su sueño de ser alcalde de su natal Guaymas.

En 2021 era sin duda, el candidato mejor posicionado en la coalición Juntos hacemos historia pero su pasado inmediato en su gestión como diputado durante la segunda mitad del sexenio de Claudia Pavlovich pesó para que la candidatura le fuera otorgada a Karla Córdova cuyos orígenes políticos están más cercanos al PAN y a Movimiento Ciudadano.

Me tocó entrevistar varias veces a Rodolfo como candidato del PT a la alcaldía en esa campaña y constatar que entre todos los candidatos era el que mejor acreditaba trabajo de acercamiento y gestión ante los guaymenses, pero no pudo contra la ola guinda.

Tampoco pudo contra un agresivo cáncer que terminó por llevárselo después de minar salvajemente su salud. Descanse en paz.

Por Arturo Soto Munguía

Está en marcha, sin duda, una operación de Estado para que los 39 cuerpos de migrantes muertos en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez queden en el mismo sitio que los 49 niños de la Guardería ABC, los 137 muertos de Tlahuelilpan y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Donde habita el olvido, diría Sabina. Donde habita la impunidad, agregaría.

Es curioso, por no decir siniestro, que en esas cuatro grandes tragedias donde cadenas de complicidades, omisiones, abusos, corruptelas y tráfico de influencias fueron formando tormentas perfectas para que la muerte envolviera en llamas a 258 personas distantes en el tiempo y en el espacio, pero convergentes en su condición de víctimas.

Y que el Estado mexicano se calzara, hoy como ayer, el uniforme de bombero para apagar los fuegos donde puede arder cualquiera, menos quienes lo encarnan.

Como en su momento lo hicieron otros gobiernos, el actual ha prometido que no habrá impunidad, se ha comprometido con el castigo a los responsables, con la investigación ‘hasta las últimas consecuencias’ y también con la implementación de acciones para la no repetición.

En los hechos, la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, con el voto de sus aliados impidió que pasara la solicitud de comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente. Ambos, precandidatos presidenciales de su partido.

Curiosamente, fue el senador Ricardo Monreal Ávila quien propuso tales comparecencias y al momento de votar, se abstuvo. Pasó, eso sí, una propuesta para que comparezca el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño para que informe sobre los hechos trágicos de Ciudad Juárez.

Aunque las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, este se mantiene fuera del foco de la atención pública y quien ha dado la cara es la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.

Gertz no aparece en público desde hace meses y se sabe que convalece de una enfermedad. Por razones distintas, es claro que a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López los mantendrán en un bajo perfil durante el abordaje de este tema, pese a que el INAMI depende de Gobernación y el tema migratorio está a cargo de la cancillería.

Lo más relevante en la rueda de prensa que ayer dio Rosa Icela Rodríguez fue la implicación de la empresa de seguridad privada es CAMSA, y no SEICSA, cuyo apoderado legal es el cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdez Cabrera, una empresa que tiene contratos con diversas dependencias del gobierno federal por 3 mil millones de pesos.

El periodista sonorense Jesús Alberto Ibarra documentó que esa empresa tiene un contrato por 56 millones de pesos con la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas SA de CV, pero se sabe que presta sus servicios a otras dependencias como el IMSS, CFE y el propio INAMI.

La secretaria de Seguridad también reveló que ya se giraron órdenes de aprehensión contra 5 empleados de la empresa de seguridad, dos agentes federales y uno estatal y rubricó con el clásico “se investigará a todas las autoridades que sea necesario”.

Todo parece indicar, sin embargo, que la maquinaria de Estado se encuentra en marcha para que al final, como ocurrió en los casos ABC, Ayotzinapa, Tlahuelilpan y otros más, la justicia llegue hasta el sacrificio de algunos chivos expiatorios pero no a las cabezas de las instituciones que por omisión o por comisión permitieron que a lo largo de los años se fuera generando esa tormenta perfecta que derivó en un nuevo infierno en el que murieron esta vez, 39 migrantes.

Supongo que las autoridades gubernamentales están haciendo lo que desde su perspectiva es lo correcto, es decir, un control de daños políticos para no resultar muy dañados electoralmente en los comicios que vienen. Lo mismo hicieron gobiernos del PRI y el PAN frente a tragedias similares que les tocó en su momento.

Solo basta apuntar que entre otras cosas, ese tipo de gestión de crisis derivó, con los años, en una erosión de la legitimidad que a la postre les costó el repudio del electorado.

II

Natalia Rivera Grijalva sigue perfilándose como la diputada más productiva en la actual legislatura y una de las que recoge de mejor manera las demandas ciudadanas de diversa índole para traducirlas en leyes.

Ayer presentó una iniciativa para sancionar a las empresas que excluyan de sus procesos de reclutamiento y contratación a personas mayores de 35 años.

Los datos que fundamentan esta iniciativa son preocupantes. El segmento de personas entre 35 y 65 años de edad ha crecido en más de un 50% en los últimos 20 años, pero actualmente nueve de cada diez anuncios de empleo las dejan fuera de sus convocatorias.

En ese rango de edad las personas siguen siendo altamente productivas y estudios internacionales establecen que la capacidad de los países para producir riqueza puede crecer en un 20 por ciento si se integran a la planta laboral.

Sin embargo las empresas las continúan excluyendo mediante prácticas discriminatorias por motivos de edad, de ahí que con esta iniciativa se busque inhibir y eliminar esas prácticas otorgándole a la secretaría del Trabajo nuevas funciones de verificación y sanción, así como el incremento de multas para quienes discriminen a trabajador@s por razones de edad.

Un punto interesante es la coordinación del primer registro de empresas sancionadas por discriminación laboral en el estado y la publicación de un informe anual de acciones para evitar actos de discriminación laboral.

Bien.

III

Y ya que andamos por rumbos del Poder Legislativo, ayer se aprobó en el pleno del Congreso la iniciativa de ley que institucionaliza el 17 de marzo como el Día del Cronista Histórico en Sonora, presentada por la diputada Alicia Gaytán y socializada en parlamento abierto con hombres y mujeres que se dedican al rescate de la memoria histórica de pueblos y ciudades del estado.

La diputada ya había presentado otra iniciativa para exhortar a los ayuntamientos a designar a una persona que recoja la memoria de sus patrias chicas: personajes, historias, anécdotas, leyendas y todo aquello que contribuya a preservar esa memoria social tan necesaria para no olvidar lo que somos, lo que hacemos y de dónde venimos.

En esta iniciativa fueron consultados cronistas organizados en la ACROS (Asociación de Cronistas Sonorenses) e independientes como Pamela Corella, José Luis Batrragán, Rodolfo Rascón Valencia, Jesús Aparicio Guerrero, Blanca Rosa López, Guadalupe Peralta, Francisco Alberto Miranda y, humildemente, este relator de aconteceres.

La fecha es significativa pues el 17 de marzo es el natalicio de don Gilberto Escoboza, cronista de Hermosillo y emblema de este noble oficio.

Por Arturo Soto Munguía

Ayer hablábamos del impredecible impacto político de la tragedia de Ciudad Juárez en la que murieron 39 migrantes encerrados bajo llave en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración.

Los primeros daños los resintieron dos secretarios de Estado que a su vez son aspirantes a la candidatura presidencial por Morena: Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, de Gobernación.

Como suele suceder en toda tragedia que involucra al poder público, la de Ciudad Juárez está alcanzando con sus llamas a varias instituciones, empresas y personajes.

La revelación de Adán Augusto en el sentido de que si bien el INAMI depende de la secretaría de Gobernación, es la cancillería, o sea Marcelo Ebrard el responsable del tema migratorio, por un acuerdo tomado entre ellos; acuerdo que por cierto negó conocer la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que además exigió una investigación a fondo y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de la tragedia.

Esto no es un juego del ‘teléfono descompuesto’. Dibuja con meridiana claridad la ligereza y ambigüedad con que a veces se ejerce el gobierno, ese que de acuerdo al presidente de la República, “no tiene ciencia”.

Marcelo, con un poco más de oficio político, esquivó el dardo envenenado y se guardó sus opiniones sobre los dichos de Adán Augusto para posterior ocasión aduciendo respeto al dolor de las familias de las víctimas.

Cuando a Claudia Sheinbaum se le complicó la vida con la crisis del metro capitalino, no solo con el derrumbe en la Línea 12 que dejó 29 muertos, sino también con la Línea 3 donde un choque de trenes dejó a una joven universitaria muerta y varios heridos, el presidente se echó a la jefa de gobierno en sus hombros (la metáfora no es mía, sino de Gerardo Fernández Noroña) y la sacó del atolladero frente al alud de críticas que se dejaron sentir en todos los medios.

Hoy los que están en problemas son Marcelo y Adán Augusto, pero el presidente ya salió a decir que en esto, “todos estamos juntos”.

II

Pedir que la tragedia ‘no se politice’ es un mal chiste. Si en ella están involucrados funcionarios públicos y aspirantes presidenciales, obviamente que el abordaje del asunto tiene necesariamente connotaciones políticas, como en su momento lo han tenido otras, como la Guardería ABC, Pasta de Conchos, Acteal, San Fernando, Ayotzninapa, Aguas Blancas, por citar algunas en las que muchos personajes que entonces militaban en la oposición levantaron la consigna #FueElEstado como bandera política. El incendio en Ciudad Juárez los tomó ahora en posición de gobierno y los coloca ante la oportunidad de probar que “no son iguales”.

Por lo pronto la secretaria de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez confirmó ayer que hay ocho personas identificadas como presuntos responsables: cinco elementos de la agencia privada de seguridad contratada para trabajar en el centro de detenciones donde sucedió la tragedia; dos agentes del INAMI y uno estatal, sobre quienes en breve se girarán órdenes de aprehensión.

Nada se ha dicho sobre las responsabilidades de funcionarios de alto rango y, por el contrario, ante los escarceos acusatorios entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el presidente dijo: “estamos todos juntos”, lo que más o menos perfila el rumbo que tomarán las investigaciones, por cierto a cargo de la FGR que dirige Alejandro Gertz Manero, un personaje polémico, por decirlo de forma amable.

En un carril paralelo corre la campaña de control de daños políticos dictada desde la mañanera y que en muy resumidas cuentas se puede sintetizar así: la migración y sus problemas son la manzana podrida herencia del periodo neoliberal; los responsables en primera instancia fueron los migrantes que prendieron fuego a unos colchones, se aplicará la ley y no habrá impunidad porque no somos iguales y quienes intentan documentar las responsabilidades del Estado en la tragedia son zopilotes carroñeros, mercenarios del amarillismo, conservadores que perdieron sus privilegios y que frente a otras tragedias acaecidas en gobiernos anteriores, callaron como momias.

Esto desacredita de entrada, a todo aquel que ate cabos entre la austeridad republicana que ha castigado presupuestalmente al INAMI, los yerros, omisiones y abusos en el trato a los migrantes; las negociaciones opacas (por decir lo menos) con el gobierno de EEUU para atender (contener) el fenómeno migratorio y la tormenta perfecta que se forma en los estados fronterizos con el flujo imparable de migrantes hacia el norte, y el que llega a México con las deportaciones masivas desde EEUU.

Para atizar la hoguera del conflicto, surge la versión de que la empresa de seguridad a la cual pertenecen los cinco guardias involucrados en la conflagración y de quienes la propia secretaria de seguridad reconoció que incurrieron en delitos graves al no ser capaces de abrir una reja, pertenecen a una empresa propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera.

Una empresa que presta servicios al IMSS, CFE, Banco del Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y a la que se le han otorgado 130 contratos que suman alrededor de 3 mil millones de pesos.

Este reportaje apareció en febrero pasado y lo publicó Latinus, así que ya sabemos qué va a pasar: el presidente va a decir que Carlos Loret es un instrumento de la derecha, un periodista mercenario que perdió privilegios y que primero debe explicar cómo se ha hecho de propiedades millonarias y por qué gana más que el propio presidente de México.

Y el presidente tendrá razón en sus aseveraciones y sus cuestionamientos, pero sería muy agradecible para la causa de la democracia, la transparencia y el buen nombre del proyecto de nación que encabeza, que desmintiera los datos de ese reportaje y no solo quemara en la hoguera donde deben arder los conservadores, al periodista. Que matara el mensaje, pues, no solamente al mensajero.

Insisto: la tragedia de Ciudad Juárez llega en un contexto muy distinto a la de Tlahuelilpan, donde murieron quemados 137 personas en un ducto de PEMEX y de la cual no se ha vuelto a saber nada, salvo que el memorial por las víctimas comenzó a construirse en 2020 y hasta hoy solo sigue ahí la primera piedra.

El incendio en Tlahuelilpan sucedió el 19 de enero de 2019, a 50 días de que el presidente rindiera protesta. El de Ciudad Juárez, el 28 de marzo de 2023, a unos 500 días de que concluya su mandato, y los escenarios no son iguales.

III

Va a estar bueno el juego de ‘vencidas’ que ocupará los mejores oficios de los estrategas jurídicos del gobierno del estado y de los partidos de oposición (PRI, PAN y MC) que han impugnado la reforma constitucional propuesta por el gobernador Alfonso Durazo y aprobada por el Congreso del Estado, para ‘empatar’ la elección presidencial con la de gobernador en el año 2030.

Tiempo hay, así que tampoco es para andar a las prisas.

Primero fue el tricolor, luego el blanquiazul y ayer el partido naranja presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo que supone una iniciativa que “busca imponer gobernantes a modo, torcer la voluntad popular y nuestro sistema democrático para convertirlo en una autocracia”.

Dirigentes nacionales y estatales de MC acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer este recursos argumentando que la iniciativa viola principios fundamentales en materia electoral, trastoca la participación efectiva de las mujeres (por alternancia, los partidos deberían postular mujeres a la gubernatura en 2027, y a la luz de la reforma, su periodo sería por solo tres años); no se convocó a parlamento abierto, no incluye impacto presupuestario, entre otras.

Los dos principales soportes argumentales de la propuesta del gobernador son: que al volver concurrentes las elecciones (de presidente y gobernador) se ahorrarían recursos económicos de campaña y se incentivaría la participación ciudadana.

La pelota está en la cancha de la SCJN, veremos hasta dónde llega y cuál es el destino de este litigio.

Por Arturo Soto Munguía

No se habían cumplido ni 50 días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador cuando sobrevino la primera tragedia de su mandato. El 18 de enero de 2019 estalló un ducto de gasolina en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo.

La sola mención de este suceso nos remite a aquellas imágenes que la televisión y las redes sociales difundieron profusamente: decenas de hombres, mujeres, niñas y niños corriendo envueltos en llamas entre alaridos de terror, frente a la impotencia de militares que no se atrevieron a evitar con tiempo las labores de huachicoleo que los lugareños llevaban a cabo en una toma clandestina.

El saldo fue de 137 muertos, 69 allí mismo convertidos en carne carbonizada y 68 más en los hospitales. 13 más resultaron con lesiones.

La tragedia tomó al presidente de la República con el bono democrático intacto, lo que facilitó el control de daños políticos: se indemnizó a las víctimas y familiares, se prometió erigir un memorial del que se colocó la primera piedra en 2020 pero que no se ha concluido. Se culpó, desde luego a las administraciones anteriores por haber permitido y auspiciado el huachicoleo y el tema pasó a diluirse en la memoria social.

Entre la noche del lunes y la madrugada de ayer martes, una nueva tragedia sacudió al país. En Ciudad Juárez recientemente estremecida por un sangriento motín en una cárcel estatal, el edificio federal del Instituto Nacional de Migración fue un muestrario de estampas que documentan la existencia del infierno.

39 migrantes murieron abrasados por las llamas de un incendio provocado, según la versión oficial, por los propios internos que se enteraron de su pronta deportación a sus países de origen: Guatemala y Venezuela, mayoritariamente.

Un video registrado por las cámaras del propio edificio federal registró al menos a dos guardias que, ya con el incendio en proceso, salieron del lugar dejando a los migrantes encerrados en las celdas donde encontraron la muerte más horrible.

Es temprano para los juicios concluyentes pero los elementos con que se cuenta hasta ahora indican que de principio a fin se violaron todos los protocolos, medidas de seguridad y prevención; la ausencia de capacitación y a reserva de confirmar, exceso de irresponsabilidad y negligencia.

Horas después del siniestro este columnista consultó con un compañero radicado en Ciudad Juárez y me dijo que desde hace 15 días aproximadamente la gente comenzó a detectar una mayor presencia de migrantes en las calles: pidiendo dinero o cualquier clase de ayuda y, en algunos casos, molestando, acosando y agrediendo a mujeres. El municipio presionó al INM que antier lunes 27 de marzo comenzó a hacer redadas, llevando a su edificio a más de 150 migrantes.

Cabe decir que no se trata de un albergue, sino de una oficina de procesamiento, donde hay muy poco personal. Saturaron el lugar, sobrevino el motín y las imágenes de la tragedia ya le dieron la vuelta al mundo.

Este evento no es fortuito y sí pudo prevenirse. El tema de la migración siempre ha sido complicado pero comenzó a tornarse crítico desde que EEUU amenazó al gobierno mexicano con gravar todas sus exportaciones si no contenían la ola migrante. Una ola migrante, huelga decir, que durante el peñismo, los morenistas alentaron como una forma de evidenciar la incapacidad del gobierno priista y en protesta por la contención policiaca de ese mismo gobierno.

Incluso ya en el gobierno de López Obrador, no fueron pocos los personajes de Morena que siguieron facilitando el paso de los migrantes hacia EEUU. Todavía se recuerda aquella recepción que le hizo Layda Sansores a una caravana de migrantes en la que hasta mariachi les llevó y bailó con ellos en las calles en una ruidosa fiesta popular.

Luego vino el manotazo de Trump, la ‘doblada’ de Marcelo Ebrard y el cerco en la frontera sur mexicana a cargo del Ejército y la Guardia Nacional, que a todas luces y por lo visto ha sido insuficiente: más de dos millones de migrantes han cruzado el territorio nacional desde entonces.

Eso ha generado problemas de todo tipo sobre todo en los estados fronterizos, agravados tras el acuerdo binacional en el que México aceptó convertirse de facto en ‘tercer país seguro’, que no es otra cosa que recibir y mantener a 30 mil migrantes deportados mensualmente de EEUU hasta que resuelvan su situación legal.

El INAMI, dependiente de la secretaría de Gobernación ha sido castigado presupuestalmente en los últimos años; el flujo de migrantes desde centro, Sudamérica y el Caribe no se ha contenido y las deportaciones desde EEUU van en aumento.

Todo esto prefiguraba la tormenta perfecta que desató su furia la madrugada del lunes, con consecuencias aún impredecibles.

Tanto el presidente como el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores han lamentado los hechos, externado condolencias y asumido compromisos de no repetición, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá.

Obviamente, el asunto ya tomó el carril de la política y la sucesión presidencial. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, titulares de la SRE y Gobernación respectivamente, son dos personajes incluidos en la lista de ‘corcholatas’ que aspiran a suceder a AMLO en la presidencia.

La tentación de capitalizar políticamente la tragedia no es diferente a la que alimentó virulentas campañas contra gobiernos panistas y priistas en los casos de la Guardería ABC y Ayotzinapa, por citar dos de los más dolorosos en la memoria social.

A diferencia de la tragedia en Tlahuelilpan con sus 137 muertos abrasados por las llamas, los migrantes muertos quemados en Ciudad Juárez, encerrados en celdas bajo llave se registran en condiciones completamente distintas, al estar legalmente bajo la responsabilidad del Estado mexicano, en instalaciones del gobierno federal y a cargo de funcionarios federales.

Políticamente, además, el momento es opuesto. Tlahuelilpan apareció en el arranque del sexenio más prometedor de la historia moderna; Ciudad Juárez aparece en la recta final de ese sexenio, ya sobre el quinto año de gobierno de López Obrador y con la sucesión presidencial atizando todas las discordias propias de un proceso de ese tipo.

Nunca es buen momento para las tragedias, pero siempre habrá un peor momento para las mismas y este parece ser uno de ellos.

II

Sigue de amor la llama en el expartidazo, que ayer anunció la renovación de cuatro comités municipales entre los que se encuentra Hermosillo, donde se registró para el cargo de presidente Luis Miguel Vargas uno de los dirigentes de aquel movimiento contra el cobro de tenencia vehicular conocido como ‘Los Malnacidos’. Le acompañaría en la secretaría General Blanca Colosio.

Pa’ pronto, brincaron en redes sociales sus detractores dentro del mismo PRI aduciendo que nadie quería ese cargo y que al señor Vargas lo habían obligado a renunciar al gobierno de la 4T, donde estaba trabajando.

El propio Vargas se comunicó a este espacio para explicar que cuando él levantó la mano para competir sabía que cuando menos otros dos aspirantes harían lo mismo, pero al final se avanzó en un proceso de unidad “que es lo que más le conviene al partido en estos momentos”.

Aclaró que efectivamente laboraba en el Centro Federal de Conciliación, dependencia de la secretaría del Trabajo, donde tenía un contrato temporal por seis meses, que su pago era por honorarios y su labor se desarrollaba fuera de esas oficinas fungiendo como una especie de notario público que solo daba fe de los actos relacionados con la relación obrero-patronal.

Por lo pronto ya están encaminados los procesos de renovación de comités en Bavispe, Pitiquito y San Luis Río Colorado y por lo que se ve, esos procesos y los que faltan no estarán exentos de intensidades grilleriles.

Por Arturo Soto Munguía

Todavía no llega el mes de los niños y en Sonora la agenda de estos últimos días ha estado llena de eventos que involucran programas en favor de ese grupo etario.

Primero la diputada Karina Zárate presentó una iniciativa de ley para crear la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, que aunque engloba a todas las edades, parte de un trabajo de muchos años por parte de la diputada en favor de los niños y niñas con discapacidad.

Luego se inauguró la Décima Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fungiendo como anfitriona la directora del Sistema DIF-Sonora, Lorenia Valles Sampedro.

Y ayer, el gobernador del estado, Alfonso Durazo firmó un importante convenio nada menos que con la Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que tiene presencia en más de 190 países articulando mecanismos de coordinación con gobiernos locales para librar a la niñez de la violencia, la pobreza, la enfermedad y la marginación.

El organismo internacional entregó una unidad móvil para atención médica y orientación de menores y mujeres migrantes en la frontera, en la que se brindarán servicios de medicina general, nutrición y psicología.

En ese acto se firmó otro convenio, este con las cámaras empresariales para promover las salas de lactancia en los centros de trabajo con el fin de mejorar el bienestar de las madres trabajadoras y desde luego, de sus hijos e hijas.

El gobernador por su parte subrayó el incremento del programa de becas para estudiantes desde primaria hasta la universidad, que pasó a 621 millones de pesos y se comprometió a crear un fondo de dos mil millones al término de su gestión.

La nota chusca corrió a cargo del secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante que al parecer trae el santo de espaldas y ya comienzan a apodarlo “El Gabrielón”, en obvia referencia a aquel incansable corcel de la zona rural oriente de Hermosillo al que corrían cada semana.

A Grageda le estalló en la cara el caso de corrupción en el Cecytes que derivó en la renuncia de la directora General, Gracia Anduro y el cese de seis funcionarios más. Luego se le vino encima el retraso en la entrega de uniformes escolares y eso le valió un par de regaños por parte del gobernador.

En las últimas semanas han dejado crecer el rumor de que el secretario de Educación está a punto de ‘tirar la toalla’ bajo el argumento de que en la academia, donde es una ‘chucha cuerera’ tiene una mejor retribución económica y menos ‘broncas’.

Pues bien, en el evento de ayer, supongo que a la gente de Eventos Especiales se le ocurrió la buena idea de decorar las mesas con unos bonitos perros de globoflexia, esa manualidad con la que se forman diversas figuras a partir de globos de hule.

Tocó la coincidencia que después de las presentaciones de rigor y hasta el emotivo discurso de una pequeña invitada que lució sus dotes oratorias, le tocó el turno al gobernador y, cuando más concentrado estaba este en su discurso ¡PUM! Se revienta uno de los globo-perritos provocando el sobresalto del mandatario. Y seguramente del personal de seguridad más cercano a la escena.

El gobernador voltea hacia el lugar donde se dio el pequeño ‘explotido’ (dijera un camarada) y ¡trágame tierra!, era el sitio que ocupaba Aarón Grageda. Entre sonriente y desconcertado, Alfonso Durazo solo alcanzó a ‘bromear’: “algo está pasando… espero que Aarón no esté jugando, je, je, je”, soltó, con los dientes apretados y esa sonrisa congelada que, supongo, debe enfriar más de una aspiración política entre sus colaboradores.

Ignoro si fue al secretario de Educación al que le tronó el globo-perro, pero de lo que no tengo duda es que a Aarón Grageda sí le tronó algo en esos segundos de tensión.

En fin, cosas que pasan y rompen la solemnidad de algunos eventos, aunque realmente fue solo un momento chusco que no alteró el buen desarrollo del acto.

Lo que es cierto es que los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas de la agenda pública de estas semanas, y todavía falta abril, cuando vienen los festejos por su día, incluyendo las celebraciones escolares y los eventos protocolarios en el Congreso y los ayuntamientos donde se nombran diputad@s y regidor@s infantiles en esa fecha, cuando también hay mucha actividad en la SEC.

II

Soy de la idea de que la esencia de la Universidad está en su nombre y es la universalidad. Es decir, la inclusión y la tolerancia como algunos principios básicos del respeto a todas las corrientes del pensamiento, ideologías y credos, aunque eventualmente eso no suceda y se presenten debates álgidos que pueden llegar hasta la violencia. Ha pasado.

Ejemplos hay a pasto, pero baste recordar el movimiento llamado #YoSoy132 nacido en una universidad privada, la Iberoamericana en CDMX a raíz de la visita del entonces candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto.

Los estudiantes le echaron montón, lo increparon y lo persiguieron hasta obligarlo a refugiarse en un baño. El gobierno, para descalificar la manifestación difundió que se trató de una pequeña protesta de 131 jóvenes. De allí nació el Yo Soy 132 como una forma de sumarse a lo que posteriormente se convertiría en una organización que tuvo un papel relevante en aquella coyuntura electoral de 2012.

Se trataba de estudiantes muy politizados, bien informados, atentos y activos ante el entorno político-electoral de aquellos días.

Viene a cuento la digresión porque el miércoles pasado circuló una fotografía de Guillermo Padrés conversando con estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, algo que generó reacciones de rechazo y un alud de críticas no solo hacia la maestra que llevó al exgobernador a platicar con sus alumnos. Alumnos de la maestra, se entiende, no de Padrés.

Críticas normales fuera de la Universidad, donde Padrés Elías dejó bastantes heridas abiertas en una sociedad civil que reprobó su gestión y se lo hizo saber en las urnas después de un prometedor periodo de alternancia que terminó convertido en una orgía de corrupción, abusos, enriquecimientos ilícitos y consolidación de una comalada de políticos a quienes algunos llegaron a conocer como “Las Cebras”, porque eran unos pinches asnos, pero bien rayados.

Con sus honrosas excepciones, apuntaría, en el tono en el que lo hace nuestro prócer nacional cada vez que arremete contra comunicadores, adversarios políticos, empresarios, feministas y cualquier sector que se resista a rendirle pleitesía.

Guillermo Padrés fue encarcelado por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal. Actualmente enfrenta en libertad condicional un proceso por lavado de dinero, después de pagar una fianza de 100 millones de pesos.

Hacer el recuento de trapacerías del exgobernador sería extender demasiado el espacio de esta columna, pero baste decir que salvo su equipo más cercano, beneficiarios por cierto de un sexenio en el que tiraron el piojo escandalosamente y a los que él mismo definió desde su primer año de gobierno como “Huichos Domínguez”, nadie más salió en su defensa.

Independientemente de su situación jurídica, el juicio de la sociedad sonorense está dado y se manifestó en las urnas en 2015: culpable.

Conviene detenerse en otro punto: el de la Universidad de Sonora, que solía ser un espacio hostil para los políticos, señaladamente los del PRI y el PAN y que hoy aparece más bien como un ambiente mayoritariamente despolitizado, amorfo y tibio. En otros tiempos, cualquier otro personaje con menores señalamientos sobre presuntos actos delincuenciales que Guillermo Padrés, no habría llegado ni a la plaza Emiliana de Zubeldía.

Y conste que por estos días la Unison debería registrar una efervescencia política notable, considerando que están por arrancar los procesos electorales para decidir sobre estudiantes y maestros que habrán de integrar los órganos de gobierno establecidos en la ley 169 recientemente aprobada.

Pero no es así. Hoy los estudiantes de Comunicación pueden recibir a Guillermo Padrés para que les hable de buenas prácticas gubernamentales, acaso con la misma curiosidad académica con la que los estudiantes de Medicina recibirían al “Mochaorejas” para que les impartiera una conferencia sobre el método quirúrgico de desprendimiento del pabellón auditivo y su revalorización en el mercado de los condicionamientos para la reintegración de familiares ausentes.

En fin…