Por Arturo Soto Munguía
Usted, autónoma lectora, sindicalista lector, desplumado aguilucho, se enteró aquí primero: la supresión del Consejo de Gobierno en la estructura administrativa que plantea la nueva ley que regirá a la Unison, era un asunto que estaba ‘planchado’ desde que se presentó el anteproyecto del gobernador, y detrás de ello hay toda una historia que no se puede perder.
Lo que vino después fue un bonito despliegue escenográfico para calibrar, contener y encauzar las manifestaciones de rechazo a la nueva legislación universitaria, que de todos modos habría sido aprobada, pero no es la misma imponerla a bayoneta calada -como sucedió con la Ley 4 en 1991- a vestirla con el ropaje del consenso, el debate democrático, el parlamento abierto y hasta el grito y el sombrerazo, marcha mitin y plantón.
Vaya, antier hubo hasta un parlamento abierto estudiantil donde los jóvenes aguiluchos reclamaron entre otras cosas su derecho a organizarse libremente en una especie de Federación de Estudiantes y llamaron a desconocer a la organización que se asume como representativa en la Unison, lo que ya anticipa el despertar de millenials y centennials.
Ayer, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Educación dictaminaron a favor de la propuesta del gobernador (spoiler innecesario), que a su vez surgió de sendas consultas por diversos mecanismos y con diversos actores al interior de campus, avalado todo por la propia rectoría y la Junta Universitaria, salvo en algunos puntos de la ley entre los que destaca el mecanismo de elección de los integrantes del Consejo de Gobierno que, de acuerdo con la propuesta del gobernador, serían electos por única vez por el Congreso del Estado.
Quedan, desde luego algunos artículos que se reservaron para su discusión en lo particular, pero la ruta crítica de la nueva legislación entró ya en su recta final y mañana jueves será aprobada en el pleno (otro spoiler innecesario).
Se espera que la bancada de Movimiento Ciudadano y la del PAN voten en contra, pero tampoco es seguro ya que luego salen con cada sorpresa (spoiler que duda entre reservar artículos y votar finalmente a favor).
II
Donde aparentemente ‘se hizo nudo la piola’ desde el principio fue en el tema del Consejo de Gobierno, un órgano que, con matices en cuanto al método de elección, había sido aceptado por la Junta Universitaria que preside la rectora Rita Plancarte, aunque se abstuvieron de formular observaciones.
Y es que los sindicatos universitarios, preponderantemente el STAUS propusieron que esa instancia propuesta en la nueva ley como sustituto de la actual Junta Universitaria, fuera suprimida, un tema que, como se adelantó en este espacio finalmente fue aceptado en las comisiones dictaminadoras del Congreso y en la nueva legislación no habrá ni Junta Universitaria ni Consejo de Gobierno (spoiler de El Zancudo).
III
De acuerdo con el diputado Jacobo Mendoza a quien entrevisté ayer a las afueras del edificio del Poder Legislativo, las funciones y atribuciones del Consejo de Gobierno serían distribuidas en otros órganos, señaladamente el Colegio Universitario, el órgano de control interno y el área de vinculación.
Con esto se desactiva la protesta de los sindicatos, aunque versiones hechas llegar a este despacho indican que en Rectoría no cayó del todo bien y Rita Plancarte estudia la posibilidad de ampararse contra la nueva legislación.
Pero, ¿por qué resultaba tan polémico este punto?
Pues no solamente por el hecho de que sus integrantes (siete universitari@s y siete extern@s) serían electos por el Congreso del Estado, lo que supone que en una coyuntura donde Morena y sus aliados tienen una aplastante mayoría, quienes integraran ese órgano tendrían naturalmente una tendencia política a favor de quienes hoy gobiernan, lo que a su vez presupone una injerencia gubernamental y una violación a la autonomía universitaria.
Pero no solo es eso. El Consejo de Gobierno también tendría facultades para proponer la terna de candidatos a la rectoría y realizar una auscultación en la comunidad universitaria cuyos resultados serían vinculantes; el Colegio Universitario estaría obligado a considerar la terna integrada por quienes hayan recibido más votos. También podría solicitar la remoción de la persona titular de la rectoría por causas consideradas graves.
Es decir, si por alguna razón el Colegio Universitario no llegara a un acuerdo para nombrar (o remover) al rector(a), quien tendría esas funciones sería el Consejo de Gobierno. Ese mismo criterio se aplica en el caso de los auditores externo e interno, y también tendría facultades para ejercer funciones de vigilancia y supervisión del gasto y la administración, preservación y conservación del patrimonio universitario.
Sería pues, un órgano con gran poder en el gobierno universitario, que eventualmente podría entrar en choque con el Colegio Universitario.
Esa disyuntiva ya fue salvada: el Consejo de Gobierno se suprime y es el Colegio Universitario el que asume las facultades más relevantes del Consejo de Gobierno.
¿Quién gana más poder con la supresión del Consejo de Gobierno?
A todas luces, los académicos, es decir, el STAUS.
¿Por qué?
Porque serían quienes tendrían una representación mayoritaria en el Colegio Universitario toda vez que, aunque el rector (o rectora) lo presidan, los maestros tendrán una representación por cada uno de los departamentos y de las coordinaciones de facultades interdisciplinarias y las jefaturas de departamento.
La representación del STAUS sería solo de seis personas, una por cada campus: Hermosillo, Santa Ana, Caborca, Navojoa, Nogales y Ciudad Obregón.
Los estudiantes tendrían un representante por cada uno de los departamentos.
Así, el gran ganador en esta reforma sería el STAUS que, independientemente de sus pugnas internas (que se van a incrementar exponencialmente con la posibilidad de cogobernar la Universidad), cuenta con verdaderos profesionales de la política, muy cuajados en la grilla universitaria y con un largo y retorcido colmillo a la hora de disputar los espacios de poder en la universidad.
No es casual que ese sindicato haya sido el que empujó con mayor fuerza la supresión del Consejo de Gobierno (instancia que le disputaría decisiones trascendentes al Colegio Universitario), y tampoco es casual que lo haya conseguido.
Es público y notorio que buena parte de los sindicalistas académicos más activos en la derogación de la Ley 4 tienen como matriz la resistencia a la imposición de esa legislación en 1991, con la que por cierto no les ha ido del todo mal.
Muchos de ellos cierran filas actualmente en el organigrama del gobierno estatal (o el federal y municipales) y forman parte de una corriente importante y muy cercana al gobernador Alfonso Durazo, a la que se conoce como Morena Universitaria
Fueron, a no dudarlo, quienes ‘plancharon’ junto a las autoridades gubernamentales (en espacios no tan abiertos, diríase que privados y hasta familiares si no es que íntimos) todos los aspectos de la actual reforma, no en los últimos días, sino al menos desde 2018 cuando empujaron exitosamente a favor de la campaña presidencial de AMLO, y la de Alfonso Durazo al senado.
IV
Luego entonces el segundo gran ganador con esta reforma es el gobernador, que supone tendrá una relación políticamente tersa con la Unison al permitir que sean los universitarios quienes elijan libre y democráticamente a sus autoridades, si bien hasta ahora, en el segundo año de rectorado de Rita Plancarte y el primero de Alfonso Durazo esa relación ha sido casi de ensueño.
Pero a no dudarlo, lo será aún más si a partir de la entrada en vigor de la nueva ley se reorganiza la estructura administrativa y de gobierno en la Universidad con personajes aún más afines a su proyecto de gobierno.
Claro, estamos bordando sobre lo impredecible porque al regresarle a los universitarios los derechos y prerrogativas políticas que les castró la Ley 4, sobre todo la posibilidad de acceder al cogobierno e incidir sobre los asuntos sustantivos de la Universidad: la docencia, la investigación, la extensión y vinculación, y las ‘no sustantivas’ que tienen que ver con la participación política y las formas en que se decide el autogobierno, todo puede suceder. Todo.
Y no es por aguar la fiesta, pero las demandas estudiantiles relacionadas con la gratuidad de la educación y los mecanismos de acceso y permanencia a la universidad, las demandas asistenciales se quedaron en el limbo de la ambigüedad de las promesas sobre la armonización de la nueva ley de la Unison con la Ley General de Educación y los fondos federales y estatales (becas) para avanzar progresivamente en la eliminación de cuotas a estudiantes, un tema que, de acuerdo con el diputado Jacobo Mendoza, en estos momentos y con todo y ser un derecho constitucional, no se puede.
Seguiremos informando.
