Categoría: Bulmaro Pacheco

por Bulmaro Pacheco

Porfirio Díaz, el presidente que más ha durado (31 años) en el ejercicio del poder, impulsó a su compadre tamaulipeco Manuel González para que gobernara México de 1880 a 1884. Después retomaría el poder y gobernaría ininterrumpidamente México hasta 1911 (antes de 1877 ya había buscado la presidencia en tres ocasiones).

En su prolongada estancia en el poder fueron varios los personajes que sonaron como probables sucesores del oaxaqueño: Bernardo Reyes, Justo Benítez, Ramón Corral Verdugo y José Yves Limantour. Ninguno de ellos se animó a plantearle a Díaz sus pretensiones, pero se movían entre las principales fuerzas políticas para cuando llegara el tiempo del relevo.

Díaz había nacido en 1830, y para el cambio de siglo ya frisaba los 70 años y todavía quiso más. Algunos colaboradores como Justo Sierra le pidieron reflexionar sobre su prolongado mandato y la necesidad del relevo. Otros le recomendaron que creara de nuevo la figura de vicepresidente de la República, para ubicar ahí a una persona más joven que él por lo que pudiera llegar a ofrecerse, en la medida que iba envejeciendo.

Recomendado por Limantour, asumió el cargo el sonorense Ramón Corral Verdugo (1854-1912), que ya había sido promovido como jefe de Gobierno del Distrito Federal y secretario de Gobernación.

La historia registra que la negativa de Díaz a propiciar el relevo presidencial y dejar el poder -además de la crisis social- fueron las principales causas del estallido revolucionario.

Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y salió de México exiliado a Francia, donde vivió sus últimos años. Murió en 1915, en París, en un clima de discreción total y extrañando su tierra natal, y sin opinar de la situación política en México en los complicados años de 1911 a 1915. La historia registra todavía un pendiente con Díaz.

El presidente Venustiano Carranza se empeñó en impulsar como candidato presidencial al exembajador en Washington -sonorense también- Ignacio Bonillas, porque lo que seguía, decía, “era que un civil se hiciera cargo del poder”.

Carranza fracasó y fue asesinado en mayo de 1920, relevándolo otro sonorense: Adolfo De la Huerta, que como interino cubrió los seis meses que le faltaban al coahuilense.

Álvaro Obregón (1920-1924) entró en conflicto sucesorio al optar por Plutarco Elías Calles y marginando a su secretario de hacienda De la Huerta, que propició la última revuelta militar en 1924.

Al parecer, Calles ni idea tenía del propósito reeleccionista de Obregón en 1927 hasta que iniciaron las reformas constitucionales, que crearon polémica con un sector del ejército y una parte importante del equipo de gobierno.

Obregón fue asesinado 17 días después de haber sido reelecto presidente, y el país se sumió en una crisis sucesoria que duró 6 años (1928-1934).

El presidente Lázaro Cárdenas optó por un militar como Manuel Ávila Camacho y los problemas de inestabilidad política fueron disminuyendo, aunque los presidentes siguieron conservando la facultad metaconstitucional de influir en la designación de sus sucesores, hasta que el método hizo crisis en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando fue asesinado el candidato del PRI Luis Donaldo Colosio.

En adelante, ni Ernesto Zedillo ni Vicente Fox pudieron dejar sucesor. Felipe Calderón falló con Ernesto Cordero, y Enrique Peña Nieto falló con José Antonio Meade.

En cambio, el presidente López Obrador sí dejó sucesora. Promovió a Claudia Sheinbaum desde la delegación Tlalpan a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y luego hasta la candidatura de Morena y aliados para la presidencia. El método sucesorio tradicional subsistió.

Los expresidentes Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari mostraron diferencias de opinión y actuaron fuera del poder (Calles exiliado en los Estados Unidos; Cárdenas por la revolución cubana en el gobierno de López Mateos; Echeverría tuvo tensiones con su sucesor López Portillo; y Carlos Salinas por el encarcelamiento de su hermano Raúl).

Ernesto Zedillo -que nunca aceptó la pensión asignada a los expresidentes- y que nunca hizo negocios ni riqueza al amparo del poder, guardó silencio por 24 años desde sus ocupaciones en la Universidad de Yale en los Estados Unidos.

En 2024 criticó abiertamente al presidente López Obrador y fue descalificado de inmediato. “Ridículo”, le llamaron, pero no contestaron sus argumentaciones.

En 2025 vuelve a criticar a Morena y a la institución presidencial señalando algunos problemas, como las magnas obras del sexenio pasado; que a su juicio deberían ser auditadas. Y señaló la reforma judicial en marcha como una regresión para México.

De nuevo, en lugar de debatir y contestar sus argumentos, se le descalifica con una furia tal, que solo el aparato de Estado puede diseñar en los medios de comunicación y en las redes sociales atacándolo en lo personal como en las peores épocas del pasado.

Al tratarse del expresidente de México -de los seis que viven- que guarda una mayor autoridad moral, política y académica de la historia reciente, lo menos que podíamos esperar es que se abriera un buen debate sobre los temas puestos sobre la mesa. Pero no, no hay debate, solo ataques. Mala señal para México y para los mexicanos.

Alcanzar el clima de libertades civiles y políticas que gozamos nos ha costado a los mexicanos sangre, sudor y lágrimas, cuando menos desde la primera reforma política de 1977, que sirvió de base para las sucesivas reformas políticas que condujeron a México al clima de libertades, alternancias políticas y cambios de partido en el poder en lo federal, estatal y municipal que tanto se presumen.

Al no admitir la crítica, el partido en el poder se contradice a sí mismo. Si a eso la sumamos la falta de inclusión y diálogo con las oposiciones y la concentración de los tres poderes (locales y federales) en una sola persona, el panorama para México luce sombrío y en pleno retroceso. Una verdadera involución en las libertades de expresión y crítica y en las instituciones consagradas en la Constitución. El caso del expresidente Zedillo y sus recientes críticas, que en lugar de ser debatidas han sido descalificadas, es una señal negativa para los mexicanos.

¿Hay o no hay derecho a disentir del gobierno y sus políticas? Ellos -en el gobierno- piensan que no. Pues, qué pena, con esta modernidad mexicana.

por Bulmaro Pacheco

En barco desde Bilbao, España, a Nueva York, EE. UU., y de ahí al poblado de Rosarito, Baja California, llegó don José María García Sánchez. Un español vasco autóctono, que emigró de una Europa bajo las tensiones de la Segunda Guerra Mundial y de una España desgarrada por la guerra civil.

En Rosarito no tardó en integrarse como cocinero a un barco camaronero que lo llevó al puerto de Yavaros. Ahí permaneció un tiempo mientras escuchaba que a 22 kilómetros se encontraba el pueblo de Huatabampo, donde florecían los negocios relacionados con la agricultura (garbanzo y otras legumbres) y donde recientemente y por gestiones directas del presidente Álvaro Obregón, se había inaugurado el ferrocarril de la ruta Navojoa-Yavaros (1925), que daba salida por el mar a la producción agrícola destinada al exterior y mejorando notablemente las comunicaciones del municipio con el exterior.

Con una pequeña maleta con poca ropa y muy poco dinero, don José se estableció unos días en la casa de huéspedes La Regional, de Alfonso García, cerca de la plaza pública, mientras rentaba un cuarto muy cerca de donde vivió Lázaro Cota.

Al tiempo, se enteró que un negocio lucrativo y con futuro era el de la elaboración de pan -venía de una cultura donde el pan era un artículo de primera necesidad-, y buscó un lugar para establecerse por la avenida 5 de Mayo, un barrio poblado por trabajadores de la carne (hermanos García), de la leche (Manuel Mendívil), de la agricultura y ganadería (Cristóbal Campos, Arturo Rosas), y del comercio (Rafael Rojas). No tardó en fundar la Panadería La Paloma, en 1936 en recuerdo a su travesía por el Atlántico desde España.

Era muy común verlo siempre caminar, con su sombrero de buena clase, su estilo español de hablar, su paso paciente y pausado, con su cigarro siempre en una mano, y la Revista “Siempre” y el periódico “Excelsior” bajo el brazo.

Atendía la llegada de los costales de harina y azúcar, las latas de manteca Inca, los cartones de huevo y la leña para el horno, al tiempo que manejaba sus trabajadores con humildad y destreza en la operación de las herramientas, y los repartidores en dos arañas jaladas por caballos, la preparación de las masas de harina y los elementos para elaborar los dos tipos de pan que le dieron fama: El “pan vapor” o birote -como se hacía en España- y la llamada fruta de horno.

Con los años don José enfermó de úlceras, provocadas -se decía entonces- por los humos del pan. Fue atendido siempre por sus amigos médicos Víctor Manuel Romo Ruiz y José Pardo González. Traspasó su negocio en 1966 a Roberto Anaya Jocobi, y se dedicó al comercio. Don José había pensado primero en dejarla a cargo de Heliodoro (Yoyo) López Carlón.

Muy recordado por su estilo español puro -cigarro, sombrero y ropa del sastre Albino Valenzuela-, don José, que estuvo casado con doña María Moroyoqui acercaron a su sobrina Rita Yocupicio casada con Santiago Morales de Jerocoa, padres de José Roberto Morales.

Don José murió en su residencia de Iturbide y Abasolo (hoy Alfredo Káram) un 10 de mayo de 1987, a los 69 años.

Roberto Anaya Jocobi hizo funcionar la panadería -hasta que el ciclón Liza (1976) le derrumbara el horno-, y se cambió a un terreno propiedad de su esposa Guadalupe García Barreras, frente a la Escuela Primaria Club de Leones donde permanece.

No hay coincidencias en la fecha de la fundación de la Panadería “La Convencedora” de don Jesús Ávila Tapia, quien llegó de Cosalá, Sinaloa, a Huatabampo, en 1942: Llegó con su esposa Domitila (Tila) Carrillo, y con su hijo Celestino. En Huatabampo nacerían después los demás: Jesús Lino, Julieta, Félix y Juanita.

Se supone que la “La Convencedora” surgió en 1944, después de que don Jesús experimentara primero en El Sahuaral y posteriormente en lo que hoy es la colonia Lázaro Cárdenas (antes el Rincón del Burro) con un negocio similar, hasta que se cambió a la calle Aldama casi esquina con 16 de Septiembre.

Con la muerte de don Jesús, en febrero de 1963, la panadería quedó en manos de su esposa Domitila y su hijo Celestino. A la muerte de “doña Tila” en 1990, queda a cargo “Tino”, hasta su muerte en 1999, y asume el mando su esposa Otilia Mendívil Mendívil. Y a la falta de ella en 2016, Carlos Ávila Gattaz, hijo de Jesús, el primogénito de la familia Ávila Mendívil, es quien hoy la administra.

La tradicional “La Convencedora” dio lugar a la Panadería Ávila, que funciona cerca del mercado municipal, a cargo de Jesús Lino Ávila, nieto de don Jesús, el original.

Felipe Bautista González llegó a Huatabampo del Valle de Guadalupe, de los altos de Jalisco; y ya en el pueblo se casó con Victoria Gastélum Sombra. La panadería de Felipe y su esposa empezó como un experimento en una casa que estaba primero en la esquina de Aldama y Matamoros, haciendo la famosa “fruta de horno”. Después se cambiarían a la esquina de Aldama e Iturbide, frente a la Unión de Crédito, a principios de los cincuenta del siglo pasado. Ahí estuvo la Panadería Chepy -por Josefina, su hija- y sobrevivió algunos años después a la muerte de Felipe, ocurrida en junio de 2016. Fue una empresa innovadora en el concepto del pan tradicional: La tortaliza, el vapor, la semita de trigo, los picones, las conchas, las pedradas, los elotes, el ojo de buey y las arepas, entre otras. La panadería se cerró en agosto del 2019, 67 años después de haber sido fundada.

Hoy solo queda el recuerdo del gran ser humano que fue Felipe Bautista, quien además fue un gran promotor del deporte con cargo a sus negocios.

Don Eusebio “Chevo” Zamudio Peinado fue originalmente peluquero en su natal Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa. Llegó a Huatabampo a finales de los años treinta del siglo pasado y se ubicó como uno de los sastres más cotizados. Fue maestro de varios que siguieron su ejemplo, como José Albino Valenzuela. Se casó con Ascensión Ruiz Leyva, de Choix, creando una familia de esfuerzo y mucho trabajo: Andrés, Humberto, Ariel, Alberto, Josefa, Francisco, María del Rosario, Guillermina y Martín.

Con un cuñado decidió fundar la Panadería La Flor de Mayo, ubicada en la calle Galeana, entre Zaragoza y Madero. Fue un negocio también innovador y muy creativo. Don Eusebio muere en 1990 y la panadería cerró sus puertas en el 2000.

Fundó, junto con Felipe Bautista y Roberto Anaya Jocobi, la Unión de Tahoneros del Mayo. Alguna vez Felipe dijo ante el secretario de Economía: “¡Yo no sabía que éramos industriales!”

Don José Ávila -padre de Gonzalo, vocalista del H70- y Carmelo Vásquez -padre del actual presidente municipal- se instalaron con sus panaderías en la Colonia Ibarra, y tuvieron éxito. Don José cerraría posteriormente, y Carmelo sigue vigente.

Ventura Corral y su esposa Margarita Bauman instalaron la Panadería La Gloria y junto con Vásquez han modernizado los procesos.

En Huatabampo coexisten ahora las panaderías tradicionales con las modernas para una mayor satisfacción de los clientes. Unos que siguen fieles a la tradición, otros que han optado por la modernidad; pero como siempre, en un negocio tan noble como importante donde para todos hay. La panadería, oficio duro de mucho sacrificio, vigilancia, disciplina, cuidado y atento a la reacción de las clientelas. También de arte, creatividad, imaginación y mucha sensibilidad, para estar en sintonía con el gusto de la gente. Eso lo saben los actuales panaderos y lo supieron hacer sus antecesores en el oficio; por eso sus éxitos y sus avances. Honor a quien honor merece.

por Bulmaro Pacheco

El censo comercial de Huatabampo en 1932 solo registraba dos negocios cuyo giro era “molino de nixtamal”: Uno a nombre de Melchor C. Quijada y otro de Juan B. Rubio. En cambio, panaderías había muchas. Ahí estaban las de Víctor Noris, Socorro Amarillas, Catarino Valenzuela, Pascual Díaz, Juan Corral e Ignacio Barreras. Esto quiere decir que en ese tiempo se consumía más pan que tortillas.

Había otros giros, como: abarrotes (José Sánchez Toledo, Aureliano Galaviz, Elena P. De Quijada, José Roberto Rubio, Pedro Serna), refresquerías (Cristóbal Campos, Rosendo Serna), expendios de licores (José Caballero) y mercerías (Humberto Flores).

Las tortillerías mecanizadas de Huatabampo llegaron en un tiempo para sustituir la cultura de la masa del nixtamal casero que, mediante maíz hervido y un buen molino de mano de la marca Estrella, abastecía de tortilla las casas del pueblo. Se entregaban a diario, sobre todo en el desayuno y la comida del mediodía. Difícilmente habrá alguien de la vieja guardia que no haya participado en esas tareas caseras de los años cuarenta a los setenta, cuando la demanda de molinos manuales -antes 35 pesos ahora 750- se incrementó notablemente en las tiendas del pueblo, principalmente “Los cuatro vientos” de Magín y Efrén Moreno, y la de abarrotes de Ramón Lam en el mercado.

Con la muerte de Cipriano “Pano” Oba Vilchis (1935-2023), propietario de la tortillería “El Volcán”, se cumplió el ciclo de los tortilleros, pioneros de por vida dedicados íntegramente a servirle a la gente, sin abusos ni excesos en el precio y la calidad de la tortilla.

Recordadas son la del pionero de la mecanización Ricardo Kameta (1913-1999) con máquinas marca Celorio, donde se educaron varios; el propio Pano y Nayo Vilchis, su ex socio; la de la  familia Okuda, en el mercado, y que a raíz de la muerte del “Chito” Okuda, su esposa Margarita Obana cambió de residencia a Ciudad Obregón; la de familia Kawano, que tuvo su tortillería por la Allende, muy cerca de la sociedad mutualista Hidalgo; la de Crispín “Papin” Borbón por la Moctezuma; la de “Beto” Campoy; la de don Eusebio Zamudio, cuyo hijo Andrés siguió hasta que la cambió a la comunidad de Masiaca, y “La Chapita”, de Alba Valenzuela, en El Citavaro.

También las tortillerías modernas y diversificadas de la familia de Héctor Galaviz, surgidas en El Etchoropo y con influencia regional.

Recordado como distribuidor de tortillas para el oriente del pueblo fue también el famoso Felipe Lee Vong (Felipe León), comerciante de una gran tienda -antecedente de Ley- y un ciudadano chino auténtico -que libró la persecución anti china de 1931 con el apoyo del alcalde de Huatabampo don Octavio Bojórquez-. Don Felipe todavía mandaba traer comida original de China y leía los periódicos de su país con una pasión que desbordaba emociones. Él, muy recordado por su estilo, junto con su esposa Amada Velásquez, de Sinaloa, fue creador de una gran familia encabezada por Felipe, Carmela, Cristina, Ponciano, Lydia, Adolfo, Oralia, Cecilia y Nelson.

Posteriormente, se dio la irrupción en el pueblo de la familia Zapiáin con varias tortillerías, modernizando la producción con una variedad de productos. José Antonio Zapiáin Gómez (1940-2001) llegó de la Ciudad de México como profesor rural al Júpare, en 1960, junto con su esposa Nemoria Galicia Alba. Inquieto y creativo como era, empezó a incursionar en la engorda de cerdos, pero pronto abandonó el negocio e incursionó en el negocio de la tortilla. Abrió la primera en Huatabampo en 1964, en Guerrero y Morelos. Al negocio se sumaron su esposa Nemoria y gradualmente sus hijos Germán, Aracely, José Antonio, Carlos Alberto, Hernán, Verónica, Luis Enrique, Nora Guadalupe y Andrés. Con el tiempo han logrado instalar 18 tortillerías en la región del Mayo -un verdadero negocio familiar con más de 300 empleos directos- once tortillerías en Huatabampo con sucursales en Navojoa, La Unión, Yavaros, Bacobampo, Sahuaral, Etchojoa y el Júpare, entre otras. Además de tortillas, ofrecen una variedad de productos como el pinole, las frituras, nachos, tortillas para tacos, nixtamal por kilos, etc. “Se trata de un negocio que requiere mucha disciplina y vocación por el trabajo, porque te debes levantar muy temprano -entre 2 y 3 de la mañana- para que las tortillas ya estén listas a las cinco de la mañana”, dice Toño Zapiáin, uno de los hijos del pionero de la empresa. Todo un ejemplo.

Y, por otra parte, ¿qué le pasó al famoso café de talega que por muchos años se consumió en Huatabampo?

Era toda una proeza ver a las señoras de la época tostar el café -mezclado con algo de azúcar-, casi siempre en un cazo o cajete de barro, hasta que se pusiera negro, sólido y listo para molerlo en los imprescindibles molinos caseros; todo se impregnaba de un olor muy agradable. Listo el polvo -café molido, se decía- se vaciaba en la talega, hecha casi siempre de manta, y se le agregaba el agua hervida de la calentadora de peltre, en un pretil construido de adobe y lodo en parrillas con leña. Se dejaba descansar unos minutos en la cafetera -también de peltre- y se servía con o sin azúcar, casi siempre de cubitos, según el gusto de cada uno.

El famoso café colado fue durante muchos años un artículo de primera necesidad en el desayuno para complementar los alimentos, y por la tarde para fomentar la comunicación y la plática entre los miembros de las familias. También en los velorios.

Toda una tradición que gradualmente se fue perdiendo ante las invasiones de las numerosas marcas de café soluble que llegaron al pueblo a fines de los sesenta del siglo pasado y que fueron evolucionando según la publicidad y el consumo: Nescafé, Nescao, Decaf, Dolca, Legal, Café Oro, Único, Taster Choice, y otras marcas que mediante agresivas campañas publicitarias invadieron las casas y cambiaron las costumbres. El humeante café negro colado se cambió por tazas con agua hervida para que las cucharadas de soluble y el azúcar hicieran lo suyo. Un cambio radical en la ingesta del sabroso café que, ya soluble, cambió en sabor y presentación… el gusto -y el estado de ánimo- ¿por comodidad o desidia de la gente?

En Huatabampo fueron famosas las cafeterías de doña “Trini” -entre la Unión de Transportistas y la Unión de Crédito-, paso obligado diario de alcaldes, políticos y empresarios, y que posteriormente heredaría doña “Lupe” Leyva, por la Iturbide y el callejón de la UCAH.

También la de doña Hilaria León “Quilili” esposa de Melitón Nieblas -madre de Gilberto “Beto quelele”, Baltazar “Tay”, Ramón “Mocho” Gaspar, José Melitón y Ángel (güero) Nieblas León- por la Allende, muy cerca de los almacenes y la academia Otero. Durante años fue muy común ver llegar allí muy temprano al café el general Anselmo Macías Valenzuela.

O la cafetería de doña “Lola”, a un lado de la casa del “Tiqui” Torres, o la de “Cata” Quintero, por detrás de la Abarrotera del Mayo, y obviamente las del mercado municipal, donde numerosos parroquianos se daban cita desde las cuatro de la mañana para tomar café y comer menudo mientras se preparaban para iniciar el día adquiriendo y seleccionado las mercancías (carne, granos, frutas y verduras) para sus comercios en el viejo inmueble.

Con la muerte de sus propietarias, las tradicionales cafeterías fueron desapareciendo, dando paso a la modernidad con los nuevos gustos generacionales. Hoy son cafeterías de vaso de cartón, de varios sabores y sin convivencia alguna.

Mientras que el café colado se sigue extrañando -el favorito de los amantes del café-, la tortilla se mantiene en el gusto popular por su calidad, la evolución y el profesionalismo de los empresarios que, con mucho esfuerzo y mucha comunicación entre ellos, siguen fieles a la tradición de una tortilla de nixtamal real y sabrosa. Nuestro homenaje para todos ellos, todos, actores de la cultura del esfuerzo.

Por Bulmaro Pacheco

Qué buscan Morena y su gobierno al impulsar a las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia más controvertidas de la historia reciente?; ¿qué pretenden al promover un proceso electivo -lleno de irregularidades y vicios- del personal (3,500 candidatos) del sistema de justicia en México, el próximo 1 de junio?

El respeto al estado de derecho no ha sido lo fuerte del gobierno que se instaló en México en 2018 y, al parecer, los errores y las pifias se están repitiendo en el gobierno que lo sucedió.

Gobernadores en funciones forzados a ser senadores; candidatos a gobiernos estatales sin cumplir los requisitos constitucionales; exministras de la Corte ocupando cargos de elección popular sin respetar las limitaciones establecidas; exceso de familiares en cargos públicos; falta de respeto -e ignorancia total- a las reglas; y un combate sin tregua para destruir los avances y las estructuras democráticas construidas en los últimos años, que permitieron la inclusión, fortalecieron la pluralidad y facilitaron el procesamiento de las -antes recurrentes- crisis políticas, así como la integración de la representación nacional.

Obviamente, se pretende cumplir con una consigna elaborada desde el pasado sexenio: acabar con un poder incómodo, que siempre fue un contrapeso real frente a las decisiones del Poder Ejecutivo que sostenía con desdén que a él no le salieran con que “la ley es la ley”.

También se busca someter a ese poder judicial a las consignas del gobierno y su partido, para apropiarse de sus estructuras y sortear cualquier tipo de inconveniente político y jurídico.

Además, se hacen nombramientos a modo, con el fin de completar la colonización de los poderes por parte de un partido que se siente -y se dice- estar en el “lado correcto de la historia”. Pero la historia, lo sabemos, no tiene lados correctos ni incorrectos, ni ubica a nadie en posiciones adecuadas. Es y ha sido siempre una caja de sorpresas. Si no, basta con ver lo que ocurre en el mundo con gobernantes que llegaron en nombre del cambio y los principios revolucionarios -Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Hungría, Turquía, entre otros- y que no quieren dejar el poder, apostando por décadas de dominio en sus respectivas regiones. Ellos también -en su momento- aseguraron estar del lado correcto de la historia, y ya hemos visto los resultados.

Tarde o temprano -poderosos o no- la historia pone a cada quien en su lugar. Una lección que todos deberían aprender.

Al no tratarse de una reforma que interese genuinamente a los mexicanos, y ante la falta de argumentos que convenzan sobre sus bondades, existe un gran temor oficial de que se registren altos niveles de abstencionismo el próximo 1 de junio. Y no es para menos.

En procesos anteriores, cuando la llamada 4T ha promovido consultas con votación directa, la ciudadanía no ha participado como esperaban: Convocaron a la consulta para juzgar a los expresidentes de la República y solo salió a votar el 7 % de la lista nominal; y promovieron la figura de la “revocación de mandato” -ya contemplada en el artículo 35 constitucional- y la participación apenas alcanzó el 17 %, principalmente por el disfraz con que presentaron la consulta, preguntando si “querían o no que el presidente López Obrador permaneciera en el poder”. Ni siquiera se acercaron a la cifra del 40 % de participación establecida en la Constitución para que una consulta sea vinculante.

Hoy no existe motivo ni razón para suponer que la participación vaya a incrementarse. Por eso han puesto a trabajar activamente su maquinaria partidista, intentando afiliar de forma súbita -y a última hora- a miles de mexicanos, con el propósito de estimular la participación y generar conciencia ante las prisas de los tiempos y las urgencias oficiales.

La realidad es que a la 4T se le están desmoronando sus principales argumentos ideológicos, aunque no lo reconozcan.

Ya no tendrán a quién culpar del posible fracaso en la participación electoral. El pasado ya son ellos mismos, con casi ocho años en el gobierno. Tampoco pueden culpar a sus adversarios incrustados en los partidos políticos. Mucho menos al “Neoliberalismo”, ese “ajonjolí de todos los moles” del nuevo gobierno, su espantapájaros favorito y al que de todo han culpado sin analizar bien la historia de México.

Una razón fundamental los delata: si el llamado neoliberalismo no les hubiera heredado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México estaría enfrentando sanciones peores que las que hoy afectan a China y Vietnam en materia arancelaria. Pero no lo reconocen porque primero están sus dogmas y su ideología. La realidad que se espere, al fin que ya habrá tiempo de enfrentarla parecen decir.

Saben que, si admitieran siquiera un mínimo de esos avances como el original TLC, firmado en 1993, sus consabidas consignas del “segundo piso” y de su imaginada “revolución de las conciencias” (que solo ellos entienden) quedarían relegadas, y en riesgo de extinción. Porque, a pesar del tiempo transcurrido, no se han dado a la tarea de elaborar un marco político y jurídico que justifique de fondo la mayoría de sus decisiones y programas. Se limitan a presumir su mayoría aplastante y el poder para transformar la Constitución y las administraciones públicas en instrumentos de decisiones personales o de grupo.

Ahí radica su gran preocupación por la próxima elección judicial y por la posibilidad real de que mucha gente no vote, llevando al fracaso su verdadera intención.

Están cosechando lo que sembraron. Sin duda.

por Bulmaro Pacheco

Primero esconden al gobernador Rubén Rocha Moya. Ya no aparece en público por la gravedad de las acusaciones en su contra sobre la violencia imparable en Sinaloa, entidad en descomposición política y social prácticamente agudizada en su sexenio.

Al gobernador Rocha ya no se le ve en los medios como antes. Quizá lo estén escondiendo para no dañar más la imagen del gobierno federal y evitar que alguna de sus declaraciones entorpezca las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, que trae en la mira al estado de Sinaloa y a los “políticos involucrados en la delincuencia organizada”, y donde nadie se descarta.

Después trataron de minimizar el caso de Teuchitlán, Jalisco. Un verdadero caso de terror armado por la delincuencia organizada y descuidado principalmente por el gobierno pasado de los “abrazos y no balazos” y ante la indolencia también del gobierno estatal.

Han tratado de culpar a las oposiciones de explotar el caso y temen que lo sucedido se convierta en algo así como el Ayotzinapa de la 4T. Los hechos ahí están. Las madres buscadoras también.

Después echaron a andar la maquinaria política pesada para defender al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y evitarle el desafuero ante acusaciones graves por violencia sexual en su contra.

Ni rebeliones advertidas ni rupturas anunciadas, ni un feminismo práctico morenista que a las primeras de cambio dobló las manos y mucho menos se presentaron aquellos que a cada rato en ese partido enarbolan las banderas de la honestidad y de que “son diferentes a los del pasado”.

Muy cerca de esos acontecimientos se presentó también el caso de Gerardo Fernández Noroña, del presidente en turno de la Cámara de Senadores, que fue visto viajando en business class en la aerolínea Air France, cuando de su lenguaje político y su partido no se les cae de la boca el mensaje de la austeridad en todos los aspectos de la conducción política y para todos los efectos.

Antes, las tensiones en el partido Morena afloraron con enfrentamientos directos entre la presidenta de la República y los liderazgos del Congreso de la Unión por varios casos: El nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que favoreció a Rosario Ibarra de Piedra -que todo indica no era la favorita de la presidencia-, nombrada antes por el expresidente López Obrador.

Después vino la tensión por el proyecto de reforma constitucional relacionada con el tema del “nepotismo” en los cargos de elección popular. La presidenta propuso la vigencia a partir del 2027 y los liderazgos en el Congreso la dejaron para el 2030. La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, partir de allí anunció reformas a los estatutos para evitar que Morena postulara familiares como candidatos en 2027, en pleno respaldo a la idea de la presidenta.

Posteriormente, vino el tema de las reformas a la ley del ISSSTE. ¿Quién involucró en ese tema conflictivo a la presidenta Sheinbaum a sabiendas de que no estaba planchado con las organizaciones políticas y sociales? ¿A quién se le ocurrió convencerla de que se podía sacar más dinero para el Issste a costa de los propios trabajadores federales y no del sistema fiscal?

El retiro de la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE por parte de la presidenta Sheinbaum se les acredita a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que durante varios días estuvieron presionando en la Ciudad de México.

Posterior a esa victoria política, la CNTE demanda ahora al gobierno la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 que -ante la crisis estructural y financiera de la institución- creó el sistema de pensiones vía la cuenta individual en la afore pensionissste, dándole opción a los trabajadores federales con antigüedad que optaran o por la pensión de reparto (10 salarios mínimos, hoy UMAS) o por la Afore cuenta individual, entre otras cosas.

Ahora la CNTE exige la derogación de esa ley y una reforma de pensiones para los trabajadores federales que elimine las UMAS y regresen al salario mínimo para hacer los cálculos actuariales definitorios de la pensión de retiro.

Es una papa caliente muy difícil de enfrentar por el gobierno, porque dicha ley ha estado vigente en los últimos 18 años y ha provocado infinidad de inconformidades que ahora están aflorando.

¿Cuánto le costaría al gobierno federal y al ISSSTE derogar la ley? ¿A quién se le aplicaría, considerando la irretroactividad de las leyes garantizada en el artículo 14 de la Constitución?

La autollamada 4T está encerrada en sus propios dogmas. De origen y desde 2018 jamás admitieron crítica y todas las culpas de sus errores se las achacaban al pasado: A los 36 años de neoliberalismo (sic) que según ellos habían llevado a México al atraso; después se concentraron en atacar al expresidente Felipe Calderón y echarle la culpa de todos los problemas de inseguridad.

Dijeron que les habían dejado un tiradero en materia de salud, y desaparecieron el Seguro Popular para crear aquel organismo que se llamó el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), y que fracasó estrepitosamente después de erogar 1 billón de pesos (2019-2023), y dando lugar a los problemas de salud que todavía se padecen y ni siquiera se inmutan.

Y por otro lado, manejaron muy mal la crisis del COVID 19, donde dijeron que los muertos no iban a pasar de 60 mil y al final rebasaron los 800 mil, y tampoco asumieron su responsabilidad. Toda la culpa seguía siendo del pasado y ni siquiera con el cambio de gobierno sexenal en 2024 reconocen el cúmulo de errores en todos los órdenes que el nuevo gobierno enfrenta ahora.

Desde su autonombrada honestidad valiente hasta su fantasmagórica “revolución de las conciencias” y la reafirmación de que “son diferentes” se les están cayendo ante la multitud de evidencias de ineptitud, improvisación y corrupción en todos los niveles de gobierno de la 4T que a cada rato se denuncian ante la opinión pública.

Para auto justificarse, eludir responsabilidades y cerrarse al dialogo con los adversarios, siempre reaccionan con las consabidas tesis de “las oposiciones están muertas” o del “conspiracionismo” en su contra.

Pero la realidad ya les llegó y se están dando cuenta de eso. Ya no saben qué hacer o inventar para justificarse. Los problemas les saltan por todos lados: La economía no crece, la inseguridad se agrava, la mediocridad de sus cuadros políticos aflora a cada rato con sus recurrentes escándalos y las negociaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos lucen complicadas.

Siguen sus dogmas y siguen cerrados a la crítica. Nacieron según ellos para ser perfectos y el “pueblo bueno” todo les perdona. Manejan las encuestas en su propio beneficio para tratar de evadir la realidad y tienen a su favor dos poderosas herramientas de apoyo social que les han servido como colchón ante los señalamientos: Una poderosa red de millones de beneficiados mensualmente con dinero en efectivo y una conferencia mañanera diaria que con todos los medios del Estado la utilizan para golpear adversarios y defender sus proyectos. Esos son los principales acertijos que las oposiciones deberán saber descifrar y enfrentar a mediano plazo, si desean tener éxito en las próximas elecciones.

por Bulmaro Pacheco

El pasado 1 de marzo empezaron oficialmente las campañas políticas para integrar dos de los Poderes de la Unión: El Ejecutivo y el Legislativo.

Los candidatos a distintos cargos de elección popular tienen hasta el 29 de mayo para transmitir sus ofertas políticas a los casi 100 millones de votantes (98.9) inscritos en la lista nacional de electores al cierre del pasado 22 de febrero.

¿Cuántos de ellos votarán?

No se sabe a ciencia cierta cuál será el porcentaje de participación que habrá de registrarse el próximo día 2 de junio. Lo deseable es que esa cifra se acerque o supere el índice de participación logrado en la elección de Ernesto Zedillo en 1994, que fue del 77.16%, y con una abstención apenas del 22.84%; en la elección del 2000, con todo y la cacareada victoria de Vicente Fox, la participación fue apenas del 63.97%.

En la controvertida, cuestionada y todavía reclamada elección del 2006, donde la diferencia entre el primer lugar (Felipe Calderón 35.89%) y el segundo (López Obrador 35.33%) fue menor a un punto porcentual, el nivel de participación fue del 58.23%.

En la elección de Enrique Peña Nieto en 2012, cuando le ganó (38.21) por casi 7 puntos a Andrés Manuel López Obrador (31.59%), el nivel de participación fue del 63.34%.

Con todo y lo que se ha presumido y alardeado de la elección del 2018, donde Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES ) logró obtener el 53.19 % de la votación, el índice de participación ciudadana llegó al 63.42%

Lo deseable ahora y para la próxima elección es que haya un mayor nivel de participación a todos los niveles, por lo que está en juego.

Se habla de dos proyectos en pugna para la Presidencia de México (2024-2030): El que anuncia un “segundo piso” (sic) de la llamada “Transformación”, que ha sido el discurso dominante del gobierno federal que termina el último día de septiembre del 2024. Y el que anuncia un cambio radical de las políticas puestas en práctica en el sexenio y que concluye con un saldo nada positivo para las principales demandas de la gente como la seguridad, la salud y el desarrollo.

La propaganda oficial acusa a sus adversarios de pretender el “regreso” de los que se aprovecharon de los gobiernos para empobrecer a México y alegan que los actuales gobernantes y los que pretenden repetir en sus cargos representan algo diferente, ya no como los de antes.

De la parte oficial sobran calificativos ideológicos contra lo que ellos llaman “los conservadores” o “representantes de la reacción que buscan recuperar privilegios, concretamente a Xóchitl Gálvez y a su equipo de campaña. Los del Frente acusan de incompetencia al gobierno que termina este año y de “continuismo” a quienes aspiran a relevar al Ejecutivo federal con la candidata Claudia Sheinbaum a la cabeza.

Al electorado lo han tratado de desmotivar presumiéndole encuestas de dudosa procedencia y que marcan una desproporcionada ventaja de la candidata oficial sobre su principal adversaria.

Sí es cierto que Claudia Sheinbaum lleva ventaja, aunque no tanta. Entre otras razones, por su exposición diaria en el gobierno de la Ciudad de México y porque ha tenido a su favor la enorme campaña que el presidente de la República le hace a cada rato en las llamadas “mañaneras”, y también por los excesos de publicidad que ya llevan años en espectaculares, bardas y mensajes a cargo de los gobernadores estatales de Morena, que en 2021 descubrieron a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México como la favorita del presidente para sucederlo.

Pero también es cierto que Xóchitl Gálvez tiene a su favor el enorme descontento social que priva en sectores importantes de la sociedad mexicana y que no han visto cambios favorables desde el gobierno en beneficio de la gente -a excepción del sistema de pensiones, no contributivas para los adultos mayores- y padecen todos los días la gran crisis de seguridad pública reflejada en homicidios, desapariciones y la falta de calidad en la atención a la salud y los servicios elementales.

También tiene Xóchitl a su favor el activismo de tres partidos políticos que seguramente habrán de activar interlocución con las estructuras políticas para encauzar las principales demandas de la gente, a través de los partidos y sus liderazgos en los principales niveles.

A su favor tiene también las principales expresiones de descontento social y político ciudadano, como las observadas en las concentraciones -sin acarreos y minimizadas por el gobierno- en el Zócalo y en las capitales de los estados en meses pasados en defensa del INE, de los órganos autónomos y de la democracia.

La candidata oficial cuenta con el apoyo incondicional del gobierno federal, con todas sus estructuras a nivel local y nacional. También el de los gobernadores estatales, principales responsables de llenar con acarreados de toda la República el Zócalo de la Ciudad de México el día del arranque de la campaña.

Obviamente la candidata oficial dispondrá de mayores recursos económicos y de las estructuras de gobierno. Y también de quienes jugando al oportunismo político -ex militantes del PAN, PRI y PRD- fueron “convencidos” de apoyar la causa oficial a cambio de lugares en las listas de diputados federales y senadores de Morena y sus aliados.

Ahí están quienes apenas un año atrás despotricaban contra el presidente López Obrador y su partido y las principales acciones de su gobierno. Ahora cambiaron camisetas y se ostentan defensores de la candidata oficial y las banderas de Morena. Los acusados antes de corruptos recibieron ya su “certificado de purificación” por el solo hecho de anunciar sus renuncias al partido de origen y de apoyar al gobierno.

Todo eso lo registra el votante potencial: La corrupción que no ha disminuido, el dinero dudoso dedicado a la política, los errores administrativos, los rezagos sociales, la simulación en las políticas públicas, la falta de diálogo y consensos, los elefantes blancos registrados como obras emblemáticas y que todos tendremos que pagar, así como el nepotismo generalizado en las administraciones públicas y los cacicazgos familiares como los de Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otros. Por eso quienes piensen o afirmen que todo está decidido ya, o rayan en la ignorancia o viven otra realidad.

El 1 de marzo empezó lo que será la contienda electoral más tensa que haya vivido México en los últimos años, y que estará determinada por dos factores fundamentales: Un gobierno que se siente dueño de la moral y cree llegó para quedarse y no se quiere retirar del escenario político, y los poderes fácticos (delincuencia organizada) que están también listos para entrarle al juego político con total impunidad, como se ha visto ya en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Chiapas, donde exigen representación y candidaturas, no por las vías legales ni políticas, sino por los balazos y dejando los abrazos para después, como el lamentable caso de los candidatos municipales de Maravatío asesinados ésta semana…

Por Bulmaro Pacheco

Leonardo Yáñez Vargas, secretario del ayuntamiento (1979-1982) y presidente municipal (1982 a 1985) de Agua Prieta, fue el primer senador de primera minoría que tuvo Sonora en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión (1994-2000). Antes de esa elección, la figura de la “primera minoría” no existía, fue fruto de la reforma publicada el 3 de septiembre de 1993 para ampliar el número de senadores por estado.

Por diferencias con Manuel Espino, el delegado del PAN de entonces, Yáñez renunció al grupo parlamentario de Acción Nacional en 1997 y terminó como legislador independiente.

Había participado representando al PAN en la elección de 1994 contra los priistas Guillermo Hopkins Gámez y Armando López Nogales. López Nogales sería candidato a gobernador en 1997 y su lugar lo ocupó Gilberto Gutiérrez Quiroz. Hopkins terminó su período.

Yáñez Vargas, originario de Esqueda, asesor fiscal, egresado del Tecnológico de Nogales, llevó como suplente a Bonifacio Navarrete Santamaría, y actualmente reside en Arizona.

Los primeros Senadores de lista por Sonora, fueron: Luis Colosio Fernández (PRI) y Leticia Burgos (PRD) del 2000 al 2006. Colosio llevó como suplente a la chiapaneca Blanca Ruth Esponda Espinosa. Burgos, cajemense, química por la Universidad de Sonora y activista en el Estado de Guerrero, llevó como suplente a Blas Rafael Palacios Cordero.

La figura de “senador de lista” se negoció entre todas las fuerzas políticas para reformar el artículo 56 de la CPEUM, el cual se publicó el 22 de agosto de 1996 (también se logró la plena autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Colosio Fernández asumió el cargo de senador junto a Eduardo Bours como legislador de “primera minoría” por Sonora, cuando éste perdió la elección contra Ramón Corral y Héctor Larios, la fórmula del PAN.

Sonora tuvo cinco senadores en esa legislatura: Corral, Larios, Colosio, Bours y Burgos. Corral y Bours solicitaron licencia en 2003 para contender por la gubernatura del Estado, quedando en los escaños sus suplentes: Carlos Villalobos Organista y Francisco Bojórquez Mungaray.

Bours fungió como gobernador de Sonora del 2003 al 2009 y Corral asumió la titularidad de Conapesca en el último tramo del gobierno de Vicente Fox. Para la elección federal del 2006 participaron tres fórmulas: Alfonso Elías Serrano y Óscar López Vucovich (PRI), Guillermo Padres y Javier Castelo Parada (PAN) y Alfonso Durazo y Patricia Patiño (PRD). Ganó la fórmula del PAN y Alfonso Elías Serrano sería el senador de primera minoría. Como senador de lista entró Manlio Fabio Beltrones, para el período del 2006 al 2012.

En 2009 tanto Padrés como Alfonso Elías solicitaron licencia para contender por la gubernatura y en sus curules quedaron Emma Lucía Larios Gaxiola y Fermín Trujillo Fuentes. Padrés ya no regresó al Senado y Alfonso Elías concluyó su período. En esa legislatura Sonora tuvo 4 senadores: Larios Gaxiola, Javier Castelo, Alfonso Elías y Beltrones.

En 2012 los candidatos al Senado fueron Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara (PRI), Francisco Búrquez y Florencio Díaz (PAN), Ana Gabriela Guevara y Alba Celina Soto Soto (PRD), Rodolfo Montes de Oca y María Parada (Verde Ecologista), y David Parra Medina y Concepción Puebla Romo (Nueva Alianza).

En esa Legislatura Sonora tuvo cinco senadores: Claudia Pavlovich (Anabel Acosta), Ernesto Gándara, Francisco Búrquez, y como senadores de lista: Ana Gabriela Guevara, por el PT, y Héctor Larios, por el PAN. Pavlovich solicitó licencia al cargo en 2015.

En 2018 Los candidatos fueron: Alfonso Durazo y Lily Téllez (Morena), Silvana Beltrones y Manuel Acosta (PRI), Antonio Astiazaran y Leticia Cuesta (PAN). Ganaron la elección Durazo y Téllez, Sylvana Beltrones fue la de primera minoría, y como legisladores de lista: Damián Zepeda Vidales, del PAN y Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. De nueva cuenta Sonora ha tenido en la legislatura cinco senadores.

Durazo cedió su escaño a Arturo Bours Griffith al asumir la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y, posteriormente, la candidatura al gobierno del Estado. Lily Téllez se pasaría de Morena a Acción Nacional.

Para el 2024 la lucha por el Senado de la República en Sonora luce competida, incierta e intensa.

Manlio Fabio Beltrones y Lily Téllez por la alianza PAN PRI PRD. Beltrones iría por su tercera senaduría desde 1988, y Téllez por la reelección, ahora postulada por el PAN. En candidaturas simultáneas Beltrones va en quinto lugar en la lista nacional del PRI y Téllez en cuarto en la lista del PAN.

Por Morena van la exdirectora del DIF y diputada federal Lorenia Valles, y el exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y diputado federal Heriberto Aguilar.

El diputado local Ernesto de Lucas y Dolores Rosas Almada irán por Movimiento Ciudadano.

Célida López Cárdenas, exdiputada local,exalcaldesa de Hermosillo y Froylán Gámez Gamboa, exdirector del Isssteson, van como candidatos del Partido del Trabajo.

Se ha dicho que los desprendimientos de la alianza de Morena obedecen a una estrategia del partido en el gobierno, que ha anunciado que en 20 entidades irán en alianza los tres partidos (Morena, Verde y PT) y en 12 irán solos -con el propósito de explorar la posibilidad de hacerse de 12 senadurías más- para llegar a la mayoría calificada en la Cámara alta.

Es decir, apuestan que con sus aliados pueden conseguir en algunos estados las dos bancas de mayoría relativa y que con el Verde o el PT por su lado pudieran obtener la primera minoría para así alcanzar tres senadores por estado y lograr la Mayoría calificada en la Cámara alta que por ahora no la tienen. “Plan C de Sheinbaum le llaman”.

Tanto Aguilar como López Cárdenas, ambos candidatos se han sincerado y revelado que en Sonora la verdadera intención de esa estrategia es cerrarle al paso a la fórmula Beltrones-Téllez para que no ganen ni la mayoría, ni la primera minoría lo que revela también un gran temor.

Eso explica tantos cambios y tantas altas y bajas en tan poco tiempo en el tablero de candidaturas de Morena donde algunos se duermen síndicos y se despiertan diputados. Esa fórmula, más Ernesto Gándara por el quinto distrito federal les alteró toda la estrategia, -dicho por ellos mismos-.

En Sonora es complicado entender la nueva estrategia de la 4T, porque el voto duro de los partidos opositores al oficialismo -con todo y las estrategias del transfuguismo estimulado desde el poder-, ya está definido y el de Morena y sus aliados puede dividirse -de hecho se va a dividir- al multiplicar las opciones del votante fiel a su causa, con el riesgo de derrumbar el propósito original de acumular más escaños.

El PT nunca ha pasado del 10% de la votación en Sonora desde que fue creado hace 34 años. Y se acostumbró a los recursos públicos (El mismo PRI lo salvó de perder el registro nacional en 2015 al traspasarle votos) por lo que en lo local la contienda por el Senado se centrará principalmente entre los candidatos de Morena (cuyo voto duro ronda el 25%) y los del frente PRI-PAN-PRD (cuyo voto duro sumado anda entre el 28 y el 30%).Cualquier otro cálculo resulta complicado porque -por ahora- es imposible predecir una tendencia, ya que también va una cuarta candidatura que es la de Movimiento Ciudadano, -la que al parecer ni al gobierno ni a Morena les interesa ya- un partido que en Sonora tampoco ha rebasado la barrera del 10% en elecciones ni como Convergencia ni como MC. Las campañas federales que inician el próximo viernes 1 de marzo auguran muchas sorpresas. Hay que estar pendientes…

Por: Bulmaro Pacheco

El próximo dos de junio los sonorenses iremos una vez más a las urnas a expresar por medio del voto nuestra decisión política más importante de cada tres años: Cambiar o ratificar el rumbo político de distritos y municipios (ahora tomando como base lo ocurrido en 2018 y el 2021).

En 2021, en la elección de diputados locales, Morena obtuvo el 31.61% de los votos, el PRI: 18.01, PAN: 10.8, Movimiento Ciudadano: 8.58, el Partido del Trabajo: 7.6; PANAL: 5.6, el Verde: 5.2, el PRD: 3.9 y el PES: 3.4%.Tanto Fuerza México como Redes sociales progresistas desaparecieron al no obtener el 3% de la votación.

La diferencia con lo que ocurrió hace tres años es que ahora se juega la posición política más importante del país: la Presidencia de la República, que se suma a la renovación total del Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados federales.

La apuesta del partido en el poder, además de ganar la Presidencia, se concentra en tratar de ganar la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso; es decir, 333 curules de diputados y 96 bancas de senadores.

Con esa actitud triunfalista que siempre buscan proyectar, sienten la Presidencia en la bolsa y apuestan por el Congreso, para que no les pase lo del 2021 que, con todo y su presunción de “transformaciones” de casi tres años en el gobierno, perdieron varias ciudades capitales, la mitad de la Ciudad de México y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En 2018 no lograron la mayoría en el Senado y han resentido y pretextado que eso les limitó llegar al fondo de las reformas que no han podido concretar ante el bloque opositor, y en otras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente del 2021 a la fecha.

Para el PRI resulta una situación inédita de la elección del 2024: Por primera vez en la historia política del estado el PRI llegará a los comicios sin tener diputados locales ni federales y con un solo ayuntamiento surgido sin alianzas de sus propias filas (Ímuris).

El PRI sonorense no ganó distritos federales de mayoría en el 2021, y de los locales ganó dos en la capital y le tocaron otros dos de representación proporcional. Pero dos (los de mayoría) se fueron a Morena y los otros dos a Movimiento Ciudadano, a muy alto costo y sin mayor razón que el cálculo y la ambición política, dejaron vacía la bancada tricolor de la LXIII Legislatura del Congreso y aunque les valga, la historia los juzgará.

El PRI y la coalición con el PAN y el PRD ganaron 18 municipios en el 2021, 4 el PAN, 1 el PRI, 2 Va por Sonora y 1 el PRD (Bacoachi). Por su parte, Morena ganó 23; el Partido del Trabajo 8; Nueva Alianza 2; Redes Sociales Progresistas 3; Movimiento Ciudadano 7 y se dieron 3 triunfos independientes: Magdalena, Nacozari y Cananea.

Pasado el tiempo y con las crisis de identidad, así como el agresivo plan del gobierno estatal para debilitar adversarios, Divisaderos se pasó del PRI a Movimiento Ciudadano, San Miguel de Horcasitas y Rosario Tesopaco (también del PRI) a Morena.

Morena cooptó para sí los tres ayuntamientos (Bácum, Quiriego, Sáric) que ganó el desaparecido partido RSP, sumó los dos que ganó el Panal (Huásabas y San Pedro de la Cueva), y a los ocho que ganó el Partido del Trabajo. Baviácora también se fue de Movimiento Ciudadano a Morena.

La mayoría de los que se han ido a Morena (excepción de San Miguel y Rosario) se han regresado, al fallar la operación política de los morenos y al no cumplirles lo que les prometieron de origen.

Algunos regidores que habían destacado en el PRI y que fueron candidatos, como Jorge Márquez en Navojoa y Anabel Acosta en Cajeme, se cambiaron a Morena. No se sabe hasta ahora del destino inmediato de Márquez, pero la regidora Acosta aparece ahora como candidata a la diputación federal por el Distrito 6. Igual Alma Higuera, que entró por el PRD y a medio período se fue a Morena, ahora aparece como candidata de este partido por el Distrito 7 federal.

Los tres ayuntamientos independientes (Magdalena, Cananea y Nacozari) hasta ahora no han dado color partidista y se presume que seguirán impulsando esa vía en el futuro inmediato, a pesar de que no les han faltado ofertas de parte de Morena para que engrosen sus filas.

Las cosas han cambiado en Sonora en relación a lo ocurrido en 2018 y 2021, por varias razones que se hace necesario enumerar.

La cacareada bandera de los 36 años perdidos en Sonora (1985-2021) en materia de gobierno estatal ha terminado por desgastarse y perder eco con la gente, ante la carencia de una oferta en obras y servicios que cuando menos iguale o supere lo hecho desde 1985 a la fecha (carretera de 4 carriles, presas, universidades, modernización de poblaciones, ampliación de los servicios públicos, etcétera). No hay tal hasta ahora.

Las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Claudia Pavlovich se han ido desinflando poco a poco ante las evidencias presentadas por los órganos superiores de control (el ISAF en lo local y la Auditoría Superior de la Federación en lo relativo a los recursos federales), que hasta ahora hablan solo de 70 millones pesos -en proceso de aclaración- de los más de 300 mil millones que se manejaron en el sexenio anterior.

La inseguridad se ha agravado en la entidad a pesar de tanta reforma hecha en el papel, pero tímidas ante los factores reales de poder.

La Guardia Nacional no ha funcionado en la entidad como sí lo hizo la antigua policía federal, y la población de Sonora actualmente se mantiene en ascuas constantemente, tanto en las ciudades como en las carreteras. Todos los días hay noticias sobre ajusticiamientos y crímenes.

Hay regiones de Sonora que de cinco años a la fecha están sometidas por el crimen organizado, y no tardará mucho para que en la entidad -de no corregir el rumbo- se vivan situaciones como las que se observan en Zacatecas, Guerrero y Michoacán, donde el crimen organizado ha desplazado a todos los niveles de autoridad.

Han faltado programas agresivos de vivienda y apoyos sociales firmes a la gente y para los gobiernos municipales, que en todos los ramos de la gestión pública e infraestructura observan crisis recurrentes.

No ha bastado con el sistema de despensas ni con el anuncio de las becas para paliar las necesidades y la pobreza. Falta hacer aún más que los llevados y traídos programas de justicia y mejoramiento de las etnias. Hay otros pobres también.

No ha alcanzado el discurso de la creación de nuevos empleos, cuyo mérito no es del gobierno estatal sino de los empresarios que están reponiendo los empleos perdidos por la pandemia, y las nuevas inversiones extranjeras producto del nearshoring en las fronteras.

Se han incrementado los casos de nepotismo en las administraciones públicas y han llegando a niveles inconcebibles en otros tiempos, al grado de tener a familiares directos en cargos públicos. Morena ha roto todas las reglas y han hecho trizas la legislación en la materia. Violentar la ley es como un día de campo para ellos, no les importa el estado de derecho.

Hasta ahora los 4T en México y en Sonora han desestimado el descontento social que se manifiesta a toda hora, en todo momento y por todos los medios; no ha bastado acusar conspiraciones de conservadores, la gente no está conforme con la 4T y lo expresa.

Hay insatisfacción social creciente con los gobiernos de Morena y eso necesariamente habrá de influir el próximo 2 de junio. Falta por analizar el impacto político de las candidaturas al Senado por Sonora y el movimiento del tablero político estatal que han propiciado. Ya lo veremos.

Por Bulmaro Pacheco Moreno

Desde la época del México independiente solo un presidente de la República ha sido del estado de Nuevo León… y lo fue por muy corto tiempo. Valentín Canalizo Bocadillo, nativo de Monterrey, gobernó México de 1843 a 1844. El estado ha tenido dos candidatos a la presidencia: El militar Pablo González Garza, del municipio Lampazos de Naranjo. Planificó el asesinato de Emiliano Zapata y se auto postuló en 1919 para sustituir a Carranza, pero Don Venustiano ya había pensado en el sonorense Ignacio Bonillas, y González dio marcha atrás para dejarle el camino libre a Álvaro Obregón Salido. Aarón Sáenz estuvo muy cerca de la candidatura en 1929, pero Plutarco Elías Calles optó por Pascual Ortiz Rubio.

El otro candidato fue el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que se postuló candidato independiente para la elección del 2018, en la cual obtuvo 2.9 millones de votos (5.23%). No ganó ni en su Estado.

Desde la salida abrupta del gobernador Eduardo A. Elizondo en 1971, por conflictos con los universitarios en el sexenio de Luis Echeverría, y la renuncia de Sócrates Rizzo en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el estado no había tenido noticias en esa materia, aunque sí algunas turbulencias con las alternancias; pero, al final, políticamente las cosas marchaban bien en uno de los estados más ricos y el que generó al primer gobernador independiente de la historia reciente de México.

Ahora Nuevo León vuelve a ser noticia. Su joven gobernador Samuel García fue reclutado para postularse candidato a la presidencia para la elección de junio del próximo año por el partido Movimiento Ciudadano.

Un gobernador sin mayoría en el Congreso decidió solicitarle licencia y al mismo tiempo aclararle a los diputados que él quería en el interinato a su “secretario de Gobierno Javier Navarro -para que se quedara a cubrir su ausencia por 6 meses”- (sic).

Desde un principio vio su solicitud de licencia como un mero trámite, sin medir las consecuencias políticas y jurídicas del caso, y creyendo que para él y MC sería un día de campo. Pero ya vimos que no fue así.

En un México con altos niveles de polarización política y donde -ahora con la llamada 4T- no se respetan las formas, sobre todo en la relación entre los poderes, y con las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera se tendría que ajustar a la legalidad como principal recurso y agotar los niveles del diálogo para llegar a acuerdos, sin embargo, García se contagió de esa política y así le fue con el Congreso del Estado.

Ni en lo federal ni lo local se ha dado cauce a ese método del diálogo. Los nuevos en el poder, que gustan de denostar al pasado, llegaron para quedarse -dicen-, y en la medida de esa sensación de triunfalismo y soberbia que muestran a cada rato creen que pueden hacer lo que quieren con las leyes, el nepotismo, la normatividad vigente y las reglas de la política.

Es el caso del gobernador de Nuevo León, que se presume representante de “la nueva política” (sic), la misma de la llamada 4T: El “sin respeto” a las formas, a la normatividad y a los poderes constituidos. Se trata de un lamentable caso de “juniorismo” político, de esos acostumbrados a hacer y deshacer políticamente sin frenos y a su antojo.

¿Se acabaron las formas en México?
¿Qué tanto puede -en estos tiempos- el derecho enfrentar los nuevos desafíos de la política?
¿Qué tanto ha avanzado la democratización de México como para enfrentar con eficacia los nuevos desafíos de la pluralidad política?
¿Qué tanto han influido las alternancias políticas en las nuevas formas de hacer política en México?

Por lo que se ha visto, y sobre la última pregunta, podemos decir que poco. El manejo político y jurídico del caso Nuevo León ha ganado los titulares de los medios por las implicaciones que generó para los partidos políticos involucrados y el proceso electoral del 2024.

Algún despistado por la crisis de Nuevo León habló de desaparición de poderes, un absurdo total para los nuevos tiempos.

De hecho, desde que se dieron los dos últimos -hasta ahora- casos de desaparición de poderes en Guerrero e Hidalgo en 1975, el tema había sido casi olvidado por políticos y juristas, y se daba por hecho que esos casos no se repetirían en México porque en mucho habían ayudado las alternancias en estados y las reformas constitucionales (artículo 76) promovidas para evitar tales excesos.

Desaparecer poderes significaba una ofensa a los ciudadanos de los estados, que el gobierno central interviniera directamente para interrumpir periodos de gobierno y el funcionamiento de los poderes por decisión de los presidentes de la República, terrible para el sistema federal.

El peor error de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, fue prácticamente ordenarle al Congreso local que dejara como gobernador interino a quien él recomendaba, Javier Navarro, su secretario de Gobierno, por los seis meses que duraría su licencia.

Cualquier estudiante de derecho sabe que las licencias, en el caso de los gobernadores, dependen del Congreso local, y que las ausencias menores a un mes siempre son cubiertas por el funcionario que en su caso señala la Constitución local sin mayor problema como “encargado del despacho”. En las licencias de más de 30 días, les corresponde a los miembros del Congreso local decidir y nombrar al interino que cubrirá la ausencia, como fue el caso de Nuevo León. Pero García retando a todos se empecinó en dejar al secretario de Gobierno y ahí se desató la controversia que desembocó en una crisis de gobernabilidad -aún sigue- y ameritó la intervención de la Suprema Corte.

García no tuvo el tino de llevarse bien con el Congreso local considerando que no le favorecen los números en las bancadas legislativas: el PRI y el PAN cuentan con 28 diputados y Movimiento Ciudadano solo 11.

El caso Nuevo León lleva implícitas varias lecciones: La soberbia política de García fue frenada por el Congreso local y la Suprema Corte. El gobernador seguramente -entre dimes y diretes- midió su propia circunstancia y llegó a la conclusión de que no podría ganar la Presidencia, a lo mucho alcanzaría un tercer lugar y una votación regular para su partido. También que sería mucho lo que perdería si alguien que no es de su equipo gobernara el Estado durante seis meses, enterándose de cosas que a lo mejor no quiere que se sepan… vaya usted a saber.

El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el inciso VI los requisitos para ser presidente de la República: “No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”.

El gobernador Samuel García anunció en la madrugada del sábado 2 de diciembre que regresaba al gobierno -exactamente a seis meses de la elección del 2 de junio del 2024-, lo que lo hace inelegible para ser candidato de acuerdo con la Constitución. Pero, en primer lugar, deja a su partido sin candidato y en segundo deja al Estado en crisis de gobernabilidad porque no atendió esas formas del derecho tan necesarias para la civilidad porque así hacen política -y pagan sus costos- ahora, quienes hablan de la “nueva política”. Esa que, al parecer, solo ellos entienden.

Por Bulmaro Pacheco Moreno

El debate político se ve estancado en Sonora ante el discurso oficial de que todo está bien. El debate se diluye también porque los medios estatales oficiales han permanecido cerrados a las voces disidentes y a los partidos de oposición; inexplicable, para los nuevos tiempos.

Por la proximidad del proceso electoral y la selección de candidaturas de todos los partidos políticos, resulta de suma importancia agregar y diseñar nuevas ideas y planteamientos para fortalecer el debate sobre los principales problemas de Sonora, el rumbo a seguir y lo que falta.

Agotado el discurso de que todo tiempo pasado fue peor, no se han visto ni sentido las novedades enarboladas por la llamada 4T desde el 2018 a la fecha, sobre todo en las materias más sensibles para la población: Seguridad, Salud, Educación, y otras; donde los problemas abundan y ninguna solución ha mejorado lo hecho por los ‘gobiernos anteriores’… al contrario.

Se hace necesario replantear nuevos ingredientes de política que obligadamente tendrán que ver con el sistema electoral y los problemas que todavía enfrenta. Por ejemplo: Las presiones oficiales para hacer votar a las clientelas políticas, que por ahora reciben considerables sumas de dinero mensualmente y les quieren hacer sentir que estarán obligados a votar por el continuismo oficial. Ganarán más a partir del año electoral y deberá cuidarse a un nicho de población cercano a los 13 millones de potenciales votantes, que a partir de enero recibirá 3 mil pesos al mes.

Por el otro, la perniciosa práctica de “compra de votos” en aquellos sectores vulnerables de la sociedad que, a cambio de una suma de dinero, comprometen su voto -llegando incluso al extremo de tomarle fotografía a la papeleta cruzada el día de la elección-.

¿Y el voto corporativo?

El voto de las corporaciones políticas en colectivo se prohibió en México desde principios de los noventa con la reforma política de entonces, después de que se hiciera famosa aquella afirmación del ex dirigente nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, cuando anunció 20 millones de votos para Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI para la elección de 1988. De la Vega hizo la sumatoria en reunión con las dirigencias nacionales de los principales sindicatos que le pasaron esa información. La realidad quedó al desnudo cuando al final Salinas solo logró 9 millones de votos y Cuauhtémoc Cárdenas casi 6.

¿En qué quedaron entonces las promesas de los dirigentes sindicales?

En eso, solo en promesas; convencidos de que a nivel cupular se hacen compromisos, pero que después nadie puede presionar individualmente a las bases trabajadoras para que voten por tal o cual fórmula el día de la elección. Y menos en los tiempos que corren, donde la pluralidad política en las organizaciones representativas se ha establecido como un logro político de libertad individual de elección y decisión, empezando por la diversidad de ideas y opiniones que ahí se generan, tanto sobre sus dirigencias como sobre su inclinación -a favor o en contra- hacia determinados candidatos y partidos políticos.

¿Hay ejemplos?

Sí. A pesar de presumir que todos los trabajadores de la educación participaban con el Partido Nueva Alianza, éste perdió el registro nacional y lo conserva apenas en algunas entidades como local. Con el gran número de trabajadores agrupados en su organización sindical pudieran haber logrado fácilmente el 3% de la votación nacional para conservar el registro, pero algo pasó que no pudieron.

Los trabajadores de la educación de México siempre han votado en pluralidad, nunca por una sola formación política. La historia ha dado cuenta de ese hecho en cada proceso electoral. ¿En qué ha beneficiado la llamada 4T a los trabajadores de la educación? ¿En seguridad social? ¿en salarios y prestaciones? Son preguntas para el debate.

¿Y con la llamada CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), de Pedro Haces, qué pasó?

El proyecto partidario de Pedro Haces, promotor de una nueva organización de trabajadores alineados con la transformación que, se decía, haría contrapeso y hasta desaparecer (sic) a la CTM, ni siquiera en 2021 logró el 3% de la votación nacional -sacó el 2.47%-. Esto lo llevó a la desaparición del escenario político nacional y dejando en un palmo de narices a su dirigencia y sus sueños por convertirse en la organización mayoritaria de los trabajadores de México. No se les hizo.

¿Y la CTM?

No se conoce una postura nacional de la dirigencia nacional de la CTM sobre su participación política partidista que no sea en el PRI.

Carlos Aceves del Olmo, su dirigente nacional, es senador de lista por el PRI y seguramente insistirán en esa vía. Resulta muy dudoso suponer y especular que la CTM, como la organización de trabajadores más poderosa de México, pudiera dar un viraje político a favor de Morena y sus candidatos. No se ve cómo.

También ha sido una organización política que se ha fogueado en la pluralidad de ideas y proyectos, y no se ve cómo pudiera cambiar de rumbo de la noche a la mañana a favor del partido en el gobierno. El dirigente nacional de la CTM no asistió a reciente reunión de Claudia Sheinbaum con dirigencias sindicales. En cambio si se vio por ahí a los de siempre, que tradicionalmente reciclan lealtades y buscan protección a cambio de seguridad en puestos del poder legislativo.

No existe una gran oferta política que la 4T -a excepción de los incrementos al salario mínimo- tenga en concreto para emocionar a los obreros y hacerlos militar en Morena para apoyar a sus candidatos. Aunque en la CTM, como en la mayoría de las organizaciones, se conserva política y legalmente la libre afiliación y el voto, no se ve un viraje radical ante tanto problema sin resolver y las muestras de desprecio del gobierno por las organizaciones sindicales, que para los dirigentes del morenismo representan el pasado.

Ya se ha visto el desdén y la frialdad oficial con los sindicatos nacionales de industria -sobre todo con los petroleros-, con el SNTE y con los relativos a las burocracias federales y estatales que ni siquiera aparecen en la agenda oficial, a excepción de los acarreos políticos.

El debate apenas inicia y se irá intensificando en la medida que se postulen los candidatos al Congreso de la Unión. Unos por la reelección y otros en el esquema de negociaciones políticas intra partidistas donde por ahora, no aparecen del lado oficial, nombres de destacados dirigentes de las organizaciones de trabajadores. Ya se verá.