Por Bulmaro Pacheco
Qué buscan Morena y su gobierno al impulsar a las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia más controvertidas de la historia reciente?; ¿qué pretenden al promover un proceso electivo -lleno de irregularidades y vicios- del personal (3,500 candidatos) del sistema de justicia en México, el próximo 1 de junio?
El respeto al estado de derecho no ha sido lo fuerte del gobierno que se instaló en México en 2018 y, al parecer, los errores y las pifias se están repitiendo en el gobierno que lo sucedió.
Gobernadores en funciones forzados a ser senadores; candidatos a gobiernos estatales sin cumplir los requisitos constitucionales; exministras de la Corte ocupando cargos de elección popular sin respetar las limitaciones establecidas; exceso de familiares en cargos públicos; falta de respeto -e ignorancia total- a las reglas; y un combate sin tregua para destruir los avances y las estructuras democráticas construidas en los últimos años, que permitieron la inclusión, fortalecieron la pluralidad y facilitaron el procesamiento de las -antes recurrentes- crisis políticas, así como la integración de la representación nacional.
Obviamente, se pretende cumplir con una consigna elaborada desde el pasado sexenio: acabar con un poder incómodo, que siempre fue un contrapeso real frente a las decisiones del Poder Ejecutivo que sostenía con desdén que a él no le salieran con que “la ley es la ley”.
También se busca someter a ese poder judicial a las consignas del gobierno y su partido, para apropiarse de sus estructuras y sortear cualquier tipo de inconveniente político y jurídico.
Además, se hacen nombramientos a modo, con el fin de completar la colonización de los poderes por parte de un partido que se siente -y se dice- estar en el “lado correcto de la historia”. Pero la historia, lo sabemos, no tiene lados correctos ni incorrectos, ni ubica a nadie en posiciones adecuadas. Es y ha sido siempre una caja de sorpresas. Si no, basta con ver lo que ocurre en el mundo con gobernantes que llegaron en nombre del cambio y los principios revolucionarios -Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Hungría, Turquía, entre otros- y que no quieren dejar el poder, apostando por décadas de dominio en sus respectivas regiones. Ellos también -en su momento- aseguraron estar del lado correcto de la historia, y ya hemos visto los resultados.
Tarde o temprano -poderosos o no- la historia pone a cada quien en su lugar. Una lección que todos deberían aprender.
Al no tratarse de una reforma que interese genuinamente a los mexicanos, y ante la falta de argumentos que convenzan sobre sus bondades, existe un gran temor oficial de que se registren altos niveles de abstencionismo el próximo 1 de junio. Y no es para menos.
En procesos anteriores, cuando la llamada 4T ha promovido consultas con votación directa, la ciudadanía no ha participado como esperaban: Convocaron a la consulta para juzgar a los expresidentes de la República y solo salió a votar el 7 % de la lista nominal; y promovieron la figura de la “revocación de mandato” -ya contemplada en el artículo 35 constitucional- y la participación apenas alcanzó el 17 %, principalmente por el disfraz con que presentaron la consulta, preguntando si “querían o no que el presidente López Obrador permaneciera en el poder”. Ni siquiera se acercaron a la cifra del 40 % de participación establecida en la Constitución para que una consulta sea vinculante.
Hoy no existe motivo ni razón para suponer que la participación vaya a incrementarse. Por eso han puesto a trabajar activamente su maquinaria partidista, intentando afiliar de forma súbita -y a última hora- a miles de mexicanos, con el propósito de estimular la participación y generar conciencia ante las prisas de los tiempos y las urgencias oficiales.
La realidad es que a la 4T se le están desmoronando sus principales argumentos ideológicos, aunque no lo reconozcan.
Ya no tendrán a quién culpar del posible fracaso en la participación electoral. El pasado ya son ellos mismos, con casi ocho años en el gobierno. Tampoco pueden culpar a sus adversarios incrustados en los partidos políticos. Mucho menos al “Neoliberalismo”, ese “ajonjolí de todos los moles” del nuevo gobierno, su espantapájaros favorito y al que de todo han culpado sin analizar bien la historia de México.
Una razón fundamental los delata: si el llamado neoliberalismo no les hubiera heredado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México estaría enfrentando sanciones peores que las que hoy afectan a China y Vietnam en materia arancelaria. Pero no lo reconocen porque primero están sus dogmas y su ideología. La realidad que se espere, al fin que ya habrá tiempo de enfrentarla parecen decir.
Saben que, si admitieran siquiera un mínimo de esos avances como el original TLC, firmado en 1993, sus consabidas consignas del “segundo piso” y de su imaginada “revolución de las conciencias” (que solo ellos entienden) quedarían relegadas, y en riesgo de extinción. Porque, a pesar del tiempo transcurrido, no se han dado a la tarea de elaborar un marco político y jurídico que justifique de fondo la mayoría de sus decisiones y programas. Se limitan a presumir su mayoría aplastante y el poder para transformar la Constitución y las administraciones públicas en instrumentos de decisiones personales o de grupo.
Ahí radica su gran preocupación por la próxima elección judicial y por la posibilidad real de que mucha gente no vote, llevando al fracaso su verdadera intención.
Están cosechando lo que sembraron. Sin duda.
