Categoría: Bulmaro Pacheco

Por Bulmaro Pacheco
Se ve difícil el camino para los partidos políticos que no les fue bien en la elección del domingo 5 de junio. Los partidos odiados por el Gobierno de la llamada 4T, deberán realizar un profundo análisis, muy autocrítico, sobre cómo quedaron. Necesitarán revisar el lugar que ocuparon en cada una de las entidades, así como en el nuevo mapa político de México que, será el punto de partida de las estructuras territoriales de los partidos -y el gobierno- para competir en la elección presidencial del 2024 (después de pasar por los comicios locales del 2023: Coahuila y Estado de México).

Como sucedió en el 2021, el voto urbano no favoreció a Morena. Les fue mal en Durango y Aguascalientes, entidades donde la proporción urbano-rural es de 80-20%, y en Tamaulipas, donde la elección fue muy cerrada y se observan circunstancias similares.

Cambia indudablemente el mapa político de México y Morena se queda con 22 gobiernos estatales (incluye los del Verde ecologista en San Luis Potosí y Quintana Roo, y el de Morelos, del Partido Encuentro social). El PAN bajaría -entre 2018 y 2022- de once a solo cinco estados (Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato); el PRI -en el mismo periodo- de 14 a 3: Coahuila, Estado de México y Durango; Movimiento Ciudadano con 2: Nuevo León y Jalisco. Y ahora, y ante la nueva realidad, ninguno del PRD y ningún Independiente.

Vuelve a ser motivo de inquietud, tanto de los partidos como de los organismos electorales, el bajo nivel de participación ciudadana en las votaciones. En Tamaulipas y Durango apenas se rebasó el 50% (53.3 y 50.4). En Hidalgo apenas llegaron al 47.5, Aguascalientes el 45.9, Quintana Roo el 40.4 y Oaxaca un disminuido 38.7%.

Perdieron el registro, a nivel local: El PVEM en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, y Oaxaca. El PT lo perdió en Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo. El PRD se esfumó en Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo, y el PANAL en Oaxaca.

Tiene razón Dante Delgado cuando dice que en su partido van creciendo, porque a diferencia de los anteriores comicios, Movimiento Ciudadano en los seis estados alcanzó porcentajes superiores al 3%, entre Hidalgo, donde su candidato alcanzó el 3.08%, y Quintana Roo, donde MC logró su máxima votación con un 13.10%.

El mapa político también marca tendencias en la intención de voto por cada uno de los partidos políticos, dado que de los 11.7 millones de votantes, de los cuales votaron casi 7 millones, Morena y sus aliados lograron un 50.5% de los sufragios efectivos. La alianza de PAN PRD y PRI se quedaron con el 36.2% y Movimiento Ciudadano con un 4.4%.

Ante eso, Dante Delgado ha negado que hayan rechazado la posibilidad de ir en alianza con otros partidos para los comicios del 2024. Lo que él ha aclarado es que en siete meses más las oposiciones deberán tener claridad sobre qué tipo de proyecto deberán trabajar si quieren ser competitivos en los próximos procesos electorales, y así buscar coincidencias para una potencial alianza que haga frente a los ataques del gobierno y sus intentos de destruir y pulverizar a cualquier aspirante a la candidatura presidencial opositora. Evidencias las hay, instrumentos también.

Por más euforia post electoral que quiera demostrar Movimiento Ciudadano, deberá entender que si algo demostró la elección del pasado domingo es que “Ningún partido opositor -aislado- podría ganarle a Morena en 2023 y 2024”. En el pasado proceso ganaron y cerraron resultados donde fueron unidos, mientras que el PRD (Durango, Hidalgo, Tamaulipas Q. Roo) y el PRI (Quintana Roo) apenas pudieron alcanzar el 3% que señala la ley para estar vigentes y algunos perdieron el registro local.

No han tardado en aparecer los catastrofistas. Es decir, aquellos que después de cada elección les da por sentenciar a muerte a los partidos perdedores y exaltar sin límite a los nuevos ganadores, como si las victorias y las derrotas políticas fueran definitivas o para siempre.

¿Qué le duele ahora a los partidos que no les fue bien en al pasado proceso electoral? Son varios dolores presentes y -quizá- futuros.

Primero, reconocer el súbito avance de Morena en el territorio. Apenas hace siete años, Morena no gobernaban ningún estado y hoy en alianza tienen 22, van por 2 estados en 2023 y por la Presidencia de la República en 2024 y la mayoría en el Congreso de la Unión.

Segundo: ¿Con quiénes ha ganado Morena las elecciones locales? Con políticos provenientes del PRI y el PRD -o que fueron primero priistas y después perredistas- que han logrado en Morena lo que nunca lograron en sus partidos de origen (Rocha, Layda, Durazo, Monreal, etc.)

Tercero: La explotación de los programas sociales del gobierno como presión para los potenciales votantes: “Si no votas por Morena te van a quitar los apoyos en efectivo que mensualmente te da el gobierno” (sic), y el uso de recursos públicos incluyendo a funcionarios en activo -algo que casi se había desterrado- en los procesos electorales sin rubor alguno a favor de los candidatos del partido oficial.

Cuarto: El misterio de que el votante no exprese mayoritariamente en las urnas la inconformidad palpable sobre el fracaso de los principales proyectos del gobierno federal, sobre todo los más sensibles para la población como la salud, la economía y la inseguridad.

Quinto. Morena seguirá siendo débil entre las clases medias y los barrios urbanos. No saben cómo abordar tanto las expectativas como la crítica que ejercen las clases medias; la mayoría inconformes con el rumbo del país. A lo más que han llegado es a llamarlos aspiracionistas y trepadores sociales. Tendrán que trabajarlos porque ¿quién sabe? si les alcance con el voto duro de los programas sociales para ganar en el 2024 lo que dependerá también de la candidatura designada y la unidad de Morena.

Las recientes elecciones demuestran que las candidaturas independientes casi han desaparecido del mapa y que seguirán siendo los partidos políticos los que promuevan los procesos políticos y democráticos, les guste a sus críticos o no. No existen en el mundo otras figuras políticas que puedan sustituir a los partidos políticos en materia de democracia y elecciones. No las hay y no las habrá por un buen tiempo, ni en México ni en el mundo. Lo que actualmente le duele a los partidos habrá de reflejarse en los trabajos políticos previos a la sucesión presidencial… que han arrancado a partir de las elecciones del pasado domingo…

Por: Bulmaro Pacheco.

Por: Bulmaro Pacheco

Nadie podrá olvidar el tremendo valor de la XXIII Legislatura de Sonora (1911-1913) cuando le plantó cara a Victoriano Huerta y no lo reconoció como presidente.Los podían haber matado a todos…y resistieron.

Tampoco se pueden olvidar la XXIV (1917-1919) que aprobó la Constitución de 1917, la XXV del plan de Agua Prieta, las dos que el Senado desintegró al desaparecer los poderes en Sonora (la XXIX 1929 y la XXXIII 1935), la XLI (1955) de la primera mujer diputada, la XLVII (1973) que se frustró con la caída de Carlos Armando Biébrich o la LIX (2009) la primera con gobernador que no era del PRI.

Pero hay una que no es recordada -y mucho menos homenajeada- que tiene el mérito de haberle quitado lo itinerante al Congreso local, que por muchos años funcionó en los palacios tanto el de gobierno estatal, como el municipal en condiciones no muy dignas.

El gobernador Alejandro Carrillo Marcor -arribó al poder estatal en Octubre de 1975 y no pensó en el Congreso local en el presupuesto estatal para 1977-. Un congreso priísta, electo apenas a los nueve meses de haber llegado como gobernador. Tenía, eso sí, planes para construir la casa de la cultura y erogaciones muy importantes para la remodelación y ampliación de la Casa de Gobierno.

La XLVIII Legislatura local, compuesta de once diputados de mayoría, incluía a personajes disímbolos y suigéneris, casi todos ellos auténticos líderes provenientes de luchas sociales, algunos verdaderos representantes de agrupaciones sociales de Sonora, como:

Heberto “El Banámichi” Salazar Montoy, por Altar. Líder ganadero perteneciente al grupo de “Los Búfalos” y cuyo líder, Salomón Faz, le había atinado con la candidatura presidencial de José López Portillo; Enrique Moraila Valdez, por Magdalena, del sector profesional de abogados del norte; Teclo Moreno, por Arizpe, marxista y líder obrero, dirigente de la sección 65 del sindicato minero; el legendario dirigente cetemista Manuel R. Bobadilla, por Hermosillo, que falleciera al final de la legislatura; Ignacio Martínez Tadeo, por Guaymas que con la crisis del cambio de gobierno, había ascendido del liderazgo de la tribu Yaqui al de la CNC estatal; Francisco Bojórquez Mungaray, por Ures, dirigente obrero de la CTM de Hermosillo; Víctor Valencia allegado al delegado del PRI Mario Vargas, por Moctezuma;

Benjamín Hurtado Arellano, de los colonos de la costa de Hermosillo, por Sahuaripa; Jesús Reyes Lamas, dirigente estatal de la CTS-CROC, por Navojoa; María de Jesús Valenzuela Torres, del sector campesino, muy cercana a María Esther Zuno de Echeverría por Huatabampo; y Valente Parra Mares, abogado dirigente del sector popular del municipio de Cajeme, que llevaba como suplente a Cutberto Tolano Audeves.

El Congreso del Estado despachaba -y sesionaba- en la parte baja del Palacio Municipal de Hermosillo (de 1906 en adelante en la parte alta del palacio de gobierno, y desde 1948 en el palacio municipal). Era un amplio salón con grandes escritorios metálicos de la marca H. Steel, de color gris (con un gran cristal que los cubría donde los diputados podían guardar desde fotografías y recuerdos personales hasta recados telefónicos) que les pasaban las dos telefonistas que operaban en el Congreso. Había solo dos secretarias que trabajaban al servicio de la oncena de diputados. Al iniciar la legislatura, estos se dieron cuenta que su salario mensual sería de 7 mil pesos, sin compensaciones, y con una larga lista de peticionarios de gestiones diversas que a diario los visitaban.

La improvisada sede del Congreso se completaba con un pequeño baño; una silla de madera, sin cojín por diputado; dos casetas telefónicas para la privacidad de las llamadas; un carro chueco para los movimientos; un oficial mayor; y una persona dedicada a hacer los mandados. En total, sólo siete personas al servicio de los legisladores para un Congreso local (que en 2022 por ejemplo. cuenta con 219 empleados y con un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos)

Como todos los diputados eran del PRI, no tenían coordinador. Desde el palacio de gobierno se quiso promover al abogado Enrique Moraila para que los coordinara, pero nadie aceptó que desde el Ejecutivo se quisiera invadir el terreno de las decisiones legislativas. Así eran.

Para las gestiones buscaban al subsecretario de Gobierno Samuel Ocaña, al secretario Raúl Encinas Alcántar y al tesorero Héctor Lutteroth Camou.

Teclo Moreno, Moraila, “Pancho” Bojórquez, ´Nacho´ Martínez Tadeo y “El Banámichi” buscaron directamente audiencia con el gobernador Carrillo, con el objeto de revisar el salario de los diputados y la posibilidad de un espacio más digno para el trabajo legislativo ante lo degradante e indigno del lugar donde despachaban: “Si el ejecutivo y el judicial tienen sus propios edificios:¿Porque el legislativo no? Y desde 1824! ¿Ya es hora, que no gobernador? Le plantearon a Carrillo Marcor -un ex legislador de larga carrera-, que se quedó pensativo, dice Bojórquez.

A la usanza de esos tiempos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos se enviaba a los diputados dos días antes de la fecha de su discusión y aprobación. Bojórquez revisó con sus compañeros el proyecto de presupuesto y ahí se dieron cuenta que había una desproporción en los dineros destinados a la ampliación de la Casa de Gobierno, una parte similar para una nueva casa de la cultura y ¡nada para el Poder Legislativo! Carrillo los escuchó y se sorprendió de la información que le transmitieron. No sabía de los recursos destinados a la Casa de Gobierno y le pidió aclaraciones al tesorero Lutteroth. El funcionario estatal confirmó lo que decían los diputados y el gobernador le solicitó una propuesta que incluyera las peticiones de los legisladores.

Los diputados que encabezaban la gestión de un nuevo edificio le advirtieron al tesorero Lutteroth y a Raúl Encinas el secretario de gobierno que, si no se asignaban recursos para un nuevo edificio del Congreso y algo de incremento del salario de los diputados, el presupuesto para 1978 no se aprobaría. Carrillo volvió a citar a los cuatro diputados y les comunicó que después de varios ajustes y modificaciones: ¡Se habían incluido ya recursos en el presupuesto para un edificio del Congreso!

El nuevo presupuesto fue modificado y para 1978 iniciaría ya la construcción de un nuevo edificio, un lugar más digno y propio de uno de los tres poderes del Estado. Los diputados de la legislatura liderados por Bojórquez, Moraila, Teclo, Martínez Tadeo y El Banámichi habían triunfado, y se convirtieron todos en supervisores de la nueva obra construida en los “antiguos terrenos pertenecientes a la Cervecería de Sonora, (donde se guardaba maquinaria, carbón y accesorios) a un costado de la famosa taquería del Chamarula entre Tehuantepec y Allende” (I.Lagarda)

Los diputados de la legislatura se metieron a sesionar a la nueva sede en abril de 1979, sin esperar la inauguración, que finalmente ocurrió en junio de 1979 por el presidente José López Portillo. Gracias a ellos el poder legislativo dejó de ser itinerante y desde 1979…con una nueva sede.

¿Qué ha pasado con los diputados de esa XLVIII legislatura?

De los once originales, sólo sobreviven seis: Enrique Moraila, cumplirá 87 años en agosto, vive en Nogales (dos veces presidente municipal) ejerciendo de abogado; Valente Parra Mares de 79 vive en Cajeme ejerce el litigio y la docencia universitaria; María de Jesús Valenzuela Torres, de Bacobampo, tiene 73 años y desde 1992 radica en Mexicali, hoy jubilada del tribunal agrario con 7 mil pesos; Martínez Tadeo, a los 78 años -legendario dirigente Yaqui- siembra la tierra en Pótam; “Pancho” Bojórquez, con 86 cumplidos, vive en una pequeña propiedad en Ures y tiene una pensión del Isssteson de 12 mil pesos; Teclo Moreno, de 87 años vive en Hermosillo con una modesta pensión de 10,500 pesos.

Los seis legisladores sobrevivientes de esa época -que hicieron historia- se mantienen lúcidos y satisfechos de su paso por la política y el servicio público. Todos ellos son reconocidos y poco a poco emergen sus méritos históricos. Todos -son y han sido-, de esos políticos que han resistido bien, con salud y dignidad el paso del tiempo y desde luego y lo más importante… el juicio de la historia. Bien por ellos.

A punto de cumplir 71 años el próximo junio, Guillermo Peña Enríquez se presenta como un ejemplo de la movilidad social generada por la expansión de los servicios educativos y de salud en el México del siglo XX. Salir de la nada y de una vida plagada de necesidades y carencias no fue una tarea fácil -por la época- para él y sus padres. Lo reconoce con orgullo quien ya peina de blanco, el cabello y su amplio bigote.

El hijo de Rubén Peña Amado y María Esther Enríquez Cruz, nacido un 25 de junio de 1951, en Arechuyvo, municipio de Uruachi, un pequeño caserío de la sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua -población cercana a los límites con Sonora-, debió padecer con todo y familia los efectos de una brusca y accidentada migración hacia Sonora en busca de oportunidades de trabajo y solución de problemas vitales.

Bajaron de Chihuahua a Sonora siguiendo los tiempos de la pizca del algodón, tomando la ruta hacia Rosario Tesopaco y Cajeme, yendo a parar primero a la colonia Irrigación (hoy Benito Juárez) y posteriormente al Bacame, cuando apenas Guillermo frisaba los 7 años de edad sobreviviendo a duras penas y como podían, y en casuchas carentes de todo en asentamientos poco poblados.

Tiempos en que apenas estaba en construcción la Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari), y hacia allá se encaminaron buscando un trabajo mejor pagado para el jefe de familia en una calera de Ramón Ruiz, “en hornos de lodo y piedra” y oportunidades de estudio para el hijo mayor.

Ahí cursó Guillermo los primeros dos años de primaria, avanzó en la Juventino Solano y la Club de Leones, de Navojoa, la continuó en Huatabampo y la terminó en el turno nocturno de la Othón Almada. Ingresó en 1969 a la secundaria.

Al crecer y de oficio albañil, se enroló con un cargo menor en el sindicato de albañiles de Ataulfo Bórquez en Tetajiosa, y después se afilió al Sindicato de la Construcción Similares y Conexos, donde llegó en 1968 a secretario del Trabajo durante la dirigencia de Juan Corral Valencia.

Para 1970 Peña ya había sido electo secretario general del sindicato de albañiles, con 300 agremiados, y debutó poco después con una primera huelga en la construcción (del CBTIS 64) y que le tocó negociar con el entonces delegado del Capfce, el recordado Gustavo F. Aguilar.

Ingresa a la federación municipal de la CTM como subsecretario del Trabajo, cuando el secretario general era Humberto Parra Leyva. Parra provenía del sindicato de cargadores, una organización fundada en Sonora en 1933. Peña tenía 23 años y en su permanente vocación por la lectura -autodidacta puro- ya había repasado a clásicos como Homero, Eurípides, Sófocles y Dante Alighieri, entre otros. Posteriormente se interesó por la obra “El Liberalismo Mexicano”, de Jesús Reyes Heroles, todo un clásico en la materia.

En los tiempos (1973) de la renovación del ayuntamiento de Navojoa el candidato más viable era el Doctor Samuel Ocaña, un médico enviado al municipio por el gobernador Luis Encinas a hacerse cargo del Hospital de Neumología, ante el alto crecimiento de enfermos de tuberculosis en la región del Mayo. Ocaña de Arivechi, hermano de Guillermo, también médico muy cercano a la familia Biébrich de Sahuaripa.

“Ocaña todavía no era el candidato, y un día muy temprano pasa a la CTM a buscarme para decirme que quería incluirme en su planilla como candidato a regidor”, dice con satisfacción Peña.

“Humberto Parra me había dicho días antes, que la regiduría sería para Leobardo López Briseño y para mí la oficina de defensa del trabajo”. A los días, Parra le comunica que sería postulado como octavo regidor y al mismo tiempo síndico suplente -el primer regidor sería Jesús Dow Almada- en la fórmula de Samuel Ocaña como candidato a la Presidencia Municipal. En el gobierno municipal, Peña hizo buenas relaciones y se proyectó políticamente a nivel local.

Con el tiempo se vino el cambio en la CTM municipal y el 12 de septiembre de 1976 fue electo secretario general con 13 organizaciones: “Una CTM en plena transición política y social con líderes muy fuertes que venían del campo, como “El Negro” García, Praxedis Gastélum, Antonio Encinas, Manuel R Bobadilla y Roque Barreras “, entre otros.

“Con Bobadilla en la dirigencia estatal nos llevamos muy bien”, dice Peña, que al mismo tiempo manejaba con mano izquierda emplazamientos a huelga a empresas como la Pepsi, a través del sindicato de embotelladores que llegó hasta Don Fidel Velásquez, dice.

Su tarea más trascendente fue manejar la creación de sindicatos en las granjas porcícolas, mucho antes de que empresarios como Ángel Bours, Luis Salido, Horacio Valenzuela y Germán Santini, entre otros, se dieran a la tarea de crear empresas como Kowi y Sasa.

Samuel Ocaña había sido propuesto como candidato a gobernador de Sonora en 1979. Se volvió a mover la política local y la diputación por el distrito de Navojoa en 1979 le tocó a Jesús Ayala Sillas, líder taxista de la CTS CROC y como suplente Manuel Ramírez de la CNC.

Los cetemistas encabezados por Antonio Urbina se quejaron ante al candidato Ocaña, alegando que en la región, la CTM tenía una mayor fuerza política que la CROC y que era injusto que le hubiera tocado a la CTS la candidatura otra vez (Valdez Perea en 1973, Reyes Lamas en 1976 y ahora Ayala Sillas) Ocaña ofrece revisar el caso y al poco tiempo Héctor Raúl Hameken, delegado del PRI, le avisa a Peña que será candidato a diputado local, por Huatabampo, llevando en la fórmula como suplente al recordado líder agrario Tomás Baynori López, ex síndico en Huatabampo. Tiempos de alcaldes como Rodolfo Moreno, en Huatabampo; Benjamín Rivera, en Etchojoa; Luis Salido Ibarra, en Navojoa; y Darío Villarreal, en Álamos. Tiempos de la democracia transparente en el PRI.

En 1982 la CTS-CROC vuelve a tener un diputado local ahora por Huatabampo; Rodolfo Audelo Neris. Fue el último que tuvo allá.

Peña sería por un breve tiempo delegado del Transporte en Navojoa y volvería a ser regidor en el ayuntamiento perredista de 1997, síndico en la gestión de Gustavo Mendívil, en el período 2003-2006, diputado local a la LVIII legislatura (2006-2009), y de nuevo síndico del ayuntamiento de 2012 a 2015 con Alberto Guerrero presidente.

Por varias razones -integridad, arrojo, honradez, sencillez, congruencia- Guillermo Peña ha sido reelecto en el cargo de secretario general ininterrumpidamente por el voto de sus agremiados y ya va para 46 años al frente de la CTM en Navojoa.

Ha interactuado con liderazgos estatales de la CTM como Nicolás Rocha (1977), Manuel R. Bobadilla (1978), Ricardo Valencia (1979), Ramiro Valdés (1981), David Álvarez Angulo (1996), Pancho Bojórquez (1999), y Javier Villarreal (2010).

El liderato de la CTM en el municipio lo ejerce con 45 organizaciones,12 mil trabajadores y más de 180 patrones. Con empresas de corte nacional como Kowi, SASA, Celulosa y Corrugados, granjas, músicos, albañiles, y una diversidad de empresa de servicios. Él mismo calcula que por ahora los trabajadores sindicalizados en el municipio representan casi al 15% del total de trabajadores de la región.

Casado desde 1976 con Catalina García Apodaca, de Álamos, vive en la casa de siempre en la colonia Tierra Blanca, una casa sin mayores pretensiones con una vida austera, sin excesos, normal dedicado a la política, la lucha sindical, el deporte y la lectura.

Partidario Peña, de que la democracia deberá empoderar a los trabajadores, se proclamó impulsor de los procesos democráticos -antes de las reformas legales a la Ley federal del Trabajo- en las organizaciones sindicales, donde el secreto de la estabilidad -en su caso-, ha sido el de respetar la libre decisión de los trabajadores (con el voto personal, libre, secreto y directo), “con la gente que más se identifiquen y los que mejor puedan servirle”, consciente de que más temprano que tarde vendrá el relevo, no se aferra al cargo ni se cree indispensable.

“Congruencia, dice la que practico con mis compañeros trabajadores en sus sindicatos en la elección de sus dirigencias, así también conmigo cuando los trabajadores decidan que yo me vaya”.

Ya casi no hay de esos.

Bulmaro Pacheco

Al presidente López Obrador no le disgustan los cargos de representación llamados plurinominales. Gran parte de su equipo -de la llamada cuarta transformación- que lo acompaña en su gobierno ha pasado por la representación proporcional tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales y los ayuntamientos.

Tan no le disgustan que en la propuesta de reforma electoral que acaba de enviar al Congreso, lo que propone es desaparecer los distritos de mayoría (federales y locales) y el sistema de votación de mayoría relativa. Ni más ni menos.

Propone también la elección de diputados federales, senadores y legisladores locales por listas en las 32 entidades federativas y, de acuerdo al nivel de votación, realizar las asignaciones correspondientes en función de la población de cada entidad. Aquí y en otras partes, eso es Representación Proporcional.

La iniciativa propone dejar en 300 el número de diputados federales y en 96 (3 por estado) a los senadores. En la práctica se propone un diputado por cada 420 mil habitantes, y un senador por cada un millón 312,500.

En los hechos se eliminarían los 32 senadores de partido que se crearon a petición de las izquierdas en 1996 pero que nunca representaron a los Estados, solo al partido que elaboraba las listas.

El presidente López Obrador trae mucho coraje contra el INE -quizá desde 2006 cuando perdió la elección presidencial por el 0.56% de los votos-, y le echó la culpa a la institución electoral. Desde entonces no ha dejado de señalarla como una institución muy cara y parcial, desde el punto de vista de sus decisiones.

Ahora propone su desaparición para llamarlo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y bajarle de 11 a 7 consejeros, que serían electos a propuesta de los tres Poderes de la Unión. En el fondo se trata de poner a trabajar la maquinaria partidista para someter al INE y decidir lo conducente de aquí a la elección del 2024.

Convencido de que nunca se llegará al 40% de participación en las consultas populares incluidas en el artículo 35 de la Constitución, ahora propone bajar la cifra al 33%, para que sean vinculantes.

Morena odia a la oposición en forma de partidos políticos, a pesar de que gran parte de su equipo de gobierno ha militado en más de dos o tres, registrando aquellos que le han hecho comparsa en las elecciones como el Verde y el PT, que se han mantenido vigentes solo por el número de votos y diputaciones que negocian en los respectivos convenios.

Aun así, la iniciativa propone quitarles el financiamiento a los partidos políticos en tiempos no electorales y dárselos solo en etapas de campaña. En el fondo, la iniciativa expone a los partidos a caer en manos de financiamientos privados para fortalecer el poder de grupos económicos y fortalecer cacicazgos y, lo peor, exponerlos a que reciban recursos del hampa organizada o de grupos ligados a los distintos cárteles mexicanos de la droga, que de tiempo atrás han pugnado por imponer candidaturas en los niveles estatal y municipal -que son los que más les interesan para el desarrollo de sus actividades-.

Así como lo hace con el INE, el presidente también propone desaparecer los organismos estatales electorales y centralizar la operación electoral en el INEC, alegando que sale caro financiar los órganos locales y subsidiar a los partidos en los estados. Al mismo tiempo propone suprimir los tribunales electorales locales con el propósito (sic) de fortalecer a la instancia nacional encargada del arbitraje electoral.

Actualmente funcionan 1,113 diputados locales en los 32 congresos estatales. La iniciativa propone eliminar 459 y quedarse solo con los electos en listas, en lugar de distritos, y limitar el número por estado. Por ejemplo, de aplicarse la reforma, Sonora solo tendría 18 en lugar de 33 diputados, el Estado de México 45 en lugar de 75, y Veracruz 29 en lugar de los 50 actuales.

¿La idea? Fomentar también el ahorro y que no se gaste mucho en la tarea legislativa (sic). Eso argumentan también, cuando en el fondo significa una verdadera regresión del sistema de representación.

Ha costado mucho políticamente hacer avanzar la democracia en el nivel municipal desde la inclusión del artículo 115 en la Constitución de 1917 y desde que las autoridades municipales duraban un año en el cargo, hasta 1943 cuando en Sonora se instituyeron los sexenios para gobernador y los tres años para alcaldes y diputados locales.

Vendría después la representación proporcional a nivel municipal a partir de 1979. En la historia reciente la participación de todas las corrientes políticas en la integración de los ayuntamientos ha enriquecido el debate interno y ha ampliado la visión de las autoridades, convirtiéndose la política municipal como un ingrediente de estabilidad y participación social en el nivel de gobierno -que por mucho-, más le interesa a la población para la solución de sus problemas.

La iniciativa propone un máximo de nueve regidores en aquellos municipios cuya población sea superior al millón diez mil habitantes, y ¡un solo regidor! para los municipios cuya población sea menor a 60 mil habitantes, también deben ser electos mediante listas votadas de manera paritaria. De aplicarse la reforma en Sonora, Hermosillo alcanzaría hasta 7 regidores, en nueve ayuntamientos solo 3, Cajeme contaría con 5 y 61 municipios de la entidad, contarían con un solo regidor.

No ha habido consultas ni diálogo. Se trata de una propuesta de reforma política vertical y desde el poder como no se había visto en México. Los morenos deberían estudiar historia para revisar la reforma política de 1977 que al secretario de gobernación de entonces Jesús Reyes Heroles y al Presidente López Portillo les llevó casi dos años instrumentarla, después de un amplio diálogo y consultas con las principales fuerzas políticas de México incluidas las clandestinas. Eran otros tiempos, sí. Tiempos de una mejor política y de un diálogo abierto con todos. Ahora no.

La reforma necesita mayoría calificada para poder aprobarse y Morena no la tiene en ambas cámaras. ¿Distracción política? No lo creo. La propuesta de reforma política que contempla cambios a 18 artículos de la Constitución refleja lo que la llamada 4T y su líder máximo piensan del sistema político y sus instituciones, lo que han venido diciendo en los últimos 4 años. No tiene vuelta de hoja.

¿Pasará la prueba de las oposiciones?

Tampoco lo creo, ya lo han afirmado. Nunca en sus cabales las oposiciones aprobarían, por ejemplo, la desaparición del INE que tanto ha costado construir y tanto ha aportado para la estabilidad política de México en los últimos 32 años.

Por: Bulmaro Pacheco
Las acusaciones de traición a la patria que hacen el Presidente de la República y su partido contra los 223 legisladores que votaron en contra de la reforma Constitucional en materia energética, significa una regresión política en materia de libertades que no veíamos en México desde los sesenta del siglo pasado cuando cualquier disidencia política era achacada a conspiraciones internacionales -de tipo comunista, se decía- para acallar la crítica y negar que algo anduviera mal.

Al parecer de poco ha servido la evolución política y jurídica de México, el sistema de libertades y los avances en materia educativa.

Años ha, vivimos tiempos de fanatismos religiosos y políticos que normalmente se traducían en conflictos violentos o protestas ruidosas. Los mexicanos pagaron caro esos conflictos que poco a poco y con la modernización del país se fueron diluyendo.

Ahora y con la llegada al poder de un grupo místico-político de Morena, han surgido nuevos fanatismos con una diferencia con el pasado: de que ahora son estimulados desde el poder.

La primera característica del nuevo fanatismo provocado por la alternancia morenista en el poder, es negar toda falla o error en la conducción de sus gobiernos. ¡Para ellos todo está bien, son lo más cercano a la perfección que haya llegado al poder!

No se les puede señalar que están fallando en sus políticas, porque de inmediato acusan de conservadores o refractarios al cambio a los críticos, o acuden al gastado expediente de echarle la culpa de todo al pasado.

Como llegaron al poder con un buen número de votos, se empaparon de una legitimidad que con el tiempo se ha ido diluyendo y creen que todavía la tienen, quizá ignoran que la han ido perdiendo gradualmente por culpa de las pifias en la conducción de los asuntos de gobierno y por la falta de resultados concretos en los principales problemas nacionales.

Ponen las teorías de la conspiración por encima de cualquier crítica. Con eso eluden las nuevas realidades que a cada rato los sorprenden y se abandonan a la autocomplacencia de decir; “Nos costó mucho llegar y tenemos derecho a hacer lo que nos plazca pésele a quien le pese” faltaba más. Y vienen las justificaciones: “Aquellos que se oponen a los cambios y resisten criticando y señalando todo lo que hace el gobierno, lo hacen porque no se resignan el haber perdido el poder”.

Ningún problema existe para ellos, que llegaron ofreciendo un cambio radical, la oferta de que todo iba a ser diferente y de que ya nada sería como en el pasado; ese pasado, el favorito como pretexto de la ineficacia y las pifias de la improvisación y falta de oficio político.

¿La violencia que nos asuela? Es heredada. De los peores momentos del gobierno de Felipe Calderón, nos dicen.

¿La pobreza? Es culpa de los gobiernos neoliberales, que nunca hicieron nada para remediarla porque gobernaron para una élite, machacan.

¿La salud? Los gobiernos anteriores dejaron tirado el sistema de salud (aunque ahora no le encuentren la cuadratura al círculo y vayan de fracaso en fracaso, sobre todo con ese fantasma llamado INSABI).

¿La escasez de medicamentos? Por la corrupción en las licitaciones anteriores, explican, ¡aunque no han denunciado a nadie todavía!

¿La falta de diálogo? Para qué. No hay necesidad. No hay coincidencias entre el llamado “pensamiento único morenista”, —-esa particular concepción de la nueva realidad que acomoda a sus intereses y las tratan de inculcar- con las oposiciones que han sido marginadas.

Se trata de un fanatismo cargado de ideología, donde el villano favorito es el “neoliberalismo”, convertido en el marco teórico favorito que les simplifica la realidad -no piensan más- y les ayuda a explicar todas las desgracias nacionales habidas y por haber, desde el desarrollo económico hasta los cambios políticos ocurridos en las últimas décadas. Se parecen mucho a lo que en su momento Lenin sentenciara: “el izquierdismo como una enfermedad infantil del comunismo”.

¿Y la historia? Ellos construyen su propia historia, su propia narrativa. La historia para ellos es el maniqueísmo de buenos contra malos. Los buenos -con los que sueñan identificarse, off course- son aquellos que a su juicio encabezaron las grandes transformaciones nacionales: Benito Juárez, los hermanos Flores Magón, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. No les da para más.

¿Y Venustiano Carranza (el creador de la Constitución de 1917)? ¿Y Álvaro Obregón (el creador del nuevo Ejército mexicano)? ¿Y Plutarco Elías Calles (el que sentó las bases del nuevo estado mexicano)? Esos personajes no cuentan. Para ellos ni sus luces, en su particular interpretación de la historia, porque los han enviado al ostracismo. No existen en sus conmemoraciones ni en sus celebraciones oficiales y quisieran borrarlos del mapa, como le han hecho con otras expresiones.

Acusan al gobierno de Miguel de La Madrid de haber iniciado la época “neoliberal”, de 1982 en adelante. Para ellos se trata de todo un ciclo de la historia mexicana que siguió hasta Enrique Peña Nieto. Todo fue negativo, todo estuvo mal en esos años: ¿Y las reformas que contribuyeron a pacificar el país y a ampliar la representación política? ¿Y la creación del INE, el tribunal electoral, el tratado de libre comercio y la reforma de la Corte? ¿Y los indicadores en materia de infraestructura, cobertura de salud y educación logradas en las últimas décadas? Les pasaron de noche.

Los nuevos fanáticos distan de ser originales. Recrean pasajes de sus propias historias y a cada rato reflejan las contradicciones que los han llevado por la vida y sus vaivenes políticos.

Como la mayoría proviene de aventuras políticas, saltos al vacío, transfuguismo apalabrado, intercambio de favores y otros vicios, han batallado para adaptarse y tratar de bailar al son que les toca la llamada cuarta transformación, en su idea de consolidarse como una corriente variopinta de pensamiento político en México más allá del sexenio.

Quieren su propia teoría, sus propias elaboraciones, pero no saben cómo, y no terminan por ponerse de acuerdo con tanto pleito, tantas diferencias internas y -para variar- con una descarnada lucha por el poder hacia el 2024; ya adelantada por su jefe e ideólogo mayor.

La mayoría de ellos no saben lo que significa cuarta transformación ni creemos que les importe. A lo más, se apegan al cliché definido por su inventor: “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. Pero mientras lo dicen, roban, mienten y saturan de intereses y parientes al sector público en todos los niveles.

Insistimos: Los recientes acontecimientos de acusar de “traición a la patria” a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica y amenazarlos con quemarlos vivos ante la sociedad, así como entablar una demanda penal contra 223 diputados, es solo el símbolo del desquiciamiento y descomposición a que han llegado los fanáticos -esos nuevos fanáticos que solo creen en ellos y sus propios intereses de corto plazo-, y que a cada rato nos acechan con el agotado cliché de la llamada “cuarta transformación”.

Cuidado con ellos.

Por: Bulmaro Pacheco
El presidente López Obrador, en su afán de adelantar la sucesión presidencial, mencionó de nuevo a los principales aspirantes morenistas a sucederlo en el cargo y, volvió a omitir el nombre del coordinador de sus senadores Ricardo Monreal. Mencionó a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, y en tono de burla contra sus adversarios, mencionó a quienes pudieran dar la batalla como Gabriel Quadri, Chumel Torres y Carlos Loret y, sin mencionarla por su nombre, a “la esposa de Felipe Calderón”, -o sea Margarita Zavala-.

A pesar del desdén, con las oposiciones no hay duda, por lo ocurrido recientemente, la Alianza dará la batalla buscando una candidatura unificadora de aquí a finales del 2023.
La duda queda en Morena, donde ya se advierte una probable ruptura por la exclusión de la que ha hecho gala quien finalmente decidirá las candidaturas en ese partido y tratará de pasar a la historia como el impulsor de una candidatura buscando una mujer presidenta.

El comportamiento de la oposición -en la legislatura federal- durante la discusión de la reforma constitucional de la semana pasada, no podía ser de otra manera. Hizo crisis la forma de hacer política desde el Poder Ejecutivo federal en los últimos cuatro años. También hizo crisis el aislamiento del Ejecutivo hacia quienes no piensan como él o no apoyan los proyectos de la autodenominada “cuarta transformación”.

No ha existido diálogo alguno con los partidos opositores en lo que va del gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero es básicamente por la concepción presidencial de los partidos políticos y el papel de estos durante los años que a cada rato el presidente señala como los peores para México: “los últimos 36 del neoliberalismo”.

Con el PAN existe una diferencia insuperable por la elección del 2006. A cada rato repite el presidente que “se la robó el PAN con Calderón”.

Con el PRI -donde tiene muchos conocidos desde que fue dirigente en Tabasco- guarda sus diferencias, pero gobierna rodeado de incontables figuras del priismo hoy convertidos a la llamada 4T.

En el fondo, el presidente abandera a una corriente política opositora que identifica las reformas estructurales del pasado como neoliberales, regresivas y opuestas a la “transformación de México”.

Mal sabor de boca le causó al presidente el Pacto por México impulsado por su ex partido el PRD, en alianza con otros para impulsar reformas de gran calado. Esa fue la principal motivación por la que abandonó al PRD en el 2013 y fundara Morena en el 2014.

Desde el inicio de su gobierno han existido diversas corrientes políticas hacia el interior del aparato oficial y de su partido Morena que han tratado de saltarse el marco jurídico -con plena ignorancia de la historia-, para adaptarlo a las pretensiones políticas de grupo dominante a nivel central y en las regiones.

Por ejemplo: Tratar de prolongar el período de gobierno -de 2 a 5 años- de Jaime Bonilla, gobernador morenista de Baja California, cuando la Constitución local lo prohibía. Y querer obligar a la legislatura de Baja California a que reformara preceptos legales para beneficiar al gobernador. Ese fue un primer mensaje. Otra señal fue la intención de prolongar por dos años más la estancia de Arturo Zaldívar al frente de la judicatura de la SCJN. No prosperó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la propia Corte la echó abajo.

El presidente anunció con bombo y platillo la firma ante notario público de su propio compromiso -que nadie le exigió- de “no reelegirse”, cuando cualquier principiante de Derecho sabe que la Constitución se lo impide desde 1933, cuando se dio la última reforma del artículo 83.

También alteraron al presidente las negativas del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a darle entrada a las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón para los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Eso lo radicalizó y quiere acabar tanto con el INE como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al presidente la han fallado sus principales interlocutores políticos: Primero fue Olga Sánchez Cordero, que después de tres años y meses como secretaria de Gobernación regresó a su escaño en el Senado. Después Adán Augusto López, quien dejó el gobierno de Tabasco para sustituirla, inició el diálogo con los partidos opositores, pero lo suspendió para sumarse a la campaña contra el INE y el tribunal electoral y apoyar las campañas de Morena. El presidente (¿quién más?) descartó a su secretario de Gobernación como aspirante a sucederlo.

Al principio del gobierno, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, fue un buen interlocutor político con la oposición en el Senado y con algunos gobernadores. Algo pasó después de la elección de junio del 2021 que le valió ser borrado de la lista de aspirantes a suceder a López Obrador, pero él sostiene que de todos modos, aparecerá en las boletas en la elección del 2024. ¿Por Morena o por otro partido? He ahí el dilema, que augura una posible ruptura al interior de ese partido.

Monreal también se queja de que el propio presidente abrió en forma tempranera su propia sucesión, alterando los escenarios políticos.

López Obrador acostumbrado a las derrotas cuando estaba en la oposición ya no las asimila estando en el poder. Algo hay en esa personalidad que no admite la crítica ni el señalamiento de los errores y que siempre busca a quién echarle la culpa de todo. Reacciona violentamente contra quienes le ganan y en la práctica le demuestran equivocaciones de sus políticas de gobierno. López Obrador se enojó con las clases medias de la Ciudad de México cuando le ganaron la mitad de la ciudad y las acusó de “conservadoras y aspiracionistas”. Ahora acusa -junto con sus corifeos- de “traidores a la patria” (ignorando lo que dispone el artículo 61 Constitucional) a los legisladores que le batearon su proyecto de reforma constitucional en materia energética y de “seudo ambientalistas”, a quienes han osado señalarle fallas y faltas ecológicas en la construcción del tren maya.

Se le olvidó al presidente que él llegó al poder ejerciendo la crítica a sus antecesores y que aquellos aguantaron vara admitiendo las críticas, pero dialogando y buscando acuerdos con los opositores; algo que no se ha visto en lo que va del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y -por lo que está sucediendo- creemos que no se verá en lo que resta del sexenio. Las consultas ciudadanas han puesto en evidencia el distanciamiento existente entre los propósitos oficiales y los resultados con el pueblo. No pegó ante la gente lo del juicio a los ex presidentes, y la revocación de mandato se transformó en “ratificación”, por obra y gracia de los esfuerzos oficiales para impulsarla en todo México, con recursos públicos y violentando la ley en todos los órdenes. Un mal balance político para un gobierno que se jacta de transformador y “revolucionario” (sic).

¿Reelección presidencial? Ni pensarlo. No les dan los números ni a Morena ni al presidente, y sería una enorme imprudencia política tratar de intentar la reforma del artículo 83 constitucional que lo impide.

Por: Bulmaro Pacheco
Los “diputados de partido” se crearon en 1963 para darle espacios a los partidos de oposición que llevaban varios años participando en las elecciones y no lograban representación en las Cámaras.

El PAN fundado en 1939 había ganado algunos distritos de mayoría: 4 en 1946 y 1949; 5 y 6 en 1952 y 1955; 6 y 5 en 1958 y 1961, hasta que subió a 18 (Ya con los de partido) en 1964, cuando logró el 11.5% de la votación nacional. El blanquiazul había empezado a ganar también ayuntamientos desde 1946 en Michoacán, Jalisco, Durango y Chiapas.
Además, alcanzaron diputados federales los partidos, Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

El requisito para obtener “diputados de partido” en 1964 era lograr el 2.5% del total de los votos con derecho a 5 diputados y uno más por cada 0.5% adicional. En 1972 se redujo el porcentaje del 2.5% al 1.5% y ni así se lograba “cuajar una estructura auténticamente pluripartidista” que era el objetivo de la primera reforma impulsada por el PRI.

Cuando México contaba con 65 millones de habitantes, en diciembre de 1977 se reformó el artículo 52 de la Constitución que amplió a 400 diputados la integración de la Cámara. 300 de ellos serían elegidos a través del sistema de mayoría relativa y 100 mediante el sistema de “representación proporcional”. En 1986 se modificó de 100 a 200 la representación proporcional, con lo que se estableció un espacio más amplio para las oposiciones en la Cámara de Diputados.

El Senado se reformó para incluir la senaduría de primera minoría en 1993 y para los senadores de lista o de partido (plurinominales) en 1996.

Es decir, lograban un espacio en el Senado los mejores perdedores en la elección (32) y los que los partidos lograban enlistar (32) de acuerdo a su porcentaje de votación (casi siempre una curul por cada 3% de la votación), con lo que se quebró el principio de igualdad de los estados, la representación auténtica del federalismo, porque los senadores de lista no representaban -ni representan- a los estados, sino a los partidos.

Con el tiempo, el debate sobre los “pluris” evolucionó cuando los partidos tuvieron financiamiento para sus actividades, lo que los ponía con piso parejo en la competencia desde 1997 -con una autoridad electoral autónoma- y cuando las oposiciones lograron la mayoría en la Cámara de Diputados.

Mucho antes dice la propuesta presidencial, el debate de 10 años a la fecha se ha centrado en proponer eliminar 100 diputados “pluris” y también los 32 senadores de lista porque carecen de representación federalista, lo que es correcto. Al haber piso parejo e igualdad de representación ni 100 de las 200 pluris ni las 32 senadurías de lista tienen ya sentido. Deberían borrarlas del mapa.

Las izquierdas fueron las principales promotoras -y beneficiarias- de la representación proporcional. Hay personas que han logrado ocupar curules en más de tres o cuatro ocasiones sin hacer campaña.

Ahora el Presidente López Obrador propone la desaparición de los “pluris”. No se sabe si todas o una parte ¿Logrará convencer a sus aliados?, ¿Qué irán a decir algunos de sus cercanos que han brincado de partido en partido ocupando “pluris”? Habrá que esperar el contenido de la reforma y la reacción de las oposiciones. El debate sacará chispas. Las pluris que en un tiempo ayudaron -y ayudan- a la gobernanza, ahora son cuestionadas hasta por sus propios promotores.

AMLO sabe que se trata de una bandera política que le puede redituar bonos con las clases medias y la enarbola, aunque sus clientelas cercanas no compartan la idea y que seguramente tendrán mucho que decir.

Da pena ver a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, advertir (y amenazar) a los mexicanos de que si desean que sigan las becas, el gasto social a los adultos mayores y los subsidios a diferentes grupos sociales, voten favor de que el presidente de México se quede en el cargo el próximo 10 de abril en la revocación de mandato.

Delgado y sus asociados tienen pánico de que la próxima consulta sea desdeñada por la gente como lo fue la del juicio a los expresidentes, que solo motivó al 8% de los inscritos en la lista nacional de electores. Ahora requieren el 40% de participación para que el evento promovido por ellos mismos surta efectos y al parecer no les salen las cuentas. Algo están viendo los de Morena que no les cuadra, quizá demasiado rechazo.

Pena ajena causan también los activistas pagados por el poder público llamados “Siervos de la nación”, que de casa en casa entrevistan a la gente para preguntar si van a votar o no el próximo 10 de abril para que el presidente de México se quede en el poder, y así sigan los grandes cambios (sic) impulsados por la autodenominada “cuarta transformación”.

¿Ignoran los dirigentes y promotores de la revocación de mandato que el presidente López Obrador fue elegido para que concluya su mandato el próximo 30 de septiembre del 2024, tal y como lo establece el artículo 83 de la Constitución mexicana? No, no lo ignoran. Y ante la ausencia de logros concretos en el gobierno han intensificado trabajos políticos con el fin de sacar adelante la revocación de mandato y cuidar que la imagen presidencial no sufra desgaste ante tanta crítica y tanto problema sin resolver. Además les servirá de ensayo para lo que viene en el 2024.

El actual proceso de revocación de mandato establecido desde el 2019 en el artículo 35 de la Constitución ha sido organizado, promovido y publicitado principalmente por el Gobierno y su partido Morena. Se ha promovido la recolección de las firmas requeridas (3% de los inscritos en la lista nominal de electores en por lo menos 17 entidades federativas) y a los gobernadores de Morena les fijaron su respectiva cuota, aun cuando establece la fracción 7 de dicho artículo: “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”. Pero ahí están los espectaculares, las marchas con acarreos y con recursos públicos al más viejo estilo, las entrevistas y las giras de trabajo que no han parado por parte de los servidores públicos, para hacerle promoción al evento del próximo 10 de abril.

El artículo 35 establece el derecho ciudadano de votar y ser votado. En un ejercicio de libertad, el ciudadano deberá decidir si votará o no. Se requerirá la votación del 40% de los inscritos en la lista nacional de electores, equivalente a 37 millones, para que el ejercicio sea vinculante, es decir, que surta efectos.

Habrá quienes no vayamos a votar, pero que vote el que quiera sin dejar de registrar que el debate sobre el 2024 ya está aquí y el tema de la revocación de mandato -aunque no es retroactivo- por interés oficial, lo han convertido en la primera instancia para medir la verdadera fuerza político electoral del Presidente y su partido después del 2021, de tanto problema y de tanto desgaste… Algo están viendo que ya no les cuadran las cuentas triunfalistas que hasta hace muy poco tenían. Algo ven.

Bulmaro Pacheco

Con el advenimiento de la democracia en las naciones, muchos creyeron que se resolverían en automático los viejos y nuevos problemas. También pensaron que sería el instrumento ideal para atender cuestiones ancestrales como la pobreza, la distribución del ingreso, la justicia y la igualdad de oportunidades, entre otros.

Ese debate se intensificó después de la caída del Muro de Berlín, a finales del siglo XX, y cuando las naciones rehenes de la cortina de hierro comenzaron a liberarse de sus líderes, ya eternizados en el poder obtenido tras el reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto había marcado enormes diferencias entre la Europa del Este y el resto de las naciones desarrolladas.

Las dictaduras interrumpieron el progreso de algunas naciones que gozaban de altos niveles de vida y bienestar, y sus habitantes no tardaron en entrar a los tiempos de escasez con largas colas para abastecerse de lo elemental. Esto engendró un malestar contra los gobernantes y estallaría como castillo de naipes a partir de la caída del muro. Igual sucedió en América Latina donde naciones desarrolladas como Chile y Uruguay y otras 15 más, experimentaron las dictaduras militares y tardaron años, en ver la transición a la democracia.

Los nuevos dirigentes se plantearon el dilema: ¿Era la democracia el instrumento ideal para alcanzar el progreso o para resolver los urgentes problemas de cada país?

No tardaron en darse cuenta que la historia es y ha sido siempre una caja de sorpresas. La democracia solo era un instrumento de libertad para ejercer derechos y para participar en la discusión libre de problemas y propuestas, no para lograr la felicidad de los pueblos o resolver los problemas en automático. -El problema era de los gobiernos-, Pero sí servía la democracia para sumar ideas y enfoques diferentes para abordar los problemas. Así surgieron todo tipo de propuestas, desde las del estado de bienestar hasta las del estado mínimo, por ejemplo.

México se encaminaba a la modernidad al finalizar 1993. Finalmente se había aprobado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y ya había tres candidatos presidenciales seleccionados por sus partidos: Diego Fernández de Cevallos (PAN), Cuauhtémoc Cárdenas, por segunda ocasión y ahora por el PRD, y Luis Donaldo Colosio (PRI).

En ese entonces el PRI gobernaba en 29 entidades: Solo Baja California (1989), Guanajuato (1991) y Chihuahua (1992) se habían perdido.

El 1 de enero de 1994 México inicia el año con el estallido de la rebelión campesina de Chiapas, encabezada por el EZLN, y con un problema de conciliación política al interior del aparato de gobierno: Manuel Camacho, el otro competidor por el PRI a la candidatura presidencial, no reconoce a Colosio como el candidato favorecido con la decisión presidencial (un método aplicado por los presidentes mexicanos desde 1924: dejar sucesor; que, por cierto ya había hecho crisis desde 1988).

Colosio aventajaba en las encuestas, pero el asunto chiapaneco se metió en la agenda diaria desplazando a las campañas políticas. Colosio fue asesinado en Tijuana el 23 de marzo de 1994, y a partir de entonces se aceleraron los cambios en México.

Ernesto Zedillo, excoordinador de campaña de Colosio, fue postulado como candidato, y en agosto de ese año ganó la elección con el 48.6% de la votación. En 1994 se logró la participación electoral más alta de los tiempos modernos con un 77.16%.

En 1988 la participación fue del 52.01%; en el 2000, de 63.97%; en el 2006, de 58.55%; en el 2012, de 63.10%; y en el 2018, de 63.42%.

La historia registra ese final de 1994 como el del inicio de las diferencias marcadas y públicas entre un presidente entrante y el expresidente saliente, que se ahondarían con el llamado “error de diciembre” y la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari.

México inicia 1995 con pésimos augurios por el “error de diciembre”, Chiapas y los asesinatos políticos. Ese año el PRI pierde Jalisco, Baja California (segunda vez) y Guanajuato (segunda vez). También se presenta la reforma más avanzada de la Suprema Corte de Justicia.

En 1996 se da la reforma política más importante al crearse el TEPJF y al lograrse la plena ciudadanización del IFE (ya no más el Gobierno en el manejo de las elecciones). Se legisla para que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se logre por elección directa al siguiente año.

En 1997 el PRI pierde la Ciudad de México y la mayoría en la Cámara de Diputados. Pierde también Nuevo León y Querétaro.

En 1998 el PRI pierde Zacatecas y Aguascalientes. En 1999 pierde Nayarit, Baja California Sur y Tlaxcala.

En el 2000 el PRI pierde la Presidencia de la República con el PAN. Fox gana con el 42.52% de la votación. Ese mismo año pierde también los estados de Morelos y Chiapas, y por segunda vez la Ciudad de México, y Guanajuato por tercera ocasión.

En la mayoría de los estados el PRI logró recuperarse, a excepción de Baja California donde el PAN gobernó 30 años y Guanajuato, donde va por 31 años el próximo julio.

En el 2001 el PRI pierde Yucatán y Michoacán, y gradualmente fue perdiendo distritos locales (del 97.8 al 49.6) y 583 de los 2400 municipios. De las entidades donde nunca se había dado la alternancia, en 2021 el PRI perdió Colima y Campeche, y solo quedan sin alternancias, Coahuila, el Estado de México e Hidalgo.

Una enseñanza fundamental de los cambios políticos ha sido que la democracia garantizó las alternancias en los gobiernos, pero no la calidad de los mismos. La libertad de elegir en muchas ocasiones no coincidió con la eficacia de los electos. La política derivó en mercadotecnia y así emergieron aventureros políticos que “subieron en elevador” y “bajaron en elevador”. Con el tiempo desaparecían del mapa sin mayor pudor ni trascendencia. Eran los tiempos en que ingenuamente se creyó que los privados podrían sustituir fácilmente a los políticos de carrera.

Fox empezó bien y generó expectativas, pero al rato, con un gobierno gris, dominó el desencanto entre la gente y el PAN casi pierde la presidencia en el 2006. Felipe Calderón batalló para legitimarse ante la escasa ventaja que tuvo en la elección sobre el segundo lugar (0.56%) y quiso colonizar el gobierno con pura militancia panista. Al final no pudo imponer sucesor y provocó que regresara el PRI al poder.

Enrique Peña Nieto ganó bien y empezó por unificar a todas las fuerzas políticas de México para lograr reformas importantes en el “Pacto por México”, pero su inexperiencia, frivolidad y provincialismo lo hicieron desbarrancar a la mitad de su sexenio y encaminó al PRI a su tercera derrota en una elección presidencial (2018).

Andrés Manuel López Obrador prometió una gran transformación que hasta ahora ha sido más palabras y promesas que realidades, y el desencanto popular ya le pasó una primera factura en la elección del 2021 al perder la mayoría en la Cámara de Diputados.

También trata de imponer sucesor -a costa de la división en su partido- y muchos de los problemas que prometió resolver persisten o se han agravado, lo que será un obstáculo para que Morena pudiera volver a ganar en 2024 como lo afirman sus seguidores.

A 45 años de las primeras reformas políticas y a 28 del sacrificio de Colosio, surgen las interrogantes: ¿Le ha servido la democracia a México para resolver sus principales problemas? ¿ha sido la democracia la panacea para atender sus crisis? ¿Qué le falta a la democracia mexicana para cumplir con las expectativas ciudadanas?