Categoría: El Zancudo

El aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora, Aarón Grageda Bustamante hizo ayer a sus contrincantes una propuesta que podría cambiar el rumbo del actual proceso sucesorio en la Máxima Casa de Estudios.

Básicamente, y a partir del análisis histórico y coyuntural de la situación por la que pasa la Unison, Grageda Bustamante propuso alcanzar un acuerdo entre los integrantes de la terna que resulten con mayor número de votos ponderados una vez hecha la consulta universitaria, para avanzar en la transición a un nuevo modelo de universidad, moderna, más transparente, con derechos laborales y estudiantiles más amplios, creando y fortaleciendo esquemas de financiamiento propios y más eficiente en lo administrativo.

Sería -y esto no lo dijo él, pero así lo interpreto- una ‘rectoría de coalición’ que sumara las propuestas de los tres finalistas en la consulta universitaria que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.

Entrevistado en los micrófonos de Radio Sol en el 104.7 FM durante el programa Lenguas Vespertinas que se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, el aspirante reconoció el talento de las seis personas registradas para sustituir a la rectora Rita Plancarte y sostuvo que si no se alcanza ese acuerdo la Universidad seguirá en la ruta de la colisión y polarización que durante muchos años ha impedido su despegue pleno en lo académico, en lo político, en lo administrativo y en lo financiero.

No los mencionó por sus nombres, pero Aarón Grageda parte de que actualmente hay una candidata “de la administración universitaria” (que podrían ser María Elena Robles o Dena María Camarena) y uno “de la parte sindical” (que evidentemente es Cuauhtémoc González) y la llegada de uno de ellos dificultaría la generación de consensos y mantendría la confrontación entre “enemigos históricos”.

Ex secretario de Educación y Cultura en el primer tercio del gobierno de Alfonso Durazo, Aarón Grageda niega ser el ‘candidato oficial’: eso es parte de la construcción de perfiles que se hacen al calor de la contienda, y a veces es contradictorio porque hay gente que dice que soy el candidato oficial y otra que dice que no soy el candidato de Durazo; la verdad eso no me preocupa, tengo mi propia trayectoria, no pertenezco a algún grupo y creo que eso opera a mi favor en la actual coyuntura, dice.

De acuerdo con la nueva Ley 169 que rige a la Unison, el rector será electo por el Colegio Universitario, máximo órgano de gobierno en la Universidad, integrado por 138 académicos, estudiantes y empleados, una vez que se haya realizado una consulta a la comunidad universitaria, de donde saldrá una terna con los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos ponderados (la ponderación es de 48% para maestros, 48% para estudiantes y 4% para trabajadores).

La votación será en una primera ronda si alguno de los candidatos logra las dos terceras partes de la votación en el CU; si no, se pasa a una segunda ronda y se elige por mayoría del 50% más uno.

En estos momentos, sostiene Grageda Bustamante, ninguno de los aspirantes obtendría la mayoría calificada, y si se elige uno en segunda vuelta con mayoría simple. Una elección así excluiría las propuestas y talentos de los otros dos, prolongando el clima de confrontación que tantas críticas suscita en la sociedad, sobre todo por las huelgas.

-¿Estamos hablando de una declinación de dos a favor de uno?, se le preguntó.

Podría ser… podría ser un acuerdo que integre a los tres en la administración universitaria. Utilicemos la inteligencia de todas las partes, busquemos una visión intermedia y caminemos con los talentos de las tres partes para sacar adelante a la institución privilegiando los derechos laborales y estudiantiles. Sumemos, no colisionemos, subrayó.

Dijo que llegó a esta propuesta a partir del análisis que hizo de la Universidad y su momento histórico. Vienen tiempos difíciles: la Unison tiene una deuda de 300 mdp con el SAT, que puede disponer de ellos abriendo un boquete en el presupuesto universitario; hay problemas con el cobro del ISR y eso también requiere inteligencia para resolverlo. Presupuestalmente no vienen días de jauja; ni el gobierno federal ni el estatal van a otorgar más recursos mientras la Universidad no genere recursos propios y en ese sentido yo tengo varias propuestas que pueden aportar no solo ingresos, sino sobre todo vinculación con los sectores productivos, sostuvo.

“Respeto mucho a los candidatos de la autoridad universitaria y al de la parte sindical; son muy inteligentes y pueden aportar mucho, pero sería mejor si sumamos las ideas de todos, si caminamos juntos hacia un nuevo modelo de universidad, que por cierto nos está brindando una oportunidad que no se repetirá en muchos años; en este 2024 se van a renovar 270 plazas de tiempo completo y otras 160 el año que entra; es decir, se va a renovar casi el 30 por ciento de la planta docente y eso requiere un rector que pueda conducir ese proceso para beneficio de la Universidad, dijo en la entrevista.

Aquí les dejo las partes sustanciales de esa entrevista, con la recomendación de que no se pierdan las Lenguas Vespertinas, donde suele generarse información necesaria para que no lo agarren, desprevenido lector, distraída lectora, con refritos e intrascendencias.

Por Arturo Soto Munguia

Hacía calor a media mañana en Puerto Peñasco aquel 3 de septiembre. Fue el año pasado y el gobernador realizaba una gira por la región del desierto para inaugurar la rehabilitación de la carretera a Sonoyta y para relanzar la señal de Telemax en aquel potente destino turístico del noroeste del estado.

Allí, mientras la gente que no alcanzó lugar bajo la carpa instalada para protegerlos de los rayos del sol buscaba la sombra de los árboles cercanos, el primer mandatario hizo el recuento del progreso que mostró la televisora estatal bajo las riendas de su Directora General, la más joven de su gabinete con apenas 27 años, por cierto.

Habían pasado apenas dos meses exactos del proceso electoral 2024 y Paulina Ocaña Encinas ya había escalado a la Coordinación del Sistema Estatal de Comunicación Social, así que el gobernador aludió a esa que ya se perfilaba como una meteórica carrera en el servicio público. El espaldarazo se escuchó en todo el estado, sobre todo cuando Durazo sentenció, en tono admonitorio: “No la pierdan de vista”.

Un mes después, exactamente el 3 de octubre, Paulina Ocaña asumía el cargo de Jefa de la Oficina del Ejecutivo, un cargo de suma importancia y serias responsabilidades que, sin embargo no suele tener mucha proyección mediática por tratarse de tareas de coordinación, supervisión y seguimiento de programas al interior del gabinete. Pero es un cargo potente: la titular de esa oficina es la correa de transmisión entre el gobernador y los titulares de todo el gabinete legal y ampliado, incluyendo tareas en el plano internacional.

Para que se den una idea, esa oficina tiene el objetivo de garantizar la instrumentación de la estrategia de gobierno, los acuerdos del gabinete y entre otras cosas, la colaboración institucional en asuntos internacionales y de transparencia. Nada, pescadito.

Pero es claro que en el caso de Paulina Ocaña, hay un interés por hacerla trascender esas tareas, con mucho trabajo de escritorio, pero también de territorio pues en solo cuatro meses que tiene en el cargo ya fue asignada a tareas que tradicionalmente no corresponden a la oficina a su cargo.

Por ejemplo, desde hace meses encabeza la Mesa Técnica de coordinación y seguimiento de proyectos estatales en los municipios, especialmente aquellos relacionados con el mejoramiento de infraestructura urbana y rural. Más aún: ya se encuentra al frente de la coordinación del estado con los Ayuntamientos, y llama la atención que el primer encuentro haya sido con funcionarios de primer nivel del gobierno de Hermosillo, nada menos que la capital del estado y el único municipio de más de cien mil habitantes (de hecho es el más poblado con casi un millón) que gobierna la oposición.

Esto tiene un enorme significado no solo en términos de administración pública, sino sobre todo, en lo político.

De ese primer encuentro salieron importantes acuerdos, pero sobre todo salió un mensaje de concertación y diálogo con el gobierno local de oposición más importante del estado, donde se están trabajando varios proyectos relacionados con la infraestructura hídrica -tema fundamental frente al crítico panorama que plantea la sequía-, construcción de vialidades y mejoramiento del Centro Histórico, así como un proyecto que el gobernador ha ‘palomeado’ como prioritario: el rescate del parque La Sauceda, que está por concluir y que el primer mandatario encargo especialmente a la joven Paulina Ocaña.

Para nadie ha pasado desapercibido cómo en los últimos meses (especialmente desde aquel día en Puerto Peñasco) el gobernador dio el banderazo de arranque dejando correr a sus cuadros más cercanos en la carrera rumbo al 2027, pero tampoco es difícil apreciar que con sus nuevas tareas y responsabilidades, la joven y experimentada servidora pública está tendiendo puentes por todo el estado, de manera que si algunos la ubicaban en las boletas electorales buscando alguna diputación local o federal, o la alcaldía de Hermosillo, harían bien en no limitarla, porque de seguir en esa dinámica no sería extraño que se metiera de lleno en la carrera por la gubernatura.

El tiempo lo dirá.

Por Arturo Soto Munguia

No cabe duda que tiempos traen tiempos. Mientras Morena arrancó una campaña nacional que tiene como meta afiliar a diez millones de mexicanos a ese partido, la oposición parece empeñada en auto aniquilarse.

Desde luego que esto no solo tiene que ver con elementos estrictamente político-ideológicos, sino sobre todo con el poder que da el ejercicio de gobierno sobradamente mayoritario y claro, con el acceso al generoso presupuesto público.

Todos los partidos, incluyendo a Morena, pasan por momentos críticos, pero evidentemente esas crisis se gestionan mejor cuando se tiene el control de los hilos gubernamentales y la chequera abierta.

No es el caso del PRI, el PAN o el PRD que en su momento también supieron lo que es la holgura presupuestal, pero que hoy viven sus peores momentos en las últimas décadas.

El caso del PAN en Sonora es emblemático: de batallar durante largos años de luchas por conquistar espacios de poder, sufrir persecución y acoso desde los gobiernos priistas, llegaron por fin a la gubernatura en 2009. Les duró muy poco el gusto -aunque para algunos de los más representativos personeros del padrecismo fue suficiente para tirar escandalosamente el piojo- y en seis años dilapidaron buena parte de la confianza ciudadana que les llevó décadas construir.

Durante el sexenio de Guillermo Padrés el PAN también afilió masivamente ciudadanos, logrando el padrón de militantes más grande que se recuerde. Hoy eso es historia.

Y como suele pasar hasta en las mejores familias, cuando no hay varo el amor sale por la ventana.

Recientemente, un grupo de panistas encabezados por Bruno Cházaro impugnó el proceso en el que Gildardo Real se reeligió como dirigente estatal y hoy sigue empeñado en hacer que los tribunales electorales repongan el procedimiento que, argumentan, estuvo viciado.

Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral tiró la bola a la cancha de la Comisión de Justicia Intrapartidista del PAN para que sea esta la que resuelva, aunque y antes había rechazado la impugnación por considerarla extemporánea.

El asunto, ordenó el TEE, debe tratarse en las instancias del partido de manera que, según la versión institucional del PAN, el proceso se llevó a cabo conforme a derecho, la militancia avaló el método de reelección y la dirigencia estatal se ratificó con el respaldo de las estructuras del partido, así que Gildardo Real está firme en la presidencia del blanquiazul Sonora.

Bruno Cházaro, por su parte no piensa lo mismo y seguirá insistiendo en que se convoque a una nueva elección. Mientras se toma la decisión final, los panistas siguen enfrascados en disputas internas, igual que los perredistas donde están viviendo un conflicto similar, o los priistas que parecen empeñados en mantener el más bajo perfil de toda su historia.

Morena por su parte, sigue con su campaña de afiliación y a que ni saben de dónde están saliendo muchos nuevos militantes del partido guinda. Exacto, del PRI, del PAN y del PRD, quizá porque consideren que a estas alturas es más fácil subirse al crucero del morenismo que evitar el naufragio de sus pangas.

Por Arturo Soto Munguia

Hubo un tiempo en que esa parte de la ciudad era puro monte. Bueno, es un decir. En realidad, de la calle 300 hacia el sur y hasta donde alcanzara la vista todo eran sembradíos de algodón, trigo, maíz, cártamo…

El casco urbano de Ciudad Obregón llegaba hasta allí. En los veranos, se instalaban a lo largo de la emblemática calle 300 una larguísima fila de tejabanes de madera y lámina negra, habilitados como dormitorios y comedores para cientos de jornaleros que llegaban a la pizca de algodón. Era un bullicio de gente todo el día.

El feraz Valle del Yaqui florecía con la pujanza que le dio la ‘Revolución Verde’, como dio en llamarse el resultado de un programa que encabezó el científico Norman E. Borlaug, financiado por la Fundación Rockefeller para mejorar genéticamente la producción agrícola, señaladamente el maíz y el trigo.

Eran los años 60-70 del siglo pasado y la ciudad comenzaba a crecer poblacionalmente y con ello, crecía también la demanda de vivienda. Como en otras ciudades, aparecieron las ‘invasiones’, movimientos urbano-populares que se posesionaban de terrenos con la esperanza de la regularización y la dotación de servicios públicos para levantar allí sus viviendas, generalmente precarias.

Los segmentos más pobres de la población no tenían -desde entonces- otras opciones para acceder a un lugar para vivir, e independientemente de los sesgos políticos que suelen aparecer en estas prácticas, fue una de las formas como la ciudad comenzó a expandirse, ante la insuficiencia de programas institucionales para dotar de vivienda a los menos favorecidos.

Una de las primeras ‘invasiones’ de aquellas fechas fue la ‘México’, justamente al sur de la 300 y de allí le siguieron otras: la Machi López, la 410, la Sóstenes Valenzuela… Algunas de ellas ya se encuentran totalmente urbanizadas, o al menos con servicios públicos básicos: agua potable, drenaje, pavimento, electricidad, después de muchos años de sufrimientos e inclemencias, de gestiones y protestas callejeras.

La frontera de la urbanización en Ciudad Obregón se sigue moviendo al sur. Allá, donde todavía se ve el barbecho y los surcos, el gobernador Alfonso Durazo recordó ayer que desde hace unos 30 años se dejó de construir vivienda de interés social y el acceso a una vivienda digna pasó a ser un privilegio en vez de un derecho.

Y es que ciertamente, en Ciudad Obregón quizás las últimas colonias construidas por instituciones gubernamentales para dotar de vivienda a la clase trabajadora fueron la Miravalle y la Primero de Mayo, también al sur de la ciudad.

Después de eso todo quedó en manos de empresas constructoras que se enfocaron más en sectores de clase media y media-alta; las instituciones por su parte privilegiaron una complicada política de crédito que en décadas no ha podido resolver el tema de la vivienda para los trabajadores de ingresos mínimos, pero en cambio ha generado un sinfín de problemas, como el que ayer le plantearon al gobernador los habitantes de la colonia Urbi Villa del Real que desde hace más de diez años vienen batallando con un problema legal y financiero donde aparecen embargos, desalojos, invasión de casas, falta de regularización y de servicios públicos…

El gobernador dialogó con ellos y los citó para las 10 de la mañana de este día en Palacio de Gobierno. Allí buscarán soluciones a esa larga trama de conflictos.

Por Arturo Soto Munguia

Vamos a dejar un poco la grilla universitaria porque el domingo en la madrugada dejaremos un polvaredón rumbo a Ciudad Obregón, no crea usted que para constatar los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que mi patria chica es ejemplo de cómo disminuye el número de homicidios dolosos, no.

Dios nos libre de poner en tela de duda las palabras de la primera mandataria, que mentiras no dijo: efectivamente han disminuido los asesinatos, pues si antes mataban hasta 70 cristianos al mes, hoy apenas llevan 24 en lo que va de febrero. O sea, sí han bajado, pero aunque sigan siendo muchos, afortunadamente en Palacio Municipal ya el alcalde Javier Lamarque inauguró un bebedero, lo que no sirve mucho para la pacificación de mi rancho, pero al menos hay agüita para pasarse un tafil y andar más tranquilo.

Pero ese no es el tema que nos lleva al corazón del Valle del Yaqui, sino un asunto no menos relevante y sí más optimista, ya que el domingo estará en Cajeme el gobernador Alfonso Durazo para poner en marcha el Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta.

Sonora se convierte así en la primera entidad en arrancar este programa que tiene como meta final construir 33 mil 800 viviendas dignas, 12 mil de las cuales serán edificadas en Cajeme sobre nueve predios que suman 68 hectáreas, cuya documentación quedó en regla después de la gestión de Durazo con la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, con quien se reunió hace unos días en la Ciudad de México.

Esta es una excelente noticia para Sonora, pero especialmente para Cajeme, pues no solamente permitirá a miles de familias acceder a una vivienda digna financiada en parte por el Infonavit y en parte por la Comisión Nacional de Vivienda, sino que este proyecto se traducirá a su vez en la generación de más de 380 mil empleos directos e indirectos, los primeros de ellos en Cajeme, donde tanta falta hacen.

El ambicioso programa prevé que en el primer cuatrimestre del año se edifiquen 3 mil 446 viviendas para cubrir la demanda de los sectores más vulnerables, como madres solteras, adultos mayores, población indígena y personas con discapacidad.

Hacen falta más noticias como esta en Ciudad Obregón. Bien ahí.

Por Arturo Soto Munguia

No todos los que se registran podrían participar en la elección; previamente deberán pasar dos etapas en que los órganos electorales universitarios evaluarán cualitativa y cuantitativamente sus precandidaturas.

Podrán participar todos los universitarios, estudiantes, docentes y personal manual y administrativo con sus derechos a salvo; no hay urnas ni papeletas sino que el voto se emitirá vía electrónica, pero solo podrá emitirse dentro del Campus.

El voto es universal, libre y secreto, pero existe un criterio de ponderación según el cual los votos del personal académico tienen un valor de 48%, lo mismo que el de los estudiantes; el voto del personal manual y administrativo es representado con el 4%.

En la Universidad existen seis facultades; cada una tiene un número distinto de departamentos y desde luego, de estudiantes, maestros y empleados, pero independientemente de ello, al final cada facultad ‘vale’ lo mismo: 8% para estudiantes, y 8% para maestros, considerando que el 48% se divide entre seis, que es el número de facultades.

Por poner un ejemplo: la facultad interdisciplinaria de ciencias sociales tiene 9 departamentos: (Historia y antropología, derecho, Psicología y Ciencias de la Comunicación, Sociología y Administración Pública, y Trabajo social, todas estas en Hermosillo; Ciencias sociales en Caborca, Ciencias Administrativas y Agropecuarias en Santa Ana; Ciencias sociales en Nogales y Ciencias sociales en Navojoa).

La facultad ‘vale’ 8% de manera que cada uno de los departamentos ‘valdría’ .88% para estudiantes y el mismo porcentaje para maestros. Hay facultades como la de Ciencias Biológicas y de la Salud que tienen diez departamentos, o la de Humanidades y Artes que tiene cuatro; en el primer caso la ponderación se reduce a .8% y en el segundo crece a 2%.

Con estos criterios, la Comisión Electoral designará la terna de personas que hayan obtenido el mayor porcentaje de voto ponderado y la presentará al Colegiado Permanente del Colegio Universitario; esta última instancia entrevistará a los integrantes de la terna y votará, aquí sí mediante papeletas en urnas por los candidatos(as). Si alguien obtiene dos terceras partes o más de los votos (son 138 integrantes del CU), se declara ganador; si no, pasa a una segunda ronda en la que gana quien obtenga la mayoría simple.

Como se ve, es importante la votación en las facultades y sus departamentos, pero donde se pondrá verdaderamente intenso el proceso es en el Colegio Universitario por una razón sencilla: la correlación de fuerzas en ese órgano no favorece al proyecto más afín al gobierno del estado, que por cierto se encuentra muy bien representado con al menos tres candidat@s: Cuauhtémoc González, académico y sindicalista identificado con el grupo que desde hace 30 años domina en el STAUS; Aarón Grageda, ex secretario de Educación y Cultura en el primer tercio de Alfonso Durazo, de donde por cierto no salió en hombros y entre fanfarrias, y Judith Tánori, ex diputada federal que llegó a la cámara como suplente de Wendy Briseño, a quien el gobernador llamó para incorporarla a su gabinete en 2021.

Y aquí es donde el asunto se pone verdaderamente candente, pues para que uno de ellos llegue a la rectoría, necesariamente tendrían que ser los tres con mayor porcentaje de voto ponderado, un escenario que luce complicado considerando que el voto proclive a la 4T tendrá tres opciones, lo que se traduciría en una fragmentación de sus preferencias.

Hay que considerar también que son otras dos candidatas las que han solicitado su registro: María Elena Robles, ex directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas en el último tramo de la vigencia de la Ley 4, y la actual coordinadora de esa facultad, Dena María Camarena. De ambas se dice que son candidatas afines a la actual administración universitaria; de hecho, María Elena Robles es esposa del secretario Académico, Ramón Robles Zepeda.

Ambas captarían el voto que no simpatiza con la 4T, y que no es nada despreciable; en la elección para integrar los órganos de gobierno ya bajo la Ley 169 ese voto ganó con amplia mayoría el Colegio Universitario.

Resultará interesante observar el comportamiento del sector estudiantil, el más nutrido de todos con más de 30 mil estudiantes, pero el menos participativo. En la elección citada, su participación apenas rebasó el 20%. El sector académico es el más activo en estos procesos y también el más politizado. Resulta harto interesante cómo va a dividir sus preferencias, tanto en el voto ponderado en las facultades, como en el Colegio Universitario que es la última instancia donde se elige rector(a).

¿Qué sorpresas nos depara este proceso?

Vayan por palomitas.

Por Arturo Soto Munguia

Suman cinco las personas que solicitarán registro a partir de hoy para aspirar a la rectoría de la Universidad de Sonora y el proceso cada vez se pone más interesante por el reacomodo de fuerzas entre los grupos universitarios que respaldan a cada una de ellas.

Ayer levantaron la mano dos mujeres: una de ellas, Judith Celina Tánori Córdova. Ella fue suplente de Wendy Briseño en la diputación federal que ganó en 2021 y que asumió cuando la titular se integró al gabinete de Alfonso Durazo como secretaria del Bienestar. Es 100 por ciento 4T y quizás en la campaña se le conozca un poco más, pues su paso por la cámara federal pasó sin pena ni gloria.

La otra es María Elena Robles, quien fuera la última directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas cuando aún regía la derogada Ley 4 impuesta por Manlio Fabio Beltrones en 1991 y derogada en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño en 2023. Esta aspirante tiene una peculiaridad: es esposa del actual Secretario Académico de la Unison, Ramón Robles Zepeda.

El dato es relevante porque Robles Zepeda había manifestado a sus cercanos sus intenciones de buscar la Rectoría; siendo del mismo grupo que la actual rectora Rita Plancarte se asume una voluntad de continuidad de ese proyecto. En los corrillos universitarios se habla de que el funcionario había logrado un acuerdo con Cuauhtémoc González, otro de los aspirantes, para apoyarlo en su campaña, pero repentinamente acuerda con su esposa -y se asume que con el grupo de la rectora- inscribir a María Elena Robles en el proceso.

Con el registro de estas dos académicas, suman cinco los aspirantes en la lista que integran además Aarón Grageda Bustamante, el exsecretario de Educación y Cultura en el primer tercio de la administración de Alfonso Durazo y Dena María Jesús Camarena Gómez, actual Coordinadora General de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas y Administrativas.

Si ayer consignamos que dos candidatos afines a la 4T (Cuauhtémoc y Aarón) dividirían el voto proclive a ese proyecto, la inscripción de Judith Tánori terminaría de fragmentarlo, sin contar que María Elena Robles, cuyo grupo apoyaría a Cuauhtémoc González, una vez registrada le restaría votos al colega comunicólogo.

¿Ven cómo se van poniendo intensas las cosas?

Un escenario de fragmentación del voto pro 4T de esa naturaleza, ensancharía el camino a Dena María Camarena, que ciertamente es la menos conocida de todos los aspirantes, pero eso que podría representar una desventaja en campaña, se puede convertir en ventaja pues la colocaría al margen de los grupos que tradicionalmente se han disputado la rectoría en la Unison.

Claro, todavía falta ver quiénes de los cinco (si es que no se inscribe alguien más hasta el 20 de febrero que vence el plazo para registros) pasan dos etapas en que los órganos electorales universitarios harán la evaluación cualitativa y cuantitativa de los aspirantes para determinar si pasan a la siguiente etapa, de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria.

II

El largo periodo en que rigió la Ley 4 a la Unison desde 1991 hasta 2003 desmovilizó a las bases estudiantiles, magisteriales y de trabajadores manuales y administrativos; los intensos procesos electorales que se sucedían cada año para elegir a los órganos de gobierno bajo la antigua ley 103 pasaron a la historia y durante más de 30 años los movimientos estudiantiles fueron más bien esporádicos y de baja intensidad; incluso el sindicalismo pareció entrar en un letargo con movilizaciones excepcionales.

Eso no significa que los grupos que históricamente se han disputado el poder en la Unison hayan desaparecido. De hecho tienen vigencia hasta la fecha y la sucesión en rectoría, la primera que se dará bajo la nueva legislación universitaria los ha despertado, y con ello, las próximas semanas serán de gran intensidad en el campus.

La grilla se ha desatado y las figuras más visibles comienzan a ser blanco de ataques por varios flancos. A Aarón Grageda ya le cayeron algunos petardos desde trincheras políticamente muy bien identificadas, recordándole su polémico paso por la SEC, de donde no salió ileso; a Cuauhtémoc lo comienzan a grillar por dejar la representación sindical para buscar asumirse como la parte patronal, que en la Unison es la rectoría.

A Judith Tánori le pesa su condición de militante progubernamental, y de todo esto seguramente están tomando nota en Palacio de Gobierno, donde Alfonso Durazo ha mantenido una posición firme en el sentido de que no meterá las manos en el proceso, respetando la autonomía de la Universidad, pero es claro que hay intereses en su gabinete que van a jugar sus cartas en este proceso.

En la entrega de mañana repasaremos los detalles de la nueva legislación y de la convocatoria, cuyas letras norman la sucesión en marcha. Y hay detalles muy interesantes, por ejemplo en lo que respecta a las campañas que se llevarán a cabo del 28 de febrero al 24 de marzo) y las implicaciones del voto ponderado.

Por Arturo Soto Munguia

No los quiero mortificar pero faltan 14 días para que el gobierno mexicano acredite la efectividad de su combate a la migración y el tráfico de drogas –señaladamente el fentanilo-, plazo impuesto por Donald Trump el pasado 3 de febrero, como condición para pausar 30 días la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas a EEUU.

Bien a bien, no se sabe cuáles son los indicadores que el crecido gobernante norteamericano habrá de considerar para determinar si concede una prórroga a sus amenazas, pero es claro que estas han metido gran presión en su contraparte mexicana que parece empeñada en convencer al presidente norteamericano de que el fenómeno de la migración y el narcotráfico tiene responsabilidades compartidas, lo que a Trump, en su infinita arrogancia parece tenerle sin cuidado.

Es cierto que en los últimos meses las fuerzas armadas mexicanas han asestado fuertes golpes al crimen organizado y que los diez mil elementos de la Guardia Nacional apostados en la frontera norte han logrado significativos descensos en los cruces de migrantes ilegales, pero también es claro que ante un tipo tan veleidoso como Trump, eso no ofrece ninguna certeza en ningún sentido.

Vaya, ni siquiera respetó la pausa impuesta unilateralmente por él mismo, y sin titubeos impuso aranceles a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, por más que el gobierno mexicano insista en que eso es perjudicial para la propia economía estadunidense.

Sé que usted, geopolítica lectora, internacionalista lector le entienden mejor que yo a este tema, pero desde esta humilde tribuna creo que Trump es un tipo que no negocia si no tiene en la mano una pistola puesta en la cabeza del interlocutor, así que venderá carísima esa ficha de los aranceles.

Y si a eso le agregan que la presidenta Claudia Sheinbaum a veces parece mandarle señales equivocadas, como esa de enviar al cuestionadísimo ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón como cónsul a Miami, o aparecer al lado del ex secretario de la Defensa detenido en EEUU por cargos de narcotráfico, Salvador Cienfuegos, pues las cosas no pintan bien.

Me queda claro que en México se están haciendo esfuerzos encomiables para no enfurecer más a la fiera, aprehendiendo objetivos criminales, incrementando decomisos y aseguramientos de armas y drogas, como los que se han dado en Sonora.

Pero dudo que sea suficiente, sobre todo si detrás del supuesto interés gringo en combatir a los cárteles se esconde la histórica y perversa intención expansionista, colonizadora, gandalla y avasallante de la potencia vecina.

Ayer se capturaron dos objetivos prioritarios en Caborca, pero también allá un grupo armado balaceó el hotel donde se hospedan agentes de la Policía Estatal; en Hermosillo asesinaron a sangre fría a un conocido empresario restaurantero y San Luis Río Colorado y Cajeme siguen registrando episodios violentos de alto impacto.

De todo esto seguramente toman nota los hijos del Tío Sam, sobre todo ahora que han desplegado una intensa actividad de espionaje y recopilación de información desde aire, mar y tierra, complementado con las notas que están cantando en cárceles estadunidenses personajes como el Chapo Guzmás y sus dos hijos, el Mayo Zambada, entre otros.

Por Arturo Soto Munguia

Una sublevación se está gestando en territorio seri. Comuneros de El Desemboque sostuvieron una reunión el sábado pasado; desde semanas atrás comenzaron a colectar firmas para exigir transparencia en el uso de los recursos obtenidos por la venta de cintillos de caza de borrego cimarrón, una actividad que representa la mayor fuente de ingresos para la etnia.

Sin embargo, se quejan que desde julio del año pasado a la fecha, el gobernador Jesús Félix ha obtenido ingresos por 31 millones de pesos por ese concepto -incluye adelantos que dan los organizadores de cacería para futuras temporadas- y que, de esos recursos que deberían distribuirse en la comunidad apenas se han repartido unos 300 mil pesos.

En la cuenta de Facebook del gobierno comca’ac, que maneja la esposa del gobernador, este se queja de que lo están calumniando, sostiene que de esos 31 millones la mitad fue recibida y administrada por el anterior gobierno tradicional, pero aun así la cifra sigue siendo muy elevada.

El problema está escalando. A finales del año pasado hubo una asamblea en la comunidad de El Desemboque para nombrar un ‘gobierno alterno’ donde el presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Robles le entregó el bastón de mando a Saúl Molina, autoridad que fue desconocida por el gobierno tradicional que tiene su sede en Punta Chueca, a través de un documento firmado por diversas autoridades de la etnia.

Periódicamente, cada año las disputas entre los seris aparecen. Tienen que ver con el manejo de los recursos obtenidos por la venta de cintillos, que otorga la Sagarhpa, que en el estado encabeza Célida López Cárdenas y que este año accedió a otorgar cuatro cintillos más, lo que no es asunto menor, pues cada uno de esos cintillos cuesta 50 mil dólares, poco más de un millón de pesos.

Desde hace mucho tiempo, estos cintillos se subastan en distintas sedes de Estados Unidos, principalmente en Las Vegas. Hay empresas que hacen ese trabajo al amparo de un convenio con la autoridad de la etnia, y también particulares como es el caso de algunos integrantes de la comunidad como Francisco Fonseca, Carlos Astorga, Víctor Estrella y otro apodado ‘El Negro Molina’.

Las cosas se complicaron desde el año pasado porque Jesús Félix y su esposa, una venezolana nacionalizada mexicana de nombre Mileidy Andrade dejaron fuera a los organizadores locales (incluyendo a los seris) y vendieron los permisos a extranjeros canadienses y norteamericanos, como a un comisionista llamado Shane Pallister que a través de un trato con el gobernador Jesús Félix hoy maneja el 70 por ciento de los permisos, mismos que llega a vender hasta en 120 mil dólares. El resto de los permisos los maneja una empresa de San Luis Potosí.

Pero esas empresas, particularmente la de Pallister, se quejan los seris, llega con sus propios empleados, traen a los cazadores con todo y agua y alimentos; es decir, cerro derrame económico en la etnia, que normalmente ofrece servicios de guías, ayudantes, mochileros, cocineros y demás. O sea, también se perdieron empleos.

De hecho, Pallister quiso registrarse ante Sagarhpa como prestador de servicios cinegéticos, pero se lo negaron por su condición de extranjero.

Las cosas no paran allí. En los últimos meses, los seris inconformes denuncian que Jesús Félix y su esposa, que hasta hace poco tenían un modestísimo negocio de servicios turísticos (tours en panga y rituales de sanación con el famoso sapo) ya se apropiaron, cercaron y habilitaron una extensa área de playa donde construyeron palapas para ofrecer esos servicios.

Lo más grave es que el señor Félix está concediendo permisos de caza (no expedidos por autoridad alguna) que vende hasta en 20 mil dólares a influencers, cantantes y hasta a un piloto de autos de carreras, algo que ingenuamente algunos de ellos documentaron gráficamente en sus cuentas de Facebook, aunque luego borraron las fotos.

De esos recursos tampoco se reporta nada a la etnia.

Ni el gobierno federal ni el estatal pueden hacer gran cosa en este conflicto que va escalando, por el famosísimo respeto a los usos y costumbres de la etnia, pero la inconformidad en una parte de la tribu sigue creciendo. Esperemos que no llegue a mayores.

De las personas que aparecen en las fotografías, no se sabe si entraron con permisos legales de caza a territorio seri, con los permisos extra que le dio Sagarhpa al gobernador o si son furtivos; en todo caso, me dicen fuentes de la etnia, los recursos generados, que son varios millones, no han sido reportados a la etnia en su totalidad.

Eso es lo que motivó la inconformidad y la reunión de comuneros el sábado pasado, para reunir firmas y exigir la destitución de Jesús Félix.