Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguía

Fueron días de mucho estrés, pero hay que leerlos con el relajamiento debido y aunque la tentación sea mucha, el levantamiento de la huelga en la Universidad de Sonora no debería analizarse desde lo lógica de vencedores y vencidos, pero si alguno de los actores de este conflicto salió más raspado después de 10 días del paro de labores, sin duda fue la dirigencia sindical del STAUS.

Raspado en términos políticos, se infiere, porque en términos económicos y contractuales los raspados de siempre siguen siendo los maestros de horas sueltas y los de tiempo indeterminado para quienes el incremento salarial del 4 por ciento directo al salario representa una minucia y siguen fuera de los beneficios de otras prestaciones.

Digamos que un maestro que ganaba 13 mil pesos mensuales, ahora ganará 13 mil 500, lo cual casi lo equipara en sus percepciones con un supervisor de maquiladora, por decir algo.

El viernes 28 de abril existía la certeza en la autoridad laboral estatal de que la huelga no estallaría. Confiaban en que los ofrecimientos hechos al alimón con la rectoría y negociados con las dirigencias tanto del STAUS como del STEUS caminarían por la senda del acuerdo, pero horas después, la asamblea general de los académicos decidió con una diferencia de 77 votos, irse a la huelga. La votación quedó 720 a favor de la huelga, 643 en contra.

(Del STEUS hablaremos después)

Una diferencia cerrada, ciertamente, sobre todo si se considera que ayer 09 de mayo, la votación a favor de que se levantara la huelga fue de 978 votos, contra 386 que se manifestaron por mantener el paro laboral. Una diferencia de 592, abismalmente diferente a la votación que estalló la huelga.

En ese lapso hubo un momento clave: el dos de mayo, día en que se realizó una asamblea general para determinar, entre otras cosas, si la huelga continuaba o se desistían, pero una contundente mayoría de 654 maestros y maestras ‘votaron por no votar’ (¿Dónde estás, Diego Farías?) ese punto del orden del día, contra 159 que se manifestaron a favor de discutirlo y votarlo.

A unos los alentaba la esperanza de lograr mejores ofrecimientos, a otros la idea de que la negociación había llegado al límite, como efectivamente se comprobaría ayer.

Entender lo que sucedió entre esos tres momentos: el estallamiento, la prolongación de la huelga y el levantamiento, es algo complicado por la cantidad de factores en juego, pero algunos maestros lo explican de la siguiente manera: la dirigencia sindical confiaba en que, pese a la intransigencia de rectoría para subir los ofrecimientos, la buena relación de los líderes con funcionarios del gobierno estatal (con el proyecto mismo de la 4T) haría que este abriera la chequera y comprometiera gestiones para dar respuesta a las demandas magisteriales, señaladamente dos: la relacionada con el pago de ISR y la de un programa de acceso a vivienda.

No sucedió ni una ni otra cosa. Los ofrecimientos salariales y contractuales se mantuvieron casi sin variaciones; el tema del ISR por ser de competencia federal se alejaba del campo de las negociaciones en lo local, y el tema de la vivienda es algo que no se resolverá en el corto plazo.

Cabe decir que el gobierno federal estableció un tope de 4% al incremento salarial y de allí no lo han movido en otras universidades, aunque se compensa con otro tipo de prestaciones. Eso llevó a que algunos maestros, y así lo manifestaron en la asamblea de ayer, sostuvieran que el gobierno de la 4T les prodiga el mismo trato de los gobiernos ‘prianistas’. (¡Auch!)

Aun así, todavía en la asamblea del dos de mayo, cuatro días después de estallada la huelga, los maestros confiaban en que sus dirigentes podrían mejorar los logros en las negociaciones. No les pesaba mucho la huelga porque la estallaron un viernes y se les atravesó el sábado, el domingo y el primero de mayo, que son días inhábiles.

No contaban con que rectoría se mantuvo en la posición de que ya había llegado al límite de sus capacidades presupuestales, incluso considerando el apoyo del gobierno estatal, y el propio gobernador les pintó la raya y declaró que ya había aportado cien millones de pesos “el monto más alto en la historia” -lo definió- para destrabar el conflicto, y que el derecho a la educación de los estudiantes es innegociable.

La dirigencia sindical quedó atrapada entre una base trabajadora confiada en su capacidad de interlocución con funcionarios que hasta hace poco marchaban codo a codo en las movilizaciones por sus demandas salariales y contractuales, y un gobierno que abrió la chequera hasta donde la austeridad republicana se lo permitió.

La lógica suponía que si el STAUS fue un actor de primera línea en la reforma a la Ley 4, pactada con Alfonso Durazo desde su candidatura al senado en 2018, lo mínimo que esperarían es que ya como gobernador, este se mostrara más condescendiente.

Al parecer, al gobernador no le simpatizó mucho la idea de que, una vez reformada la ley y realizadas las elecciones que en teoría le ofrecerían órganos de gobierno universitario hegemonizado por sus afines, lo que sucedió es que los candidatos y candidatas con simpatías o militancia en Morena, fueran derrotados en todas las líneas. O sea, con esos interlocutores, para qué quieres interpeladores.

II

Además de la austeridad republicana y los topes salariales, quizás allí se encuentre una clave de lo que todavía el dos de mayo, la mayoría de los sindicalizados consideraron ofrecimientos insuficientes.

¿Qué pasó entre el dos de mayo y el día nueve, cuando se levantó la huelga?

Un maestro lo explica así: “la votación del dos de mayo fue una reacción ante las expresiones del gobierno y de rectoría, de que no habría más. En ese momento confluyeron todos los malestares del magisterio: los que no tienen vivienda, los que se asustaron con el ISR, los que quieren ocupar las plazas vacantes, etcétera. Pero a diez días de la huelga surgió la preocupación de que podríamos entrar en esa fase en la que hay retiro de ofrecimientos y entonces sí el paro se prolongaría impredeciblemente, con las afectaciones no solo para el sindicato, sino para los estudiantes. Llegamos al momento de considerar que la huelga no daba para más y se decidió levantar la huelga. Además, la Universidad prácticamente transcribió en su ofrecimiento lo que el sindicato planteaba, de manera que, pese a todo, las demandas fueron resueltas satisfactoriamente”.

¡Ajá!

De esta lectura se desprende que los maestros privilegiaron el regreso a la normalidad académica antes que la prolongación de un conflicto de consecuencias impredecibles.

Por eso mencionaba al principio que este proceso no puede analizarse desde la lógica de vencedores y vencidos, sino desde la negociación política en la perspectiva del interés general.

PD: También considero, desde esta humilde tribuna, que eventualmente la dirigencia sindical no solo fue rebasada por las bases, sino por la tecnología.

Pese a venir de dos años de educación remota y presencias virtuales, los dirigentes sindicales pensaron que era buena idea realizar la asamblea general en modalidad mixta: virtual y presencial, sin considerar que alguno de los más de 700 académicos conectados vía Zoom podría tener sobre su pantalla unos ojos indiscretos.

Presencialmente, en la asamblea había menos de 300 maestros y maestras. Vía Zoom, más de 700.

Sucedió lo que tenía que suceder. Por alguna razón, a este espacio llegó un video de lo que ocurría en la asamblea (en realidad llegaron como 50) y eso provocó la histeria conspiranoica, de manera que ahora El Zancudo es el ‘más buscado’ por los servicios de inteligencia del sindicato para ver quién chingados me pasó el video.

Lo cierto es que la asamblea se interrumpió en tres ocasiones, se pidió a quienes estaban conectados vía Zoom desconectarse y volverlo a hacer pero con sus nombres completos. A quienes estaban presencialmente se les pidió ‘despedirse de sus redes sociales’ y deshacerse de sus celulares y en medio de todo ese desmadre, la votación se pospuso una hora.

Tengo para mí que los maestros universitarios (no todos, claro) son la avanzada intelectual, la vanguardia cultural y los más preclaros exponentes de la interpretación de esa realidad que existe, dijera Marx, independientemente de sus conciencias.

Por eso me extraña que supongan que una asamblea sindical, que involucra no solo a ellos sino a una comunidad que los supera, deba ser un cuchupo clandestino en el que las medidas de seguridad asemejen a las de quienes fraguan una revolución, un ataque con armas químicas o la revelación del mapa que guía a la piedra filosofal, a unas ojivas nucleares, a la fuente de la eterna juventud y/o a el capítulo original en el que El Coyote se chinga por fin al Correcaminos.

Digo, si la preocupación es que en la asamblea hubiera infiltrados, ya de rectoría, ya del gobierno, ya de la CIA, la DEA, la KGB, el M19, el PRI, el PAN, el PRD, el PVEM, la Coparmex, la Concamin, la Concanaco, la Concameto o la Concasaco, pueden soltar el cuerpo. Esos no estaban conectados vía Zoom, sino que asistieron presencialmente y votaron con papeleta en las urnas.

Así que guarden las paranoias y celebremos que se levantó la huelga.

II

Bueno, ya se me hizo demasiado larga esta columna, y me quedaron varios temas pendientes.

Se las resumiré rápidamente, a reserva de ampliársela después:
1.- Corrieron al Temo Galindo del ISIE por presuntos actos de corrupción. No podía saberse.
2.- Renunció la fiscal estatal Claudia Indira Contreras y se va en muy buenos términos con el gobernador.
3.- El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar pactó una tregua con los trabajadores del ISEA que piden la destitución de María Engracia Carrazco, hasta el viernes. Si no hay remoción, las movilizaciones y protestas continuarán.

Por Arturo Soto Munguía

Cuando aún no se disipaba el humo de alguna de las balaceras que suele haber en Caborca, al alcalde de aquel municipio se le ocurrió que era buena idea imponer el nombre de un cantante de narcocorridos a una calle del pueblo. Se dice que en ese entonces, desde Palacio de Gobierno se le convenció para retirar el punto del orden del día de la sesión de cabildo en la que se discutiría.

Pero a los días, al ‘Cubano’ Mier, como se le conoce al alcalde, se le ocurrió que si no podía homenajear al citado cantante con una calle, bien podría incluirlo como el ‘plato fuerte’ de las fiestas tradicionales del 6 de abril en Caborca. Y lo anunció en carteles que incluían los logos del gobierno del estado y del Instituto Sonorense de Cultura.

La bronca le cayó al gobernador, desde luego.

Apenas iba saliendo de esa cuando tronó el tema de las mantarrayas mutiladas en Huatabampo, que se hizo nota internacional y puso a Sonora en el mapa del salvajismo.

Eso llevó a que el gobernador, en una de sus conferencias mañaneras exclamara no sin enfado: “¡No me ayudes, compadre!”.

Y es que al gobernador le urgen colaboradores que le aligeren la agenda y le resuelvan problemas para ocuparse, como lo ha venido haciendo con éxito, de las tareas de promoción económica y proyección mundial de Sonora y sus potencialidades, en la ruta de los planes que se ha trazado.

Pero la agenda de la gobernabilidad está llena de escollos y prácticamente en cada ocasión ha tenido que salir personalmente a hacerse cargo. Cuando no le truena un caso de corrupción en el Cecytes, le brinca el tema de los uniformes escolares o algún alcalde mata mantarrayas en Huatabampo.

Hoy, tiene enfrente el conflicto con los trigueros, la huelga en la Unison, el secuestro de migrantes en San Luis Río Colorado o la quema de ductos en territorio yaqui.

Y en ese contexto le truena un conflicto en el ISEA.

Lo que ocurrió ayer en el Instituto Sonorense de Educación para Adultos era algo que se veía venir. Casi desde el inicio de la administración de María Engracia Carrazco como directora comenzaron a menudear las quejas sobre tratos prepotentes, intimidación, amenazas y hostigamientos.

En su momento hablamos con la directora y, con el manual de la 4T en mano nos dijo que eran reacciones de gente de administraciones anteriores acostumbrada a la corrupción, al saqueo de bienes institucionales y a no trabajar, algo que no permitiría bajo su dirección.

Pero las cosas escalaron y ayer el sindicato realizó una manifestación en la que exigieron su renuncia y reiteraron que no solo siguen los casos de hostigamiento y acoso, sino violaciones a los derechos laborales, salariales y contractuales, además de presuntas fallas administrativas como el subejercicio de 20 millones de pesos en 2022, que tuvieron que ser regresados al gobierno federal, en medio de muchas carencias en la institución.

Extraña actitud la de Mary Carrazco, experimentada sindicalista en sus tiempos de maestra universitaria, que ahora le niega el derecho de audiencia a los sindicalizados del ISEA. Estos a su vez relatan que ya han sostenido reuniones con el propio secretario de Educación, Aarón Grageda y Álvaro Bracamonte, cuando este era secretario de Gobierno, para plantearles la situación, pero no han tenido respuesta.

En corto, algun@s trabajador@s del ISEA manifestaron a este espacio que Mary Carrazco, como familiarmente le conocemos quizás se sienta intocable por sentir que con ese cargo el gobierno de Alfonso Durazo le quedó debiendo, ya que le fue otorgado después de haber sido nombrada candidata a una diputación local, posición que hubo de ceder para abrirle el espacio a Celeste Taddei, quien hoy ocupa una curul en el Congreso local.

Como sea, los sindicalizados emitieron ayer un comunicado en el que advierten que continuarán las protestas, y eso no deja de ser una piedra en el zapato de la gobernabilidad democrática en el estado.

II

Bien vistas las cosas y sin ingenuidades, hay que asumir que el ‘Plan B’ jamás existió como tal. En realidad, la aprobación fast track de cuatro leyes secundarias relacionadas con el tema electoral, para rescatar un poco del espíritu original de la reforma electoral presentada por el presidente eran solo el prólogo de lo que luego se conocería como ‘Plan C’, que no es otra cosa que un mega operativo de Estado para intentar lo que hoy aparece como una empresa titánica: ganar la mayoría calificada en la cámara de diputados y en la de senadores en 2024.

Lo que sucedió ayer en la SCJN (declarar inconstitucionales dos de esas cuatro leyes: la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas) donde nueve ministros -incluyendo a Arturo Saldívar Lelo de Larrea, supuesto incondicional de AMLO- ‘batearon’ esas reformas conocidas como ‘Plan B’, echando por tierra las pretensiones de precarizar al INE, restarle autonomía y colonizarlo desde Palacio Nacional para tener desde ahí el control de todos los hilos del próximo proceso electoral federal fue un duro golpe al presidente y a su partido.

Nueve de 11 ministr@s consideraron que hubo irregularidades en el proceso legislativo y por tal razón declararon inconstitucional la reforma presidencial. Solo dos ministras, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la ponencia de Alberto Pérez Dayán que venía en ese sentido.

(Esta votación, por cierto, anticipa el destino de la batería de reformas aprobadas recientemente tanto en la cámara de diputados como en la de senadores a propósito de otros temas, pero ese es un capítulo aparte).

Los partidos políticos de oposición, y en general los opositores al obradorismo celebraron ayer como si fuera un triunfo suyo esta votación en la SCJN, y en la euforia del festejo suponen que en 2024 estarán bailando sobre las cenizas del régimen 4T.

Nada más lejano de la realidad. La aprobación fast track del ‘Plan B’ y su consecuente rechazo en la corte eran no solo previsibles, sino parte del verdadero plan maestro para el 2024, el ‘Plan C’, que incluye escalar la confrontación con los adversarios políticos, aumentar la presión (más) contra los ministros de la SCJN y afianzar la idea de su condición de esbirros del conservadurismo neoliberal enemigo del pueblo y servil ante los poderes reales y fácticos del pasado corrupto.

Esa narrativa le ha funcionado bien al presidente desde antes de cruzarse la banda tricolor al pecho, y una vez investido Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, le ha sido muy útil incluso para capear el temporal de críticas sobre yerros, desaciertos, desplantes de autoridad y cuestionamientos sobre actos de corrupción en su gobierno, algunos tan escandalosos como el de Segalmex.

Lo que está por venir es impredecible. Sobre la banda presidencial, AMLO ya ha sobrepuesto sin recato, la de jefe de campaña para dirigir su propia sucesión y, si como opositor fue un líder exitoso, con los ingentes recursos del erario federal, los estatales y municipales; con la estructura del partido y el movimiento, la maquinaria del viejo presidencialismo priista aparecerá como una destartalada chatarra.

Ese es el verdadero ‘Plan C’, el único en el que estaba pensando López Obrador desde antes de blofear con el ‘Plan B’.

III

Todo parece indicar que la huelga en la Universidad de Sonora podría levantarse hoy, cuando el Consejo General de Huelga convoque a asamblea general y se vote el punto. No hay hasta ahora modificaciones sustanciales en los ofrecimientos iniciales, pero la presión social y la de los propios universitarios va en aumento. La votación sería entre una y cuatro de la tarde.

Les estaremos reportando.

Por Arturo Soto Munguía

La declaración del gobernador Alfonso Durazo en el sentido de que el estado no cuenta con los 48 millones de pesos que eventualmente destrabarían el conflicto y pondrían en perspectiva el levantamiento de la huelga cayó como balde agua fría no solo entre la base trabajadora, sino de manera especial en la dirigencia sindical.

Una dirigencia encabezada por Juan Díaz Hilton pero operada por otros personajes, como el veterano sindicalista Sergio Barraza, uno los que más cabildearon en contra del estallamiento de una huelga, posición que perdió en la asamblea general del viernes pasado con menos de 80 votos, pero en la siguiente (martes 2 de mayo) los y las académicas los apabullaron con 654 votos en contra de que se votara el desistimiento, contra solo 159 que se manifestaron a favor.

Con la declaración de ayer por parte del gobernador en el sentido de que no hay recursos y el comunicado de rectoría en la víspera diciendo que han llegado al límite de lo que pueden ofrecer, la dirigencia suma cuatro reveses en menos de una semana y dos de ellos vinieron de la propia base trabajadora.

Hoy, la expectativa es que la huelga, inicialmente prevista de corta duración (de hecho estalló un viernes y le siguieron tres días inhábiles, al término de los cuales se presumía sería levantada) ha cambiado, y podría prolongarse más allá de lo esperado.

Porque este movimiento se inscribió ya en la ruta de la sucesión en la dirigencia del STAUS que se llevará a cabo en septiembre próximo. Hay en la base sindical, pero sobre todo en corrientes políticas adversas a los actuales dirigentes, molestia porque les fue vendida la idea de que la afinidad de la dupla Díaz Hilton-Barraza con el gobierno del estado los llevaría a una negociación favorable para sus demandas, lo que definitivamente no ha ocurrido.

Esa es una coyuntura favorable para los grupos antagónicos a la dirigencia, cuya corriente tiene al menos 15 años al frente del sindicato. Según datos del gobierno del estado, la dirigencia sindical representa una erogación de 20 millones de pesos al año entre licencias sindicales y otros rubros.

Desde el inicio de las negociaciones se sabía que el ofrecimiento de rectoría no sería mayor al 4% de incremento directo al salario, pero se generó cierta expectativa con la demanda de inscripción al Infonavit para el acceso a créditos para vivienda. Esa demanda no prosperó porque para acceder a dichos créditos la Unison tendría que cubrir la cuota patronal (5% del salario integrado) y en todo caso los maestros y maestras tendrían que cotizar al menos durante cinco años. El tema del ISR no lo resuelve ni la Universidad ni el gobierno del estado, sino el gobierno federal, que si en algún rubro ha sido exitoso e implacable es en el de la recaudación fiscal.

Así, la huelga ya no es solo contra la rectoría o el gobierno del estado, sino también contra la propia dirigencia sindical. Hay profes dispuestos a mantener el paro con tal de ‘reventar’ las posibilidades de que el grupo que actualmente lidera el sindicato, se reelija en septiembre.

La huelga al parecer, hizo implosión, se rompió hacia adentro al tomar la ruta de la sucesión de la dirigencia, donde los grupos históricamente en pugna escalarán sus confrontaciones.

Lo más probable, dada la posición de las autoridades universitarias y gubernamentales, es que la huelga se levante con los ofrecimientos que hay hasta ahora y que la asamblea general rechazó por considerarlos insuficientes.

Vamos a ver qué pasa en los próximos días, y de aquí a septiembre.

II

En cosas más amables, para que la estresada lectora, el paniqueado lector se relajen un poco porque ya es fin de semana y hay puente, les informamos que desde Magdalena de Kino llegan buenas noticias.

No solamente alusivas a los hechos vandálicos de antier en la capilla de San Francisco Javier, donde un bárbaro arremetió contra los santitos y con especial saña contra San Francisco, efigie a la que reportan sin mayores daños y hasta más descansadito ya que después de décadas acostado de espaldas, cambió momentáneamente de posición.

Ayer entrevistamos en los micrófonos de la Red 93.3 al alcalde de la membrillera ciudad, Omar Ortez Guerrero y nos comentó al aire que “San Francisco está de pie”, lo cual obviamente es una metáfora para decir que se encuentra en perfectas condiciones, y no que en adelante vayan a tener al santo parado, pues la característica de este santo es que siempre está acostado.

Pero no crea el tirabarra lector, la comodina lectora que eso se debe a su proclividad por la meditación y el ocio productivo, no. Su biografía cuenta que una vez, durante un viaje ultramar para llevar el evangelio a tierras lejanas, un marinero enfermó de gravedad, y Francisco lo acostó, moribundo, en su propia cama, y él mismo se acostó a su lado en un tablón. El marinero volvió en sí y hasta platicó con Francisco, aunque moriría esa misma noche pero después de confesar sus pecados y recibir la comunión.

Pero bueno, ya estamos agarrando monte. El motivo de júbilo es que el próximo 15 de mayo comienza el Festival Kino, en Magdalena, un evento que durará hasta el 21 de este mismo mes y que en su vigésimo sexta edición tiene una cartelera que ciertamente y como lo habían adelantado, pone a este festival en la ruta de convertirse en referencia cultural en el norte del estado, y ponerse a la altura de las mismísimas Fiestas del Pitic en Hermosillo.

El Festival Kino 2023 tendrá varias subsedes: San Ignacio, San Lorenzo, San Isidro, Sáric, Caborca, Ímuris, Santa Ana, Cucurpe y Átil. También en Tucson, Arizona y Predaia, Trento, lugar donde nació el padre Francisco Eusebio Kino en Italia.

Habrá exposiciones, teatro, conferencias magistrales, torneos y actividades deportivas, presentación de libros y la tradicional cabalgata del Padre Kino, que suele partir desde Ímuris hasta Magdalena, pasando desde luego por mi patria chica, Terrenate, y otras metrópolis menores como La Mesa y El Tacícuri.

Pero si de soltar el cuerpo y desestresarse se trata, los platillos fuertes serán los conciertos de bandas para todo gusto, género y edades. El Gran Silencio para los rockeros, la Sonora Santanera para el tropical, guaracha, rumba, bolero, cumbia y merengue, y para el cierre nada más y nada menos que Los Ángeles Azules para que suelten el listón de su pelo.

El alcalde nos dijo que la ciudad está preparada para recibir a los miles de visitantes que se darán cita durante esa semana, pero también se apoyarán con municipios vecinos para satisfacer la demanda de hoteles y servicios.

Ya me vi…

Por Arturo Soto Munguía

Así como dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, el diablo suele mandar a las mejores batallas a sus guerreros más pendejos.

No sé qué clase de chamuco se le metió al señor Ramón “N”, originario del meritito Ímuris y sacrílego irredento que ayer se metió a la parroquia Santa María de Magdalena y como si alma que trae el diablo la emprendió contra los santitos que testifican y salvaguardan la fe católica en el sagrado recinto, les dio contra el suelo dejándolos más maltrechos que la credibilidad de un político.

La arremetida incluyó al icono del centro histórico de Magdalena, que comparte créditos con el esqueleto del Padre Kino, la estatua de Luis Donaldo Colosio y los Fritos Azteca como atractivos turístico-religiosos-gastronómicos.

Nos referimos a la efigie de San Francisco Javier, santo patrono del pueblo y depositario de todas las plegarias, solicitudes de milagros y compromisos de ‘mandas’ de miles y miles de fieles (y no tan fieles) que diariamente lo visitan para probar no tanto la fuerza de sus bíceps, sino la de su fe, pues la leyenda cuenta que quien lo levanta de su añeja posición en decúbito dorsal en la que yace así nomás viendo pal techo, tiene el cielo ganado.

Ay de aquel o aquella que no pueda levantarlo porque eso significa que su corazón está lleno de pecados, y por esa razón es muy fácil detectar a los y las maloras que nomás le pasan la mano por los brazos o le besan la frente, no vaya a ser que el santito ya tenga acceso a los Guacamaya Leaks o los archivos desclasificados del INAI (antes de que lo dejaran más tieso que al propio santo), y se ponga pesado, de manera que no puedan levantarlo.

Han de saber que San Francisco Javier, a quien se encomendó alguna vez el mismísimo Padre Kino cuando fue presa de una grave enfermedad, se encuentra acostado de espaldas, con su hábito café y la cuerda blanca rodeando su cintura, con tres nudos que simbolizan los votos de pobreza, obediencia y castidad, desde mucho antes que a López Obrador se le ocurriera su cartilla moral que todos sus devotos siguen al pie de la letra como si en ello se les fuera la vida y por eso estamos viendo tanta austeridad republicana, sobre todo en la clase política emergente.

Pues hasta ese sacrosanto recinto llegó Ramón “N”, con el chamuco metido, con la beligerancia de un triguero de Baja California y con la imagen de la santa muerte tatuada en el pecho, y aprovechando que el buen santo seguía acostadito y viendo pal techo lo empujó con todo y tarima, haciéndolo caer al piso de la capilla y dejándolo con la cara al piso.

Tal sacrilegio, inédito, histórico y excepcional quedará marcado en la historia de la membrillera población, cuna de otros santos como San Luis Donaldo, Santa Claudia y San Pato de Lucas y seguramente no quedará impune.

De hecho, el señor Ramón “N” ya fue detenido por la ‘polecía’ municipal y su destino es bastante incierto, porque además de la justicia terrenal, que suele ser benevolente y de puertas giratorias, todavía le queda pasar la aduana de la justicia divina, que a veces perdona y a veces se ensaña.

Pero en aquel pueblo mágico de Magdalena, al que la sátira popular rebautizó hace mucho como ‘Mafialena’ por razones que sería obvio mencionar, pero hay que hacerlo porque es cuna y matria de otras personas no tan santas, que junto a su fe cristiana y su devoción al santo acostado viendo pal techo, suelen cargar un cuerno de chivo en el camionetón blindado y también suelen ser delicados con aquellos que les maltoquen los objetos de su fe.

Si yo fuera Ramón “N”, estaría más preocupado por la ira de la maña, antes que la ira de los dioses, o de los ‘eme-pés’, que como quiera malintegran un expediente para desafanar broncas, siempre y cuando suene la registradora.

II

Y en asuntos más serios, a diferencia de lo ocurrido en Baja California, donde las protestas de productores de trigo estallaron en un brote de violencia donde estos la emprendieron a golpes contra el secretario de Agricultura estatal, en Sonora se privilegió el diálogo y se alcanzaron algunos acuerdos, que ciertamente no satisfacen del todo a los trigueros, pero sientan las bases para avanzar progresivamente en una solución al conflicto que enfrentan.

En Baja California los productores tomaron el palacio municipal de Mexicali, desalojándolo posteriormente para trasladar su protesta a la sede del Congreso local en la vecina entidad. En Sinaloa, los productores organizados han protagonizado bloqueos carreteros y diversas manifestaciones exigiendo apoyos del gobierno federal para compensar los bajos precios de su producto, definidos estos por los mercados internacionales.

El precio de garantía para la producción triguera es la principal demanda, pero no la única.

Ayer, el gobernador Alfonso Durazo sostuvo un encuentro con los productores sonorenses que enfrentan un panorama complejo porque el tema tiene muchas aristas. Aun así, de esta reunión derivaron los acuerdos iniciales entre los que destacan: el apoyo de 200 pesos por tonelada, y a quienes producen trigo panificable, precio de garantía más esos mismos 200 pesos.

Paralelamente se construyen acuerdos con los industriales de trigo cristalino para adquirir el 60 por ciento de la producción que no entre al mercado y hubo compromisos para revisar con la secretaría de Economía federal los costos de aranceles.

Un punto de coincidencia entre gobierno y productores fue la necesidad de dar valor agregado a la producción primaria, para lo cual se deben buscar inversiones en materia tecnológica, mientras se busca gestionar para que la producción de trigo cotice en una bolsa de valores distinta a la de Chicago.

Ambas partes se comprometieron a continuar el diálogo en mesas de trabajo para fortalecer el desarrollo agrícola.

Desde luego, el asunto tiene muchos bemoles, pero de entrada, hay que valorar la voluntad de mantener el tema por la ruta del diálogo, y en la perspectiva de darle una salida de largo plazo a este cíclico encontronazo que se ha repetido en las últimas décadas.

No es, de ninguna manera un conflicto nuevo. La primera fuente que cubrí como reportero del Diario del Yaqui en la corresponsalía Hermosillo fue la agropecuaria. De eso han pasado más de 30 años y desde entonces, las demandas de los productores siguen siendo las mismas, y las salidas planteadas también, sobre todo la que tiene que ver con la reconversión de cultivos, una ruta que no todos pueden ni quieren explorar.

Por Arturo Soto Munguía

Aunque en la comunidad universitaria no existe la percepción de que la huelga estallada el pasado viernes vaya a prolongarse demasiado, el conflicto tomó un sesgo inesperado que, vaticinan, tendrá repercusiones políticas en el mediano y el no tan largo plazo.

La abrumadora votación de ayer donde la asamblea general del STAUS votó por descartar la votación (esta es una máxima del asambleísmo que pensé ya no se usaba: ‘que se vote si se vota’) sobre el desistimiento de la huelga revela la inconformidad de la base trabajadora no solo con lo que consideran ofertas insuficientes por parte de la Universidad y del gobierno del estado, sino con la dirigencia que, todo parece indicar, erró al tomar el pulso de sus representados.

654 maestros y maestras votaron para que no se votara el punto y solo 159 lo hicieron a favor, es decir, por la propuesta que la dirigencia sindical comenzó a trabajar desde el sábado pasado, infructuosamente, como se demostró ayer, cuando una beligerante asamblea se pronunció por no votar el punto ese día, lo que se traduce en la continuidad de la huelga.

Rectoría difundió ayer un comunicado, momentos antes de que se llevara a cabo la asamblea, exponiendo que “ya se llegó al límite de las posibilidades presupuestales de la institución y de los apoyos disponibles por parte del gobierno del estado”. Una vieja estrategia para desanimar a los sindicalizados y presionar al desistimiento, lo cual aparecer operó en sentido contrario.

Independientemente de lo que suceda en los próximos días, cuando se convoque nuevamente a la asamblea general para revisar nuevos ofrecimientos -que no se advierten con cambios sustanciales- la asamblea de ayer envió señales contundentes sobre las diferencias entre las posiciones de la dirigencia sindical y la base trabajadora.

El viernes por la mañana, el gobernador del estado y su secretario del Trabajo coincidían por separado, en que la huelga no estallaría. Quizás esa fue la idea que les ‘vendieron’ los dirigentes sindicales, pero les falló el cálculo. Les falló también a la hora de proyectar que la huelga se levantaría este martes y fueron arrasados en la votación.

Buena parte de la sociedad sonorense no ve con buenos ojos las huelgas en la Unison, pero el rechazo social no se ha patentizado de manera contundente, acaso porque en realidad la huelga solo contabiliza un día hábil perdido. Estalló el viernes por la tarde y siguió sábado, domingo y lunes, que fueron días inhábiles. Esto podría cambiar si la huelga se prolonga por más tiempo.

Otro error de cálculo de la dirigencia sindical tiene que ver con la inclusión en el pliego petitorio de una demanda relacionada con la afiliación al Infonavit como parte de un programa para dotar de vivienda a los académicos, sobre todo a las generaciones más jóvenes, porque los que hoy peinan canas tienen ese rubro resuelto y están más preocupados por otras demandas como pensiones, jubilaciones, servicios médicos y medicinas en el Isssteson y -me comentó un veterano académico con cierta dosis de humor negro-, por la prestación relacionada con gastos funerarios.

Y es que los sindicalizados del STAUS nunca han cotizado en Infonavit y tendrían que comenzar a hacerlo para que dentro de varios años más, atisbaran la posibilidad de un crédito y para entonces tendrían que competir con quienes sí cotizaron durante décadas, con quienes lo han hecho hasta ahora y enfrentan un déficit de 190 mil viviendas en el estado.

La base sindical no solo está molesta con su dirigencia, sino también con la autoridad universitaria a la que siguen considerando una casta dorada que goza de beneficios inalcanzables para la clase trabajadora. A manera de amargo chascarrillo para ilustrar esa condición, suelen citar que la rectora Rita Plancarte cobra un bono de 17 mil pesos mensuales por puntualidad, pero nadie sabe dónde está el ‘checador’ que acredite tal cosa.

Entre los más ‘grillos’ del sindicalismo universitario también suelen cuestionar cómo varios de los más combativos luchadores por los derechos de los trabajadores pasaron a engrosar la nómina gubernamental, olvidándose de topes salariales, porcentajes en el incremento salarial y otras prestaciones que ya no les resultan tan urgentes como cuando estaban en aulas y cubículos.

Al gobierno del estado también le toca su parte en esta saga. El incremento del 4% directo al salario representa poco más de 48 millones de pesos considerando a toda la base sindical. El dos por ciento en prestaciones suma alrededor de 10 millones de pesos. Este es el ofrecimiento de la rectoría y el gobierno del estado, pero en las ‘guardias’ instaladas como parte del movimiento de huelga comienzan a hacer chistes sobre los 26 millones de pesos que el gobierno les otorgó a los ganaderos para remodelar las instalaciones de la UGRS, monto que representa al menos dos puntos porcentuales más en un posible incremento salarial.

Son cosas muy distintas, se sabe, pero es tema de conversación entre maestros y maestras en estos tiempos de huelga.

II

En el corto y el mediano plazo aparecen dos episodios políticos cruciales para la Universidad de Sonora.

Dentro de cinco meses, en septiembre venidero se llevará a cabo la elección de la nueva dirigencia sindical en el STAUS. De los avatares de esta huelga y de sus logros dependerá mucho la permanencia del grupo que actualmente está al frente del sindicato, comandado por Juan Díaz Hilton, quien llegó en una elección sui géneris, encabezando una planilla única en tiempos de pandemia.

La elección de septiembre podría desplazar a ese grupo que entre otras cosas, mantiene una extraordinaria afinidad con el gobierno del estado y fueron actores clave en el proceso de reforma universitaria que hipotéticamente regresaría el mando autónomo de la Universidad a los universitarios (es decir, a los grupos más afines a la cuarta transformación en Sonora) y por tanto abriría una senda de concordia, diálogo y avenimientos con el gobierno estatal y el federal.

Pero ¡Oh, sorpresa! En la primera elección de representantes estudiantiles, magisteriales y de empleados manuales y administrativos que en conjunto suman unos 51 mil universitarios (46 mil estudiantes, 3 mil maestros y 2 mil empleados), los candidatos afines al gobierno perdieron la mayoría de los cargos, sobre todo en el Colegio Universitario, donde no alcanzaron la mayoría calificada.

El dato es importante porque el Colegio Universitario es la instancia que elegirá, después de un proceso electoral abierto y con voto ponderado (48% maestros, 48% alumnos y 4% manuales y administrativos) al nuevo rector o rectora de la Unison.

La Comisión Electoral designará una terna con quienes hayan obtenido el mayor número de votos y el Colegio Universitario designará con mayoría calificada al nuevo rector o rectora.

¿Cuál es el punto? Que la elección de rector(a) se llevaría a cabo en marzo-abril de 2025, cuando estén en funciones los integrantes del Colegio Universitario que fueron electos el mes pasado y donde los afines al gobierno no tienen siquiera la mayoría simple, mucho menos la calificada.

Es decir, si los afines al gobierno estatal, como son los dirigentes sindicales del STAUS ‘vendieron’ la idea de que con la nueva ley universitaria hegemonizarían los órganos de gobierno y podrían así elegir un rector o rectora emanada de ese mismo grupo, lo que aparece en el horizonte es un escenario distinto, en el que quien llegue a la rectoría podría ser un personaje no necesariamente identificado con el oficialismo morenista, descartando así las aspiraciones de quienes se han mencionado insistentemente como posibles sucesores de Rita Plancarte.

El asunto no es tan grave si se considera que el gobernador Alfonso Durazo es un político profesional, de excepcional capacidad y con una largueza de miras que no se pierde en la inmediatez de la coyuntura, además de una probada vocación por la pluralidad y el respeto a las diferencias políticas, sabe y puede establecer relaciones armónicas con cualquier persona electa democráticamente y legitimada en un proceso limpio y transparente, independientemente de su filiación política.

De hecho, ese fue el espíritu que alentó la reforma universitaria.

Claro, facilitaría mucho las cosas si el nuevo rector o rectora, surgiera de las filas de la cuarta transformación, pero considerando el rumbo que están tomando las cosas a partir de esta huelga en la Unison, esa probabilidad es la de un volado que hace apenas unos meses, no tenía por qué lanzarse al aire.

Por Arturo Soto Munguía

La conmemoración del Día del Trabajo en Hermosillo sirvió de marco para el establecimiento de compromisos claros por parte del gobernador Alfonso Durazo para sumarse a los esfuerzos presupuestales de la rectoría de la Universidad de Sonora y articular un ofrecimiento que permita levantar la huelga en la Máxima Casa de Estudios.

Y eso podría suceder hoy, cuando el sindicato de académicos lleve a cabo su asamblea general donde analizarán los ofrecimientos y votarían si el movimiento se mantiene o hay un desistimiento. Todo parece indicar que las negociaciones iban por buen camino y que la huelga sería levantada hoy mismo.

Uno de los temas más complicados es el de la afiliación al Infonavit, planteado por el STAUS para dotar de vivienda a sus agremiados. Es inhumano, dijo el gobernador, que en 80 años no se haya diseñado un programa para resolver este asunto, y no se va a lograr de la noche a la mañana, pero ya se está trabajando en ello. Extraoficialmente se sabe que la Universidad posee varios terrenos en Hermosillo, que pudieran ser utilizados para la construcción de vivienda a maestros y trabajadores universitarios.

El mandatario aguantó a pie firme desde el templete, los gritos y consignas de los huelguistas, y de los miembros del STEUS que correaron consignas en apoyo a la huelga del STAUS, sindicato que también marchó en el gran contingente de organizaciones agrupadas en el Consejo Sindical Permanente, compuesto por unas 20 mil personas.

Ayer mismo y a propósito de viviendas, el gobernador anunció la creación y operación de un fondo del Isssteson para orientar recursos a la adquisición de casas para afiliados a distintos sindicatos que no tenían acceso a este beneficio.

Expuso que hasta la fecha se han entregado más de 85 millones de pesos en créditos para vivienda y se ampliará la base de beneficiarios para reducir progresivamente el rezago en este rubro, que consideró un tema prioritario para su gobierno.

La CTM por su parte, mostró el músculo en una concentración de más de 14 mil trabajadores y trabajadoras en el CUM de esta capital, un evento donde el tema de la vivienda también ocupó parte central de la agenda.

Las huestes cetemistas estuvieron encabezadas por los dirigentes estatal y municipal, Javier Villarreal Gámez y Óscar Ortiz Arvayo. Por parte del estado estuvo presente el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo y también estuvo el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

II

O está muy flaca la caballada en Morena-Sonora, o el panismo padrecista está cobrando muy bien los compromisos de la campaña por la gubernatura en la que abierta o subrepticiamente apoyaron la candidatura de Alfonso Durazo al gobierno del estado.

Las primeras señales llegaron desde la campaña al senado en 2018, cuando el hoy gobernador era dirigente estatal de Morena y le tocó recibir importantes contingentes de panistas que, ante la imposibilidad de que su partido se recuperara del deplorable estado en que quedó después del sexenio de Guillermo Padrés, comenzaron a migrar a la opción político-electoral con menores afinidades ideológico-políticas pero con mayores posibilidades de triunfo electoral.

Triunfo que, de más está decirlo, les permitiría también cobrarse la revancha con el gobierno de Claudia Pavlovich, que no solo les cortó su efímero paso por el gobierno del estado, sino que evidenció la terrible saga de corruptelas, enriquecimientos ilícitos y rapacidad que protagonizaron varios de aquellos padrecistas que pagaron con cárcel y millonarios litigios sus voracidades.

Hoy, desde el ala dura de Morena se levantan algunas cejas ante recientes nombramientos en la estructura de gobierno, que han recaído en algunos exponentes de aquel gobierno del PAN, si bien es cierto que, por ejemplo en el caso de Célida López, hoy flamante jefa de la Oficina del Ejecutivo ha dado suficientes pruebas de lealtad con el proyecto duracista y ha sacado bien las encomiendas asignadas. Hizo muy buen trabajo en la secretaría de Turismo a su cargo y su experiencia administrativa, legislativa y ejecutiva le valieron para que el gobernador decidiera integrarla a su equipo más cercano.

Juan González, recientemente nombrado secretario particular del gobernador, era un jovencito cuando militó en el PAN de aquel gobierno y ha resultado una agradable sorpresa como funcionario público. Jamás estuvo envuelto en algún caso que lo involucrara con malas prácticas.

Pero en los pasillos de Palacio hay inquietud por lo que parece el inminente nombramiento de Gino Roberto Saracco Morales como nuevo coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, cargo que dejó vacante precisamente Juan González.

Saracco llegaría acompañado de algunos colaboradores suyos que lo acompañaron a su paso por la Dirección de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Hermosillo y que cobraron fama de ser unos implacables recolectores de dinero no contabilizado en las cuentas de la dependencia: multas negociadas, moches, permisos e inspecciones, entre otras.

Gino pertenece a un grupo muy peculiar en el que destacan su hermano Aldo, el expresidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez y el inefable Javier Neblina.

Durante la administración de Guillermo Padrés ocupó varios cargos administrativos: en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (hoy por cierto ocupado por otro expanista, Cuauhtémoc Galindo Delgado) y en la Junta de Caminos. En ambas dependencias hubo señalamientos en su contra por dudosos manejos presupuestales.

Con Célida López en el Ayuntamiento estuvo a cargo de Inspección y Vigilancia y posteriormente, a la salida de Norberto Barraza, de Servicios Públicos Municipales.

¿No hay en Morena perfiles con capacidad y experiencia para ese cargo? Quién sabe, pero esa es la pregunta que se hacen algunos morenistas ante el eventual arribo de otro personaje ligado a un gobierno del pasado ubicado en las antípodas de los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar.

En fin…

III

Hermosillo ya huele a fiesta. A Fiestas del Pitic. Este martes comienzan las rutas culturales que llevarán el arte, la cultura y el esparcimiento a colonias y zonas rurales de la capital.

La primera ruta será en Villa de Seris y hasta el 13 de mayo estarán llegando a San Pedro El Saucito, la Nuevo Hermosillo, Solidaridad I, Bahía de Kino y el poblado Miguel Alemán.

La oferta cultural es variada y luce atracitva, con talleres de danzón, música, teatro, ballet, entre otras.

Por Arturo Soto Munguía

Cuando entrevistamos al gobernador Alfonso Durazo a su llegada a las instalaciones de la Unión Ganadera, el pasado sábado, no pudo ocultar una sombra de preocupación en su rostro al preguntarle sobre el estallamiento de la huelga en la Universidad de Sonora por parte del sindicato de académicos.

La huelga no solo le pega al intenso trabajo de promoción económica que en el país y allende las fronteras se ha venido desarrollando sobre todo con el Plan Sonora de Energías Sostenibles y en el que mucho tiene que ver la oferta de estabilidad laboral que hasta entonces se presumía al no tener una sola huelga en el año y medio que tiene su gobierno.

Pero que la huelga haya venido de un sindicato que se suponía aliado y con el que durante los últimos cuatro años se vino trabajando mano a mano para reformar la ley universitaria, un viejo anhelo de las corrientes progresistas que en 1991 fueron feamente maltratadas por el estrenado gobierno de Manlio Fabio Beltrones al imponer la Ley 4.

El gobernador Durazo se apoyó mucho en esos liderazgos universitarios a quienes correspondió con creces: Jorge Taddei Bringas fue impulsado para ocupar la súperdelegación del Bienestar y ya es bastante conocida la forma en que varios familiares ocupan cargos importantes en la estructura gubernamental. Aarón Grageda fue nombrado secretario de Educación y Cultura. Álvaro Bracamonte Sierra fue nombrado secretario de Gobierno y desde hace algunos días ocupa la secretaría Técnica del Consejo Político Nacional de Morena.

Edgard Sallard fue nombrado coordinador del Sistema Estatal de Comunicación y hoy firma como titular del Centro Estatal de Desarrollo Municipal; Armando Moreno Soto es rector de la Universidad Estatal de Sonora y Blanca Valenzuela recién ocupó la dirección del sistema Cecytes. Martín Vélez de la Rocha es subsecretario de Gobierno.

Muchos otros cargos de la estructura gubernamental fueron ocupados por aquella generación de maestros y estudiantes que en el 91 resistieron sin éxito la imposición de la Ley 4 y que en 2023 celebraron por todo lo alto su derogación y la entrada en vigor de la Ley 169, que devuelve a la comunidad universitaria el derecho a elegir a sus autoridades en todos los órganos de gobierno que revivió la nueva legislación; reivindica el concepto de autonomía universitaria y democratiza la vida interna de la institución.

La primera sombra de duda asomó cuando se llevaron a cabo las elecciones para nombrar, después de más de 30 años sin hacerlo, a los representantes estudiantiles, magisteriales y de empleados manuales y administrativos en esos órganos de gobierno. En el Colegio Universitario, la máxima autoridad que contempla la nueva ley, los candidatos y candidatas afines a Morena perdieron con mucho, la mayoría de las posiciones. Sucedió lo mismo en los colegios de facultades interdisciplinarias y en los colegios departamentales.

Por si fuera poco, el sector estudiantil, el más numeroso en la máxima casa de estudios despreció el proceso olímpicamente. Su participación apenas lindó el 25 por ciento.

El tema debió encender algunos focos amarillos en el tablero del gobierno estatal, pues se suponía que por la natural afinidad de los liderazgos universitarios tan bien correspondidos por Durazo, arrasarían en las elecciones internas y pavimentarían el camino para un proceso de revisión salarial aterciopelado.

Ni lo uno ni lo otro. Perdieron la mayoría de las posiciones en el gobierno universitario, y la asamblea del STAUS decidió estallar la huelga que deja sin clases a más de 30 mil estudiantes en todo el estado, por considerar insuficiente la oferta que hicieron las autoridades universitarias que, hay que señalarlo, trabajaron mucho con las autoridades estatales para integrar una propuesta que evitara la huelga.

Para el gobernador era importante presidir hoy el desfile del Día del Trabajo con un récord limpio pero, a menos que suceda un milagro y el comité de huelga convoque a asamblea general esta mañana muy temprano para un recuento de votos que pudiera validar un desistimiento, no se ve la manera de que al gobernador no le tiznen el evento de este día con consignas y reclamos.

De hecho el STAUS ha convocado a una concentración en el Museo y Biblioteca de la Unison para marchar este día junto a miles de sindicalistas de toda filiación y hacerse presente con sus demandas. Habrá pase de lista, advierten en su convocatoria.

Si algún interés había por parte de la dirigencia del STAUS para renegociar su pliego petitorio a partir de una propuesta enviada por la autoridad universitaria ayer mismo, el tiempo les ganó. Un eventual desistimiento solo podría darse mediante un recuento de votos en asamblea general y hasta la medianoche de ayer no había convocatoria.

El viernes pasado por la mañana, el secretario del Trabajo, Francisco Vázquez me comentaba que se habían esmerado junto a la autoridad universitaria para presentar una propuesta que evitara el estallamiento de la huelga. Horas después, se colocaban las banderas rojinegras en la Alma Máter, que no aparecían desde hace cuatro años.

Le pregunté el sábado al gobernador cuáles eran los temas en los que no hubo acuerdos y mencionó dos: Infonavit y pago de ISR. Esta semana seguirán las negociaciones, pero por lo pronto el STAUS ya le raspó el mueble al gobernador y no queda más que pensar que con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos?

II

En otros temas, el sábado rindieron protesta como dirigentes del PRI en Hermosillo Juan Miguel Vargas y Blanca Colosio. El auditorio Plutarco Elías Calles se llenó como en los viejos tiempos y pasaron lista de presente todo el entreverado generacional que en Hermosillo tiene lo que quizás sea el bastión más importante para su reposicionamiento en el ánimo del electorado.

Hay que recordar que la capital sonorense, que concentra casi un tercio del padrón electoral fue ganada por la alianza PRI-PAN-PRD en el contexto de unas elecciones particularmente complicadas en las que la barredora guinda les pasó por encima a casi todos, y que si Antonio Astiazarán gobierna hoy esta capital es porque los votos tricolores marcaron la diferencia.

Lo que sucedió después es otra historia: la diáspora de militantes y el transfuguismo tan de moda, que por cierto mereció una fuerte crítica por parte del nuevo dirigente: “Quienes tomaron decisiones equivocadas en su tiempo y se distinguen hoy por ser actores de la traición y el engaño ya no están en el PRI. Son un problema de otros partidos y allá sabrán qué hacer con ellos”, dijo.

¡Tómala!

Obviamente el nuevo dirigente municipal se refirió a quienes han emigrado a otros partidos, pero no a quienes desde su militancia han planteado rutas distintas en el quehacer político.

Y nos referimos concretamente a Zaira Fernández, Pascual Soto y Sheila Cirett, que encabezan la corriente ‘Priistas inconformes’ y que no han dejado de bregar en barrios y colonias de las principales ciudades del estado, pero principalmente en Hermosillo, donde ayer organizaron una convivencia con cientos de familias para celebrar el Día de la Niñez en el poblado Miguel Alemán.

Ignoro en qué vaya a terminar esta historia, pero en Hermosillo y otras ciudades y pueblos el PRI está nadando a contracorriente, tratando de reconstruirse y no exento de conflictos internos que pudieran desembocar en al menos dos cosas: o construyen acuerdos que reagrupen una opción competitiva, o terminan de enterrar las esperanzas de verse otra vez como gobierno.

Ya le dijo Andrea Bocelli a José Feliciano: vamos a ver.

Por Arturo Soto Munguía

La de ‘El Chato’ es una historia triste con final inesperadamente feliz, que incluye atención, cuidados y hasta candilejas y reflectores mediáticos que lo colocan en la senda del estrellato canino de estos días, después de una vida de penurias, hambreadas y maltratos de esos que no se merece ni usted, pulgoso lector, moquillenta lectora.

Pero más allá de su paso por la historia al ser el primer perro en participar presencialmente en una audiencia judicial, nada podría resultar más satisfactorio para ‘El Chato’ que escuchar cuando el juez que conoce la causa vinculó a proceso a Juana “N”, la dueña del animalito al que mantenía amarrado en un baldío, sin agua ni comida “por lo que presentaba angustia, estrés, sed, insolación y desnutrición; sus costillas eran visibles y se puso en riesgo su vida”, según el boletín de la Fiscalía estatal que parece describir a un amigo mío cuyo nombre mantendré en la secrecía por una mínima observación a la protección de datos personales.

Aunque enfrentará su proceso en libertad, Juana “N”, originaria de Etchojoa, donde sucedieron los hechos, no podrá salir de su lugar de residencia en tanto se desarrollan las investigaciones complementarias.

Versiones extraoficiales indican que la Interpol ya recibió solicitud de ficha roja para localizarla en caso de que se quiera dar a la fuga, y ya destacó agentes encubiertos en El Chucárit, Basconcobe, Sebampo y Buaysiacobe, en donde podría buscar refugio para evadir la acción de la justicia.

‘El Chato’ fue encontrado en ese malhadado baldío hace unos cuarenta días, durante un cateo efectuado por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, atado con una piola al parecer elaborada con el mismo material del que se hizo la que ayer no podía romper el mismísimo gobernador Alfonso Durazo en el tradicional corte de reata y le tuvo que dar como diez machetazos.

(Por cierto, ya ni la chingan los ganaderos organizados de Sonora. El gobernador les acaba de otorgar 26 millones de pesos para remozar las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora, sede de la llamada ‘Fiesta del pueblo’, y no fueron para pagarle cien pesos a un afilador, ya no digamos para comprar un machete nuevo que no hiciera pasar esos incómodos momentos al jefe del Ejecutivo. Esperemos que a don Juan Ochoa, presidente de la UGRS le caiga agüita en su nube por estos días, sobre todo con los ingresos obtenidos por la venta de bebidas alcohólicas, y ahorre para comprar un buen machete el año que entra).

Pero no nos perdamos. Estábamos con ‘El Chato’, macho de la raza bóxer (sin pedigrí certificado y más bien tirando a criollo, pero muy bonito) de unos nueve años de edad que ayer suplió a su cuidadora temporal, una joven que, ocupada como estaba en el albergue de animales a su cargo, no pudo asistir ni siquiera vía Zoom a la audiencia judicial en la que aportaría su testimonio en el juicio contra Juana “N”.

Fue así que el juez autorizó la ‘individualización’ del perrito para que fuera él quien participara en la audiencia que duró una hora con diez minutos y durante la cual ‘El Chato’ “permaneció tranquilo y atento”, siempre de acuerdo con el boletín, que no cita detalles sobre el testimonio de ‘El Chato’.

Conozco algunos amigos igualmente maltratados que si estuvieran ahí para escuchar a un juez vincular a proceso a sus maltratadoras, estarían no digo tranquilos y atentos: hasta la pinche cola hubieran movido con regocijo y alivio.

Ahora ‘El Chato’ tiene otros problemas, si bien menores, como puede ser el de la obesidad, después de que en los últimos cuarenta días le entró con devoción y fe a las croquetas como si lo hubieran tenido amarrado… esperen, sí lo tenían amarrado…

“‘El Chato’ luce juguetón y feliz, solo que presenta cierto grado de obesidad, por lo que será atendido por personal del refugio ‘Cashitos de esperanza’ a cargo de Margarita Murillo, en Huatabampo, donde con gran cariño le brindan asilo, atención personal y médica”, concluye felizmente el boletín.

El histórico e inédito caso de la audiencia perrona mereció un video especial de la fiscal estatal Claudia Indira Contreras en el que explicó que a la fecha se han judicializado 40 casos similares a los de ‘El Chato’ y en todos ellos se ha vinculado a proceso a los responsables del maltrato animal, una práctica que hay que erradicar si se pretende avanzar hacia una sociedad más humanitaria, porque el maltrato animal también es violencia.

Por cierto, una vez que se recupere, ‘El Chato’ estará disponible para adopción, así que ya sabe, si usted quiere convivir con un rockstar, esté atento a la información de la fiscalía.

Claro, deberá estar consciente de que por las particularidades del caso, tendrá que acreditar disposición para llevarlo y traerlo a las audiencias que siguen hasta que se dirima el asunto. En lo personal, me interesa mucho asistir a la próxima audiencia, sobre todo por el interés periodístico que despierta la eventualidad de un careo entre ‘El Chato’ y Juana “N”, algo que podría estar incubando el juicio del siglo.

También mereció un tuit del gobernador en el que invitó a la sociedad a continuar creando conciencia de la importancia de tratar a los animales con respeto y dignidad.

II

Ayer trascendieron, de manera extraoficial nuevos cambios en el gabinete ampliado. Guillermo Díaz, quien se venía desempeñando con buen oficio en la subsecretaria de Desarrollo Político del gobierno estatal, pasó a la dirección del Conalep.

Una baja sensible en un contexto donde el oficio político suele no abundar, y El Memo lo hizo bien sobre todo en el tema de la relación con el Legislativo, pero con la asunción de Adolfo Salazar Razo a la secretaría de Gobierno, se entiende que debe reestructurar el equipo en esa dependencia. Se habla de que la subsecretaría será ocupada por Carlos Ernesto ‘El Bebo’ Zatarain, quien firma como titular del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública.

Carlos Sosa, quien se venía desempeñando en la dirección del Conalep estaría asumiendo la titularidad del Instituto de Movilidad y Transporte, mientras que Lirio del Castillo, actual titular de esa dependencia regresaría a su curul en el Congreso local.

David Mendoza, quien firma como secretario particular del gobernador, pasaría a la CECOP, y su lugar lo ocuparía Juan Manuel González Alvarado, aún coordinador estatal de Protección Civil y vocero de la Mesa Estatal de Seguridad.

Por Arturo Soto Munguía

Contra las paredes deben andar estrellando la cabeza aquellos que pensaron que era una buena idea invitar a Lilly Téllez para encabezar la fórmula al Senado por Morena en 2018.

La conductora de televisión nunca fue una simpatizante de las causas de la izquierda y por ello muchos morenistas sonorenses alzaron la ceja cuando se enteraron de que acompañaría a Alfonso Durazo en aquellas elecciones que tenían ganadas de antemano, como indicaban todas las encuestas que desde entonces anticipaban el tsunami obradorista.

Pero de nuevo guardaron silencio. Callaron como momias, para decirlo en palabras del propio López Obrador y más aún, aplaudieron con singular entusiasmo cada palabra de la señora Téllez en los mítines de campaña.

Lo que siguió es historia conocida. La señora entró, naturalmente en choque con las posiciones progresistas del movimiento y renunció a la bancada guinda para sumarse a la del PAN, donde ha hecho de la estridencia y la alharaca una plataforma que la ha llevado a aparecer en las listas de presidenciables en la oposición.

Y aquí sí que como dijo alguna vez “El Pelón” Rosas a propósito de versiones que surgieron por allá en el 2003 en el sentido de que Manuel Espino podía ser candidato del PAN a la gubernatura de Sonora: “ojalá lo sea y ojalá que voten por él, para ver si se les quita lo pendejos”.

Y es que la señora Lilly Téllez, como el propio Manuel Espino, representan las posiciones más oscuras del conservadurismo, pero por esas extrañas razones que escapan al entendimiento de los comunes mortales, ambos aparecieron un mal día, inopinadamente, levantándole el brazo a Andrés Manuel López Obrador. De Hecho, Manuel Espino sigue siendo un activo de Morena y hasta quiso competir por la candidatura de ese partido al gobierno de Durango. Fue parado en seco.

En alguna ocasión, y en lo que pareciera un acto de contricción, el propio presidente de la República aceptó que fue él mismo quien invitó a la señora Téllez a integrar la fórmula al senado junto a Alfonso Durazo. Es de las pocas ocasiones que AMLO reconoce un error suyo.

La senadora ha sabido capitalizar bien el clima de polarización que desde hace años campea por el país y que si bien es cierto es atizado cotidianamente desde las mañaneras, no es menos cierto que desde la oposición se le sopla también cotidianamente al fuego del discurso de odio, cayendo en una dinámica de insultos, descalificaciones y escarnios mutuos.

En un contexto así, es claro que la senadora puede convocar el voto de ciertos sectores furiosos contra el gobierno de López Obrador, que pueden ser bastante virulentos, pero poco nutridos como contingente electoral.

Estoy convencido de que Lilly Téllez sería la mejor candidata de la oposición, sobre todo para Morena. Es decir, el discurso beligerante y cruzado por todo aquello que el movimiento obradorista se ha encargado de fijar bien en el imaginario de amplísimos sectores de la población como lastres del viejo régimen la convertirían en la rival más débil.

Aquí y ahora no hay, en los escenarios proyectados por la gente más calificada en estudios demoscópicos, posibilidades reales de que la oposición gane la presidencia de la República en 2024. Pero una candidata hueca y ruidosa, como lata vacía, ciertamente, puede concitar el voto de minorías furiosas, pero sin duda ahuyentaría el de sectores mucho más amplios, incluyendo el de simpatizantes de Morena que se han desencantado del movimiento, pero no les parece ni cercanamente atractivo un personaje como la señora Téllez.

Es decir, una candidatura como la suya ayudaría a atomizar no solo el voto duro del morenismo, sino el de ese sector que ya votó contra el PRI y el PAN pero que dudaría mucho en regresarles la confianza si su abanderada tiene un perfil como el de la sonorense, que ayer protagonizó otro de sus escándalos durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska en el Senado.

Al margen de regionalismos ramplones y votos viscerales, creo que la mejor candidata de AMLO para afianzar el triunfo de Morena en 2024, es la señora Lilly Téllez. Se vale disentir, desde luego, que para eso existen las libertades.

II

Ayer el gobernador del estado, Alfonso Durazo respondió una pregunta que muchos sonorenses se hacían cada vez que se mencionaba el tema de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco: ¿Qué beneficios concretos traerá al bolsillo ciudadano la megaproducción de electricidad en esa planta?

Al anunciar que a partir del próximo primero de mayo comenzará a ejercerse el subsidio para la tarifa de verano en Sonora, el mandatario adelantó que se encuentra gestionando ante el gobierno federal una propuesta para que una parte de los recursos que se obtengan por la comercialización de energía generada en la planta de Puerto Peñasco y en las otras que se están proyectando, se destinen para subsidiar las tarifas en Sonora.

La propuesta parece viable y de concretarse sería en justa correspondencia con lo que representan para el gobierno federal estas plantas, no solo en lo económico sino que, como columna vertebral del Plan Sonora de Energías Sostenibles encarnan junto a los otros proyectos que lo integran, la parte vanguardista de la política energética mexicana, el compromiso con la generación de energías limpias y la carta de presentación de México ante el mundo en materia de compromisos con la agenda verde.

Por cierto, el Plan Sonora fue presentado en la Cumbre California-México 2030, donde el titular del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, Francisco Acuña Méndez lo expuso ante verdaderos ‘machuchones’ de empresas relacionadas con el sector, académicos e investigadores así como funcionarios de gobierno y gerentes de instituciones financieras internacionales.

Entre los temas expuestos destacan el desarrollo de energía renovable, la expansión de estos proyectos desde una perspectiva binacional y los alcances del plan a través de sus vertientes: energía solar, explotación de litio y licuefacción de gas.

III

En Hermosillo, mientras tanto, y a propósito de políticas vanguardistas, el alcalde Antonio Astiazarán lanzó el programa CRECE Conectado, que habilita 150 espacios públicos de internet gratuito en la cabecera municipal y el poblado Miguel Alemán.

Este fue un compromiso presentado durante su campaña por la alcaldía en 2021 y al concretarse hoy convierte a Hermosillo en una de las ciudades con mayor conectividad gratuita y sin límites del país.

Se trata de la red HMO_CONECTA que ya está disponible en 150 puntos de la ciudad y a la que se puede acceder con solo llenar un formulario. Toda la información al respecto se encuentra en la página www.wifi.hermosillo.gob.mx

El propio alcalde probó la eficiencia de la red al conectarse desde el parque Bugambilias e interactuar vía zoom con diez personas ubicadas en diversos puntos de la ciudad con quienes compartió impresiones sobre este programa que cubrirá con wifi gratuito las zonas más concurridas como plazas, parques y paradas de camión cercanas a escuelas y hospitales.

Por Arturo Soto Munguía

El escenario nacional bien podría ser el espejo en el que deberían verse los gobiernos locales, acaso como un ejercicio de contrastes que diera pie a la ponderación del arte de la negociación sobre la política del todo o nada.

En Sonora, por ejemplo, aparece seria la denuncia de la diputada local Natalia Rivera en el sentido de que las iniciativas de Movimiento Ciudadano comenzaron a desecharse sin discusión y sin miramientos a partir de que su bancada escaló los posicionamientos críticos hacia el gobierno estatal.

Morena y sus aliados en el Congreso no tienen el más mínimo problema para, apoyados en su sobrada mayoría calificada, aprobar o rechazar lo que a sus intereses convenga. Intereses legítimos, hay que decirlo, y de los cuales hace uso en el también legítimo ejercicio del gobierno que el electorado les confió en las urnas.

Pero por ejemplo, Rivera Grijalva presentó ayer una iniciativa interesante que busca prevenir delitos sexuales a partir de un registro de personas encontradas culpables de agresiones sexuales, lo que permitiría además agilizar investigaciones en ese delito, que en Sonora se ha incrementado 18% en los últimos años y ha colocado a esta entidad en el deshonroso segundo lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual.

La diputada teme que en esa lógica de mandar a la ‘congeladora legislativa’ sin análisis ni debate, cualquier iniciativa solo por ser presentada por la bancada de MC, privando así a la sociedad sonorense de mecanismos para abordar los delitos sexuales, su prevención y persecución.

En descargo de Morena y sus aliados, hay que decir que están viviendo sus momentos estelares, ejerciendo el poder sin contrapesos y pueden darse esos y otros lujos.

Solo hay que apuntar que de la misma forma lo hizo el PRI de hace 30 años y más atrás, lo cual de momento le resultó sumamente satisfactorio y pensó que así sería por siempre. La realidad le demostró que no.

II

Lo anterior viene a cuento por lo siguiente.

A contrapelo de quienes se ‘rascan las vestiduras’ (diría Martín Matrecitos, el exdiputado morenista de quien hasta el momento de redactar esta nota se desconoce su paradero) pregonando que en México vivimos una dictadura, lo que acabamos de ver en vivo y a todo color fue la vigencia de la separación de poderes, la autonomía de la SCJN y el ejercicio de los contrapesos que, con altas y bajas, mantienen la gobernabilidad en los cauces de la democracia.

Con todos los adjetivos que usted le guste poner, pero democracia y no dictadura.

Con una mayoría calificada de ocho votos contra tres, los ministros de la Suprema Corte echaron por tierra la columna vertebral de la política de seguridad pública que trazó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su mandato.

Bien a bien, no se sabe qué pasó en aquellos días entre el triunfo electoral de 2018 y el arranque de la administración obradorista, pues de aquella bandera de campaña que prometía el regreso del Ejército a los cuarteles se pasó a la cesión desmesurada del poder a los militares, que no solo se mantuvieron en las calles, sino que ahora despachan desde oficinas de grandes empresas estatales relacionadas con la construcción y administración de infraestructura estratégica (puertos, aeropuertos, bancos, aduanas y ferrocarriles; refinerías).

Aunque esa es otra historia que tiene un capítulo muy interesante en la reciente revelación de Guacamaya Leaks sobre los suntuosos gastos del General Secretario Luis Cresencio Sandoval a diversos destinos del mundo, algunos de gran lujo y acompañado de familiares, amigos y escoltas.

Pero el punto inicial era el del revés que le propinó la SCJN al jefe del Ejecutivo al declarar inconstitucional la adscripción administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que esa corporación civil (integrada en un 90 por ciento por militares y jefaturada por militares), pasará a la Secretaría de Seguridad.

Y la sentencia es inatacable. Ya no hay recurso legal para revertirla.

No es el primer revés que los otros poderes (el Legislativo y el Judicial) le asestan al Ejecutivo. Uno de los más dolorosos para el gobierno de López Obrador fue la reforma electoral, rechazada en el Congreso de la Unión y el ‘Plan B’ que pretendía rescatar algunos puntos de la misma y que no pasó en la Suprema Corte. Ni qué decir del descarrilamiento de su candidata a presidirla, la señora Yasmín Esquivel, de quien no hace falta más comentarios.

El otro sucedió ayer con la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a leyes secundarias que traspasan la Guardia Nacional a la Sedena.

Más allá del mal humor presidencial, no se sabe con certeza si esto modificaría (y cómo) la política de seguridad desarrollada hasta el momento, pero es obvio que tensará aún más las cuerdas de la relación entre el Ejecutivo y la SCJN.

La sentencia llega además en mal momento. Justo cuando el tema del combate al crimen organizado ha llevado la relación con Estados Unidos a los límites de una crisis aderezada con el intervencionismo Yanqui que en una operación encubierta infiltró al mismísimo cártel de Sinaloa hasta sus mandos más altos, derivando de allí acusaciones contra 28 jefes de esa organización criminal, incluyendo a los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Si la DEA infiltró al cártel de Sinaloa, ni usted ni yo queremos saber la de cosas que habrán descubierto, sobre todo en materia de relaciones entre ese grupo criminal y las corporaciones policiacas y militares mexicanas, cuando no del poder civil.

Hay fundadas razones para la preocupación del lado mexicano. Primero por la condenable, deleznable y abusiva injerencia norteamericana que atenta contra la soberanía nacional y el derecho del pueblo de México a la autodeterminación.

Y en el plano de las elites, por lo que puede significar para el actual gobierno la información que en manos de EEUU, podría revelar la eventual implicación de mandos civiles, policiacos y militares en el negocio global del crimen organizado.

II

Por extraño que parezca para el conservadurismo fifí, en gruesas capas de la población mexicana y en un sector de la clase política hay gente que ve en López Obrador a un político de excepción, un corredor keniano, un líder de los que nacen cada cien años, cuando no la encarnación de la santísima trinidad Juárez-Madero-Cárdenas; una deidad en la que el error no existe y las equivocaciones menos.

Pero incluso algunos de ellos, por lo bajo, aceptarán que si las reformas trascendentes (energética, laboral, electoral, de seguridad) las hubiera propuesto en la primera mitad de su sexenio, habrían pasado sin mayor trámite y no estaría ahora metido en todo este embrollo que apunta más a la complicación que a la distensión.

Durante sus primeros tres años tuvo el presidente una mayoría calificada, no ganada en las urnas, pero sí en la negociación y la cooptación de legisladores, hay que decirlo, pero mayoría calificada al fin, que le habría facilitado las cosas.

Pero, acaso en la euforia de los 30 millones de votos que lo llevaron al poder como el presidente más legitimado de la historia, calculó que tres años después, en 2021 no solo repetiría la hazaña arropado por su espectacular popularidad y su irrebatible liderazgo.

La realidad es que en las elecciones intermedias del 21, Morena perdió al menos diez millones de votos y la mitad de las preferencias en la Ciudad de México, emblemática sede del voto por la izquierda, incluso antes de que la gobernara por primera vez en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas.

Hoy que se consume su penúltimo año de gobierno, con la sucesión presidencial en marcha (y consecuentemente las naturales disputas internas por el poder), con una base social disminuida y con una buena cantidad de expectativas rotas sobre todo en materia de salud, economía, seguridad pública, el escenario luce complicado.

Asumamos que no está en riesgo la continuidad de su proyecto de nación. Asumamos que su liderazgo y el replanteamiento de las políticas de atención a los más pobres le garantizan una base social suficiente para sacar adelante su propia sucesión. Asumamos también que la oposición partidista no tiene ni liderazgos, ni oferta ni base social que se acerque siquiera a la épica marejada de 2018 que llevó a Andrés Manuel a la presidencia.

Quien lo suceda en el cargo, sin embargo y asumiendo que será de su propio partido, tendrá que lidiar con una correlación de fuerzas no solo en las cámaras y la Suprema Corte, sino en las calles y en las urnas, muy diferente a la de los últimos cinco años.