Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguía

Como un balde de agua fría cayó entre las filas perredistas la renuncia de la única diputada con que contaban en el Congreso local, Alma Manuela Higuera Esquer, quien anunció ayer su incorporación a la bancada de Morena.

No se lo explican porque hasta entonces, la legisladora no había dado señales explícitas de su intención de migrar a Morena, si bien algunos de sus votos en el Congreso se habían sumado a los de esa bancada, como fue el caso del paquete presupuestal y la extensión hasta 2028 de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por contar dos de los más relevantes.

Apenas un día antes habían sostenido una reunión los integrantes de la dirigencia estatal y la diputada no les dijo nada.

Al filo de las dos de la tarde, Alma Higuera posteó en su cuenta de Twitter una carta en la que agradece las atenciones de sus amig@s perredistas y deja extendido su amor “a tantos compañeros y compañeras con los que caminé por más de 28 años”.

“A todas y todos les extiendo mi mano amiga; dejo abierta mi Alma para seguirles queriendo y seguirles considerando mis amigos y mis más estimad@s camaradas”, dice en su carta de renuncia.

Pero en el PRD no lo tomaron con tanta camaradería y más bien diríase que se encabronaron. Los más jóvenes reclamaban que el partido debería reclamar para sí esa curul, otorgándosela a su suplente, María Isabel Padilla Bacapicio, sin embargo eso no es posible. No hay una vía legal para proceder de esa manera.

El reclamo de los perredistas buscaba asideros en el hecho de que al ser electa por la vía plurinominal, los votos que la hicieron llegar al Congreso no fueron por su persona, sino por el partido, pero incluso así no hay manera de reclamar el asiento en el Congreso.

“Fue un acto de rudeza innecesaria, ¿para qué quiere una diputada más el gobierno del estado, si ya tiene sobradamente la mayoría calificada, con el voto de sus aliados?”, externó un fundador del PRD cuando se le preguntó sobre el tema.

Y con ello alude a los 16 diputados que hasta ayer integraban la bancada de Morena, incluyendo las recientes incorporaciones de Karina Zárate y Elly Sallard, que migraron desde el PRI (ahora la ex perredista son 17), más dos diputados del PES (Paloma María Terán y Kiko Munro, que renunció al PAN); dos del PVEM (Brenda Lizeth Córdova y Claudia Zulema Bours); tres del PT (Sebastián Orduño, Iram Leobardo Solís y Karina Barrera).

Morena y aliados conforman ahora un bloque de 26 de los 33 diputados y diputadas que integran la actual legislatura.

¿Cuál es la intención -se pregunta- de desaparecer la representación de otras fuerzas políticas? ¿En qué les incomodaba que el PRD tuviera una diputada, si ya cuentan con la mayoría calificada para aprobar, como lo han hecho cualquier iniciativa que mande el gobernador?

La única explicación, asegura, es un desplante de poder, un acto que confirme su posición de fuerza y demuestre el avasallamiento sobre el resto de los actores políticos.

-Bueno, pero a nadie le han puesto una pistola en la cabeza para que renuncie a su partido, le atajo.

-Pues no. Creo que aquí sí funcionaron los abrazos y no los balazos, responde, lacónicamente.

II

Habrá quien piense, al amparo del viejo apotegma de que en política no hay casualidades, que este movimiento que deja al PRD sin representación en el Congreso de Sonora se da un día después de que reapareció el exgobernador Manlio Fabio Beltrones, cabeza del grupo que según Alfonso Durazo gobernó el estado durante 30 años y lo hizo desde una práctica de saqueo.

Porque Beltrones reapareció precisamente en la asamblea plenaria de legisladores del PRD para hablar sobre la necesidad de reglamentar los gobiernos de coalición (a propósito de la alianza opositora) “para que el que gane no gane todo y el que pierda no pierda toda”.

Pero acá en Sonora al exgobernador y exdirigente nacional del PRI le dejaron a su partido sin representación en el Congreso local; le quitaron un diputado a uno de sus eventuales aliados (el PAN) y al otro eventual aliado, el PRD lo dejaron sin la única diputada que tenía.

Pero bueno, no creo que la respuesta le haya llegado tan rápido, ¿verdad?

III

Han pasado y siguen pasando tantas cosas en Guaymas, que nomás faltaba un conflicto poselectoral en el certamen para nombrar a la Reyna del Carnaval. Y en esas andan y al parecer se quieren ir a un recuento botox por botox, zapatilla por zapatilla.

Resulta que después de las pruebas de traje de coctel, fantasía y noche, además de la ronda de preguntas y respuestas sobre el carnaval, el jurado calificador decidió que la nueva soberana fue Sayani Karely Bizarro, del partido azul.

Como una especie de plurinominales, se asignó a Denisse Razo, del partido dorado, el reinado de los juegos florales. Jennifer Alondra Vega, del partido rojo quedó como princesa y Dania Guadalupe García, del partido rosa quedó como duquesa.

Pero rápidamente impugnaron la elección seguidoras de las candidatas que no se alzaron con el cetro de Reyna, y armaron un cañaveral de pasiones en las redes sociales, acusando al árbitro electoral de ser parciales y favorecer a la señorita Sayani Karely, lo cual obviamente no fue aceptado por las instancias oficiales, y mucho menos por las huestes de la ganadora.

Las impugnadoras sospechan que en el jurado se colaron Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, lo que no da certeza a la elección, mientras que los organizadores del certamen alegan que históricamente han prevalecido criterios de equidad, imparcialidad y máxima publicidad en el proceso, por lo que desecharon las impugnaciones.

A estas alturas no se sabe si el litigio va a seguir en la Sala Superior de Guadalajara o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia a la que no le tienen mucha fe porque dicen que allí ni licenciados son y compran los títulos en Santo Domingo.

Esperemos que al final se imponga la concertación y el diálogo, porque lo otro es apostarle a la lucha callejera, y eso vendría a acabar con la paz y la tranquilidad del apacible puerto, donde uno puede esquivar una bala de cuerno de chivo, pero librarse de un zapatillazo ya está más cabrón.

Guaymas, Guaymitas…

Por Arturo Soto Munguía

Que haya sido el gobernador Alfonso Durazo quien informó de la detención de Claudio “N”, alias “El Güero”, presunto autor intelectual de la golpiza propinada a un pequeño empresario gastronómico de Caborca, refleja el grado de prioridad que le dieron a ese caso por parte de las autoridades estatales.

El video, grabado y difundido por los propios malandros en lo que inicialmente se dijo era un escarmiento por negarse a ‘pagar piso’ envió un mensaje funesto no solo contra ciudadanos que eventualmente podrían ser extorsionados por esos grupos criminales que operan en la región, sino un abierto y flagrante reto al Estado mexicano, que no puede darse el lujo de aparecer inoperante mientras la delincuencia exhibe y presume abusos contra ciudadanos indefensos.

El asunto escaló porque al día siguiente de haber viralizado ese video, apareció otro grabado allá mismo, en Caborca y en el que aparecen otros sujetos emprendiéndola a tablazos contra un par de mecánicos.

Si bien la violencia criminal ya se ha vuelto parte de la cotidianidad en algunas regiones del estado, como Guaymas, Empalme y Cajeme, y no deja de ser preocupante la cantidad de homicidios dolosos que se registran un día sí y otro también, no es menos cierto que sí hay una diferencia entre los ajustes de cuentas entre miembros del crimen organizado, y la agresión y la humillación de ciudadanos comunes, gente trabajadora que tuvo la desgracia de ser victimados por esos rufianes.

Todavía no se ha confirmado si esas agresiones tuvieron su origen en el ‘cobro de piso’ (las primeras indagatorias apuntan a que el taquero no les vendió comida por haberse acabado y allí recibió las amenazas) pero independientemente de los motivos, el gobierno estaba obligado a responder con rapidez y eficacia. Lo otro hubiera sido mostrar el rostro de la claudicación ante esos criminales.

Porque hermanitas de la caridad no eran. El sujeto en cuestión fue detenido después de labores de investigación que llevaron a realizar un cateo en una vivienda en Altar. Allí se encontraban otros tres sujetos que también fueron detenidos y se les encontró en posesión de 600 pastillas al parecer de fentanilo. De entrada al “Güero Claudio” le ejecutaron orden de aprehensión por los delitos de amenazas cumplidas, lesiones calificadas con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, asociación delictuosa y violación a la intimidad personal. O sea, le tiraron con todo el Código Penal.

Era muy importante para la autoridad responder con rapidez en este caso para enviar a los presuntos delincuentes de la zona un mensaje contundente de que no habrá impunidad cuando ataquen a ciudadanos que tienen un modo honesto de vivir. Ahora habrá que esperar las declaraciones de los detenidos para ver si de allí derivan nuevas detenciones a otros integrantes de células criminales que operan en la región.

II

Interesante la reunión que sostuvo el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán con unos 300 priistas convocados por Zaira Fernández y Pascual Soto la semana pasada, encuentro que fue interpretado como el trabajo inicial de construcción de una alianza rumbo al 2024, desde las bases tricolores.

Zaira y Pascual, cabezas de un movimiento que han denominado ‘Priistas inconformes’ han estado corriendo la milla por las colonias de Hermosillo y otras partes del estado trabajando con la base militante donde se encuentra la fuerza estructural del PRI, que en el caso de Hermosillo no es desestimable considerando que fueron esos votos los que llevaron al Toño Astiazarán a la presidencia municipal.

Uno de los principales acuerdos en esa reunión entre el alcalde y los priistas fue que para el buen funcionamiento de las alianzas, irán juntos independientemente de lo que decidan las dirigencias de sus partidos, donde por cierto el tema de la alianza ni siquiera se ha discutido suficientemente y hasta ahora solo hay posiciones difusas y no pocas reticencias sobre todo entre el PRI y el PAN.

Ahora bien, por parte de los ‘priistas inconformes’ tampoco han dejado claro hasta donde van a llegar con este movimiento y cuáles serían los términos de una alianza ‘desde las bases’ cuando hay una dirigencia reconocida por las instancias del partido y las autoridades electorales. Y esa dirigencia es la que finalmente tendrá que tomar una posición respecto a la alianza con otros partidos, y firmarla.

Por otro lado, se entiende que al ser Zaira Fernández la síndica en el gabinete del Toño Astiazarán este mantenga una cercanía constante con ella y lo que representa en el tricolor, pero extraña que el alcalde hasta el momento no se ha reunido con la dirigencia formal que encabeza Rogelio Díaz Brown y eso pudiera mandar señales no muy claras a propósito de lo que viene en materia de alianzas.

Si bien el presidente municipal no milita en el PAN, sí representa la figura más notable de ese partido en estos momentos y algún peso tiene su voz en las decisiones que se tomen. Con más de 20 años de militancia en el PRI, al que renunció en febrero de 2018, conoce muy de cerca a los personajes y las situaciones que se viven en ese partido actualmente.

Llegado el momento tendrá que tomar decisiones al respecto.

Por Arturo Soto Munguía

Todavía no se disipa el humo de la bomba que le estalló en la cara a la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel allá en el altiplano, cuando empiezan a aflorar otros casos en Sonora, no de los mismos alcances y dimensiones, pero que ya encendieron focos de alerta en autoridades de la Contraloría estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la secretaría de Educación y Cultura, por lo menos.

Desde la semana pasada, en los micrófonos de la Red 93.3 FM el colega y amigo Fernando Oropeza reveló el caso de lo que pueden llegar a ser hasta 300 empleados y empleadas del Isssteson que consiguieron acreditar certificados de preparatoria a partir de una triangulación que involucra al sindicato, autoridades educativas y al menos una institución educativa.

El contralor estatal Guillermo Noriega Esparza informó hace tres días que ya está detenido un servidor público que tendrá que ‘devolver las entradas’, toda vez que la institución para la que labora estuvo pagándole durante años un bono extra o un estímulo por acreditar estudios de preparatoria. Lo afiliados a ese sindicato (y a otros en la burocracia) reciben un sobresueldo del 5 por ciento si acreditan esos estudios; del diez por ciento si son de licenciatura y del 15 por ciento si son de algún posgrado.

Noriega Esparza reveló que han encontrado otros casos en el sector salud, particularmente en enfermeras a las que les fueron vendidos títulos de especialidades y cursos adicionales en lugares que no tenían permisos para expedirlos.

A ciencia cierta no se sabe cuántos burócratas estatales compraron sus certificados o documentos que acreditan estudios no realizados, pero se presume que no son pocos, habida cuenta que los primeros casos detectados datan desde 2016, pero en estos momentos deber estar bastante preocupados por las consecuencias de sus actos. Y sobre todo porque al menos en el caso del sujeto que ya fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción alcanzó un acuerdo para devolver el equivalente a todo lo que el Isssteson le pagó, adicional a su salario base desde que presentó dicho documento apócrifo.

Quedan desde luego varias dudas relacionadas con la (o las) escuelas que expidieron los certificados, los montos cobrados por ello y la participación que en esta enmarañada madeja pudo tener la dirigencia sindical que, se presume, llevaba ‘moche’ por sus gestiones.

En otro caso similar, medios cajemenses (Tribuna del Yaqui, Rosa Lilia Torres, entre otros) difundieron que alumnos del Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT) campus Ciudad Obregón, denunciaron que fueron timados con la acreditación de sus estudios. Dicho centro ‘educativo’ ofrecía certificar estudios de bachillerato cursados en línea en un semestre, cobrando 800 pesos mensuales y entre 5 mil y diez mil pesos por el certificado.

Pero cuando algunas alumnas acudieron inscribirse a instituciones de educación superior para continuar sus estudios se encontraron con que las universidades no reconocen la validez oficial del documento, supuestamente validado por la SEP.

Acudieron a las instalaciones de la ‘escuela’, sobre la calle Chihuahua entre Guerrero y No Reelección y se encontraron con que los presuntos educadores ya habían dejado un polvaredón y solo encontraron el edificio vacío.

Las estudiantes se preocuparon cuando conocieron las denuncias que estudiantes de ese ‘centro educativo’ en Baja California presentaron ante la fiscalía de aquella entidad, lo que derivó en su clausura.

En el caso de las estudiantes cajemenses no hay dolo de su parte, pues ellas aparecen en calidad de agraviadas, pero este es un trompo que habrá de caer en la uña no solo de la fiscalía sonorense, sino de la SEC, una instancia por la que se supone deben pasar las autorizaciones de toda institución educativa en el estado.

En el caso del CEATT, se ofrecían

Vamos a buscar al secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante para que nos informe si la dependencia a su cargo conocía el caso de esta ‘escuela’ y si tiene algún listado de otras que también operan en la entidad bajo criterios similares.

Desde abril del año pasado, la SEC informó a través del coordinador General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, Juan de Dios Cáñez Moreno, que las empresas que ofrecen asesoría y capacitación para la rápida obtención de certificados de estudio y títulos profesionales bajo ningún motivo tienen la atribución legal de expedir ese tipo de documentos.

La SEC, explicó el funcionario de acuerdo con un comunicado oficial del gobierno del estado, es una instancia verificadora que tiene personal capacitado para orientar a la ciudadanía acerca de las instituciones que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

También hizo un llamado a las personas para que consulten por vía telefónica al número 6622 89 76 00 extensión 2380, o al correo electrónico cedula.profesional@sonora.edu.mx ya que la SEC tiene un registro actualizado de las instituciones autorizadas para expedir certificados de estudios y títulos profesionales.

Esta información, claramente, no llegó a los y las estudiantes del CEATT que ahora andan en vueltas judiciales reclamando sus certificados o la devolución de su dinero.

II

Comenzando el año previmos que ante la coyuntura electoral 2023-24 el conflicto entre los protagonistas de la cosa pública iba a subir de intensidad y así está sucediendo.

La nueva zacapela verbal entre el presidente de la República, los consejeros del INE y dirigentes de partidos políticos a propósito del llamado ‘Plan B’ para la reforma electoral que hoy se encuentra en la SCJN, la marcha convocada por partidos opositores y el arranque de las campañas en Estado de México y Coahuila es apenas el inicio de esta escalada.

Ayer tronó una nueva ‘bomba’ al descubrirse en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc que preside la panista Sandra Cuevas, propaganda contra Claudia Sheinbaum. La policía capitalina tomó las instalaciones de la alcaldía lo que detonó un nuevo conflicto. Sandra Cuevas es una de las aspirantes del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y una de las más férreas críticas de Morena y de la administración de Sheinbaum.

El operativo corrió a cargo de agentes de la fiscalía capitalina que encabeza Ernestina Godoy y sin duda este viernes amanecerá candente el asunto en la capital del país. Los agentes descubrieron lonas y volantes de campaña negra contra la jefa de Gobierno, mientras que desde la alcaldía Cuauhtémoc corrió la versión que esa propaganda había sido ‘sembrada’ por sindicalizados afines a Morena.

Cualquiera que sea la versión veraz, no deja de ser grave. Y esto, señoras y señores, apenas comienza.

Por Arturo Soto Munguía

Vale la pena llamar la atención sobre un tema que a simple vista pareciera irrelevante pero no lo es tanto si se consideran los anuncios tanto del ámbito local como del estatal, acerca del rescate y remozamiento del mercado municipal como uno de los atractivos del centro histórico de la ciudad.

El mercado es por excelencia el punto de encuentro de miles de parroquianos que todavía lo tienen como referencia ya para realizar sus compras cotidianas, ya para disfrutar la gastronomía regional; para ir a echarse un cafecito mañanero o vespertino mientras se profundiza en el debate de la cosa pública y se ejerce la titánica tarea de orientar el rumbo de la República en inagotables tertulias.

Hasta ahí todo bien, salvo por el pequeño detalle que después de comer y beber a los parroquianos y parroquianas les entran las urgencias urinarias y/o defecatorias pero, oh sorpresa, los baños están cerrados.

El asunto entra en el terreno de la grilla porque el cierre de los baños es consecuencia de un litigio entre la presidenta de los locatarios del mercado municipal, Migdelina Castillo y la señora que durante años administró, como herencia de su madre, los baños, realizando funciones multitask: atención al cliente, cobro del servicio, limpieza y suministro del pedacito de papel que eventualmente se rompía con malolientes consecuencias para los dedos.

Escatologías aparte, el caso es que mientras el litigio corre en tribunales, aparecieron en los baños unos anuncios de ‘CLAUSURADO’ que parecen oficiales pero son más apócrifos que los títulos de algunos empleados del Isssteson o el de la ministra Yasmín Esquivel.

Y en lo que se decide de qué lado está la razón, la clausura se convierte en un problema para los usuarios, sobre todo los adultos mayores ya que por estos días, la única opción que tienen son unos baños portátiles que instalaron frente a la tienda Woolworth, algo retirados de la sede del cotilleo.

Las lenguas viperinas han dejado correr la versión de que tales baños portátiles son un negocio de la propia Migdelina, pero ese no es el punto, sino las quejas que comienzan a generarse porque debido a la distancia a la que se encuentran, y considerando que eventualmente a los señores y señoras se les puede venir de improviso un escalofriante torzón, el episodio se vuelve aterrador “porque de aquí a que llegas ya te cagaste y cuando regresas para seguir el debate ya te dieron ganas de mear otra vez”, confió a este medio un compungido parroquiano.

Este penoso asunto viene como secuela también de la demora en los trabajos de remodelación del inmueble, cuya ‘bolita’ se echan entre el gobierno del estado, el ayuntamiento, el INAH y la presidenta de los locatarios.

Ojalá las autoridades tomen nota y le metan turbo a este asunto antes de que las urgencias parroquianas se conviertan en un problema de salud pública y tenga uno que caminar por las banquetas del centro con el tiento de quien va por un camino minado, cuidándose de no pisar una caca.

¡Guácala!

II

Otro asunto que también está para aflojar el estómago pero por diferentes motivos, es el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las fuerzas armadas puedan realizar detenciones de presuntos criminales en territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades policiales, siempre y cuando se haga conforme a la ley.

Los mexicanos sabemos bien lo que “conforme a la ley” significa en México, sobre todo tratándose de policías y militares.

La CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en junio de 2019 cuando todavía firmaba como ombudsman Luis Raúl González Pérez, reclamando la invalidez del artículo 19 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y señaladamente del quinto transitorio de esa misma ley.

Dicho artículo alude a la obligación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de dar aviso inmediatamente a la autoridad policial de las detenciones, pero el quinto transitorio establece que cuando la fuerza armada permanente realice tareas de seguridad pública (como ya ocurre) estará sujeta a lo dispuesto en la presente ley; “en este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19”.

Esto desde luego es materia de un intenso debate jurídico que incluye a la cámara de diputados, a la que desde entonces se acusaba de omisión al no prever las acciones que el personal del RND deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos (hackeo, que por cierto ya ocurrió con el episodio Guacamaya Leaks).

Debates jurídicos aparte, el hecho cierto es que los ministros de la SCJN avalaron por mayoría que las fuerzas armadas registren directamente en el sistema nacional de detenciones las capturas de presuntos delincuentes sin dar aviso previo a las autoridades competentes. Para decirlo llanamente, batearon la queja de la CNDH y al parecer el argumento central tiene que ver más con prevenir hackeos que con el respeto a los derechos humanos.

En un país que cerró el 2022 con más de 109 mil (¡109 mil!) personas desaparecidas, dejar en el aire un tema tan delicado como este no deja de tener reverberaciones políticas, sobre todo por la muy larga historia del papel de las fuerzas armadas en la persecución de ‘criminales’ durante la llamada ‘Guerra Sucia’, que dejó una estela de muertes, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones sobre todo entre jóvenes activistas de izquierda.

Se podrá decir que en tiempos de la cuarta transformación el ejército ya no realiza esas funciones porque es pueblo uniformado, pero para serle franco, yo tendría mis reservas.

Hay que estar muy pendientes de la reacción de la CNDH después de esta ‘bateada’. Se debería dar por descontada una inconformidad considerando que la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra tiene motivos fundados, personales, familiares, políticos para impugnar algo así, toda vez que su hermano fue víctima de desaparición forzada precisamente en aquellos años de la ‘Guerra Sucia’.

Su madre, Rosario Ibarra de Piedra nació a la vida política buscando a su hijo desaparecido, fundó la organización Eureka, acaso el antecedente de lo que hoy son los grupos de madres buscadoras y murió sin conocer la verdad de lo que sucedió con su hijo.

Pero también, considerando que la señora Piedra (la hija) se ha mostrado más bien blandengue y omisa en otros casos de violación de derechos humanos, sobre todo cuando involucran a los poderes del Estado, no hay muchas esperanzas.

Veremos qué opinan las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos tanto en el país como en el plano internacional.

Por hoy aquí la dejamos.

Por Arturo Soto Munguía

Alfonso Durazo es el matador de mitos. Las lenguas viperinas tejieron cualquier cantidad de ellos cuando vieron que pasaba el tiempo y el gobernador de Sonora le abría las puertas y les garantizaba el foro y el aplauso a las ‘corcholatas’ del presidente, incluyendo a Ricardo Monreal ‘El hijo desobediente’, pero nada se sabía de la recepción que le daría a Marcelo Ebrard.

Y es que por allí hay una historia de viejos agravios reales o inventados, vaya usted a saber, entre ambos personajes desde hace casi 30 años, que más adelante les recordaremos.

Pero la corcholata que aún no visitaba Sonora tendrá un inmejorable marco para venir a promover su precandidatura, justo cuando los vientos no soplan del todo bien a favor de la señora Claudia Sheinbaum que ya no siente lo duro sino lo tupido.

Así es. En el mero día de La Candelaria, el canciller Marcelo Ebrard estará en Sonora para encabezar un encuentro con 87 embajadores de países con los que México mantiene relaciones diplomáticas y la agenda no es en modo alguno, irrelevante.

Acompañado del gobernador Alfonso Durazo, Ebrard Casaubón estará en Puerto Peñasco para mostrar al mundo los avances en la construcción de la planta fotovoltaica que se construye en la esquina noroeste de la patria y que constituye junto con otros proyectos, la vanguardia de la política nacional en materia de energías limpias.

El anuncio lo hizo ayer el propio gobernador, quien explicó que a los diplomáticos extranjeros se les expondrá el Plan Sonora de Energías Sostenibles, un ambicioso proyecto que nació en esta entidad pero que fue adoptado por el gobierno federal para replicar su modelo en otras regiones del país.

Nada más la planta solar de Puerto Peñasco está proyectada para que en una década produzca el 40 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, pero el Plan incluye otros componentes no menos importantes, a saber: la planta de licuefacción de gas en Guaymas y la modernización de ese puerto; la explotación del litio en el yacimiento de Bacadéhuachi, entre otros.

Y es que al presidente López Obrador se le ha cuestionado lo que parece ser una predilección por las energías no renovables, pero en justicia, esos cuestionamientos no consideran lo que está ocurriendo en Sonora, donde se trabaja para consolidar un ecosistema de energías limpias fincado en las ventajas competitivas del estado.

El sol del desierto de Altar, la salida desde Guaymas a la Cuenca del Pacífico, su condición de frontera con Estados Unidos, uno de los mayores yacimientos de litio en el mundo y entre otras cosas, el talento humano forjado en las universidades del estado, que permitirá aportar más de cinco mil ingenieros e ingenieras a los planes de producción de semiconductores que ya están en marcha con capital estadunidense en la región Sonora-Arizona.

Bien vistas las cosas, el foro que tendrá Marcelo Ebrard en Sonora el próximo 2 de febrero no será el de una conferencia tipo Adán Augusto sobre los efectos de la cruza de pingüinos sudafricanos y xoloizcuintles de Azcapotzalco en la gobernabilidad mexicana, o una videoconferencia de Claudia Sheinbaum sobre sus exitosas políticas públicas en la Ciudad de México que en sus primeros tres años de gobierno provocaron, junto con la impericia política, la derrota electoral en más de la mitad de las alcaldías capitalinas.

Pero bueno, no es la intención de esta columna amarrar navajas innecesariamente, aunque sí resaltar que el ‘Carnal Marcelo’ estará por esos días en el ojo del mundo promoviendo esa otra parte de la política energética mexicana que no tiene que ver con los combustibles fósiles, sino con las energías limpias, un tema prioritario en la agenda de las naciones.

Lo cierto es que si algunos amarranavajas, esos sí profesionales hablaban de que Marcelo Ebrard no tendría una buena recepción en Sonora, habida cuenta las diferencias históricas remitidas a aquellos tiempos aciagos en que Durazo era para Luis Donaldo Colosio lo que Ebrard era para Manuel Camacho Solís, van a tener que tragar gordo porque el foro que tendrá en Sonora el canciller será el de mayor relevancia de cuantos se han organizado hasta ahora, para Claudia o para Adán Augusto.

Un par de semanas después, el 19 de febrero el propio presidente López Obrador estará en Sonora para reunirse con representantes de la empresa china Ganfeng para negociar los términos de la explotación del litio en el estado, que a partir de la reforma del año pasado correrá a cargo de la paraestatal LitioMX.

II

Otro de los temas importantes en la mañanera de ayer del gobernador Durazo fue la inversión del gobierno federal por 350 millones de pesos, ya comprometida para renovar totalmente la carretera 36 desde el entronque con la que va de Hermosillo a Bahía de Kino, hasta Puerto Libertad.

Esta vía se construyó en el sexenio de Eduardo Bours y es un corredor que bordea la costa del Mar de Cortés cruzando el desierto y conectando a Hermosillo con Puerto Peñasco y la frontera noroeste, una región de gran potencial turístico y productivo. Este proyecto incluye obras complementarias como el trayecto de Bahía Kino a Punta Chueca y de allí a El Desemboque, en la región seri.

III

Y a propósito de territorio seri, aproveché la oportunidad para preguntar al gobernador sobre una propuesta que ha estado en la mesa de discusión, entre varias que se han planteado para despejar el camino del conflicto interno y abrir la brecha de la pacificación en la tribu.

Me refiero a la posibilidad de que el gobierno cancele la expedición de permisos de caza, tema que al parecer el gobernador trae ya muy bien valorado porque de entrada consideró que no esa medida no es necesaria, aunque precisó, está abierto a trabajar y dialogar con absoluto respeto a los usos y costumbres y a la autonomía del pueblo seri, en cualquier medida que ayude a que los grupos en disputa moderen su beligerancia.

Tanto el gobernador como el secretario de Gobierno han dado puntual seguimiento a los hechos en territorio seri, conocen a sus protagonistas y en el caso de Álvaro Bracamonte, ya ha tenido varias reuniones con Enrique Robles, el depuesto presidente del Consejo de Ancianos y promotor de una especie de ‘golpe de Estado étnico’ en el que nombró a Moisés Méndez como gobernador, pero sin tener el consenso de las autoridades tradicionales ni de la mayoría en las dos comunidades donde se asienta la etnia: Punta Chueca y El Desemboque.

Lo relevante del caso es que el gobernador Durazo rechazó la idea de cancelar la expedición de permisos de caza, consciente de que eso representa la principal fuente de ingresos en efectivo para la etnia (más de un millón de dólares por temporada), motivo por el cual también los seris no aceptaron la propuesta del presidente López Obrador para abandonar la explotación de la actividad cinegética controlada y sustituirla por tours fotográficos.

El problema reside, y eso también lo reconoció Durazo Montaño, en la distribución de los recursos obtenidos por los permisos de caza. Son más de veinte millones de pesos que desatan las ambiciones en algunos personajes de la tribu y de allí se derivan los conflictos.

En el caso de los comca’ac el conflicto no ha escalado de la forma en que se manifiesta entre los yaquis y el Plan de Justicia para la Etnia Seri afortunadamente sigue corriendo conforme a lo planeado y ya se instalaron dos plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a las comunidades, una de ellas alimentada con energía solar; se están construyendo viviendas y arreglando el camino desde Punta Chueca hasta El Desemboque.

No es de asfalto porque así lo decidieron ellos, pero se construyeron los puentes que evitarán en lo sucesivo que los arroyos se lleven el camino en temporada de lluvias, dejando incomunicadas las dos poblaciones.

En un par de semanas se entregarán también varios binomios (lanchas y motor fuera de bordo) para habilitar la actividad pesquera.

Por Arturo Soto Munguía

“Llegaron muy alterados. Se le echaron encima a mi hija, la golpearon y le robaron su teléfono celular; cuando intenté quitárselos de encima, uno de ellos me jaló de las greñas y me ‘pescueceó’ como gallina. A mi hermano lo golpearon, no sé si con un bat o con un machete, pero le abrieron la cabeza”.

Es el testimonio de Joel Barnett, que ayer presidiría la asamblea de los pueblos de Punta Chueca y Desemboque para ratificar su condición de gobernador, presidente de Bienes Comunales de la Isla del Tiburón y titular de la Unidad de Manejo Ambiental de la isla más grande de México.

Y cuando alude a sus atacantes se refiere a Enrique Robles y Moisés Méndez. El primero de ellos fue destituido como presidente del Consejo de Ancianos pero en un desplante organizó una asamblea en la que nombró como gobernador a Moisés Méndez, un tipo que se presume sacerdote y chamán, pero de cuestionada reputación en la etnia.

El trasfondo del conflicto no es solo de gobernabilidad interna en la tribu. También tiene que ver con la disputa por considerables cantidades de dinero que el gobernador tradicional administra y cuyo origen es la comercialización de los permisos de caza de borrego cimarrón (que llegan a costar hasta 45 mil dólares) y de venado bura, dos especies muy cotizadas entre cazadores norteamericanos, que además se gastan pequeñas fortunas en la taxidermia y exportación de los trofeos (cabezas de los animales).

El conflicto se venía incubando desde hace mucho, pero escaló el año pasado cuando comenzó la gestión de los permisos de caza, y se cruzó además con las millonarias sumas de dinero que el gobierno federal destina a la tribu como parte del Plan de Justicia para la misma, aunque Joel Barnett asegura que eso no es cierto, pues tales recursos llegan al banco y desde allí mismo se dispersan entre constructores y proveedores de bienes y servicios relacionados con dicho plan.

Ayer todo estaba preparado para finiquitar el tema de la legitimidad del mandato de Joel Barnett, pero llegaron Enrique Robles y Moisés Méndez acompañados de unas diez personas más y la emprendieron a golpes contra la vicepresidenta del Consejo de Ancianos, Mirna Herrera Astorga y la hija del gobernador, Salma Noelia. La zacapela fue grande porque allí estaban reunidos comuneros de Punta Chueca y El Desemboque, los dos pueblos seris.

Algunos integrantes del Consejo de Ancianos sacaron rifles con los que hicieron disparos al aire para disuadir a los agresores. No hubo heridos de bala, pero sí hombres y mujeres con diversas lesiones. El propio gobernador recibió golpes y arañazos. Un hijo de Enrique Robles fue el que “me ‘pescueceó’ como gallina”, dice.

No hubo consecuencias mayores porque en el lugar había elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, aunque evidentemente no intervinieron pues no hay hasta ahora ni un detenido.

Por esos motivos, ayer por la noche Joel Barnett viajó a Hermosillo para presentar una denuncia en la Fiscalía estatal contra Enrique Robles y Moisés Méndez.

Barnett asegura que ha tenido pláticas con el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte y el subsecretario Martín Vélez, y ellos le han manifestado el reconocimiento como autoridad tradicional de la etnia seri, que está metida en un verdadero conflicto interno en el que aparecen como telón de fondo intereses no del todo claros, como los de Dora Alicia Moreno Méndez, funcionaria del gobierno del estado en Sedesson y “que nunca ha gestionado beneficios para la comunidad, pero apoya y trabaja al lado de Enrique Robles y Moisés Méndez”, de acuerdo con Joel Barnett.

El tema se complica porque dentro de unos meses, en julio próximo habrá de elegirse un nuevo gobernador en la etnia y hay por lo menos tres aspirantes a ese cargo, pero sobre todo, hay un contexto de conflicto en el que ya salieron a relucir armas y apareció sangre.

Cuidado.

II

El pasado viernes en el Hospital Infantil del Estado se develó una escultura en honor al niño Ismael Mondragón, como parte del acuerdo amistoso de reparación que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los progenitores del menor y el Estado Mexicano.

El evento fue organizado por el gobierno federal y presidido por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fue un evento emotivo y lleno de desagravios, especialmente para el padre y la madre de Ismael, quien perdió la vida el 15 de diciembre de 2024 tras una intervención quirúrgica realizada por un médico no especialista en el caso y en la que no se utilizaron ni el instrumental ni las técnicas adecuadas.

El evento generó muchas reacciones, unas de solidaridad con la familia a quien la CIDH otorgó medidas de satisfacción acordadas con los padres del menor, erigiendo este memorial en su honor que busca visibilizar el caso para no repetirlo; otras llamando la atención sobre lo lúgubre que resulta para los familiares de pacientes de ese hospital, saber que allí se cometió una fatal negligencia médica.

Debates aparte, la que pasó desapercibida fue la presencia del contralor del estado, Guillermo Noriega Esparza, quien mantuvo un perfil discreto en el evento y ni siquiera apareció a la hora de las menciones.

Pero al final, llamó la atención el fuerte abrazo entre el padre de Ismael, Edgar Mondragón y Guillermo Noriega. Una colega preguntó que si se conocían, y el papá del niño recordó que hace años, el ahora contralor escuchó su testimonio en un café y allí mismo sacó su laptop de la mochila y comenzó a redactar la que sería la primera demanda que “El Memo” presentara ante la CIDH.

Esto fue hace unos quince años.

Al “Memo” ni lo mencionaron en el evento, pero fue el que inició el litigio para el acuerdo entre el estado y la familia agraviada para que la memoria social mantenga presente las cosas que no deben repetirse nunca más.

III

Y ya que andamos con temas de familia, ayer fue el último día de operaciones de la pista de hielo instalada en el parque infantil de Hermosillo por parte del DIF Sonora.

Nos dimos una vuelta por el lugar y después del mediodía pudimos constatar el acierto de esta amenidad a la que acudieron cientos de familias para probar sus aptitudes y destrezas en el patinaje sobre hielo, algo que difícilmente los habitantes de este desierto llamado Sonora podríamos disfrutar a menos que el cambio climático se ponga muy radical y en una de esas termine convirtiendo el estado en Dinamarca.

Mientras esperamos a que eso suceda, la directora del DIF, Lorenia Valles gestionó una edición más de esta pista de hielo en la que miles de hermosillenses sacaron a la Anna Shcherbakova que llevan dentro y le entraron con fe a la patinada, aunque la mayoría parecían becerritos recién paridos y no faltó quién azotara de nalgas contra la helada pista.

Eso sí, el evento fue una fiesta pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia me convencieron de calzarme los patines. Es que ya no hay refacciones para andar haciéndole al ensarapado, pues.

Por Arturo Soto Munguía

Leo, no sin cierto dejo de tristeza y maligno divertimiento, que un grupo de jóvenes secundarianos en la Ciudad de México mezclaron varias pastillas de Clonazepam, un medicamento generalmente utilizado para calmar la ansiedad y conocido en los relatos de nota roja por su nombre comercial: Rivotril. Ocho de ellos fueron hospitalizados para atender la intoxicación que se provocaron.

Los muchachos no tenían problemas (aparentemente), sino que la ingesta fue parte de un ‘reto viral’ que básicamente consiste en tomar esa droga mezclada en agua y demostrar la mayor resistencia. Es decir, el último que se duerme, gana el reto.

Hace poco vi un video sumamente violento en el que dos jóvenes caminan por la banqueta detrás de un anciano indigente. Uno de ellos lo alcanza y le propina un terrible ‘sabanazo’ en la cara que tumba al señor de espaldas mientras el muchacho se aleja saltando eufórico como si hubiese metido un gol de chilena, se hubiera sacado la lotería o ganado un premio Nobel.

No. Solo se trataba de otro reto viral, que desde luego tiene que ser videograbado para después compartirlo en redes sociales, Tik Tok o Instagram, las más frecuentes.

Hemos sabido también de otros retos virales, como el de La Ballena Azul, que llevaba a los jóvenes a realizar 50 tareas en 50 días. La última de ellas era suicidarse. Hubo varios casos en varios países.

En plena pandemia, una ‘influencer’ lanzó el reto de lamer un excusado, acaso para probar su inmunidad a cualquier virus o bacteria.

Como en otros casos, esta generación de jóvenes suponen que están descubriendo algo nuevo, pero si hubieran visto La Naranja Mecánica sabrían que esos desplantes para probar valor, arrojo, resistencia o quién sabe qué, ya los tenía aquella banda de destrampados que hacían de la violencia, el sexo, el asesinato, el robo y otras barbaridades sus propios retos, con la diferencia de que entonces no traían un teléfono inteligente para grabarse ni la compulsión por ganar likes.

El tema es materia de estudio para los profesionales de la siquiatría, la sicología y la sociología, al menos. Y aunque los casos no son generalizados ni se encuentran muy extendidos, no deja de ser un foco rojo en el tablero de una sociedad que asumen distópica y quizás no estén tan equivocados en ese punto.

Hay otro reto viral que ha cobrado vidas y que consiste en provocarse la asfixia hasta perder el conocimiento.

El hecho cierto es que los muchachos están poniendo en riesgo su salud y sus vidas y estos retos no se parecen ni cercanamente a los que poblaban las ínfulas de machos alfa en nuestros años mozos, como acabarse una caguama de un trago o ver quién los llegaba más lejos. Frente a lo que hoy sucede, estas baladronadas vienen siendo literalmente cosas de niños.

Lo más disruptivo que se hacía en aquellos años era quizás dejarse crecer el cabello, hacerse un tatuaje y, cuando los padres lo cuestionaban, la respuesta clásica es que esa era la moda.

En el caso particular de mi madre, cuando le daba esa respuesta solía decir: “pues a ver cuándo llega la moda de traer un olote en el fundillo y que gane el que se meta el más grande”.

Obviamente ese reto viral aún no ha llegado, pero a fe mía que, visto el rumbo que están tomando esa clase de retos, resultaría menos peligroso que los actuales. Más incómodo, supongo, pero menos peligroso.

II

Buenas noticias para los derechohabientes del Isssteson. El gobernador Alfonso Durazo anunció ayer la compra de medicamentos por un monto de 350 millones de pesos, que garantizarán “el abasto oportuno, al cien por ciento durante todo el año”.

En un recorrido de supervisión por el almacén de medicamentos y acompañado por el director de esa institución, Froylán Gámez Gamboa, el mandatario dijo que a la fecha, se cuenta con un abasto de 80 por ciento y un alcance de 92 por ciento de recetas surtidas, mientras que el restante ocho por ciento se subroga.

“No vamos a patear este bote hacia el próximo sexenio, vamos a meterle mano a fondo”, dijo.

III

Brevísimo encuentro de pasillo con la hoy secretaria de Economía del gobierno estatal, Margarita Vélez de la Rocha que andaba a las carreras con los trámites de licencia como diputada local, lo que será oficializado el próximo martes.

Le preguntamos sobre las ideas que traía para su nuevo encargo y nos dijo que son básicamente dos: mucha desregulación para promover y fomentar la creación de nuevas empresas desde las micro hasta las grandes, y mucha coordinación con las cámaras empresariales.

Me llamó la atención este último punto, pues revela -sin que esa haya sido su intención- algo que ya se intuía a partir de algunas declaraciones de liderazgos en el sector empresarial sobre la falta de comunicación con el anterior secretario de Economía, Armnado Villa Orduño, que por cierto no queda en el desamparo nominal, pues asumirá la titularidad de la Comisión de Vivienda del Estado.

En esa dependencia despachaba Antonio ‘Tony’ Gallardo, quien pasa a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones que tutelaba José Pablo Rubio Fierros, de quien desconocemos el origen y con mayor razón el destino.

Por cierto, Margarita Vélez se lleva con ella a su principal asesor en las labores políticas y legislativas, Jesús Grijalva Monteverde, mejor conocido en las luchas históricas de la izquierda sonorense como ‘El Piuy’, a quien recordamos por muchas cosas, entre otras por su gestión al frente de la Universidad Obrera de México aquí en Hermosillo.

De aquel espacio para la deliberación y la organización de las luchas sindicales y estudiantiles, ‘El Piuy’ pasará ahora a las grandes ligas de la promoción económica estatal, con todo lo que eso implica en materia de atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

Tampoco es extraño. Antes de incursionar en el sector empresarial, Margarita Vélez hizo sus pininos en la política como activista en aquellos del legendario Consejo Estudiantil del Cbtis 37 en Ciudad Obregón, donde en algún momento nos tocó coincidir.

Suerte a ambos.

Por Arturo Soto Munguía

La autoridad portuaria del condado de Santa Cruz en Nogales, Arizona propuso al gobierno mexicano la reubicación del punto de revisión carretera ubicado a la altura de Querobabi, cien kilómetros al norte de Hermosillo.

En un documento dirigido al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, los norteamericanos se quejan de la interrupción hasta por diez horas del flujo de mercancías con destino a EEUU, del maltrato de las mismas (especialmente alimentos) y la obsolescencia del punto de inspección militar, creado hace 20 años bajo condiciones muy distintas a las actuales, considerando además que en ese lapso tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano han invertido grandes cantidades en modernización de los equipos tecnológicos para agilizar el cruce de camiones, particularmente en la garita Mariposa.

Destacan que el gobierno mexicano ha invertido más de mil 800 millones de dólares para modernizar la carretera federal 15, haciéndola una de las más seguras, costeables y eficientes “Pero todas las ventajas de esas inversiones se pierden si la inspección militar sigue parando todos los camiones, deteniéndolos por horas”. A diferencia de corredores en otros estados mexicanos, donde hay puntos de inspección temporales, el de Sonora es el único que tiene una instalación física permanente, en demérito de la competitividad.

“En el espíritu de promoción de seguridad de nuestro corredor, proponemos que el gobierno mexicano considere la reubicación de esas instalaciones hacia una ubicación más cercana en la frontera, tal vez adjunto a las instalaciones de Aduana que se encuentran en el kilómetro 13 al sur de la frontera de Mariposa”, dicen en el comunicado y sugieren que México destine más recursos para inspeccionar la mercancía que se dirige hacia el sur.

Y concluyen manifestándose dispuestos al diálogo con el gobierno de Sonora y con la Sedena para identificar oportunidades de mejoramiento.

El documento es firmado por Jaime Chamberlain y tiene copia para la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs; al embajador de EEUU en México, Ken Salazar; al embajador mexicano Esteban Moctezuma; a John Halikowsky, secretario del Departamento del Transporte en Arizona, entre otros.

Entendemos que la reubicación del retén militar no es un tema que caiga en el ámbito de las facultades del gobernador y en todo caso es el gobierno federal el que debería tomar cartas en el asunto, pero podría escalar en los próximos días. Estaremos pendientes.

II

Así como terminó el 2022, el alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán comenzó el 2023: trabajando en mejorar las vialidades de una ciudad que hace algunos meses no hacía albergar muchas esperanzas de que regresara al menos a los niveles que tenía antes de las lluvias del año pasado que la dejaron para el arrastre.

Ayer anunció un paquete de 16 cruceros a rehabilitar con concreto hidráulico, siendo el primero de ellos el de bulevar Xólotl y Emiliano Zapata; en conjunto se invertirán en estas obras un total de 30 millones de pesos. Este crucero es el más grande del paquete y esa sola obra se llevará un tercio de la inversión, ya que se incluyen trabajos de reposición de tuberías para evitar fugas de agua y drenaje, y por lo tanto, el surgimiento de nuevos baches.

Son tres mil 400 metros cuadrados de concreto hidráulico los que se cubrirán allí, beneficiando a los residentes del sector sur de la ciudad.

La verdad es que ya se nota un cambio en distintos sectores de la mancha urbana, especialmente en el norte donde al inicio de esta semana entregó seis avenidas completamente pavimentadas con concreto hidráulico en la colonia Insurgentes. Se dice fácil, pero estas rúas eran verdaderos arroyos pedregosos e intransitables y así estaban desde hace 40 años. Aquí se aplicaron más de 20 millones de pesos.

Sin duda está dando resultados la política de ahorros que ha implementado el alcalde, y la eficiente y planificada aplicación de los recursos.

III

Después de un paso con más pena que gloria por la secretaría de Economía, Armando Villa Orduño fue bajado del mesón del duracismo y ayer el gobernador confirmó las versiones que circularon profusamente desde el pasado fin de semana: entra al relevo la diputada cajemense Margarita Vélez de la Rocha.

De Villa Orduño es poco lo que se puede decir, ya que su gestión en la secretaría de Economía pasó más desapercibida que el trabajo de l@s diputad@s federales, que ya es decir mucho.

La última vez que apareció públicamente fue en una ‘mañanera’ del gobernador hará un par de meses, para anunciar una serie de apoyos para fomentar la creación de pequeñas cooperativas en los pueblos de la sierra, el Río Sonora y algunas comunidades rurales del sur del estado.

Asociaciones de pequeños productores que buscarían agregar valor a sus cosechas de chiltepín, vegetales, frutas y dulces, que ciertamente son importantes para reactivar sus economías, pero distan mucho de representar proyectos que posicionen al estado en la competencia por el gran mercado y los nichos de inversión global.

Vélez de la Rocha llego al Congreso del Estado al encabezar la lista de plurinominales. Tampoco tiene un currículum notable en los grandes temas económicos, pero acredita cierta experiencia en el sector empresarial. Tiene, eso sí, una buena ascendencia en el proyecto de la 4T que encabeza Alfonso Durazo en Sonora y su compromiso con el mismo está fuera de toda duda.

Veremos cómo se desempeña frente a lo que viene en materia de desarrollo económico de estado a partir de los megaproyectos reiteradamente anunciados, sobre todo el que anticipó el martes el gobernador relacionados con la expansión de la industria aeroespacial que este año incrementará su planta laboral en 15 mil plazas.

La planta Ford, por ejemplo, contratará mil cien empelados para la producción de la camioneta Bronco y el pick up Maverick, y por cada empleo directo que genera Ford, se contratan otros seis de proveedores y se generan otros cinco indirectos lo que podría sumar hasta 13 mil fuentes de trabajo.

La empresa BD Medical abrirá 900 plazas en septiembre; Latecoere, 400 y Black and Decker otras 800.

No hay que perder de vista tampoco que está en desarrollo un centro binacional entre Conacyt y la Universidad de Arizona para el desarrollo de semiconductores. Es decir, vienen grandes cosas para el estado y en ellas le tocará jugar un rol protagónico a la ex diputada.

Por cierto, en su lugar llegará al Congreso Griselda Ilian López Martínez, quien se venía desempeñando como comisionada de Atención a los Pueblos Indígenas.

Otro cambio anunciado ayer por el gobernador fue el de Adriel Córdoba Pimentel como secretario de la Consejería Jurídica, cargo que había quedado acéfalo al nombrar a su extitular, Adolfo Salazar Razo como jefe de la Oficina del Ejecutivo. Córdoba Pimentel ocupaba la subdirección de Pensiones, Prestaciones y Jubilaciones del Isssteson.

Por Arturo Soto Munguía

Esas no fueron textualmente sus palabras, pero en la rueda de prensa de ayer, el gobernador Alfonso Durazo pintó su raya respecto a la administración más corrupta de la que se tenga memoria en los últimos 32 años.

Y todo fue a propósito de un tema que, en el desierto que es Sonora está llamado a ser la madre de todos los conflictos: el agua.

Todavía no alcanza siquiera rango de proyecto y el acueducto Oviachic-Ciudad Obregón ya anegó el fértil campo del debate público.

Desde Cajeme, Alberto Vizcarra, vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua, una organización protagonista indiscutible de la lucha en las calles y en los tribunales contra el Acueducto Independencia que a sangre y fuego hizo construir Guillermo Padrés para trasvasar (ilegalmente) agua de la cuenca del Río Yaqui a la del Río Sonora, levantó la voz para oponerse a lo que hoy aparece solo como una propuesta para evitar el desperdicio por filtración y evaporación en el ‘rodado’ de agua desde el Oviachic hasta la cabecera municipal de Cajeme.

*Agua rodada: la que viaja impulsada por la fuerza de gravedad. En el caso del Valle del Yaqui, a través de canales, la mayoría de tierra (N de la R).

La inquietud le fue planteada al gobernador Alfonso Durazo durante su rueda de prensa semanal ayer, por la colega y amiga Rosa Lilia Torres, que inopinadamente le arrimó la lámina al mandatario estatal clavándole una banderilla al preguntarle cuál era la diferencia entre su gobierno y el del bandidazazazazazo de Padrés.

Obviamente el gobernador acusó el golpe y respondió con un “¿Qué pasó?, hasta la pregunta ofende, jovencita”, para luego explicar que no hay punto de comparación ni entre las dos administraciones aludidas ni entre los proyectos en discusión.

En el primer caso expuso que la principal diferencia es la transparencia, el poner todas las cartas sobre la mesa y la inexistencia de intereses personales en la obra pública, así como el consenso sobre las mismas.

Y en el segundo, apuntó que el acueducto Oviachic-Obregón es apenas una propuesta, que no se cuenta con los recursos para echarlo a andar, pero que si los tuviera y los cajemenses no estuvieran de acuerdo, pues simplemente no se construye y se aplican los recursos en otras obras hídricas que también son muy necesarias, como el acueducto de la presa Pilares a Navojoa, donde actualmente también el agua se traslada a través de canales, arrastrando consigo una gran cantidad de minerales como el manganeso, nocivo para la salud de los navojoenses.

La escena me transportó un poco a aquellos años finales de la década de los 90 cuando el gobernador Armando López Nogales (PRI) estuvo a punto de echar a andar un proyecto para desalinizar agua de la costa de Hermosillo y llevarla a la capital a través de un acueducto, proyecto al cual se opuso con fiereza el alcalde Francisco Búrquez Valenzuela (PAN) hasta que consiguió detenerlo.

La remembranza es válida porque de haberse concretado ese acueducto, Hermosillo estaría siendo abastecido hoy en día por esa fuente prácticamente inagotable que es el mar, se habrían evitado todos los conflictos políticos y sociales (y el carnaval de corrupción y enriquecimientos explicables) que generó el Acueducto Independencia años después.

Además, de acuerdo con aquel proyecto, la obra concesionada por 20 años a la empresa constructora no le hubiera costado al erario y para estas fechas estaría funcionando ya bajo la administración estatal. La de broncas que nos hubiéramos ahorrado.

Tendría que reconocerse que López Nogales, a quien se le pueden cuestionar muchas cosas, mostró una faceta visionaria muy en boga hoy en día que implica gestionar nuevas fuentes de abastecimiento para las ciudades: producir más agua potable y dejar de repartir la de cuencas deficitarias como sigue ocurriendo hoy en día sin resolver de fondo el problema de abasto y al contrario, generando problemas en uno y otro lado.

En aquel entonces, recuerdo que una fuente del ayuntamiento de Hermosillo que presidía Pancho Búrquez me confió que éste presumía ante sus cercanos que la propuesta de López Nogales era muy buena, pero implicaba mucho dinero ‘que se robarían los priistas’ y que en todo caso cuando él (Pancho Búrquez) fuera gobernador (como eran sus pretensiones) la llevaría a cabo.

Traducción libre: Me opongo a la desalinizadora porque los priistas se quieren robar miles de millones de pesos que costará la obra, pero si soy gobernador la voy a realizar porque nosotros, los panistas, no nos robamos ni un cinco.

*Risas grabadas*

Finalmente no ocurrió ni una cosa ni la otra.

Afortunadamente Pancho Búrquez con toda su mediocridad política a cuestas ni siquiera fue candidato del PAN a la gubernatura y terminó en el ostracismo, y desafortunadamente no se construyó la desalinizadora en la costa de Hermosillo que, a 25 años de distancia naufragó en el agitado mar de las grillas políticas.

Si al gobernador Durazo le molestó (con sobrada razón) que lo compararan con Guillermo Padrés, espero que no se asemeje al de López Nogales y en un desplante tire por la borda una propuesta que debería ser suficientemente socializada con los cajemenses para convencerlos de su viabilidad técnica y financiera, pero sobre todo de los beneficios para la comunidad de la cabecera municipal y del valle del Yaqui.

Por lo demás, sería una pena que, en un contexto en el que los recursos públicos y privados para obras de infraestructura son más bien escasos, el acueducto Oviachic-Obregón tuviera el mismo fin que la desalinizadora en la costa de Hermosillo, por razones eminentemente políticas.

En ese sentido también tiene razón el gobernador Durazo: si los cajemenses no quieren esa obra, pues mucho y bueno. Habrá otras comunidades (la del mayo, citada como ejemplo por el propio mandatario) que vería con mejores ojos una millonaria inversión en el acueducto Pilares-Navojoa.

II

Lo cierto es que en un estado donde definir el agua como vital deja de ser un pleonasmo, el tema está causando nuevamente polémica.

No solo es Guaymas, donde además de vital el agua (y su gestión) es un negocio propicio para el saqueo histórico y donde una empresa, Eroagua fue contratada para la fiscalización y el cobro a grandes deudores por el organismo operador (que en el caso de Guaymas-Empalme es la CEA), pero en esa gestión cobró carretadas de dinero por comisión y además dejó la víbora chillando porque violando los protocolos suspendió el servicio (sin tener facultades) a varias empresas, sobre todo desarrolladoras urbanas que hoy tienen demandada a la paraestatal.

Esa misma empresa, Eroagua fue contratada en Cajeme durante la administración municipal anterior, y la historia se repitió. Con el agregado de que hoy, una vez que el contrato con el organismo operador de agua venció el 31 de diciembre pasado, pretende que le renueven el contrato utilizando lo que el propio alcalde Javier Lamarque llamó un chantaje.

Pero toparon en pared. Lamarque Cano se fajó y se sostuvo en que los servicios que presta esa empresa (con negros antecedentes en otros municipios) son prescindibles y que el organismo operador se puede hacer cargo de los trabajos que venía realizando, como en Guaymas, violando los protocolos, recibiendo grandes cantidades de dinero público pero dejando a los gobiernos municipales con un costal de litigios por sus procedimientos irregulares.

El alcalde de Cajeme reconoció que en su momento los servicios de la empresa permitieron recuperar 42 millones de pesos no facturados, por los cuales Eroagua cobró más de diez millones de pesos. Pero su contrato venció el 31 de diciembre y ya no se va a renovar.

“Hasta el momento fueron 102 empresas detectadas como irregulares. 20 de ellas cubrieron sus adeudos, cuatro fueron canceladas, 57 quedaron pendientes y 12 se ampararon, pero ninguna quedará exenta de pago y si incumplen se les suspenderá el servicio hasta que regularicen su situación”, informó el alcalde de Cajeme.

Como sea, a Eroagua se le acabó el contrato en Cajeme, como se le terminó en otros ayuntamientos donde lo único que ha dejado es una estela de litigios y conflictos y, por qué no decirlo, una larga estela de presunciones de saqueo y corrupción.

Por Arturo Soto Munguía

Apenas ayer reiterábamos que nada de lo que suceda a partir de este año en el ámbito de lo público puede leerse si no es en el contexto preelectoral que ya se respira por todas partes.

Así como la dirigencia nacional de Morena pidió a sus gobernadores acoger a los cuatro aspirantes presidenciales en no tan encubierta precampaña, acá el gobernador sabe que también necesita ‘placear’ a sus fichas, abrirles el foro y los micrófonos para no perder el contacto ciudadano y mantenerlos en el ánimo de los votantes, para ver quiénes levantan más a la hora de las encuestas de conocimiento.

Ayer por ejemplo, nomás le faltó llevarse a la populosa colonia La Cholla a Juanita, Canelo y Lupito, los tres perritos recuperados en Bavispe y traídos a Hermosillo que ya desparasitados, vacunados, bañados y bien alimentados están listos para la adopción de alguna familia responsable que, bajo ciertas condiciones se hagan cargo de su crianza. (Informes al 662 473 1977).

El mandatario acudió a entregar la rehabilitación del parque El Chanate en esa colonia y el parque Los Yaquis en Los Arroyos, donde viven unos diez mil hermosillenses y a quienes acudieron recordó que este año se ejercerá el presupuesto social más grande de la historia, con más de 3 mil 500 millones de pesos para programas sociales. Y 45 mil millones de pesos si se suman los programas relativos a Salud, Educación y Seguridad.

El momento desde luego fue propicio para ‘placear’ a varios y varias de quienes muy probablemente veamos en las boletas electorales el próximo año: en primera fila, la directora del DIF, Lorenia Valles Sampedro y el jefe de la Oficina del Ejecutivo, quien desde que asumió el cargo no deja sentido ni un evento, sea la conferencia semanal o una piñata en el parque infantil, Adolfo Salazar Razo.

Andaban por allí también la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, el titular de Cecop, Carlos Zataráin; el del ISIE, Cuauhtémoc Galindo; la secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briseño y el de Infraestructura, Heriberto Aguilar Castillo, otro que ya nomás le falta salir en las cajas de cereal.

Y apenas hacen bien, pues los de enfrente ya andan desde hace rato en abierta promoción de sus propias iniciativas, programas jornadas de información y acercamiento ciudadano, y tampoco es cosa de descuidar la plaza.

Insisto en que parece lejano el día en que arranquen oficialmente las precampañas y luego las campañas, pero cuando menos pensemos ya estarán encima, así que hay que ganarle tiempo al tiempo.

Por lo demás, en la rehabilitación de los parques entregados se invirtieron casi 700 mil pesos y no estuvo de más el llamado a los vecinos para que ayuden a conservarlos, entendiendo que esos espacios ayudan a ofrecer alternativas de esparcimiento, diversión y deporte para los niños y jóvenes del sector. Hasta la fecha se han recuperado 15 parques como parte del programa Barrio Vivo y otros seis como parte de las Jornadas por la Paz; tres más de los planes de justicia para las etnias y seis espacios para atención ciudadana, todo con una inversión de 11.9 millones de pesos.

II

A la luz de los últimos acontecimientos, algo parecen advertir en el horizonte no tan lejano los partidos de oposición, uno de los cuales, el PRI, tuvo ayer un encuentro nacional en el que participaron todos los dirigentes estatales incluyendo desde luego al de Sonora, Rogelio Díaz Brown.

Encabezados por su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas y otros líderes nacionales y legisladores, la nomenklatura priista no desaprovechó la oportunidad para recordar que el sistema de transporte colectivo Metro fue creado y operado por gobiernos tricolores invirtiendo en los mejores ingenieros y utilizando la mejor tecnología del mundo, pero en los 25 años que no gobierna su partido en la capital del país ese sistema ha sido víctima de un “trágico abandono”.

La alusión, obviamente apunta a los incidentes y accidentes que se han registrado en los últimos años y que ya han cobrado 26 víctimas fatales en la Línea 12 y una más en la Línea 3.

Moreno Cárdenas aludió también a las expectativas de la Alianza Va por México y dijo que este año mantendrán las gubernaturas de Coahuila y Estado de México y en 2024 van a ganar la presidencia de la República “porque no podemos permitir que el país se siga cayendo a pedazos”, dijo.

¿Y qué es lo que pudieran estar oteando en ese horizonte cercano?

Pues al menos en Coahuila el hecho de que Morena reventó sus alianzas y va solo. El PVEM lo abandonó y lanzó como candidato a la gubernatura a Lenin Pérez, dirigente de la Unidad Democrática de Coahuila, que en la elección pasada fue también aliado de Morena. Y el PT ni se diga. Lanzó como candidato al exsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja y le competirá a su archirrival, Armando Guadiana. La fragmentación de Morena abre el camino para que el PRI retenga la gubernatura.

En el Estado de México se dará la madre de todas las batallas este año y allí aparece Delfina Gómez como la candidata de Morena que habría de arrebatarle al PRI su hegemonía de 90 años consecutivos sin derrota. Pero la elección no será un día de campo.

Obviamente también están viendo el debilitamiento de la precandidatura presidencial de Claudia Sheinbaum a raíz de los episodios del Metro y ya adelantaron que no soltarán ese tema, como tampoco lo harán con el futuro de la ministra Yasmín Esquivel y lo que ocurra en la SCJN, a cuya presidencia llegó una ministra no afín a López Obrador, que podría cambiar el curso de la historia y el destino de controversias constitucionales importantes que se encuentran en el máximo tribunal, como la electoral, la eléctrica y la de seguridad pública.

Esto cada día se pone más interesante.

III

Y mientras eso sucedía allá en el altiplano, en el ámbito local reportan a Zaira Fernández y Pascual Soto picando piedra en el trabajo de tierra allá por la colonia Altares, de Hermosillo a donde llevaron las jornadas de servicios comunitarios, que incluyen cortes de cabello, servicios jurídicos, gestión de regidores, mercadito del ahorro entre otros.

Vaya, hasta las tijeras agarró Zaira Fernández para tunearles el look a vecinas de esa y otras colonias aledañas. Junto a la regidora Sheila Cirett Carvajal, los llamados ‘priistas inconformes’ asumen que no solo en tiempos electorales hay que acercarse a la comunidad, especialmente en aquellos sectores donde se resiente más la cuesta de enero.

Estas jornadas se repetirán cada fin de semana en diferentes colonias, agregando otros servicios para brindar atención integral a las familias que más lo necesitan. Destacan la asesoría jurídica y la gestión ante autoridades municipales para el pago de servicios, regularización de terrenos, entre otros.