Por Arturo Soto Munguía
Intenso, como se esperaba, el debate sobre el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2023, que pasó por el Congreso como cuchillo en mantequilla, también como se esperaba, gracias a una mayoría afín al gobierno estatal que aplicó la que tantas veces les aplicaron antaño, cuando eran apenas una oposición testimonial.
Ah, las vueltas que da la vida. Ah, el frío plato de la venganza.
Los herederos de aquella izquierda tan ninguneada y marginal que pasó por el multicitado sexenio de 30 años con más penas que glorias son ahora los que imponen condiciones apoyados en una mayoría variopinta en la que conviven personajes y fuerzas que años atrás no imaginaríamos ver juntos; otros que han volado siempre hacia donde sople el viento de las conveniencias coyunturales y otros que difícilmente tienen una idea clara de cómo y para qué llegaron al Congreso, aunque igual sus votos cuentan a la hora del mayoriteo.
Hoy como ayer, al bloque oficial no le interesa tanto el debate como la profesión de fe a la cuarta transformación y a sus líderes totémicos, infalibles, omnisapientes y cuasi divinos. ¿Para qué enzarzarse en discusiones, con la votación ganada de antemano? Juegan de locales, la cancha y el balón son suyos, lo mismo que el graderío.
Argumentos tienen, desde luego. El presupuesto 2023 tiene un rostro social de carácter histórico y permitirá consolidar los grandes proyectos de desarrollo para la entidad, tal y como lo dijo el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño casi a la misma hora en que se estaba discutiendo el paquete fiscal en el Congreso.
45 mil millones de pesos para todos los programas sociales relacionados con la salud y la educación, y 3 mil 500 millones de pesos para los programas de apoyo a la gente. Un presupuesto superior en más de ocho mil millones de pesos respecto al del año que se acaba.
Incrementa de 400 a 500 millones el programa de becas ‘Sonora de Oportunidades’, contempla incrementos salariales y contractuales a policías estatales y contratación de más de 500 elementos, fortalece el sistema de transporte. El presupuesto es austero, responsable y equilibrado.
No todos, desde luego, están de acuerdo con esa versión y así lo hacen saber. Las bancadas del PAN y MC votaron en contra del paquete fiscal. A nombre de la primera, su coordinadora Alejandra López Noriega fundamentó el voto en contra argumentando su desacuerdo con el incremento a la tasa del impuesto a los servicios de hospedaje, el impuesto sobre nómina y el incremento al costo de expedición de placas vehiculares.
La bancada de Movimiento Ciudadano ya había fijado su postura antes de la sesión, en una rueda de prensa en la que adelantaron su voto en contra al considerar que el presupuesto 2023 elimina recursos a sectores estratégicos como el campo y aumenta recursos para el pago de seguros, contratación de asesorías y nómina.
Rosa Elena Trujillo, Natalia Rivera, Jorge Russo y Ernesto de Lucas precisaron que la iniciativa del Ejecutivo contempla además un incremento del 30 por ciento en compra de papelería, 40 por ciento en compra de gasolina, entre otras cosas que lo convierten en un presupuesto inaceptable pues incrementa agresivamente la carga impositiva para los ciudadanos, como argumentó Rivera Grijalva horas después, en la tribuna.
Precisó que el presupuesto contempla un incremento de más de mil millones de pesos en la nómina estatal, lo que viola la Ley de Disciplina Financiera al registrar más del 13% de aumento, cuando ésta determina que no debe pasar del 3%.
Por Morena, subió a defender el voto a favor el diputado Raúl ‘El Pollo’ Castelo quien sostuvo que el presupuesto aprobado es austero, responsable y transparente; atiende las necesidades para el buen funcionamiento del gobierno; fortalece las finanzas públicas, impulsa la inversión social y productiva y respalda el cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo.
Agregó que el presupuesto tiene un incremento del 51 por ciento en los recursos destinados a infraestructura prioritaria que ascenderá a 4 mil 744 millones de pesos, mientras que a política social asistencial se destinarán 5 mil 233 mdp.
En el mismo tenor estuvieron los posicionamientos de sus aliados: PT, PVEM, Nueva Alianza y PES. También hubo un posicionamiento del PRD.
La bancada del PAN abandonó la sesión; la de MC se quedó hasta el final para aguantar a pie firme la mayoriteada.
El PRI no tiene bancada: dos de sus diputadas, Ely Sallard y Karina Zárate se pasaron a la de Morena y otros dos, Natalia Rivera y Ernesto de Lucas se pasaron a las filas naranjas.
Sin embargo, el dirigente estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown calificó de “insensible” el presupuesto aprobado pero no socializado, en el que se le carga la mano a los ciudadanos con incremento de impuestos en beneficio del propio gobierno, dijo.
Destacó que la inversión en infraestructura para los municipios no llega al 2%, mientras que el 87 por ciento de los 8 mil millones de incremento global al presupuesto se va a gasto corriente: “Ciertamente no tenemos diputados, pero eso no nos limita a tomar acciones ciudadanas ni a guardar silencio”, dijo.
Fuertes, los posicionamientos pero para efectos prácticos, inútiles, reducidos al plano testimonial frente a una historia cuyo final estaba escrito de antemano. La izquierda, con todo y los asegunes sobre una definición que la caracterice como tal, probó una vez más que también aprendió ya a mayoritear y a hacer suya aquella vieja premisa de que el poder se ejerce, no se comparte.
II
Por cierto, y ya que andamos por rumbos del Legislativo, en la sesión de ayer se aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del estado, para incluir la violencia vicaria como parte de los tipos de violencia reconocibles y sancionables.
La iniciativa es de la diputada María Alicia Gaytán y además constituye medidas preventivas y de atención, así como políticas públicas para combatir y atender este tipo de violencia, una de las más normalizadas e ignoradas, definidas por las expresiones de odio de los agresores que instrumentalizan a hijos e hijas, mascotas o familiares, amenazando con hacerles daño, o provocándoselos.
Gaytán Sánchez subrayó que comete el delito de violencia por sustitución o vicaria, cuando se ejerza violencia física, psicológica o privación de la vida a alguien con el propósito de causar dolor, daño, perjuicio o sufrimiento a un tercero con quien la parte activa tiene o tuvo una relación de parentesco, amistad o afectivo, por tener o haber tenido un vínculo matrimonial, de concubinato o nexo similar. Se le aplicará una pena de prisión de uno a 10 años y una multa de mil 500 a 4 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien ejerza esta conducta.