Por Arturo Soto Munguía
La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente de la República se presentó desde marzo pasado. Hubo nueve meses para conocerla, al menos por los diputados y diputadas federales, que serían además los principales interesados en socializarla. Pero no lo hicieron o lo hicieron de manera muy limitada.
Lo que debió ser un amplio debate nacional enriquecido por expertos y documentado con información precisa y detallada se convirtió en una medición de fuerzas en las calles, un diálogo de sordos y una guerra de insultos y descalificaciones a priori entre ambos bandos, cuyo final previsible se registró ayer al no lograrse la mayoría calificada que requiere toda reforma constitucional.
El bloque oficialista obtuvo 269 votos a favor y el bloque opositor, 225. Hubo una abstención.
En otras circunstancias quizás hubiera sido posible avanzar en una reforma electoral en la que algunos consensos limaran las aristas que más incomodaban a cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Pero en un contexto nacional tan polarizado, los dos grandes bloques se atrincheraron en posiciones irreductibles y finalmente la propuesta presidencial fue rechazada en el Congreso.
Fue una dolorosa derrota para el presidente, su partido y sus aliados que, sin embargo, anoche mismo presentaron el llamado ‘Plan B’ que contiene reformas a leyes secundarias que serán aprobadas con la mayoría simple que ese bloque tiene holgadamente en la Cámara, ya sea hoy o en los próximos días.
La oposición tiene, por su parte, el recurso de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para iniciar lo que se prevé sea un largo litigio sobre este tema. La moneda, pues, aún está en el aire.
Por alguna razón queda la impresión de que no son pocos los diputados y diputadas que en estos nueve meses omitieron estudiar a fondo la propuesta presidencial (y algunas otras que también se presentaron en comisiones) pues su voto estaba definido de antemano, a favor o en contra. ¿Para qué debatir si se puede mayoritear o impedir la mayoría calificada?
Sucede lo mismo, o algo peor con el ‘Plan B’. Este apenas fue presentado anoche y se obviaron trámites para su discusión en el pleno. Si la iniciativa presidencial no se conoció ni se debatió a fondo en nueve meses, es imposible que en unas cuantas horas se conozca y se vote fundada y razonablemente por la propuesta alternativa. Los y las diputadas lo harán, en su mayoría, desde el prejuicio, el acatamiento incondicional de la línea partidista y por qué no decirlo, desde un ánimo de revancha.
Si bien la oposición logró frenar, bajo la consigna de que ‘El INE no se toca’ la iniciativa original que pretendía cambios radicales en ese instituto (organizativos, administrativos, financieros y hasta de elección de consejeros), no podrá evitar que a través de las leyes secundarias se promuevan cambios organizativos cuyo plazo es el mes de agosto del año entrante, justo después de las elecciones en Coahuila y Estado de México, y a un año de la elección presidencial.
El árbitro electoral no solamente llegará a esos procesos sometido a una intensa presión por los cambios ordenados en las leyes secundarias, que tienen que ver con la reducción presupuestal para la operación de sus 300 oficinas distritales (que se plantea sean temporales) y la eliminación de algunas funciones en los institutos estatales electorales; con el voto en el extranjero sin credencial del INE; implementar el voto electrónico (sin recursos adicionales), atenuar sanciones para quien viole la ley electoral entre otras cosas.
Con el agregado de que ya comenzó el proceso para renovar a cuatro consejeros electorales, lo que deberá concluir en abril de 2023.
Es decir, con las reformas a las leyes secundarias el gobierno no solo va a tocar al INE, sino que le dará una fuerte sacudida sin dejar, obviamente, de bombardearlo cotidianamente a partir de una premisa muy arraigada en el discurso presidencial y que en la redacción del Plan B está resumida en la consideración de que durante los últimos 30 años el INE ha sido copado por una elite académica que ha sido cómplice de los fraudes electorales.
En general, el único consenso parece ser el de que el INE sí requiere reformas. El problema parecer ser los tiempos, las formas y la algidez de la confrontación entre dos grandes bandos.
Vienen meses intensos.
II
Con un enfoque pro víctima y con perspectiva de género, ayer se aprobaron en el Senado de la República reformas a la figura de legítima defensa.
El asunto es de suyo interesante porque atiende un fenómeno más usual de lo deseado en este México bárbaro donde las leyes parecen estar diseñadas para proteger más a los delincuentes que a las víctimas.
Hasta ayer, el Código Penal consideraba como consecuencia de legítima defensa el hecho de causar daño al agresor, pero no las lesiones ni la privación de la vida del agresor; esta ambigüedad operaba en contra de la víctima pues, sin considerar las circunstancias de los hechos, se consideraba un exceso de legítima defensa si el (la) agredido(a) lesionaba o mataba a su agresor y los volvía sujeto de penas corporales y/o económicas.
Esta reforma, promovida por la senadora Sylvana Beltrones obliga a la autoridad a favorecer la protección de las personas agredidas y no considerará ‘exceso de legítima defensa’ si éstas, por miedo o terror no puedan medir la respuesta a la agresión o los medios que usen para defenderse.
La reforma también toca a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que en aquellos casos que se acredite legítima defensa motivada por violencia de género, las autoridades soliciten inmediatamente y de oficio las órdenes de protección que aseguren a la mujer y su familia.
Además se establece la presunción de legítima defensa para mujeres procesadas penalmente por defenderse de violencia de género, violencia familiar o distintos tipos de abusos.
III
Leí el comunicado que publicó el director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre a propósito de lo publicado en esta columna en días pasados.
No hay mucho que agregar. Solo manifestar la extrañeza por ese tufillo a priismo setentero en el que importa más el espaldarazo entre funcionarios que los hechos denunciados. Es cuanto.
IV
Y para cerrar con otra historia del surrealismo político mexicano, qué le piden a la diputada morenista María Clemente García Moreno, quien presentó un punto de acuerdo en el congreso federal para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a declarar persona non grata en México, al astro argentino Lionel Messi.
Lo anterior en razón de un video viralizado tras la derrota del seleccionado nacional mexicano ante los pamperos durante el segundo partido de la fase de grupos, en la que los ratones verdes cayeron 2-1. En el video, tomado en los vestidores de la selección argentina, se observa a Messi aparentemente pisando un jersey del equipo mexicano.
No extraña que nuestros diputados y diputadas ocupen su tiempo en estas trivialidades mientras el país arde en varios frentes. Se sabe que María Clemente, diputada trans -y ella misma ha dejado constancia en videos propios subidos a sus redes sociales-, se especializa en mamadas.
