Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguía

Estamos lejos de pensar en Hermosillo como un remanso de paz, pero definitivamente estamos más lejos de respirar en la capital de Sonora el enrarecido aire de otros municipios donde levantones, tiroteos y ejecuciones forman parte ya del paisaje urbano y obligan a la ciudadanía a modificar sus agendas cotidianas.

Y no es que aquí no sucedan, pero no tienen la frecuencia ni la espectacularidad de los que ocurren en otras comunidades que ciertamente, son las menos y están muy focalizadas: Cajeme, Guaymas-Empalme, Caborca y San Luis Río Colorado son los casos más emblemáticos y es obvio que esto tiene que ver con su condición de asiento de grupos criminales en disputa por las plazas.

¿Significa esto que en Hermosillo no hay presencia de esos grupos o que resulte poco atractiva para disputar el mercado de las drogas y otros negocios criminales? Difícil, siendo la ciudad más poblada, con casi un millón de habitantes y donde se concentran muchas de las actividades financieras, es decir, donde se mueve mucho dinero.

Pero por alguna razón que quizá tenga que ver con el hecho de que en la capital residen los tres poderes del Estado y naturalmente hay una mayor presencia de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías estatales y elementos de la municipal, el ‘ejecutómetro’ no se mueve con la frecuencia como lo hace en otras latitudes.

Necesariamente eso se traduce en una percepción de inseguridad menor, como lo consigna la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Inegi), refiriendo que en el último año Hermosillo se colocó como la tercera capital estatal donde más disminuyó la percepción de inseguridad, solo detrás de Xalapa, Veracruz y Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Son datos oficiales del gobierno federal y esto debe ser un aliciente para que el alcalde Antonio Astiazarán siga reforzando lo que ha hecho en su primer año, en el que hay que señalar el impacto que tuvo la puesta en circulación de 220 nuevas unidades de la Policía Municipal (eléctricas, por cierto, y eso es otro plus), con lo que suman 300 patrullas circulando por las calles.

Ningún otro municipio del estado, ni siquiera considerando la proporción poblacional se aproxima a un programa de esta naturaleza y dimensión.

En el plano nacional Hermosillo destaca por haber disminuido la percepción de inseguridad en un 11.4%, por encima de 12 capitales donde la disminución fue menor, y ni se diga de otras donde la percepción de inseguridad creció en el último año, como Chihuahua, Monterrey, Guanajuato, Zacatecas, La Paz, Tlaxcala y Colima, estas dos últimas con el mayor incremento.

El estudio contempla solo capitales estatales, por eso no aparecen otras ciudades como las que mencionamos al principio de esta columna para el caso de Sonora, pero sería interesante conocer cómo andan esos indicadores por rumbos de Cajeme, Guaymas, Empalme, San Luis RC y Caborca, que por cierto volvió a ser nota internacional tras el asesinato de un hombre que iba saliendo de su boda del brazo de su novia y fue baleado a las puertas de la iglesia y trasladado a un hospital, donde no pudo sobrevivir a las heridas.

Como la balacera en la plaza pública de Rosario Tesopaco, el intento de motín en el Cereso de Guaymas o el tiroteo cerca de una escuela en Empalme, son los casos que empañan incluso aquellos esfuerzos que se hacen desde el ámbito estatal y que se traducen en el reconocimiento a la fiscalía estatal en cuanto a las órdenes de aprehensión ejecutadas, decomisos de armas, drogas, vehículos y personas.

Es decir, las autoridades no están cruzadas de brazos, pero el problema parece a veces rebasarlas.

II

El tema de la seguridad pública sin duda será uno de los que marquen agenda en las próximas campañas electorales que aunque se ven lejanas, ya están encima y eso es muy notable si se considera la promoción mediática que traen varios aspirantes a los cargos que estarán en disputa.

No tenemos muchos indicadores sobre las tendencias de las preferencias electorales y cualquiera pensaría que esa percepción de inseguridad que tiene en Hermosillo un garbanzo de a libra, se traduciría en un desgaste de los gobiernos locales de Morena, pero también puede ser que se repita el escenario 2021, cuando muchos daban por descontado que debido a un trabajo que iba de regular a muy malo en ayuntamientos morenistas como Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales, Navojoa, Huatabampo entre otros, la oposición podría conquistar esas plazas.

La realidad es que los y las candidatas de Morena les dieron un baile, a pesar de esos gobiernos locales mal evaluados y la gran sorpresa fue Hermosillo, el municipio más importante ganado por la alianza PRI-PAN-PRD.

Con todas las reservas que solemos tener hacia las encuestas publicadas, la referencia más cercana es la de Demoscopia Digital, que arroja datos reveladores. De entrada, a la pregunta de por qué partido votaría si hoy fueran las elecciones, Morena se lleva el 44.8% de la intención del voto, muy lejos de las otras fuerzas que aparecen con el 13 (PAN), el 11 (PRI), y el 8.7 (MC).

Por eso se advierte que a pesar de la pertinaz campaña en redes sociales cuestionando los resultados sobre todo en materia de seguridad, a los gobiernos de Morena no parece despeinare sus niveles de aceptación, tal como sucedió en 2021.

En 2024 los escaños más importantes que estarán en disputa son los del Senado (dos de mayoría y uno de primera minoría) y los resultados que arroja esta encuesta para cada uno de los partidos son como siguen: por Morena, Lorenia Valles Sampedro encabeza las preferencias; por el PRI, Ernesto Gándara; por el PAN, Antonio Astiazarán; por MC, El Pato de Lucas y por el PT, Ramón Flores.

Es muy temprano para echar campanas al vuelo, pero hasta ahorita así van de acuerdo a Demoscopia Digital.

En el camino, desde luego, pueden pasar muchas cosas.

III

Y a propósito de candidaturas adelantadas y patadas bajo la mesa, este martes siempre sí habrá rugido del jaguar desde Campeche, donde Layda Sansores abrirá fuego contra Ricardo Monreal, una vez que dejó por la paz a Alito Moreno.

Primero advirtió que revelaría algunas cosas del zacatecano, luego declinó hacerlo en aras de evitar malas interpretaciones para no atizar el conflicto interno, pero como Monreal salió a enviar un mensaje aduciendo campañas negras en su contra, la gobernadora dijo que siempre sí tocaría el tema y aclararía paradas con el más rebeldes de los precandidatos presidenciales de Morena.

Veamos con qué sorpresa sale la campechana gobernadora.

Por Arturo Soto Munguía

Como si fuera una mala jugada del destino, una funesta coincidencia o una broma del azar, al día siguiente de que el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante reprobara el simulacro de balacera llevado a cabo en una escuela de Guaymas, en Empalme se registró una balacera real que obligó a maestros y niños a tirarse al piso y permanecer aterrados escuchando las detonaciones de armas de fuego de diversos calibres.

Para peor, uno de los sujetos participantes del tiroteo corrió hacia la escuela y buscó refugio en los salones, mientras en calles aledañas otro de los sujetos quedaba sin vida dentro de un vehículo y cuadras más adelante quedaba otra camioneta completamente rafagueada por la metralla.

De inmediato se movilizaron las fuerzas del orden, encontrando un hombre muerto y dos lesionados. Aseguraron vehículos y armas y activaron un operativo para dar con los responsables. Incluso el propio titular de la SEC se trasladó al lugar de los hechos para dialogar con docentes y padres de familia afectados por los sucesos.

Por la tarde, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río difundió un mensaje en video en el que aseguró que la comunidad escolar estaba bien, dio el saldo del tiroteo, estableció que el mismo pudiera deberse a una pugna entre grupos criminales y aseguró que la instrucción del gobernador es reforzar la presencia de las instituciones de seguridad y que este acto no quede impune: “no escatimaremos esfuerzos hasta que estos hechos que nos lastiman no se repitan”, dijo.

Horas antes, en la conferencia semanal de seguridad, la propia secretaria aludió a otros eventos violentos registrados en Guaymas donde hubo balaceras e incendios de vehículos, aduciendo que esos hechos fueron un distractor para cubrir un intento de fuga de un generador de violencia preso en el Cereso local.

Lo de Empalme sin embargo, aparece suficientemente grave para atemperarlo con declaraciones de este tipo. Varios videos viralizados en redes sociales dan cuenta de ráfagas y detonaciones que se prolongaron por dos o tres minutos, lapso que para otras cosas puede ser un instante, pero para una tiroteo en plena zona urbana y muy cerca de una escuela con aulas llenas de infantes, resulta una eternidad.

Lo peor es que los criminales parecen estar enviando un funesto mensaje de impunidad que difícilmente puede ser contrarrestado con cifras y estadísticas sobre órdenes de aprehensión ejecutadas, carpetas de investigación abiertas, decomisos de drogas, armas, vehículos y demás.

Si el debate sobre seguridad pública se va a posicionar en el plano de una guerra por la percepción, estos hechos indican que la guerra la están ganando los delincuentes y eso es a costa de la zozobra de la población civil.

El mensaje resulta especialmente ominoso porque apenas un día antes la opinión pública dividía opiniones en torno a la sanción impuesta al maestro que en Guaymas organizó un simulacro de balacera para enseñar a reaccionar a los alumnos de una primaria en caso de un evento de ese tipo.

24 horas después una maestra documentó en video cómo tranquilizó a sus pequeños alumnos para que no perdieran la calma y permanecieran pegados al piso mientras sonaba la metralla afuera de su escuela, lo que reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en planteles escolares.

Un especialista en seguridad se preguntaba ayer por la generación que se está formando en las escuelas de Sonora en estos días; por el impacto emocional de los pequeños y las pequeñas que vivieron de cerca este episodio y las olas expansivas de ese impacto hacia el resto de los educandos que, sin haber estado cerca de la balacera y gracias a las redes sociales, intuyen que lo mismo puede pasar en cualquier otro plantel, incluido el suyo.

Pensemos, me decía, en esa generación e imaginemos de qué estarán hablando dentro de 15 o 20 años cuando conversen sobre sus experiencias en la escuela. Suena terrible, pero son cosas que no se pueden borrar de la memoria.

Honestamente, no es la intención contribuir al pánico social, pero parece haber llegado la hora de preguntarse por la conveniencia de decretar la normalización de la violencia, o tomar la decisión de dar el manotazo en la mesa y modificar de fondo lo que se está haciendo en materia de seguridad pública, de seguridad ciudadana y de seguridad humana, que por cierto son conceptos distintos sobre los que en otro despacho tendríamos que volver.

Minimizar el asunto, ubicarlo como caso aislado o contrastarlo con gráficas y estadísticas puede servir para el autoconvencimiento de que las cosas van por buen camino, pero a fuerza de repetirse, eventos de este tipo acaban por minar la credibilidad de cualquier gobierno.

No en la clase política, en los grupos de presión o en los partidos opositores que van por la vida con sus maltrechas convicciones y sus exiguas militancias, sino abajo, en la sociedad civil pensada no como abstracción filosófica, sino como seres humanos concretos a quienes les están pasando cada vez más cerca las balas.

II

Esta columna suele ser refractaria a la ingesta de ansias que anima a ciertos opinólogos y comentócratas a quitar y poner funcionarios en los gabinetes de gobierno, pero me llega una versión en ese sentido que no puedo dejar pasar porque a lo mejor le atino.

Lo hago corriendo el riesgo de caer en ese juego raro cuyas reglas indican que un gobernador no removerá a nadie de sus colaboradores porque así lo indiquen en la prensa. Juego raro, digo, porque no sería la primera vez que si un funcionario o funcionaria siente que la guillotina anda cerca, filtre versiones de su despido o reubicación, a sabiendas de que el jefe no cederá a presiones mediáticas y por lo tanto, asegure así su permanencia en el cargo.

Así que con todas las reservas y con esos antecedentes, apunte usted un movimiento en el cual la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río pasaría a la secretaría de Gobierno, mientras que el titular de esa cartera, Álvaro Bracamonte Sierra iría a la secretaría de Educación.

A la secretaría de Seguridad llegaría un hombre de verde olivo que ha estado muy cerca de los principales golpes a la delincuencia organizada asestados en el último año y que ocupa un lugar importante en la Mesa Estatal de Seguridad.

El destino de Aarón Grajeda no me lo dijeron, pero desamparado no quedaría, toda vez que es un hombre muy cercano al ánimo y al proyecto del gobernador.

También se habla, ahora sí en serio, de un cambio en la fiscalía estatal.

III

Ayer fue a buscarme hasta las instalaciones de la Red 93.3 en Hermosillo la señora Dora Alicia Moreno Méndez, funcionaria de Sedesson y segunda gobernadora del pueblo seri, acompañada del presidente del Consejo de Ancianos de la etnia, el señor Enrique Robles.

El motivo de su visita era en primera instancia, que les revelara la fuente de donde salió lo publicado ayer a propósito de lo que ocurre en estos días con el tema de los permisos de caza en territorio Comca’ac, y que implica una disputa que tiene como telón de fondo varios millones de pesos y no pocos actores.

Obviamente, la reserva de las fuentes para un periodista es tan sagrada como sus rituales, del mismo modo que el derecho de réplica está garantizado, así que llegamos al acuerdo de publicar aquí su propia versión de los hechos, lo que haremos en el próximo despacho, toda vez que el espacio se ha agotado.

Lo que puedo adelantar es que ambos negaron algún interés pecuniario en la gestión de los permisos de caza, también cualquier relación ilícita con los empresarios de Desert Hunt y señalaron al gobernador Joel Barnett de ser quien se niega a presentarse ante las autoridades de Sagarpha para recibir alrededor de dos millones de pesos por concepto de los permisos vendidos a los empresarios de San Luis Potosí.

Ambos dijeron trabajar para la cuarta transformación en Sonora y regirse bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y ser muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alfonso Durazo.

El contexto está en la anterior columna, y la versión de Dora y Enrique la publicaremos en este mismo espacio.

Lo que es un hecho es que sí hay fricciones en la etnia.

Por Arturo Soto Munguía

En territorio seri comienza la temporada de caza y con ella, comienza también la temporada de grilla.

Los millonarios ingresos que representa la venta de permisos de caza para borrego cimarrón -entre 40 mil y 45 mil dólares cada uno- atraen de nuevo a personajes ajenos a la tribu, quienes a través de liderazgos reales o ficticios en la etnia están presionando y operando para minar el gobierno que encabeza Joel Barnett, a quien consideran un obstáculo para sus lucrativas actividades.

Para esta temporada se han autorizado 12 permisos para borrego cimarrón y de nueva cuenta, como sucede desde hace cinco años aparecieron los señores Rafael Aguilar y Luis Romero Castrillón para reclamar cuatro de esos permisos. Lo hacen a través de miembros de la tribu a quienes financian con cantidades de entre 5 mil y 50 mil pesos para exigir tales permisos, que luego ellos venden hasta en 90 mil dólares, de acuerdo con versiones hechas llegar a este despacho.

La cosa no para allí. Una de las puntas de lanza que tienen estos empresarios originarios de San Luis Potosí, desde donde operan una empresa llamada Desert Hunt, es Dora Alicia Moreno Méndez quien firma como subdirectora de enlace con la comunidad Comca’ac en la secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, a cargo de Wendy Briseño.

De acuerdo con testimonios de indígenas comca’ac, la señora Moreno Méndez sería un manjar para el contralor estatal Guillermo Noriega Esparza si éste tuviera intenciones de acreditar trabajo, pues en el último año su tren de vida ha tenido una más que notable aceleración. La casa que está construyendo destaca en medio de las pobrísimas unidades habitacionales en Punta Chueca y constantemente viaja a Hermosillo muy bien viaticada.

Aprovechando su posición en el gobierno estatal, trabaja para los empresarios de Desert Hunt y parte de su labor es sabotear el liderazgo del gobernador Joel Barnett, de acuerdo con las versiones recogidas.

Estos empresarios exhiben un contrato por cuatro permisos que consiguieron mediante la firma de cuatro integrantes de la etnia a quienes se supone ya se los pagaron, pero ese dinero jamás ingresó a la etnia, como sucede con los recursos obtenidos por los permisos que se venden oficialmente por las autoridades tradicionales y que el gobernador dispersa entre todas las familias de la tribu.

Para ayudarse en esta labor, Dora Alicia Moreno se apoya en un primo (y socio) llamado Moisés Méndez, que recientemente formó una asociación civil en la Ciudad de México, llamada Gobierno Pluricultural de Sonora, asumiéndose como autoridad no solo de los seris, sino del resto de las etnias del estado.

De hecho, en su cuenta de Facebook de presenta como Rey & Sacerdote. “Hombre universal: hecho con polvos del infinito y partículas de las estrellas, mi origen no es el barro, ni tampoco de los animales, mi código genético viene de las potestades eternas, los hombres de acuario, de tauro, de leo y de escorpión”.

Con esa asociación civil ha prometido gestiones como la expedición de placas para autos chuecos por la módica suma de mil 500 pesos, y construcción de viviendas, para lo cual obtuvo 2 mil 500 pesos de cada familia seri interesada en tener una casa, que probablemente sean las del Plan de Justicia para la etnia.

Las ambiciones se están desbordando en la comunidad seri de Punta Chueca y El Desemboque y la grilla contra el gobernador Joel Barnett está siendo azuzada por estos personajes y el momento es crítico, pues en los próximos días comenzarán a fluir los recursos del Plan de Justicia para la etnia, algo así como 80 millones de pesos para diversos proyectos productivos, hídricos, de vivienda y de infraestructura.

Seguiremos informando y les daremos a conocer el contrato que los empresarios muestran como prueba de que ya pagaron los permisos, pero no pudieron acreditar tales pagos, mucho menos comprobar que el recurso llegó a la etnia.

De hecho, ayer estuvieron en Sagarpha Rafael Aguilar, Dora Moreno, Moisés Méndez, Enrique Robles y Luis Miguel López, mostrando depósitos menores (de mil pesos), pero no a la cuenta del gobernador Barnett, sino de Dora y Moisés.

Seguiremos informando.

II

En noticias más amables, el gobernador Alfonso Durazo regresó muy entusiasmado de su visita a Bacadéhuachi donde supervisó las instalaciones del yacimiento de litio en aquel municipio, que potencialmente representa un ‘boom’ económico sin precedentes en el estado.

Para darse una idea de ese potencial, el yacimiento está ubicado en una ‘lengua’ de siete kilómetros de largo, uno y medio de ancho y 400 metros de profundidad. Contiene litio en arcilla que debe ser procesado mediante métodos físicos y químicos y ya existe la tecnología para hacerlo.

El gobernador comparó este yacimiento, en términos económicos, con el descubrimiento de lo que hoy es el complejo Cantarell descubierto en 1958, explorado en 1971, que inició operaciones en 1979 y que durante dos décadas generó las dos terceras partes del petróleo producido en México.

De ese tamaño podría ser lo que representa el litio sonorense.

En otro tema, sin descartar eventuales cambios en su gabinete, dijo que ese es un proceso de revisión permanente, pero llamó a los propaladores de versiones sobre la salida de algunos personajes, a no comer ansias.

Quienes han sido mencionadas como probables remociones del mesón del duracismo son la fiscal estatal Claudia Indira Contreras (aunque su cargo se decide en el Congreso) y la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, a quienes ya se les comienza a conocer como ‘Las Gabrielonas’ porque, como a aquel famoso caballo de la zona rural oriente de Hermosillo, las corren cada semana.

Pero últimamente ha sido mencionado con insistencia el director del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, que según fuentes del instituto no solo ha entrado en conflicto con actores importantes de la Junta de Gobierno, personal subordinado y algunos sindicatos, sino que resultó un verdadero ‘uñitas por dentro’, algo que ciertamente no ha sido confirmado.

Pero la sorpresa podría brincar por otro lado, pues aunque desde hace tiempo se sabe que el jefe de la oficina del Ejecutivo, Rodolfo Castro estaba siendo investigado en Baja California por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones durante su paso por el gobierno de Jaime Bonilla, ayer se llevó a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba a proceso, sin que a la hora del cierre de este despacho se tuvieran noticias al respecto.

El próximo domingo a las diez de la mañana continuará la audiencia, a la que por cierto no se presentaron algunos de los implicados, pero Rodolfo Castro sí asistió.

Pendientes.

Por Arturo Soto Munguía

Aquel domingo 27 de junio de 2021, bajo el ramadón de Sinahuiza en el profundo sur sonorense, nadie imaginó que lo que estaba en el horizonte era el encuentro del pueblo yoreme mayo con la flemática aristocracia inglesa en un intercambio sociocultural trasatlántico que podría cambiar el rostro de aquella olvidada región del estado de Sonora.

Ahí estaban con sus rostros impasibles y agrestes los gobernadores de la etnia: David Valenzuela Alamea, Santos Feliciano, Aguileo Félix Ayala y Alfredo Osuna, así como Marcos Moroyoqui y David Valenzuela, de Huatabampo y Pueblo Viejo, respectivamente.

Estos últimos fueron quienes promovieron ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el Plan de Justicia para la Nación Yoreme Mayo, definido entonces como un acto de justicia y política pública redistributiva que contempla fuertes inversiones en generación de empleos, infraestructura, vivienda, desarrollo, educación, agua, salud, preservación de valores culturales y tradiciones.

Vaya, hasta recuperación de territorio ancestral invadido por particulares.

Todas las esperanzas y anhelos de la tribu estaban puestas desde entonces en ese plan, que sin duda vendría a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

Luego vendría el presidente y lo firmaría, junto al gobernador Alfonso Durazo y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

Pero nadie imaginaba que gracias al oficio diplomático, las relaciones internacionales y la capacidad de gestión global del alcalde de Huatabampo, Jesús Flores, el plan incluiría la importación de un modelo de construcción de vivienda indígena que actualmente se desarrolla en Inglaterra, y que será replicado en la comunidad de Santa Bárbara donde se pretende crear una nueva colonia indígena de entre 300 y 600 viviendas.

Claro, para que ese modelo sea replicado en la etnia mayo, primero hay que ir a conocer lo que se está haciendo en aquel lejano reino, aún dolido por la partida de doña Isabel II, pero suficientemente estoico para sobrellevar el duelo y compartir con los yoremes mayos todo lo que saben en materia de construcción de vivienda indígena.

Como la antropóloga lectora lo sospecha y el indigenista lector lo confirma, entre el corredor Liverpool-Manchester y el eje Etchoropo-Moroncarit hay una ancestral relación de cooperación cultural, facilitada por la gran afinidad de sus pueblos, de manera que don Chuy Flores no batallará a la hora de empaparse de los sistemas y técnicas para la edificación de vivienda artesanal, y venir a replicarlas a Santa Bárbara.

Claro, antes tendrá que librar pequeños inconvenientes, como las reservas que tienen algunos regidores y regidoras para autorizarle la expedición, pero confiamos en que su elocuencia los convenza, porque esta lanzada se traducirá en la transformación de esa parte del Mayo en una ciudad hermana de Woolton Village, por lo menos, para no andar con pichicaterías.

“No es un cuartito como los que estamos entregando, si esto se da con el favor de dios, me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que se está haciendo, desde allá viene”, les dijo el alcalde a los regidores en la más reciente sesión de cabildo.

Hay otros inconvenientes para el viaje, pero son detallitos irrelevantes si se les compara con el relanzamiento que tendría el Plan de Justicia Mayo una vez concretada la gestión allende el Atlántico.

Por ejemplo, Huatabampo fue uno de los ayuntamientos cuya cuenta pública fue reprobada gracias a la cantidad de observaciones del ISAF; su situación financiera ha provocado problemas para pagar la nómina y los indígenas le han reclamado falta de apoyos.

El regidor étnico Víctor Manuel Soto Álvarez, por ejemplo, le reclamó que ni siquiera les han apoyado para la realización de sus ceremonias tradicionales.

Inconvenientes, insisto, menores, a juzgar por los criterios expuestos por Chuy Flores ante esos reclamos: “Los apoyos sí están presupuestados, pero las aportaciones no llegaron completas, por lo que se decidió no entregar los apoyos para las fiestas tradicionales y resolver el pago de nómina”, dijo con el aplomo de quien sabe cuáles son las prioridades y cuáles los criterios de ponderación.

Y para darle más peso a su elocuencia, explicó puntualmente la disyuntiva: “Una cosa es que está presupuestado y otra, que te caiga el dinero. En los últimos dos meses cayeron ocho millones menos: o pagamos la nómina o apoyamos ese tipo de cosas”. Contundente.

Vistas así las cosas, y considerando que Chuy Flores puede convertirse en el embajador plenipotenciario global en la gestión de proyectos para el desarrollo de las comunidades indígenas, ya no digo de Sonora, sino de México entero, es muy posible que tanto el gobernador Alfonso Durazo como el presidente Andrés Manuel López Obrador promuevan alguna modificación en sus presupuestos de Egresos para el año próximo (porque supongo que el viaje no está programado para antes de navidad) y destinen una partida especial para financiar esta primera expedición del alcalde huatabampense.

Se debe considerar que los planes de justicia para las etnias sonorenses podrían dar un viraje extraordinario, inédito e histórico de tal forma que por ejemplo, el acueducto yaqui se podría convertir en el Támesis de Huírivis, y Punta Chueca en un Felixstowe, pero sin tantos contenedores.

El viaje de Chuy Flores me tiene muy entusiasmado y ojalá que los regidores se lo aprueben, porque ya entrados en gastos, el alcalde nos puede traer hasta algunos autógrafos de Ivan Toney o Harry Kane o algún otro seleccionado inglés.

Era tanto el entusiasmo que anoche mismo hablé con un contacto que tengo en la Nación Yoreme Mayo y me dijo que se le hacía raro el asunto, porque si bien en el Plan de Justicia vienen incluidas acciones de vivienda, en ninguna parte se habla de gestiones internacionales para ese efecto.

De hecho, me dijo que don Marcos Moroyoqui, gobernador de El Júpare había solicitado un programa de vivienda, pero esas son gestiones con los gobiernos estatal y federal, en las que el alcalde no tiene nada que ver.

Más aún, me dijo que desde el mes de mayo pasado, el plan de justicia se quedó sin presupuesto porque funcionarios del INPI se agandallaron de los recursos y han ignorado a las autoridades tradicionales.

Inquirí entonces si el viaje del alcalde en realidad podría tratarse de unas ‘vacaciones todo pagado’.

“Yo creo que sí, porque es muy largo”, me dijo, con esa parsimonia que suelen tener los indios del Sonora profundo.

Y ya mejor ni le seguí preguntando.

Por Arturo Soto Munguía

Tuvo que ser una legislatura en la que por primera vez hay más diputadas que diputados, la que presentara, dictaminara y aprobara la ley que instituye la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses, entregada ayer en la conmemoración del 69 aniversario de la promulgación del derecho de la mujer a votar y ser votada.

La iniciativa fue presentada en enero del año pasado por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez y aprobada por unanimidad en el pleno. Este año la presea se otorgó por segunda ocasión a cinco mujeres de reconocida trayectoria la construcción de la igualdad y la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

19 de las 33 curules son ocupadas por mujeres en la actual legislatura, que naturalmente se ha distinguido por el impulso a iniciativas de reformas legales con perspectiva de género.

Así, ayer fueron reconocidas cinco de ellas por sus trabajos en el fortalecimiento del marco jurídico, en la documentación histórica de la participación de las mujeres, en las luchas sociales y la creación de políticas públicas y privadas en favor de las mujeres.

Y no se equivocaron en la selección, pues las galardonadas tienen una acreditada trayectoria en sus respectivos campos. Vea si no: Aurora García de León en el campo empresarial; Elizabeth Cejudo Ramos en el campo de la investigación e historia; Leticia Burgos Ochoa en política; María Inés Aragón Salcido en el campo jurídico y Rosa María O’Leary en el de la participación social.

Felicitaciones a todas ellas.

II

Y en temas menos festivos y más bien tristes, todos vimos ayer en las redes sociales, con un dejo de pesar y desencanto, las escenas estrujantes del simulacro de una balacera en una escuela primaria de Guaymas.

Niños y niñas guareciéndose de las salvas en donde podían, pecho a tierra o corriendo despavoridos mientras el maestro gritaba las instrucciones.

La escuela está ubicada en una zona conflictiva del puerto, lo que parecería un eufemismo pues todo Guaymas (y su vecino Empalme) han sido sacudidos por una escalada criminal desde 2018 en la que han sido ejecutados casi una veintena de policías municipales, varios funcionarios de los ayuntamientos; una activista del feminismo; un número indeterminado de presuntos sicarios; varias mujeres y al menos dos menores de edad entre otras víctimas colaterales de los enfrentamientos armados entre bandas que se disputan la plaza.

No son los únicos municipios lastimados por la violencia. En Cajeme, San Luis Río Colorado, Caborca y Magdalena por citar los más representativos de la escalada criminal, las cosas no están mejor. Pero también en los pueblos de la sierra sonorense a cada rato suena la metralla.

En un contexto donde lo inusual se vuelve cotidiano, donde la realidad obliga a convivir con el miedo y el autocuidado, enseñar a los menores (y no solo a los menores) a reaccionar en momentos de peligro se vuelve, lamentablemente una necesidad. Ubicar rutas de escape, utilizar el entorno como protección, evitar tomar fotografías o video de los atacantes, entre otras cosas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cuando la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón llenaba de sangre algunos estados del país, en 2010, el gobierno de Nuevo León creó y difundió un manual y protocolo de seguridad escolar para enseñar a los estudiantes cómo actuar en caso de una balacera. El gobierno federal también publicó manuales de seguridad escolar que enseñaban a reaccionar ante hechos violentos.

Hoy la realidad nos ha alcanzado en otras entidades donde esas balaceras solían no ser tan frecuentes y más allá de los prejuicios, y la abulia institucional; del asombro y la impotencia ciudadana, se impone inculcar en la sociedad toda, medidas de prevención y protocolos para actuar en esos casos.

Recientemente una colega hizo en su cuenta de Twitter una pregunta dirigida a mujeres, sobre cómo la percepción de la violencia les había cambiado los hábitos, las conductas, las rutinas. Las respuestas fueron impresionantes: no salir sola, cambiar rutas de traslado, compartir con alguien de confianza la ubicación en tiempo real; ubicar personas y autos sospechosos, adquirir un arma y aprender a usarla; traer siempre gas lacrimógeno o un ‘taser’ y hasta utilizar las llaves del carro o de la casa a manera de navaja.

Estamos hablando de una sociedad que vive con miedo. Tristemente, eso está pasando.

III

Mientras tanto, la vida sigue y la grilla también. La oposición parece haberle agarrado la palabra al presidente de la República y ya comenzó a elevar la intensidad de sus procesos internos para ‘destapar’ a sus propias corcholatas, después de la lista que tiró como buscapiés el inquilino de Palacio Nacional y en la que incluyó al menos a 43 prospectos.

Ayer en un evento del PRI intitulado ‘Diálogos por México’ la senadora Beatriz Paredes Rangel desveló sus intenciones de competir por la candidatura de una alianza opositora en la que participe el PRI con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil.

La exgobernadora de Tlaxcala y exmuchas cosas (diputada federal, dirigente nacional etc.) levantó la mano para encabezar ese gran frente nacional, pero también lo hizo el diputado federal Ildefonso Guajardo y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Lejos de allí, el también exgobernador de Oaxaca y ex priista Ulises Ruiz anunciaba su intención de buscar la candidatura presidencial pero por la vía independiente.

En el PAN no cantan mal las rancheras y recientemente el dirigente nacional Marko Cortez destapó al menos a siete: Los gobernadores Mauricio Vila, Maru Campos y Mauricio Kuri, de Yucatán, Chihuahua y Querétaro, respectivamente. También los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hikcs, así como el ex candidato presidencial en 2018, Ricardo Anaya. Vaya, hasta enlistó a la senadora sonorense Lilly Téllez, pero eso ya suena a un chacoteo en el que pueden incluir hasta a Chumel Torres, Carlos Loret y Damián Zepeda.

Todos hablan de la construcción de una gran alianza opositora con la sociedad civil como el vehículo que los llevaría a competir en la carrera con la candidata o el candidato del partido oficial. El pequeño problemilla es que ese vehículo, aquí y ahora, no tiene gasolina, trae dos llantas ponchadas y le anda fallando el ‘coile’.

Veamos primero si lo pueden echar a andar, y luego ver si logran ponerse de acuerdo sobre quién iría al volante.

Por Arturo Soto Munguía

Abróchense los cinturones porque esta semana se pondrá intensa la grilla por rumbos de San Lázaro donde comenzará el debate de la reforma electoral propuesta por Morena y que será una nueva prueba a la voluntad unitaria de la oposición, seriamente dañada después de que el PRI rompiera la llamada ‘moratoria constitucional’ avalando la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.

Aunque Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI ha declarado que los diputados de ese partido votarán en contra de la reforma electoral, es claro que ‘Alito’ ha dejado de ser un interlocutor confiable para los otrora aliados después de lo ocurrido en el tema de seguridad pública.

Para atizar la discordia en el debate, el secretario de Gobernación Adán Augusto López adelantó recientemente que ya hay un acuerdo con el PRI para sacar adelante la reforma electoral, algo que fue negado por ‘Alito’, pero la palabra del dirigente tricolor no se anda cotizando muy alto últimamente a quien desde algunos sectores del PAN y el PRD perciben como un hombre acorralado, vulnerable y poco confiable.

Los temas que han causado más escozor entre los diputados de oposición tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos y la redefinición del Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales. La iniciativa viene de Palacio Nacional y entre otras cosas plantea que los consejeros del INE (convertido en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) sean electos en las urnas a propuesta de los tres poderes del Estado.

La oposición ha advertido que esa propuesta entraña riesgos de que el instituto sea copado por funcionarios afines al gobierno federal, convirtiéndolo en una suerte de Comisión Federal Electoral como la que existía antes de crear el IFE y que era un apéndice de la secretaría de Gobernación.

Detrás de la pretendida democratización del método para elegir a los consejeros (a boca de urna) aparece una elección con ‘dados cargados’ toda vez que las propuestas saldrían del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial. Obviamente las propuestas del presidente y las de un Congreso mayoritariamente morenista, lo mismo de una Suprema Corte plegada a la voluntad presidencial sesgarían los perfiles, han sostenido.

Se sabe que para sacar adelante la reforma se requiere de una mayoría calificada que no tiene Morena en la Cámara de Diputados, pero siempre habrá formas de conseguirla, ya por el convencimiento, ya por la coacción. Incluso si eso no funciona siempre queda la opción de reformas a leyes secundarias, como ocurrió con la reforma eléctrica.

Lo cierto es que esta semana comenzará un nuevo episodio de tensiones donde no se descarta una nueva escalada de presiones sobre legisladores de oposición y una radicalización de posturas entre quienes están a favor y quienes están en contra de la reforma.

De acuerdo con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas la iniciativa tiene tres ejes principales: reducir el financiamiento al INE y la elección de sus consejeros; certeza en acciones afirmativas para garantizar la participación de comunidades indígenas, afromexicanas, mujeres y comunidad LGBTTTIQ+, así como el financiamiento transparente de los partidos políticos para evitar que lucren con la pobreza o cometan fraude.

En este último punto el debate se pondrá sabroso después de las revelaciones hechas en el libro El rey del cash, donde su autora, Elena Chávez narra la forma en que durante casi 20 años se financió el movimiento de López Obrador desde que fue candidato del PRD en 2006 y 2012, y ni se diga en 2018.

Hay que ir por palomitas y refrescos, porque vienen días intensos.

II

Se rebasaron las expectativas de asistencia al Festival del Globo organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo, algo que traía muy optimista al alcalde Antonio Astiazarán por todo lo que representa no solo en términos de derrama económica, sino como espacio para la convivencia familiar y la atracción turística.

El festival incluyó amenidades diversas con artistas locales y para el cierre estaba programado Alex Syntek cuyo show es garantía de calidad en todos los sentidos. Me tocó presenciarlo en el Festival del Vino que organiza el empresario guaymense Roberto Lemmen Meyer hace ya un par de años y realmente el señor lo deja todo en el escenario.

Todo parece indicar que el Festival del Globo llegó para quedarse en Hermosillo, de acuerdo con lo que declaró el alcalde. Enhorabuena.

III

Después de permanecer por tres décadas como sempiterna dirigente estatal del organismo de mujeres del PRI, la señora Gloria Galindo de Salazar fue relevada en ese encargo por la huatabampense Lupita Soto.

Para su toma de protesta estuvo en Hermosillo la dirigente nacional de ese organismo femenil, Monserrat Arco, atestiguando el evento el dirigente estatal del tricolor Rogelio Díaz Brown.

El arribo de Lupita Soto envía una señal de inclusión hacia el grupo cercano a la exgobernadora Claudia Pavlovich, a quien la huatabampense acompañó a lo largo de su gobierno como secretaria privada.

El dato es relevante porque ese grupo buscó la dirigencia estatal con la planilla integrada por Zaira Fernández y Pascual Soto, a quienes primero inhabilitaron como fórmula para imponer a Onésimo Mariscales e Iris Sánchez Chiu, aunque al final se optó por una salida negociada en la que ambas fórmulas cedieron para abrirle el camino a Rogelio Díaz Brown.

Por cierto, a Pascual Soto lo vimos en unas fotografías tomadas durante la asamblea estatal del PRD que se llevó a cabo ayer y en la que estuvo el dirigente nacional Jesús Zambrano y a la que asistió también el alcalde de Hermosillo.

No extraña la presencia de ambos, toda vez que en el pasado proceso electoral fueron aliados PRI-PAN-PRD y en el caso particular de Pascual, siempre se ha pronunciado por mantener esa alianza.

Por Arturo Soto Munguía

Llegó la hora del recuento del primer año de la cuarta transformación en Sonora.

Sin rencores ni venganzas, sin exclusiones, pero sin evitar el ajuste de cuentas con el pasado, particularmente con ese al que desde la campaña -y lo reiteró ayer- el entonces candidato a la gubernatura aludió como el grupo que durante 30 años ejerció el poder discrecionalmente haciendo del estado un botín y que está lejos, subrayó, de regresar.

Con matices, la liturgia de los informes sigue intacta. Se extrañaron a las afueras del Congreso los ruidosos grupos de manifestantes que solían llegar con exigencias de todo tipo, pero también los no menos ruidosos grupos de apoyadores -convencidos o acarreados- que llegaban para acuerpar al jefe del Ejecutivo.

No se necesitaron. Varias cuadras de esa parte del centro histórico de Hermosillo estaba custodiada por un impresionante dispositivo de seguridad: agentes municipales y estatales, cadetes del Instituto de Policía, militares vestidos de civil pero inconfundibles bajo las guayaberas blancas o la ropa casual, el cabello muy corto, los ‘chícharos’ en las orejas.

Son los que cuidan la seguridad de los invitados especiales: Adán Augusto López, secretario de Gobernación y el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, señaladamente.

Al recinto legislativo no entra nadie. Solo la comitiva que acompaña al gobernador y que esperaron pacientemente la presidenta de la Cámara, Diana Karina Barreras y el presidente de la CRICP, Fermín Trujillo Fuentes.

En cinco minutos desahogaron el protocolo. Breve tiempo, pero suficiente para que a la neopetista le ganara la emoción de saberse protagonista estelar de la nueva hegemonía y haciendo a un lado formalismos, visiblemente emocionada hizo también a un lado las simulaciones y prácticamente le cedió su condición de presidenta de un poder autónomo al gobernador: “Llevar las riendas del Congreso no es nada fácil, pero sabemos que nuestro señor gobernador con su capacidá y su honestidá lo va a llevar a cabo”.

Desahogado el protocolo, la comitiva se trasladó al Auditorio Cívico, a un costado del edificio sede del Poder Legislativo. Hacía muchos años que el viejo auditorio no se usaba para un informe de gobierno y ahora reverdecía los laureles de la no menos vieja liturgia en la que aparecen liderazgos sociales, políticos y empresariales. Líderes de partidos, legisladores, alcaldes y alcaldesas; un exgobernador, Samuel Ocaña; mandos militares y el gabinete legal y ampliado.

Todos solícitos, atentos, expectantes y prestos al aplauso que rubrica cada frase matona, cada logro descrito, cada compromiso perfilado.

Alfonso Durazo es, a no dudarlo, el gobernador más sólidamente legitimado en las urnas con el voto ciudadano en estos últimos 30 años que suele citar como referencia para establecer el parteaguas entre el antes y el ahora. Manlio Fabio Beltrones fue el último que llegó con el carro (casi) completo y gobernó con absoluto control sobre los otros poderes, sobre partidos y organizaciones sociales, sobre el sector empresarial y hasta sobre los poderes eclesiásticos y los medios de comunicación, usando siempre el viejo truco de la zanahoria y el garrote.

Durazo se cuida mucho, en su mensaje, de marcar la diferencia: Nosotros no vamos a reprimir, sentencia, y pondera la estabilidad social que ha marcado su primer año de gobierno, en el que no ha habido una sola huelga lo que atribuye al ejercicio de la política que privilegia el diálogo por encima de la coerción o la amenaza.

Durazo es también un hombre agradecido. Abre su discurso refrendando su lealtad absoluta al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de nación. Sin ambages ni recovecos se cuadra ante el líder de la cuarta transformación y no deja un resquicio para la duda sobre su compromiso con él.

Enseguida devela las claves de la legitimidad: un ejercicio gubernamental que privilegia a los sectores más amplios de la población y a los más abandonados, a los que nunca les había tocado.

Parece sencillo, pero no lo es tanto. En Sonora hay casi 600 mil beneficiarios de los programas del bienestar, entre los que se cuentan masivamente estudiantes becados, jóvenes construyendo el futuro y adultos mayores. Casi 600 mil sonorenses que periódicamente reciben montos que van desde los mil pesos mensuales de una beca para niños y niñas de primaria, hasta 3 mil 850 pesos bimestrales para personas de la tercera edad.

Si es mucho o es poco no está a discusión. Lo que es un hecho es que en el imaginario colectivo, los beneficiarios de esos programas concluyen que ese dinerito no lo tenían y peor aún, que en lugar de caer a sus bolsillos, los anteriores gobiernos se lo robaban.

Parece una ecuación sencilla, pero no todos la entienden aunque en ella reside buena parte de los resultados electorales en las últimas dos jornadas, la de 2018 y la de 2021. La primera llevó a Alfonso Durazo al senado; la segunda a la gubernatura.

Lo que siguió fue la danza de los millones. La inversión en educación, salud, infraestructura; los planes de justicia para las etnias yaqui, mayo, seri y guarijío, así como el plan de justicia para Cananea. Destacó el arranque de los frentes de obra en la modernización del puerto de Guaymas, que incluye la carretera que unirá al puerto con el estado de Chihuahua y que forma parte de un megaproyecto que establecerá un corredor comercial y turístico con alcances globales para llevar mercancías (incluyendo gas natural) a los países de la cuenca del Pacífico en Asia.

No todo, sin embargo, podía ser miel sobre hojuelas. El apartado de seguridad sigue siendo un tema polémico. El gobernador citó datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública para documentar que en lo que va de su administración el homicidio doloso ha bajado 6%, con lo que se rompió la tendencia de violencia ascendente iniciada en 2013. Dijo que el feminicidio se redujo en 40%, el robo a casa habitación bajó 16%; el robo a transeúnte, 7%; el robo en transporte público, 40%; la extorsión, 11%; el narcomenudeo disminuyó 18% y la violencia familiar 14%.

La delincuencia organizada, empero, se esmeró en mostrar que tenía otros datos. Ayer mismo hubo un intento de motín en el Cereso de Guaymas, donde se registró el asesinato de al menos una persona, en hechos distintos; en Rosario Tesopaco estalló la violencia, hubo tres vehículos incendiados y un asesinato; en Empalme hubo cuatro ejecuciones y una balacera que sumió en el pánico a la población.

En Guaymas y Empalme las balaceras ocurrieron en zonas céntricas y cercanas a escuelas y jardines de niños.

En San Luis Río Colorado hubo enfrentamientos entre bandas criminales que dejaron un saldo de cuatro personas asesinadas.

El tema de la seguridad pública, y sobre todo el de los delitos de alto impacto sigue siendo una sombra sobre el gobierno de Alfonso Durazo. Una sombra que ennegreció su primer informe de gobierno.

Por Arturo Soto Munguía

Le salió la vena opositora a Movimiento Ciudadano y en Hermosillo se lanzaron con todo sobre su ex aliado (fue su candidato al senado en 2018, aliados con el PAN), el hoy alcalde Antonio Astiazarán, con un tema que políticamente es bastante redituable habida cuenta que no hay hermosillense que en estos momentos no haya visto alterada su vida cotidiana por el mal estado de las vialidades.

El asunto de los baches no afecta solo a los automovilistas cuyas quejas se replican al por mayor en las redes sociales, sino que ha llevado a los usuarios del transporte urbano a modificar incluso sus horarios por las demoras que significan los traslados y en general, las afectaciones a la movilidad nos pegan a todos.

Movimiento Ciudadano plantea tres ejes de una estrategia crítica que incluye la participación ciudadana al hacer un llamado a dar seguimiento a los trabajos de bacheo, partiendo de las dudas que generan las cifras oficiales en cuanto a la forma como se está combatiendo el problema. Al mismo tiempo trabajan en una propuesta que contenga un apartado técnico y presupuestal para el bacheo efectivo, y promoverán el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que el ayuntamiento pueda resarcir los daños a vehículos y personas ocasionados por deficiencias en la infraestructura urbana.

Así lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa, los dirigentes estatal y municipal de ese partido, Manuel Scott y Rogelio Cota, quienes también recordaron al alcalde su promesa de regresar el pago de predial si en siete días no cumplía con tapar los baches reportados por ciudadanos al corriente con el pago de ese impuesto.

Y hasta aquí todo suena muy bien. El pequeño problemilla llega a la hora de ponerle numeritos presupuestales al asunto, porque el presidente de la República ya les mandó decir a los alcaldes y gobernadores que si saben contar, no cuenten con un solo peso del recurso federal para atender ese problema y que le metan ingenio a la cobranza de impuestos, a las negociaciones con empresas constructoras y se aprieten el cinturón para escalar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.

De ninguna manera se trata de asumir la defensoría de oficio del alcalde de Hermosillo (y del resto de los alcaldes que también enfrentan problemas similares y hasta peores en sus municipalidades), pero el Toño Astiazarán es el único que está presentando chamba en la materia, con todo y que el problema es de una gravedad tal, que lo rebasa.

Hay décadas de simulaciones y ‘bomberazos’ para tapar con materiales de baja calidad hoyancos, zanjas y baches. En Hermosillo ya hay dos o tres generaciones que posiblemente no recuerden la última vez que el gobierno construyó una vialidad completa con concreto hidráulico, pero seguramente sí permanece en la memoria las veces que alcaldes y alcaldesas de distinto signo político repitieron ese ciclo de tapar un hoyo y ver salir cinco con la primera lluvia.

Y conste que hasta antes de 2018, había programas, fideicomisos, bolsas y partidas millonarias para atender la infraestructura urbana en los municipios, que evidentemente fueron saqueados en la rapiña de corrupción y según estimaciones de quienes conocen el tema, de cada peso destinado a obras de pavimentación, recarpeteo, bacheo y en general, de infraestructura urbana, terminaban aplicándose diez centavos.

Afortunadamente llegó López Obrador a la presidencia y ya no hay corrupción (risas grabadas) pero tampoco hay dinero para invertir en obras de infraestructura.

Sarcasmos aparte, el tema es serio. Ya estamos en el tiempo que se discute en la cámara de diputados el presupuesto federal y, como sucede desde hace cuatro años lo previsible es que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal no contemple recursos para este rubro.

Llegando a este punto, vale preguntar: si los estados y municipios no tienen recursos suficientes para atender el problema de las vialidades, reconocido por el propio presidente como una demanda ciudadana por encima de la seguridad pública (y eso es mucho decir), ¿el ingenuo lector, la soñadora lectora creen que algún diputado o diputada federal por Sonora vaya a subir a la tribuna un reclamo o propuesta para modificar el presupuesto de egresos y destinar algún monto o partida para pavimentación?

O mejor aún, honestamente, ¿usted se acuerda quién es la diputada o diputado federal que lo representa por su distrito?

Ahí se las dejo.

II

Y a propósito de pesos y centavos, si los gobiernos estatales y municipales no pasan por su mejor momento financiero, les tengo noticias. Tampoco el gobierno federal tiene.

La situación es tan crítica que ayer, la cámara de diputados federal aprobó casi por unanimidad una propuesta de reforma presentada por el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier Velazco para expropiar fondos que podrían llegar a los 10 mil millones de pesos y que actualmente se encuentran en cuentas bancarias que no registraron movimientos en los últimos seis años, para ser aplicados en temas de seguridad pública.

La propuesta morenista fue aprobada en lo general por 483 votos, cero en contra y una abstención. En lo particular tuvo 102 votos en contra.

¿De qué se trata esto?

La Ley de Instituciones de Crédito ya permitía expropiar los recursos en cuentas inactivas durante más de seis años, para destinarlos a instituciones de beneficencia pública. La reforma cambia el destino de esos recursos y la beneficencia pública se quedará con el recurso de cuentas con menos de 52 mil pesos.

Pero todas aquellas cuentas inactivas con más de 52 mil pesos se irán a una cuenta global del gobierno federal y de allí se repartirán de la siguiente manera: el 50% para la federación, el 30% para los estados y el 20% para los municipios.

De los y las legisladoras de Morena no extraña la aprobación de esta reforma, pero es muy sintomático que los partidos de oposición la hayan aprobado, pues da una idea del ‘piojo’ que se cargan en estados y municipios que gobiernan y, ante el previsible escenario de un presupuesto federal 2023 sin dinero para seguridad pública, lo que caiga es bueno. Del perdido, lo que aparezca, dirían.

En este espacio citamos en su momento el sentir de una alcaldesa y un alcalde sonorenses, morenistas por cierto, que en sus periodos de gestión (2018-2021) se quejaron amargamente de la pichicatería del gobierno federal para con sus municipios.

Célida López, de Hermosillo se lamentó de que en su segundo año de gobierno ‘vio pasar volando’ más de mil millones de pesos (¡mil millones de pesos!) para programas sociales, pero casi nada para inversión en obra pública.

Sergio Pablo Mariscal, de Cajeme, solicitó al gobierno federal comprensión para destinar recursos a su municipio, dándole ‘un pellizco’ a los proyectos estratégicos (tren maya, AIFA, refinería Dos Bocas, tren transítsmico) y orientar recursos para atender los problemas de su localidad.

Ni una ni otro fueron escuchados.

Hoy solo queda un par de dudas. Si el propio presidente reconoció que en los municipios el problema de la infraestructura urbana, concretamente el de las vialidades es una demanda más sentida incluso que la seguridad, ¿Por qué los recursos que van a expropiar no se destinan a pavimentación, recarpeteo y bacheo?

Y otra: ¿por qué los diputados no plantearon esa alternativa?

Una última: ¿quiénes son los diputados y diputadas federales de Sonora?

Por Arturo Soto Munguía

Apenas pasada la elección de 2021, el presidente destapó a sus corcholatas, adelantando como nunca la sucesión presidencial. A quince meses de aquella mañanera en la que enlistó a seis ‘tapad@s’, quizás la idea de apresurar tanto el proceso no aparezca tan genial.

Quienes estaban en la lista inicial eran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle. Ayer, agregó a la lista a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña.

La incorporación de Ricardo Monreal después de muchos meses de desprecios puede obedecer al trabajo de tejido fino que hizo en el papel de policía bueno (junto al policía malo, Adán Augusto López) para sacar adelante en el senado la reforma que extendió la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Pero quizás obedezca a otras causas, entre ellas la eventual renuncia del zacatecano ante la previsible decisión final en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que no sería cosa menor. Si a Monreal le adjudican (los propios morenistas) la operación política que derivó en la derrota electoral de Morena en media capital del país, significa que el tipo trae algo en la bola y puede abrirle otro boquete importante al partido en el gobierno si echa a andar sus habilidades en la concertación con otras fuerzas políticas.

Tatiana Clouthier ya no está en el gabinete y sus primeras declaraciones tras su salida no deben echarse en saco roto. La sinaloense avecindada en Monterrey declaró al columnista Enrique Galván, de La Jornada, que el presidente está rodeado de una jauría que no deja avanzar proyectos y que está más ocupada en la sucesión presidencial que en el ejercicio de gobierno.

El presidente sigue jactándose de su alta popularidad y muestra un exceso de confianza tal que lo lleva a ironizar con la debilidad de sus opositores y hasta se da el lujo de ofrecerles asesorías gratuitas para que conduzcan el proceso de selección de su candidato o candidata presidencial.

Pero ese exceso de confianza fue el que lo llevó también a perder la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México en 2021. Si eso no hubiera ocurrido, el presidente habría transitado la segunda mitad de su sexenio por un camino despejado en la aprobación de reformas importantes como la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral. Las primeras dos las sacó en procesos accidentados y muy apretadamente, y la tercera está en veremos.

Con todo, una instantánea de este momento indica que no hay manera de que Morena no refrende su permanencia en Palacio Nacional para 2024. Sus bases electorales gozan de cabal salud; el aparato de Estado opera con eficiencia en la operación de políticas públicas que se traducen en votos y el ejército de leales tiene una convicción a toda prueba. Tienen muchísimo dinero y saben cómo utilizarlo.

La oposición por su parte, luce errática, desarticulada y hasta confrontada. Ni siquiera han sido ellos quienes han asestado los mejores golpes al partido oficial, sino que marchan a la cola de revelaciones periodísticas (como la de la Casa Gris), de las filtraciones producto del hackeo guacamayo o de la presunta ‘bomba’ que significaría el libro de Elena Chávez, ‘El rey del cash’, que tampoco fue el misil atómico que esperaban.

Eso no significa que no hayan minado la imagen del presidente, sobre todo fuera de los sectores que bajo ninguna circunstancia abdicarían del apoyo incondicional al proyecto de la 4T, sectores, hay que decirlo, que siguen siendo mayoritarios en el país y que sin duda le alcanzarían para refrendar el triunfo en 2024.

Por otro lado la oposición carece de un programa aglutinador, de una personalidad que concite los consensos internos y que a la vez sea competitiva electoralmente. Más bien parecen apostarle a una escalada en la guerra de tribus morenistas y al desprendimiento de personajes como Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, pero eso también es muy azaroso.

La Alianza Va por México integrada por PRI, PAN y PRD vive sus propios dramas internos y ya cambió de nombre a ‘Unid@s’ pero en ella aparecen los mismos protagonistas. Movimiento Ciudadano está jugando ‘pegado a la barda’ esperando cachar la candidatura de Marcelo Ebrard y/o Ricardo Monreal, pero eso sigue siendo también muy azaroso.

Estamos a poco menos de dos años de la elección, y muchas cosas pueden pasar en este último tramo. Veremos de qué cuero salen más correas.

II

Dejó la víbora chillando la colega y amiga Michelle Rivera al colgar en su cuenta de tuiter un aviso de que este día varios ‘panistas importantes’ presentarían su renuncia a ese instituto político.

Las razones esbozadas por la colega tienen que ver con inconformidades generadas después de la asamblea estatal, donde les cerraron espacios a ciertos militantes, y también por la invitación que hicieron al exgobernador Guillermo Padrés.

A reserva de lo que suceda hoy, me quedo con una versión obtenida de gente cercana a los asuntos del PAN, en el sentido de que el origen de esa información es, directa o indirectamente, nada menos que el exsecretario de Gobierno de Guillermo Padrés, Roberto Romero López, quien reaccionó de esa manera después de que ni siquiera fuera invitado a la asamblea estatal, y tampoco le dieron posiciones entre los consejeros estatales.

Ahí luego averiguamos qué pasó.

III

Los días 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo en Hermosillo el primer Foro Mundial de Energía Solar que reunirá a ponentes especialistas en la materia, del sector público y privado, así como de la academia, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Entre ellos se cuenta al expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos; el exalcalde de Los Ángeles y actual consejero de Infraestructura en California, Antonio Villaraigosa; Calixto Mateos, director General de NADBank y Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, del ITESM. También fue secretario federal de Turismo y director de Bancomext.

En el evento habrá conferencias, paneles de expertos, presentación de proyectos, encuentro de negocios B2B, sesiones de networking, talleres de capacitación, área de exposición y un hackatón, que es un encuentro de programadores para el desarrollo colaborativo de software.

Por Arturo Soto Munguía

Vaya escobazo que le dio al avispero padrecista la diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva al declarar que ese partido no buscaría una alianza con el PAN, un partido que le aplaude a un corrupto como Guillermo Padrés.

Aludía, seguramente después de leer El Zancudo de ayer, al aplauso de pie que le prodigaron al exgobernador los panistas reunidos en su asamblea estatal, aunque institucionalmente después ya ni lo mencionaron en el boletín oficial del evento.

Mal terminaba de dar esa declaración cuando el colega y amigo Fernando Oropeza la subió a su cuenta de Twitter y de allí en más todo fue como si le hubieran echado limón al ostión del padrecismo, para que sus más conspicuos representantes saltaran a la palestra yéndosele a la yugular a la diputada.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes fue en el sentido de que apenas acaba de llegar a Movimiento Ciudadano y ya pretende erigirse en vocera y artífice de la política de alianzas de ese partido, pero resulta que más tarde tuvimos en los micrófonos de la Red 93.3 FM al dirigente municipal de MC, Rogelio Cota y nos dijo que los dichos de Natalia no fueron producto de la improvisación, sino que es un tema previamente conversado en las filas emecistas y en sintonía con la dirigencia nacional donde, recogiendo el sentir de la ciudadanía han tomado la decisión de ir solos en los próximos procesos electorales.

Claro, a Natalia también le recordaron su paso por la administración de Claudia Pavlovich, donde firmó los seis años como Jefa de la Oficina del Ejecutivo, reclamándole presuntos actos de corrupción que desde luego no solo no acreditaron, sino que mientras ellos descargaban su ira contra la pasada administración, sus diputados en el Congreso local estaban aprobando el dictamen respecto a la calificación de la cuenta pública estatal 2021, que corresponde a ocho meses de la pasada administración y cuatro de la que hoy encabeza Alfonso Durazo. Con las observaciones del ISAF y posicionamiento crítico, pero la aprobaron.

Incluso la administración directa del Ejecutivo en los meses correspondientes a la administración de Claudia Pavlovich tuvo una aprobación de 100, con solo dos observaciones

Lo cierto es que a Natalia los padrecistas no le perdonan el protagonismo que tuvo durante la campaña de 2015, cuando los trajo a toallazos, de esquina a poste y no les quitó el guante de la cara hasta que salieron de Palacio de Gobierno y muchos de ellos emprendieron la graciosa huida, cargando eso sí, costales de billetes producto del saqueo a las arcas públicas.

Y fue la propia Natalia quien ayer presentó el informe de resultados de la cuenta pública 2021, acordado unánimemente en la Comisión de Fiscalización en función de las conclusiones del ISAF, que señaló mil 750 observaciones de las cuales faltan por solventar 641.

Se habla de un daño patrimonial de 564 millones de pesos, que podría reducirse si se solventan las observaciones. En realidad, para un ejercicio presupuestal de 70 mil millones de pesos, esos 564 no son tan relevantes, sobre todo considerando que el último año de Padrés, el daño patrimonial rozó los 10 mil millones de pesos.

En fin, quede este episodio como el preludio de los capítulos que están por escribirse en relación con eventuales alianzas entre partidos de oposición a Morena, que por lo visto no marchan por caminos despejados.

II

En más de la cuenta pública, en general tuvo una calificación de 86.50, pero no pasaron la prueba varias dependencias estatales: Comisión Estatal del Agua, Isssteson, Fondo de Operación de Obras Sonora SI y la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

Tampoco aprobaron 17 municipios, Empalme y Huatabampo entre los más grandes y el resto son pequeñas municipalidades de la sierra y el desierto.

El Acuerdo aprobado relativo a la cuenta estatal establece que, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, deberá dar seguimiento a cada una de las observaciones y salvedades señaladas en el Informe de Resultados del ejercicio fiscal 2021 y, en caso de no solventarlas, en términos de lo que marca la Ley en la materia, deberá promover ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad que resulten procedentes en cada caso, mismo sentido del Acuerdo sobre las 17 cuentas municipales no aprobadas.

Cada uno de los grupos parlamentarios hizo su respectivo posicionamiento, con una fuerte carga crítica, señalando errores, omisiones y presuntas faltas administrativas, pero finalmente terminaron votando a favor.

III

Y a dos días de su primer informe de gobierno, Alfonso Durazo sigue sacando la chamba y este día andará en el meritito Rosario Tesopaco para dar el banderazo de inicio a la obra de modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, un megaproyecto que vendrá a relanzar la actividad económica entre ambos estados, teniendo como centro de operaciones el puerto, donde por cierto ya comenzaron las obras de ampliación y modernización la semana pasada.

Esta carretera, gestionada por el gobernador Alfonso Durazo y su homóloga de Chihuahua tendrá una inversión de 13 mil millones de pesos, un monto que se puede referenciar considerando por ejemplo que el programa de modernización carretera en el gobierno de Claudia Pavlovich fue de cinco mil millones, o el Acueducto Independencia de Guillermo Padrés de alrededor de cuatro mil millones, aunque inicialmente estuvo proyectado con dos mil millones aproximadamente.

IV

Otro que no se duerme en sus laureles es el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán que ayer inauguró un centro de carga para las patrullas eléctricas integrado por 345 paneles solares y 120 cargadores que estiman un ahorro de 150 mil pesos mensuales en electricidad.

Este centro de carga está ubicado en la comandancia de la Zona Norte de la Policía Municipal, allí donde antes había una especie de panteón de patrullas, un espacio que asemejaba más a un deshuesadero que a otra cosa.

Para darse una idea del ahorro, considérese que cada patrulla convencional consumía un promedio diario de 837 pesos solo en gasolina; las patrullas eléctricas consumen 65 pesos diarios y con energía limpia, renovable y gratuita.

La Policía Municipal de Hermosillo es la primera en el país en contar con un parque solar, que por cierto se hizo posible gracias a la donación de 132 paneles solares por parte del grupo empresarial FEMSA, y forma parte de una serie de estrategias con perspectiva medioambiental que viene desarrollando el ayuntamiento.

Y aquí hay que reconocer el trabajo de la directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, que por cierto ha acompañado al Toño Astiazarán en estos temas desde que estaba a cargo de la AC Energía Sonora. Palomita.