Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguía

Tres grandes proyectos colocan a Sonora a la vanguardia en materia de energías renovables: la planta solar de Puerto Peñasco, el enorme yacimiento de litio en Bacadéhuachi y la instalación de una planta de licuefacción de gas en Guaymas.

Esos temas fueron parte de la agenda que el presidente de la República y el enviado especial del gobierno norteamericano para temas del cambio climático, John Kerry abordaron en el encuentro sostenido el pasado fin de semana en Hermosillo, en una reunión donde participaron le gobernador del estado Alfonso Durazo y el canciller Marcelo Ebrard encabezando al equipo que acompañó a López Obrador en esta reunión.

Con frecuencia suele cuestionarse al presidente mexicano sobre su presunta falta de vocación por los temas ambientales, sobre todo por su gran apuesta a la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el gran apoyo a la producción y uso de carbón para el funcionamiento de plantas generadoras de la CFE y hasta el tren Maya, que funcionará con diésel.

Lo cierto es que en su agenda sí hay proyectos comprometidos con las energías limpias y para muestra estos tres que se desarrollan en Sonora. Pero además, de acuerdo con lo que se informó en el citado encuentro, el plan del gobierno federal en la materia contempla la construcción de cinco parque fotovoltaicos, la producción de baterías de litio, el aumento de plantas hidroeléctricas y eólicas.

Y lo más relevante es que tres de los más grandes proyectos se están materializando en Sonora, lo que además del cuidado del medio ambiente que representan, tendrá un impacto económico positivo en la entidad.

Por supuesto que quien no perdió la oportunidad de sostener un encuentro con Kerry fue el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que no es un improvisado en el tema de las energías limpias, pues tiene muchos años trabajando esa agenda desde la Asociación Civil Energía Sonora.

Como alcalde, también le ha dado una perspectiva ambientalista al ejercicio de gobierno sumando varias acciones en favor del medio ambiente, siendo la más relevante la adquisición de 220 patrullas eléctricas que viene a fortalecer las tareas de seguridad pública pero a la vez permiten el ahorro de millones de pesos en combustibles y refacciones, y lo más importante: no contaminan.

Uno de los temas que abordó el alcalde con el enviado de la Casa Blanca para los temas del Cambio Climático fue la realización del Foro Mundial de Energía Solar, que convocará a especialistas de la industria energética, tomadores de decisiones y expertos en eficiencia de la energía y fuentes renovables.

II

Por cierto, se hizo un pequeño escándalo la noche de la reunión AMLO-Kerry, pues no se difundieron imágenes de ese encuentro, y en las que fueron publicitadas no aparecía el presidente.

La presunta ausencia generó un alud de preguntas, especulaciones, versiones no confirmadas y leyendas urbanas atizadas por el contexto de las revelaciones de Guacamaya a propósito de la salud de López Obrador, que incluyen información de la Sedena que da cuenta de una agenda presidencial casi circunscrita a las mañaneras.

Lo cierto es que al siguiente día se publicó una foto (una foto) de la famosa reunión y en ella aparece el presidente, el gobernador, John Kerry y otros miembros de sus equipos.

Y para ese entonces, ya el presidente estaba en territorio yaqui firmando el decreto para la restitución de más de 29 mil hectáreas a la etnia, y luego viajó a Navojoa para la puesta en marcha del programa IMSS-Bienestar, y la verdad, se veía saludable. De hecho, AMLO llegó a Sonora procedente de Baja California Sur donde tuvo varios eventos. Y de Navojoa se fue a Badiraguato, Sinaloa.

O sea, para tener tantos achaques como se le atribuyen, anda cumpliendo una agenda muy cargada.

Esta es la quinta ocasión que el presidente visita el que quizás sea el referente más emblemático del narcotráfico en México, la cuna de El Chapo Guzmán y otros iconos del crimen organizado nacional. La visita a Badiraguato no tuvo cobertura de prensa. La anterior ocasión en que estuvo allí, el camión en que viajaba la prensa fue interceptado por un retén de hombres armados, aunque el presidente desestimó el episodio diciendo “no pasa nada, no pasó nada”.

Como broma del ‘timing’, la semana previa a este viaje, el excomisionado de Seguridad Pública, Manuel Espino Barrientos incendió las redes cuando reveló que había hecho al secretario de Gobernación una propuesta para pactar con algunos grupos de la delincuencia organizada para pacificar el país. Incluso, dijo, esa propuesta se la hizo llegar a varios grupos criminales pero solo le respondieron dos de ellos, aunque no precisó cuáles.

III

Y ya que andamos por los escabrosos terrenos de la nota roja, el fin de semana que estuvo el presidente en Sonora fue uno de los más violentos en lo que va del año. Hubo balaceras en Guaymas y Empalme; muertos, heridos y una patrullas de la Policía Municipal porteña incendiada; bloqueos carreteros y ponchallantas en las calles.

La Fiscalía estatal atribuyó estos hechos a una reacción del crimen organizado por la captura de dos hombres que el sábado tirotearon a otro sujeto.

En Cajeme apareció un cuerpo humano desmembrado en céntrica zona de la ciudad.

Todavía el domingo, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Las Palmas, de Guaymas, en una vivienda que era utilizada como ´tiradero’ de drogas. También asesinaron a un hombre en la colonia Miguel Hidalgo del mismo puerto, y uno más resultó lesionado de bala. Tan solo el domingo dejó un saldo de tres muertes y un herido en Guaymas.

Andan sueltos los demonios.

Por Arturo Soto Munguía

De ‘pisa y corre’ pero el enviado especial de la Casa Blanca para asuntos relacionados con el cambio climático estará en Hermosillo donde sostendrá una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes por la tarde.

Inicialmente se había previsto una visita a la planta fotovoltaica que se construye en Puerto Peñasco y que está llamada a ser una de las siete más grandes del mundo, pero por cuestiones de agenda del funcionario norteamericano se tuvo que reajustar la agenda.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, Kerry y López Obrador hablarán sobre oportunidades para robustecer la determinación nacional y contribución de México en temas ambientales, promover la reducción a cero de emisiones vehiculares, bajar emisiones de metano y profundizar la inversión en energías renovables.

No es casual que este encuentro sea en Sonora.

Si una entidad en México representa la avanzada de la cuarta transformación en materia de energías limpias es precisamente nuestro estado. No hay en todo el país un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de la luz solar como el de Puerto Peñasco, ni un yacimiento de litio con el potencial del que existe en Bacadéhuachi.

Desahogada la agenda con el enviado de Joe Biden para asuntos medioambientales bilaterales (una agenda que no es la más cómoda para López Obrador), el presidente volverá al juego que mejor juega y que más le gusta: estará el sábado por la mañana en Belem, el más norteño de los ocho pueblos yaquis, para firmar el decreto mediante el cual se entregan más de 30 mil hectáreas de tierras a las comunidades de la nación yo’eme y supervisar los avances en la creación del distrito de riego para sus comunidades.

Por la tarde estará en Navojoa para poner en marcha el Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar, que es como decir la antesala del sistema de salud danés que según sus propios dichos tendremos en México al finalizar su sexenio.

No se sabe si ya con esa euforia se pase a Huatabampo para conocer el proyecto de vivienda indígena que el alcalde Chuy Flores anda copiando de Inglaterra, con más ganas ahora que llegó como primer ministro un hombre de origen indio.

*risas grabadas*

II

Extraños son los caminos sobre los que avanza la proverbial carreta en la que se van acomodando las calabazas.

Ayer se reunieron Zaira Fernández y Pascual Soto, cabezas de un movimiento que desde el PRI está empujando a favor de una alianza opositora, con dirigentes de Movimiento Ciudadano entre los que se cuenta el coordinador estatal Manuel Scott y el diputado local Jorge Russo, además de un viejo conocido suyo, Ernesto ‘El Pato’ de Lucas.

Un Pato que por cierto anda viviendo momentos estelares después de una lapidaria respuesta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien estuvo en el Congreso local para promover la aprobación de la reforma para postergar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Aunque la iniciativa finalmente se aprobó en el Congreso de Sonora, el patibulario tabasqueño no se fue sin la carrocería abollada con ese posicionamiento en el que MC fundamentó su voto en contra, pero ese es otro tema.

Lo que llama la atención son los puentes que están tendiendo Zaira y Pascual con Movimiento Ciudadano, porque se suman a una tendencia que en el plano nacional impulsan otros cuadros tricolores como Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros que han pintado su raya frente a la claudicante gestión del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

Poco a poco se van configurando acercamientos entre fuerzas opositoras rumbo al 2024, y en ese contexto debe entenderse también el encuentro que sostuvieron en la Ciudad de México el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán con el diputado federal de MC, Jorge Álvarez Maynez y con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

El Toñito Astiazarán estuvo en la capital del país cabildeando apoyos presupuestales para Hermosillo en vísperas de la discusión (y segura aprobación) del presupuesto de egresos de la federación enviado al Congreso por el presidente de la República, pero aprovechó su estancia para bordar sobre otros temas en los que también se anda moviendo y que tienen que ver más con la política-política.

Los priistas Zaira y Pascual se han atrincherado en una posición según la cual, todo aquel que apoye a Alito Moreno se convierte en un apoyador del obradorismo tricolor y bajo esa premisa se han dado a la tarea de promover en su partido una plataforma de oposición al oficialismo, que puede minar las de por sí alicaídas huestes que apoyan a Rogelio Díaz Brown en la dirigencia estatal del PRI.

Veremos cómo evolucionan estos movimientos.

III

Leo una nota en el portal www.lapoliticaonline.com en la que recuerdan que Manuel Espino, además de fracasar como operador político de la 4T en Durango en las elecciones del año pasado, donde quiso ser candidato pero no pudo, fue despedido por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, entre otras cosas por la “poca predisposición a las jornadas laborales”.

Traduciendo: en su cargo como Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el señor era más bien proclive a tirar hueva.

Pero no es el lúdico goce de rascarse el escroto lo que ha puesto al ex panista, derechista de El Yunque, foxista, calderonista, peñista y ahora obradorista en el centro de la polémica.

Resulta que Manuel Espino reveló en un foro sobre seguridad, que ha hecho llegar al secretario de Gobernación Adán Augusto López una propuesta que ya trae avanzada, para pacificar el país a partir de acuerdos entre el gobierno y los grupos del crimen organizado con los que ya hizo contacto, aunque solo le han respondido dos, sin decir cuáles.

No imagino, en serio, la clase de retortijones que provocó en Palacio Nacional, y sobre todo en los camaradas de izquierda que gravitan en torno al presidente, la declaración del yunquista.

De por sí han tenido que tragar sapos en maromas con alto grado de dificultad para ponerle buena cara a las botas militares y lustrarlas con denuedo, para que ahora venga don Manuel a decir que se debe hacer lo que ya se hace y siempre se ha hecho, pero que es políticamente incorrecto decirlo.

“Yo le propuse al Secretario de Gobernación algo que he propuesto en otros países. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualquiera. (…) El mal menor que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos, y se puede. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos”, dijo Espino.

“No me ayudes, compadre”, deben estar diciendo en Palacio Nacional.

“Sí, sí, ayúdame”, deben estar diciendo El Mencho, Ovidio y otros jefes de cárteles y ‘cartelitos’ que si traen el desmadre que traen, es precisamente porque no hay un interlocutor único y mientras ellos dan una y otra vez pruebas de que como delincuencia están muy bien organizados, lo que priva en el gobierno es la desorganización y así no se pinches puede.

Por cierto, en esa misma nota dicen que Manuel Espino se quiere incorporar al equipo de Claudia Sheinbaum, lo que suena descabellado, pero no imposible considerando que el señor trae un plumaje inmaculado después de cruzar los más más cenagosos pantanos.

Por Arturo Soto Munguía

Aaaaaaficionadooooooos que viveeeeeeeen la intensidaaaaaaad de los posibles cambios en el gobierno estatal, se viene una oportunidad de oro para medir qué tan firme está la fiscal estatal Claudia Indira Contreras en su cargo.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitó la comparecencia de la funcionaria ante el Congreso del Estado para responder por las 15 recomendaciones que le hizo a propósito de igual número de desapariciones de personas sobre las cuales, según la CEDH, la fiscalía ha sido omisa o ha dilatado las investigaciones.

El tema es relevante porque como se sabe, la titular de la Fiscalía fue nombrada por el Congreso y solo el Congreso puede removerla, de manera que esa comparecencia sería un termómetro ideal para medir las animosidades que desde Palacio de Gobierno hay y que sin duda se reflejarán en las posiciones que asuman los y las diputadas afines al gobernador.

De acuerdo con la CEDH, la fiscalía aceptó dar cumplimiento a cuatro de las seis recomendaciones hechas en cada uno de los casos para reparar las violaciones de derechos a las víctimas, pero no admitió tales violaciones como graves ni sistemáticas, y tampoco aceptó ofrecer una disculpa pública a las víctimas.

Y de acuerdo a la legislación vigente, si la autoridad no acepta total o parcialmente una recomendación se le citará a comparecer ante el Congreso, y si persiste en ello se podría denunciar penal y/o administrativamente a la autoridad responsable, es decir, a la señora Contreras Córdova.

No hay que perder de vista este proceso, porque en función del trato que le dispensen a la fiscal los legisladores y legisladoras (sobre todo del bloque oficialista) se sabrá realmente el ánimo que hay en Palacio de Gobierno respecto a su permanencia en el cargo.

Qué nervios.

II

Por relatos de terceros o de las propias víctimas, las redes sociales han dado cuenta de varios casos suscitados sobre todo en Hermosillo, de jóvenes mujeres que una noche que puede ser la de hoy o la de cualquier fin de semana, salieron buscando el natural derecho a la diversión y el esparcimiento, pero la alegría devino en tragedia.

Casos de abuso sexual, violación, desaparición y hasta feminicidios aparecen eventualmente en los medios de comunicación, a veces frente a la indiferencia social que ha llegado a normalizar estos sucesos o peor aún, frente a la condena de quienes juzgan y sentencian: “ellas se lo buscaron, quién las trae a esas horas en la calle, para qué toman”…

En las últimas semanas se ha denunciado lo que parece ser una práctica criminal que llegó para quedarse y que consiste en usar, sin consentimiento, sustancias que alguien mezcla en las bebidas y que una vez ingeridas dejan a las jóvenes en total estado de indefensión.

Se han conocido víctimas, pero a menos que me equivoque, lo que no se ha conocido son victimarios. Es decir, no se sabe hasta el momento de alguien que haya sido detenido, vinculado a proceso o juzgado por ese delito que ha venido a agregar un ingrediente más de temor y zozobra al desvelo de padres y madres, parejas o familiares que inevitablemente esperan con angustia el regreso de los suyos a casa con la esperanza de que todo esté bien.

Y la impunidad, se sabe, es el principal estímulo para la comisión del delito.

De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal, en los últimos dos años el delito de violación se ha incrementado en 46.7%; el abuso sexual en 23.9% y el acoso sexual en 66.6%.

Sí, a todos toca la responsabilidad de cuidarnos y cuidarlas. Hay recomendaciones y protocolos, medidas de prevención y uso de tecnologías para conocer ubicación en tiempo real y un sinfín de medidas para prevenir situaciones de riesgo, pero lamentablemente la noche alberga también sombras acechantes.

Y si ninguna medida de prevención está de más, tampoco está de más tipificar y sancionar como delito lo que hoy se conoce como ‘sumisión química’ que es precisamente esa práctica no consentida de drogar a alguien con fines aviesos.

De eso trata la iniciativa que presentó ayer la diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva para proteger a los y las jóvenes contra criminales que alteran bebidas en puntos de reunión, estableciendo castigos severos y nuevas obligaciones para los negocios donde se venden y consumen dichas bebidas, que podrían ser sancionados con la cancelación de la licencia correspondiente.

Sonora sería el primer estado en incorporar a su legislación la figura de sumisión química como delito y como agravante de otros delitos.

La iniciativa tiene mérito, pues parte del pulso que se toma a la realidad de estos días y propone sanciones de 4 a 10 años de prisión para quien cometa ese delito, sin prejuicio de las penas que correspondan a otros delitos que se cometiesen sobre la víctima. La pena se agrava si el autor del delito resulta ser empleado o colaborador del establecimiento donde se cometa.

La sumisión química se define como la administración de sustancias psicoactivas a una persona con fines criminales o delictivos.

Bien por esta iniciativa de Natalia Rivera que una vez más demuestra estar legislando a partir de lecturas correctas de una realidad social que a veces late más aprisa que los corazones de otros funcionarios públicos más ocupados en sus inmediateces políticas.

III

Leída de cartilla

Me gustó el discurso que dio el gobernador Alfonso Durazo en el foro organizado por la Coparmex Sonora, el sindicato patronal más importante del estado, en el que se agrupan los verdaderos ‘machuchones’ del capital; los hombres y mujeres del dinero, los que invierten, generan empleos y potencian el desarrollo.

Lejos de ser un discurso de confrontación -aunque admitió que política e ideológicamente existen diferencias entre ese sector de la sociedad y el proyecto de la cuarta transformación- fue un elocuente llamado a aprovechar las oportunidades que ofrecen los grandes proyectos de desarrollo que ya están en marcha en Sonora.

Proyectos que representan miles de millones de pesos y a los que el sector empresarial sonorense debe estar atento para ser partícipes, con la advertencia, eso sí, de que si no son ellos, serán otros quienes los aprovechen.

Citó el caso de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco donde está por licitarse una segunda etapa que significa más de 800 millones de dólares; la carretera Guaymas-Chihuahua, cuya segunda etapa la gano un consorcio de empresas sonorenses y donde se invertirán más de mil 300 millones de pesos. La modernización del puerto de Guaymas y el proyecto para sacar del casco urbano de Nogales las vías del ferrocarril.

Aludió también a San Carlos, cuyo potencial turístico detonará extraordinariamente con las obras que se realizan en el puerto de Guaymas y la carretera a Chihuahua, que en dos o tres años potenciará ese destino y los invitó a invertir desde ya, no esperarse a que la carretera esté lista, para desarrollar la infraestructura turística y de servicios.

Alfonso Durazo puntualizó que su gobierno será facilitador de la inversión para lo cual trabaja en la disminución de trámites para que más empresas se establezcan en Sonora y generen mejores empleos, mensaje que fue captado por el presidente de Coparmex Sonora Norte, quien convocó a sus agremiados a trabajar conjuntamente con el gobierno del estado.

Por Arturo Soto Munguia

Un parto de los montes resultaron las revelaciones anunciadas con matracas y serpentinas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores sobre presuntas evidencias de traición a la causa obradorista por parte del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Lo más fuerte que presentó la Laura Bozzo de la política mexicana fueron capturas de pantalla de un chat entre Monreal y el dirigente nacional priista Alito Moreno en el que presuntamente acuerdan los términos de una negociación que se tradujo en el triunfo de David Monreal (hermano de Ricardo) en la gubernatura de Zacatecas.

Bien vistas las cosas, esa filtración pudo haber venido del propio Ricardo Monreal, considerando que en esas conversaciones hace gala de su capacidad de negociación con el PRI para abrirle paso a Morena, toda vez que Alito habría reconocido que no pudo tejer una alianza con Morena, pero operó para poner una candidatura a modo para que ganara David Monreal.

En el saldo, esa negociación levantaría los bonos de Monreal y sugeriría una chamaqueada a Layda, que si bien reiteró acusaciones en el sentido de que el zacatecano operó para que Morena perdiera media Ciudad de México, no presentó más pruebas que sus dichos.

De hecho, Alito Moreno tuiteó después de conocer la ‘bomba’ que soltó Layda Sansores lo siguiente: “Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador Ricardo Monreal Ávila, un político de experiencia que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”.

El más bisoño descifrador de mensajes crípticos sabrá que en esta coyuntura en la que el PRI ha votado a favor de las iniciativas de Morena (y hasta las ha hecho pasar como suyas, como en el caso de la extensión de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública) sabrá que Monreal se consolida como un operador confiable para los fines de la 4T.

El propio Monreal fijó en su cuenta de Twitter un video en el que aparece acuerpado por senadores y senadoras morenistas en la sesión donde se discutió la Ley de Ingresos de la Federación y en el que expone: “Somos de los que creemos que el trabajo todo lo vence, no nos asusta nada, estamos actuando con responsabilidad, para darle al país, para ofrecerle al presidente una Ley de Ingresos capaz de enfrentar los retos que tendremos el próximo año. NO nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones ni las intrigas y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo anuncié”.

No sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que Monreal se disfrazó de guacamaya y le filtró los chats a Layda, y la campechana cayó redondita.

II

“La sorpresa podría brincar por otro lado, pues aunque desde hace tiempo se sabe que el jefe de la oficina del Ejecutivo, Rodolfo Castro Valdez estaba siendo investigado en Baja California por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones durante su paso por el gobierno de Jaime Bonilla, ayer se llevó a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba a proceso, sin que a la hora del cierre de este despacho se tuvieran noticias al respecto”.

Esto escribimos el pasado 19 de octubre cuando se llevó a cabo la primera audiencia en Mexicali, Baja California, de varios funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla involucrados en un espinoso asunto que involucra cientos de millones de pesos desviados, y en el que uno de los implicados es nada menos que Castro Valdez.

Lo escribimos en el contexto de una escalada en la rumorología sobre eventuales cambios en el gabinete de Alfonso Durazo y adelantamos que el huatabampense avecindado desde hace años en Baja California podría ser la primera baja importante del duracismo y no por un enroque o ajuste, sino para cumplir el más clásico papel de los funcionarios públicos: el de un fusible que se quema antes de que la sobrecarga le llegue al jefe.

Pues bien, Rodolfo Castro Valdez fue vinculado a proceso y deberá enfrentar la investigación respectiva, que lo involucra en la firma de un convenio ‘ventajoso’ para la empresa Next Energy para la generación de energía eléctrica en una planta fotovoltaica, cuando ocupaba el cargo de secretario de Hacienda en la administración de Jaime Bonilla.

Como se sabe, Bonilla entró en un conflicto con la actual gobernadora de Baja California después de promover una ley que le permitiera (a Bonilla) prolongar a seis el mandato de dos años para el que fue electo, lo que finalmente no ocurrió y tuvo que regresar al Senado donde actualmente ocupa un escaño.

Ciertamente que, como dijo el gobernador Alfonso Durazo en su conferencia de prensa ayer, “la vinculación a proceso no significa de ninguna manera una sentencia condenatoria” y dejó abierta la posibilidad de que el funcionario regrese a ocupar su cargo.

Espero que él, con los elementos que a mí me ha compartido, sean valorados favorablemente por la instancia jurisdiccional correspondiente y que pueda cerrar este capítulo en los mejores términos, y en ese momento que concluya el proceso ya estaremos evaluando la situación”, dijo Durazo.

Mientras se resuelve el caso, el cargo que desempeñaba como jefe de la Oficina del Ejecutivo se encuentra acéfala y esto podría precipitar algunos cambios en el gabinete.

Pa’ pronto, en radio pasillo comienza a manejarse la versión de que esa oficina podría ser ocupada por el actual secretario particular del gobernador, el también huatabampense Francisco Vázquez, pero eso obligaría a buscarle a su vez, un relevo a Vázquez. También se mencionó el nombre de Adolfo Salazar.

Y como una cosa lleva a la otra, por estos días también podría estar desocupando su oficina en la dirección General del Isssteson Jesús Manuel Acuña, de quien dicen se iría a ocupar la titularidad de la secretaría del Trabajo, donde despacha Olga Armida Grijalva, a quien simplemente le darían las gracias por los servicios prestados.

También se habla de que María Dolores del Río, actual secretaria de Seguridad pasaría a la de Gobierno, y Álvaro Bracamonte, titular de esa dependencia iría a la de Educación y Cultura.

Todo, desde luego es extraoficial, pero la rumorología anda muy fuerte en Palacio.

III

Lo que sí es oficial es que ya ‘cayeron’ 123 millones de pesos producto de la regularización de los autos ‘chocolates’ en Sonora y en breve habrán de llegar esos recursos a las arcas de los municipios en los que fueron legalizados y estarán etiquetados para aplicarse en obras de rehabilitación de vialidades.

Como se sabe, ese recurso fue cobrado por el gobierno federal y ya se firmó un acuerdo entre la SHCP y el gobierno del estado para la transferencia respectiva que será la próxima semana de acuerdo con lo informado por el gobernador Alfonso Durazo.

El gobierno de Sonora, a su vez y en aras de apoyar a los municipios en el tema de la pavimentación, solicitará al Congreso del Estado la autorización de un crédito de corto plazo (pagadero el año próximo) que le permita aportar la misma cantidad que le corresponda a cada ayuntamiento.

Por Arturo Soto Munguía

La historia del accidentado tránsito del PRI Sonora después de perder el gobierno estatal no termina de escribirse.

Ayer, Zaira Fernández y Pascual Soto, militantes que integraron una de las fórmulas que compitió por la dirigencia estatal anunció la integración y activación de un movimiento disidente de las cúpulas del tricolor a las que señalan de trabajar para Morena y convertir al PRI en uno más de sus partidos satélites.

El análisis de la coyuntura los lleva a concluir que “todo priista que participe en el proyecto de Alejandro Moreno Cárdenas está trabajando para Morena”, y en ese costal echaron por supuesto al dirigente estatal Rogelio Díaz Brown y a la fórmula contra la que compitieron integrada por Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu.

Sostienen que la alianza construida en 2021 para llevar como candidato común a la gubernatura a Ernesto ‘El Borrego’ Gándara y a otros hombres y mujeres que buscaron cargos de elección se encuentra fracturada y es necesario comenzar a construir otra pensando no solo en los partidos políticos, sino en esa parte de la sociedad civil que, junto a muchos priistas tampoco se siente representada ni por los gobiernos de Morena ni por la dirigencia del tricolor.

En un desglose de los resultados obtenidos por la Alianza Va por México en la pasada elección, concluyen que el PRI obtuvo el 62 por ciento de los votos (198 mil, mientras el PAN logró 98 mil y el PRD 11 mil), por lo que se mantiene como una segunda fuerza importante que, sin embargo corre el riesgo de diluirse producto del desaseo de sus procesos internos y su condescendencia hacia el gobierno de Morena.

La decisión de activar lo que llaman Movimiento de Priistas Inconformes se tomó después de consultar a la base militante de todo el estado y de aplicar una encuesta en la que descubrieron que el 89 por ciento está dispuesto a participar en una alianza opositora contra Morena; el 79 por ciento está en desacuerdo con la imposición en la dirigencia estatal y el 73 por ciento dijo no estar dispuesto a participar en el PRI de Alito Moreno y Rogelio Díaz Brown.

Lo interesante de este movimiento, aseguran, es que puede tener repercusiones en el plano nacional, pues si bien Alito mantiene el control sobre los órganos de dirección partidista (por eso no lo han podido ‘tumbar’), en varias entidades se han detectado inconformidades similares a las que existen en Sonora.

Hay también diputad@s, senador@s, ex gobernador@s y ex dirigentes nacionales que no están de acuerdo con la forma en que está dirigiendo el partido y eventualmente podrían sumarse a esta ola de priistas inconformes.

Zaira y Pascual saben que pueden ser sujetos de sanciones pero están dispuestos a correr el riesgo. Veremos qué sucede.

II

Por diferentes razones, en Morena también soplan vientos de división. Si en el PRI la derrota los metió en una dinámica de disputa por las poquísimas posiciones que mantuvieron y a las que pueden aspirar, en Morena parece suceder a la inversa.

El desmedido poder que alcanzaron con el avasallador triunfo de 2018 los hizo confiar en que repetirían la dosis en 2021, pero la historia es conocida. Aunque volvieron a pasarle por encima a la oposición abrumadoramente, perdieron una cantidad considerable de votos, la posibilidad de volver a sumar una mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, y perdieron también la mitad de la Ciudad de México, un golpe que no terminan de asimilar.

De haberlo conseguido, en estos momentos el presidente no tendría problema alguno para sacar adelante sus reformas estratégicas (energética, educativa y de seguridad) por lo que ha tenido que recurrir a métodos poco heterodoxos y más bien similares a los que utilizaba el PRI en sus tiempos de partido hegemónico, incluidos el chantaje, la amenaza, la cooptación, entre otros.

Por si fuera poco, el presidente adelantó su propia sucesión casi cuatro años, lo que provocó el hervidero de grillos que trae a sus corcholatas desatadas y a varios personajes importantes en una guerra que a veces se mueve al nada elegante terreno del lodazal.

El presidente está rodeado de una jauría que solo piensa en la sucesión, dijo Tatiana Clouthier en su primera declaración después de renunciar a la secretaría de Economía.

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena parece con un pie fuera de ese partido, consciente de que no está en el ánimo del presidente y mucho menos de la corcholata favorita, Claudia Sheinbaum, que ha dejado correr la versión de que el zacatecano tuvo mucho que ver en la derrota morenista en media Ciudad de México.

Hoy, en su ‘Martes del jaguar’ la gobernadora de Campeche, que se ha convertido en una suerte de Laura Bozzo de la política le dedicará su programa a Ricardo Monreal al grito de “¡Que paaaaaaaaaase el desgraciadooooo!”.

Lo anunció el fin de semana y Monreal respondió que era parte de la guerra sucia y los afanes divisorios de la gobernadora y el grupo en el que se identifica. Layda Sansores había recapitulado y anunció que cancelaría ese tema en su programa, pero al enterarse de las declaraciones de Monreal, volvió a la carga y hoy sabremos de qué se trata.

Monreal por su parte ya dejó claro que de seguir la guerra sucia en su contra buscará otros destinos y eso, aunque algunos lo desestimen podría abrirle un boquete importante a Morena, sobre todo en la Ciudad de México.

No es el único. Hay un movimiento importante que se viene gestando desde hace meses reclamando la democratización de la vida interna de Morena y la reconquista de espacios que fueron ocupando advenedizos de otros partidos. Este movimiento lo encabeza John Ackerman y aunque también suelen desestimarlo, podría dar algunos dolores de cabeza.

Y todavía falta saber cuál será la posición que asuma Marcelo Ebrard una vez que se haga oficial la candidatura presidencial y resulte que no fue él.

En un plano más lejano aparece Porfirio Muñoz Ledo que, muy olvidado y vituperado, no deja de representar una piedrita en el zapato, con sus puntillosas críticas al presidente y su ejercicio político y de gobierno.

A esta serie le faltan muchos capítulos, a cual más de emocionantes. La disputa por el poder, sobre todo cuando tiene como escenario el poder mismo suele ser bastante cruenta y estamos a más de un año de las definiciones.

Frente al thriller que puede sobrevenir en Morena, lo que suceda en el PRI pasaría a ser un insulso episodio de la Rosa de Guadalupe.

Por Arturo Soto Munguía

Estamos lejos de pensar en Hermosillo como un remanso de paz, pero definitivamente estamos más lejos de respirar en la capital de Sonora el enrarecido aire de otros municipios donde levantones, tiroteos y ejecuciones forman parte ya del paisaje urbano y obligan a la ciudadanía a modificar sus agendas cotidianas.

Y no es que aquí no sucedan, pero no tienen la frecuencia ni la espectacularidad de los que ocurren en otras comunidades que ciertamente, son las menos y están muy focalizadas: Cajeme, Guaymas-Empalme, Caborca y San Luis Río Colorado son los casos más emblemáticos y es obvio que esto tiene que ver con su condición de asiento de grupos criminales en disputa por las plazas.

¿Significa esto que en Hermosillo no hay presencia de esos grupos o que resulte poco atractiva para disputar el mercado de las drogas y otros negocios criminales? Difícil, siendo la ciudad más poblada, con casi un millón de habitantes y donde se concentran muchas de las actividades financieras, es decir, donde se mueve mucho dinero.

Pero por alguna razón que quizá tenga que ver con el hecho de que en la capital residen los tres poderes del Estado y naturalmente hay una mayor presencia de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías estatales y elementos de la municipal, el ‘ejecutómetro’ no se mueve con la frecuencia como lo hace en otras latitudes.

Necesariamente eso se traduce en una percepción de inseguridad menor, como lo consigna la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Inegi), refiriendo que en el último año Hermosillo se colocó como la tercera capital estatal donde más disminuyó la percepción de inseguridad, solo detrás de Xalapa, Veracruz y Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Son datos oficiales del gobierno federal y esto debe ser un aliciente para que el alcalde Antonio Astiazarán siga reforzando lo que ha hecho en su primer año, en el que hay que señalar el impacto que tuvo la puesta en circulación de 220 nuevas unidades de la Policía Municipal (eléctricas, por cierto, y eso es otro plus), con lo que suman 300 patrullas circulando por las calles.

Ningún otro municipio del estado, ni siquiera considerando la proporción poblacional se aproxima a un programa de esta naturaleza y dimensión.

En el plano nacional Hermosillo destaca por haber disminuido la percepción de inseguridad en un 11.4%, por encima de 12 capitales donde la disminución fue menor, y ni se diga de otras donde la percepción de inseguridad creció en el último año, como Chihuahua, Monterrey, Guanajuato, Zacatecas, La Paz, Tlaxcala y Colima, estas dos últimas con el mayor incremento.

El estudio contempla solo capitales estatales, por eso no aparecen otras ciudades como las que mencionamos al principio de esta columna para el caso de Sonora, pero sería interesante conocer cómo andan esos indicadores por rumbos de Cajeme, Guaymas, Empalme, San Luis RC y Caborca, que por cierto volvió a ser nota internacional tras el asesinato de un hombre que iba saliendo de su boda del brazo de su novia y fue baleado a las puertas de la iglesia y trasladado a un hospital, donde no pudo sobrevivir a las heridas.

Como la balacera en la plaza pública de Rosario Tesopaco, el intento de motín en el Cereso de Guaymas o el tiroteo cerca de una escuela en Empalme, son los casos que empañan incluso aquellos esfuerzos que se hacen desde el ámbito estatal y que se traducen en el reconocimiento a la fiscalía estatal en cuanto a las órdenes de aprehensión ejecutadas, decomisos de armas, drogas, vehículos y personas.

Es decir, las autoridades no están cruzadas de brazos, pero el problema parece a veces rebasarlas.

II

El tema de la seguridad pública sin duda será uno de los que marquen agenda en las próximas campañas electorales que aunque se ven lejanas, ya están encima y eso es muy notable si se considera la promoción mediática que traen varios aspirantes a los cargos que estarán en disputa.

No tenemos muchos indicadores sobre las tendencias de las preferencias electorales y cualquiera pensaría que esa percepción de inseguridad que tiene en Hermosillo un garbanzo de a libra, se traduciría en un desgaste de los gobiernos locales de Morena, pero también puede ser que se repita el escenario 2021, cuando muchos daban por descontado que debido a un trabajo que iba de regular a muy malo en ayuntamientos morenistas como Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales, Navojoa, Huatabampo entre otros, la oposición podría conquistar esas plazas.

La realidad es que los y las candidatas de Morena les dieron un baile, a pesar de esos gobiernos locales mal evaluados y la gran sorpresa fue Hermosillo, el municipio más importante ganado por la alianza PRI-PAN-PRD.

Con todas las reservas que solemos tener hacia las encuestas publicadas, la referencia más cercana es la de Demoscopia Digital, que arroja datos reveladores. De entrada, a la pregunta de por qué partido votaría si hoy fueran las elecciones, Morena se lleva el 44.8% de la intención del voto, muy lejos de las otras fuerzas que aparecen con el 13 (PAN), el 11 (PRI), y el 8.7 (MC).

Por eso se advierte que a pesar de la pertinaz campaña en redes sociales cuestionando los resultados sobre todo en materia de seguridad, a los gobiernos de Morena no parece despeinare sus niveles de aceptación, tal como sucedió en 2021.

En 2024 los escaños más importantes que estarán en disputa son los del Senado (dos de mayoría y uno de primera minoría) y los resultados que arroja esta encuesta para cada uno de los partidos son como siguen: por Morena, Lorenia Valles Sampedro encabeza las preferencias; por el PRI, Ernesto Gándara; por el PAN, Antonio Astiazarán; por MC, El Pato de Lucas y por el PT, Ramón Flores.

Es muy temprano para echar campanas al vuelo, pero hasta ahorita así van de acuerdo a Demoscopia Digital.

En el camino, desde luego, pueden pasar muchas cosas.

III

Y a propósito de candidaturas adelantadas y patadas bajo la mesa, este martes siempre sí habrá rugido del jaguar desde Campeche, donde Layda Sansores abrirá fuego contra Ricardo Monreal, una vez que dejó por la paz a Alito Moreno.

Primero advirtió que revelaría algunas cosas del zacatecano, luego declinó hacerlo en aras de evitar malas interpretaciones para no atizar el conflicto interno, pero como Monreal salió a enviar un mensaje aduciendo campañas negras en su contra, la gobernadora dijo que siempre sí tocaría el tema y aclararía paradas con el más rebeldes de los precandidatos presidenciales de Morena.

Veamos con qué sorpresa sale la campechana gobernadora.

Por Arturo Soto Munguía

Como si fuera una mala jugada del destino, una funesta coincidencia o una broma del azar, al día siguiente de que el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante reprobara el simulacro de balacera llevado a cabo en una escuela de Guaymas, en Empalme se registró una balacera real que obligó a maestros y niños a tirarse al piso y permanecer aterrados escuchando las detonaciones de armas de fuego de diversos calibres.

Para peor, uno de los sujetos participantes del tiroteo corrió hacia la escuela y buscó refugio en los salones, mientras en calles aledañas otro de los sujetos quedaba sin vida dentro de un vehículo y cuadras más adelante quedaba otra camioneta completamente rafagueada por la metralla.

De inmediato se movilizaron las fuerzas del orden, encontrando un hombre muerto y dos lesionados. Aseguraron vehículos y armas y activaron un operativo para dar con los responsables. Incluso el propio titular de la SEC se trasladó al lugar de los hechos para dialogar con docentes y padres de familia afectados por los sucesos.

Por la tarde, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río difundió un mensaje en video en el que aseguró que la comunidad escolar estaba bien, dio el saldo del tiroteo, estableció que el mismo pudiera deberse a una pugna entre grupos criminales y aseguró que la instrucción del gobernador es reforzar la presencia de las instituciones de seguridad y que este acto no quede impune: “no escatimaremos esfuerzos hasta que estos hechos que nos lastiman no se repitan”, dijo.

Horas antes, en la conferencia semanal de seguridad, la propia secretaria aludió a otros eventos violentos registrados en Guaymas donde hubo balaceras e incendios de vehículos, aduciendo que esos hechos fueron un distractor para cubrir un intento de fuga de un generador de violencia preso en el Cereso local.

Lo de Empalme sin embargo, aparece suficientemente grave para atemperarlo con declaraciones de este tipo. Varios videos viralizados en redes sociales dan cuenta de ráfagas y detonaciones que se prolongaron por dos o tres minutos, lapso que para otras cosas puede ser un instante, pero para una tiroteo en plena zona urbana y muy cerca de una escuela con aulas llenas de infantes, resulta una eternidad.

Lo peor es que los criminales parecen estar enviando un funesto mensaje de impunidad que difícilmente puede ser contrarrestado con cifras y estadísticas sobre órdenes de aprehensión ejecutadas, carpetas de investigación abiertas, decomisos de drogas, armas, vehículos y demás.

Si el debate sobre seguridad pública se va a posicionar en el plano de una guerra por la percepción, estos hechos indican que la guerra la están ganando los delincuentes y eso es a costa de la zozobra de la población civil.

El mensaje resulta especialmente ominoso porque apenas un día antes la opinión pública dividía opiniones en torno a la sanción impuesta al maestro que en Guaymas organizó un simulacro de balacera para enseñar a reaccionar a los alumnos de una primaria en caso de un evento de ese tipo.

24 horas después una maestra documentó en video cómo tranquilizó a sus pequeños alumnos para que no perdieran la calma y permanecieran pegados al piso mientras sonaba la metralla afuera de su escuela, lo que reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en planteles escolares.

Un especialista en seguridad se preguntaba ayer por la generación que se está formando en las escuelas de Sonora en estos días; por el impacto emocional de los pequeños y las pequeñas que vivieron de cerca este episodio y las olas expansivas de ese impacto hacia el resto de los educandos que, sin haber estado cerca de la balacera y gracias a las redes sociales, intuyen que lo mismo puede pasar en cualquier otro plantel, incluido el suyo.

Pensemos, me decía, en esa generación e imaginemos de qué estarán hablando dentro de 15 o 20 años cuando conversen sobre sus experiencias en la escuela. Suena terrible, pero son cosas que no se pueden borrar de la memoria.

Honestamente, no es la intención contribuir al pánico social, pero parece haber llegado la hora de preguntarse por la conveniencia de decretar la normalización de la violencia, o tomar la decisión de dar el manotazo en la mesa y modificar de fondo lo que se está haciendo en materia de seguridad pública, de seguridad ciudadana y de seguridad humana, que por cierto son conceptos distintos sobre los que en otro despacho tendríamos que volver.

Minimizar el asunto, ubicarlo como caso aislado o contrastarlo con gráficas y estadísticas puede servir para el autoconvencimiento de que las cosas van por buen camino, pero a fuerza de repetirse, eventos de este tipo acaban por minar la credibilidad de cualquier gobierno.

No en la clase política, en los grupos de presión o en los partidos opositores que van por la vida con sus maltrechas convicciones y sus exiguas militancias, sino abajo, en la sociedad civil pensada no como abstracción filosófica, sino como seres humanos concretos a quienes les están pasando cada vez más cerca las balas.

II

Esta columna suele ser refractaria a la ingesta de ansias que anima a ciertos opinólogos y comentócratas a quitar y poner funcionarios en los gabinetes de gobierno, pero me llega una versión en ese sentido que no puedo dejar pasar porque a lo mejor le atino.

Lo hago corriendo el riesgo de caer en ese juego raro cuyas reglas indican que un gobernador no removerá a nadie de sus colaboradores porque así lo indiquen en la prensa. Juego raro, digo, porque no sería la primera vez que si un funcionario o funcionaria siente que la guillotina anda cerca, filtre versiones de su despido o reubicación, a sabiendas de que el jefe no cederá a presiones mediáticas y por lo tanto, asegure así su permanencia en el cargo.

Así que con todas las reservas y con esos antecedentes, apunte usted un movimiento en el cual la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río pasaría a la secretaría de Gobierno, mientras que el titular de esa cartera, Álvaro Bracamonte Sierra iría a la secretaría de Educación.

A la secretaría de Seguridad llegaría un hombre de verde olivo que ha estado muy cerca de los principales golpes a la delincuencia organizada asestados en el último año y que ocupa un lugar importante en la Mesa Estatal de Seguridad.

El destino de Aarón Grajeda no me lo dijeron, pero desamparado no quedaría, toda vez que es un hombre muy cercano al ánimo y al proyecto del gobernador.

También se habla, ahora sí en serio, de un cambio en la fiscalía estatal.

III

Ayer fue a buscarme hasta las instalaciones de la Red 93.3 en Hermosillo la señora Dora Alicia Moreno Méndez, funcionaria de Sedesson y segunda gobernadora del pueblo seri, acompañada del presidente del Consejo de Ancianos de la etnia, el señor Enrique Robles.

El motivo de su visita era en primera instancia, que les revelara la fuente de donde salió lo publicado ayer a propósito de lo que ocurre en estos días con el tema de los permisos de caza en territorio Comca’ac, y que implica una disputa que tiene como telón de fondo varios millones de pesos y no pocos actores.

Obviamente, la reserva de las fuentes para un periodista es tan sagrada como sus rituales, del mismo modo que el derecho de réplica está garantizado, así que llegamos al acuerdo de publicar aquí su propia versión de los hechos, lo que haremos en el próximo despacho, toda vez que el espacio se ha agotado.

Lo que puedo adelantar es que ambos negaron algún interés pecuniario en la gestión de los permisos de caza, también cualquier relación ilícita con los empresarios de Desert Hunt y señalaron al gobernador Joel Barnett de ser quien se niega a presentarse ante las autoridades de Sagarpha para recibir alrededor de dos millones de pesos por concepto de los permisos vendidos a los empresarios de San Luis Potosí.

Ambos dijeron trabajar para la cuarta transformación en Sonora y regirse bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y ser muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alfonso Durazo.

El contexto está en la anterior columna, y la versión de Dora y Enrique la publicaremos en este mismo espacio.

Lo que es un hecho es que sí hay fricciones en la etnia.

Por Arturo Soto Munguía

En territorio seri comienza la temporada de caza y con ella, comienza también la temporada de grilla.

Los millonarios ingresos que representa la venta de permisos de caza para borrego cimarrón -entre 40 mil y 45 mil dólares cada uno- atraen de nuevo a personajes ajenos a la tribu, quienes a través de liderazgos reales o ficticios en la etnia están presionando y operando para minar el gobierno que encabeza Joel Barnett, a quien consideran un obstáculo para sus lucrativas actividades.

Para esta temporada se han autorizado 12 permisos para borrego cimarrón y de nueva cuenta, como sucede desde hace cinco años aparecieron los señores Rafael Aguilar y Luis Romero Castrillón para reclamar cuatro de esos permisos. Lo hacen a través de miembros de la tribu a quienes financian con cantidades de entre 5 mil y 50 mil pesos para exigir tales permisos, que luego ellos venden hasta en 90 mil dólares, de acuerdo con versiones hechas llegar a este despacho.

La cosa no para allí. Una de las puntas de lanza que tienen estos empresarios originarios de San Luis Potosí, desde donde operan una empresa llamada Desert Hunt, es Dora Alicia Moreno Méndez quien firma como subdirectora de enlace con la comunidad Comca’ac en la secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, a cargo de Wendy Briseño.

De acuerdo con testimonios de indígenas comca’ac, la señora Moreno Méndez sería un manjar para el contralor estatal Guillermo Noriega Esparza si éste tuviera intenciones de acreditar trabajo, pues en el último año su tren de vida ha tenido una más que notable aceleración. La casa que está construyendo destaca en medio de las pobrísimas unidades habitacionales en Punta Chueca y constantemente viaja a Hermosillo muy bien viaticada.

Aprovechando su posición en el gobierno estatal, trabaja para los empresarios de Desert Hunt y parte de su labor es sabotear el liderazgo del gobernador Joel Barnett, de acuerdo con las versiones recogidas.

Estos empresarios exhiben un contrato por cuatro permisos que consiguieron mediante la firma de cuatro integrantes de la etnia a quienes se supone ya se los pagaron, pero ese dinero jamás ingresó a la etnia, como sucede con los recursos obtenidos por los permisos que se venden oficialmente por las autoridades tradicionales y que el gobernador dispersa entre todas las familias de la tribu.

Para ayudarse en esta labor, Dora Alicia Moreno se apoya en un primo (y socio) llamado Moisés Méndez, que recientemente formó una asociación civil en la Ciudad de México, llamada Gobierno Pluricultural de Sonora, asumiéndose como autoridad no solo de los seris, sino del resto de las etnias del estado.

De hecho, en su cuenta de Facebook de presenta como Rey & Sacerdote. “Hombre universal: hecho con polvos del infinito y partículas de las estrellas, mi origen no es el barro, ni tampoco de los animales, mi código genético viene de las potestades eternas, los hombres de acuario, de tauro, de leo y de escorpión”.

Con esa asociación civil ha prometido gestiones como la expedición de placas para autos chuecos por la módica suma de mil 500 pesos, y construcción de viviendas, para lo cual obtuvo 2 mil 500 pesos de cada familia seri interesada en tener una casa, que probablemente sean las del Plan de Justicia para la etnia.

Las ambiciones se están desbordando en la comunidad seri de Punta Chueca y El Desemboque y la grilla contra el gobernador Joel Barnett está siendo azuzada por estos personajes y el momento es crítico, pues en los próximos días comenzarán a fluir los recursos del Plan de Justicia para la etnia, algo así como 80 millones de pesos para diversos proyectos productivos, hídricos, de vivienda y de infraestructura.

Seguiremos informando y les daremos a conocer el contrato que los empresarios muestran como prueba de que ya pagaron los permisos, pero no pudieron acreditar tales pagos, mucho menos comprobar que el recurso llegó a la etnia.

De hecho, ayer estuvieron en Sagarpha Rafael Aguilar, Dora Moreno, Moisés Méndez, Enrique Robles y Luis Miguel López, mostrando depósitos menores (de mil pesos), pero no a la cuenta del gobernador Barnett, sino de Dora y Moisés.

Seguiremos informando.

II

En noticias más amables, el gobernador Alfonso Durazo regresó muy entusiasmado de su visita a Bacadéhuachi donde supervisó las instalaciones del yacimiento de litio en aquel municipio, que potencialmente representa un ‘boom’ económico sin precedentes en el estado.

Para darse una idea de ese potencial, el yacimiento está ubicado en una ‘lengua’ de siete kilómetros de largo, uno y medio de ancho y 400 metros de profundidad. Contiene litio en arcilla que debe ser procesado mediante métodos físicos y químicos y ya existe la tecnología para hacerlo.

El gobernador comparó este yacimiento, en términos económicos, con el descubrimiento de lo que hoy es el complejo Cantarell descubierto en 1958, explorado en 1971, que inició operaciones en 1979 y que durante dos décadas generó las dos terceras partes del petróleo producido en México.

De ese tamaño podría ser lo que representa el litio sonorense.

En otro tema, sin descartar eventuales cambios en su gabinete, dijo que ese es un proceso de revisión permanente, pero llamó a los propaladores de versiones sobre la salida de algunos personajes, a no comer ansias.

Quienes han sido mencionadas como probables remociones del mesón del duracismo son la fiscal estatal Claudia Indira Contreras (aunque su cargo se decide en el Congreso) y la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, a quienes ya se les comienza a conocer como ‘Las Gabrielonas’ porque, como a aquel famoso caballo de la zona rural oriente de Hermosillo, las corren cada semana.

Pero últimamente ha sido mencionado con insistencia el director del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, que según fuentes del instituto no solo ha entrado en conflicto con actores importantes de la Junta de Gobierno, personal subordinado y algunos sindicatos, sino que resultó un verdadero ‘uñitas por dentro’, algo que ciertamente no ha sido confirmado.

Pero la sorpresa podría brincar por otro lado, pues aunque desde hace tiempo se sabe que el jefe de la oficina del Ejecutivo, Rodolfo Castro estaba siendo investigado en Baja California por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones durante su paso por el gobierno de Jaime Bonilla, ayer se llevó a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba a proceso, sin que a la hora del cierre de este despacho se tuvieran noticias al respecto.

El próximo domingo a las diez de la mañana continuará la audiencia, a la que por cierto no se presentaron algunos de los implicados, pero Rodolfo Castro sí asistió.

Pendientes.

Por Arturo Soto Munguía

Aquel domingo 27 de junio de 2021, bajo el ramadón de Sinahuiza en el profundo sur sonorense, nadie imaginó que lo que estaba en el horizonte era el encuentro del pueblo yoreme mayo con la flemática aristocracia inglesa en un intercambio sociocultural trasatlántico que podría cambiar el rostro de aquella olvidada región del estado de Sonora.

Ahí estaban con sus rostros impasibles y agrestes los gobernadores de la etnia: David Valenzuela Alamea, Santos Feliciano, Aguileo Félix Ayala y Alfredo Osuna, así como Marcos Moroyoqui y David Valenzuela, de Huatabampo y Pueblo Viejo, respectivamente.

Estos últimos fueron quienes promovieron ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el Plan de Justicia para la Nación Yoreme Mayo, definido entonces como un acto de justicia y política pública redistributiva que contempla fuertes inversiones en generación de empleos, infraestructura, vivienda, desarrollo, educación, agua, salud, preservación de valores culturales y tradiciones.

Vaya, hasta recuperación de territorio ancestral invadido por particulares.

Todas las esperanzas y anhelos de la tribu estaban puestas desde entonces en ese plan, que sin duda vendría a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

Luego vendría el presidente y lo firmaría, junto al gobernador Alfonso Durazo y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

Pero nadie imaginaba que gracias al oficio diplomático, las relaciones internacionales y la capacidad de gestión global del alcalde de Huatabampo, Jesús Flores, el plan incluiría la importación de un modelo de construcción de vivienda indígena que actualmente se desarrolla en Inglaterra, y que será replicado en la comunidad de Santa Bárbara donde se pretende crear una nueva colonia indígena de entre 300 y 600 viviendas.

Claro, para que ese modelo sea replicado en la etnia mayo, primero hay que ir a conocer lo que se está haciendo en aquel lejano reino, aún dolido por la partida de doña Isabel II, pero suficientemente estoico para sobrellevar el duelo y compartir con los yoremes mayos todo lo que saben en materia de construcción de vivienda indígena.

Como la antropóloga lectora lo sospecha y el indigenista lector lo confirma, entre el corredor Liverpool-Manchester y el eje Etchoropo-Moroncarit hay una ancestral relación de cooperación cultural, facilitada por la gran afinidad de sus pueblos, de manera que don Chuy Flores no batallará a la hora de empaparse de los sistemas y técnicas para la edificación de vivienda artesanal, y venir a replicarlas a Santa Bárbara.

Claro, antes tendrá que librar pequeños inconvenientes, como las reservas que tienen algunos regidores y regidoras para autorizarle la expedición, pero confiamos en que su elocuencia los convenza, porque esta lanzada se traducirá en la transformación de esa parte del Mayo en una ciudad hermana de Woolton Village, por lo menos, para no andar con pichicaterías.

“No es un cuartito como los que estamos entregando, si esto se da con el favor de dios, me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que se está haciendo, desde allá viene”, les dijo el alcalde a los regidores en la más reciente sesión de cabildo.

Hay otros inconvenientes para el viaje, pero son detallitos irrelevantes si se les compara con el relanzamiento que tendría el Plan de Justicia Mayo una vez concretada la gestión allende el Atlántico.

Por ejemplo, Huatabampo fue uno de los ayuntamientos cuya cuenta pública fue reprobada gracias a la cantidad de observaciones del ISAF; su situación financiera ha provocado problemas para pagar la nómina y los indígenas le han reclamado falta de apoyos.

El regidor étnico Víctor Manuel Soto Álvarez, por ejemplo, le reclamó que ni siquiera les han apoyado para la realización de sus ceremonias tradicionales.

Inconvenientes, insisto, menores, a juzgar por los criterios expuestos por Chuy Flores ante esos reclamos: “Los apoyos sí están presupuestados, pero las aportaciones no llegaron completas, por lo que se decidió no entregar los apoyos para las fiestas tradicionales y resolver el pago de nómina”, dijo con el aplomo de quien sabe cuáles son las prioridades y cuáles los criterios de ponderación.

Y para darle más peso a su elocuencia, explicó puntualmente la disyuntiva: “Una cosa es que está presupuestado y otra, que te caiga el dinero. En los últimos dos meses cayeron ocho millones menos: o pagamos la nómina o apoyamos ese tipo de cosas”. Contundente.

Vistas así las cosas, y considerando que Chuy Flores puede convertirse en el embajador plenipotenciario global en la gestión de proyectos para el desarrollo de las comunidades indígenas, ya no digo de Sonora, sino de México entero, es muy posible que tanto el gobernador Alfonso Durazo como el presidente Andrés Manuel López Obrador promuevan alguna modificación en sus presupuestos de Egresos para el año próximo (porque supongo que el viaje no está programado para antes de navidad) y destinen una partida especial para financiar esta primera expedición del alcalde huatabampense.

Se debe considerar que los planes de justicia para las etnias sonorenses podrían dar un viraje extraordinario, inédito e histórico de tal forma que por ejemplo, el acueducto yaqui se podría convertir en el Támesis de Huírivis, y Punta Chueca en un Felixstowe, pero sin tantos contenedores.

El viaje de Chuy Flores me tiene muy entusiasmado y ojalá que los regidores se lo aprueben, porque ya entrados en gastos, el alcalde nos puede traer hasta algunos autógrafos de Ivan Toney o Harry Kane o algún otro seleccionado inglés.

Era tanto el entusiasmo que anoche mismo hablé con un contacto que tengo en la Nación Yoreme Mayo y me dijo que se le hacía raro el asunto, porque si bien en el Plan de Justicia vienen incluidas acciones de vivienda, en ninguna parte se habla de gestiones internacionales para ese efecto.

De hecho, me dijo que don Marcos Moroyoqui, gobernador de El Júpare había solicitado un programa de vivienda, pero esas son gestiones con los gobiernos estatal y federal, en las que el alcalde no tiene nada que ver.

Más aún, me dijo que desde el mes de mayo pasado, el plan de justicia se quedó sin presupuesto porque funcionarios del INPI se agandallaron de los recursos y han ignorado a las autoridades tradicionales.

Inquirí entonces si el viaje del alcalde en realidad podría tratarse de unas ‘vacaciones todo pagado’.

“Yo creo que sí, porque es muy largo”, me dijo, con esa parsimonia que suelen tener los indios del Sonora profundo.

Y ya mejor ni le seguí preguntando.

Por Arturo Soto Munguía

Tuvo que ser una legislatura en la que por primera vez hay más diputadas que diputados, la que presentara, dictaminara y aprobara la ley que instituye la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses, entregada ayer en la conmemoración del 69 aniversario de la promulgación del derecho de la mujer a votar y ser votada.

La iniciativa fue presentada en enero del año pasado por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez y aprobada por unanimidad en el pleno. Este año la presea se otorgó por segunda ocasión a cinco mujeres de reconocida trayectoria la construcción de la igualdad y la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

19 de las 33 curules son ocupadas por mujeres en la actual legislatura, que naturalmente se ha distinguido por el impulso a iniciativas de reformas legales con perspectiva de género.

Así, ayer fueron reconocidas cinco de ellas por sus trabajos en el fortalecimiento del marco jurídico, en la documentación histórica de la participación de las mujeres, en las luchas sociales y la creación de políticas públicas y privadas en favor de las mujeres.

Y no se equivocaron en la selección, pues las galardonadas tienen una acreditada trayectoria en sus respectivos campos. Vea si no: Aurora García de León en el campo empresarial; Elizabeth Cejudo Ramos en el campo de la investigación e historia; Leticia Burgos Ochoa en política; María Inés Aragón Salcido en el campo jurídico y Rosa María O’Leary en el de la participación social.

Felicitaciones a todas ellas.

II

Y en temas menos festivos y más bien tristes, todos vimos ayer en las redes sociales, con un dejo de pesar y desencanto, las escenas estrujantes del simulacro de una balacera en una escuela primaria de Guaymas.

Niños y niñas guareciéndose de las salvas en donde podían, pecho a tierra o corriendo despavoridos mientras el maestro gritaba las instrucciones.

La escuela está ubicada en una zona conflictiva del puerto, lo que parecería un eufemismo pues todo Guaymas (y su vecino Empalme) han sido sacudidos por una escalada criminal desde 2018 en la que han sido ejecutados casi una veintena de policías municipales, varios funcionarios de los ayuntamientos; una activista del feminismo; un número indeterminado de presuntos sicarios; varias mujeres y al menos dos menores de edad entre otras víctimas colaterales de los enfrentamientos armados entre bandas que se disputan la plaza.

No son los únicos municipios lastimados por la violencia. En Cajeme, San Luis Río Colorado, Caborca y Magdalena por citar los más representativos de la escalada criminal, las cosas no están mejor. Pero también en los pueblos de la sierra sonorense a cada rato suena la metralla.

En un contexto donde lo inusual se vuelve cotidiano, donde la realidad obliga a convivir con el miedo y el autocuidado, enseñar a los menores (y no solo a los menores) a reaccionar en momentos de peligro se vuelve, lamentablemente una necesidad. Ubicar rutas de escape, utilizar el entorno como protección, evitar tomar fotografías o video de los atacantes, entre otras cosas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cuando la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón llenaba de sangre algunos estados del país, en 2010, el gobierno de Nuevo León creó y difundió un manual y protocolo de seguridad escolar para enseñar a los estudiantes cómo actuar en caso de una balacera. El gobierno federal también publicó manuales de seguridad escolar que enseñaban a reaccionar ante hechos violentos.

Hoy la realidad nos ha alcanzado en otras entidades donde esas balaceras solían no ser tan frecuentes y más allá de los prejuicios, y la abulia institucional; del asombro y la impotencia ciudadana, se impone inculcar en la sociedad toda, medidas de prevención y protocolos para actuar en esos casos.

Recientemente una colega hizo en su cuenta de Twitter una pregunta dirigida a mujeres, sobre cómo la percepción de la violencia les había cambiado los hábitos, las conductas, las rutinas. Las respuestas fueron impresionantes: no salir sola, cambiar rutas de traslado, compartir con alguien de confianza la ubicación en tiempo real; ubicar personas y autos sospechosos, adquirir un arma y aprender a usarla; traer siempre gas lacrimógeno o un ‘taser’ y hasta utilizar las llaves del carro o de la casa a manera de navaja.

Estamos hablando de una sociedad que vive con miedo. Tristemente, eso está pasando.

III

Mientras tanto, la vida sigue y la grilla también. La oposición parece haberle agarrado la palabra al presidente de la República y ya comenzó a elevar la intensidad de sus procesos internos para ‘destapar’ a sus propias corcholatas, después de la lista que tiró como buscapiés el inquilino de Palacio Nacional y en la que incluyó al menos a 43 prospectos.

Ayer en un evento del PRI intitulado ‘Diálogos por México’ la senadora Beatriz Paredes Rangel desveló sus intenciones de competir por la candidatura de una alianza opositora en la que participe el PRI con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil.

La exgobernadora de Tlaxcala y exmuchas cosas (diputada federal, dirigente nacional etc.) levantó la mano para encabezar ese gran frente nacional, pero también lo hizo el diputado federal Ildefonso Guajardo y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Lejos de allí, el también exgobernador de Oaxaca y ex priista Ulises Ruiz anunciaba su intención de buscar la candidatura presidencial pero por la vía independiente.

En el PAN no cantan mal las rancheras y recientemente el dirigente nacional Marko Cortez destapó al menos a siete: Los gobernadores Mauricio Vila, Maru Campos y Mauricio Kuri, de Yucatán, Chihuahua y Querétaro, respectivamente. También los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hikcs, así como el ex candidato presidencial en 2018, Ricardo Anaya. Vaya, hasta enlistó a la senadora sonorense Lilly Téllez, pero eso ya suena a un chacoteo en el que pueden incluir hasta a Chumel Torres, Carlos Loret y Damián Zepeda.

Todos hablan de la construcción de una gran alianza opositora con la sociedad civil como el vehículo que los llevaría a competir en la carrera con la candidata o el candidato del partido oficial. El pequeño problemilla es que ese vehículo, aquí y ahora, no tiene gasolina, trae dos llantas ponchadas y le anda fallando el ‘coile’.

Veamos primero si lo pueden echar a andar, y luego ver si logran ponerse de acuerdo sobre quién iría al volante.